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sábado, 17 de enero de 2015

Inseguridad: el Estado se saca el problema de encima

En las décadas del 80 y 90 la seguridad pública era regulada  informalmente por la policía y la política. Estos acuerdos determinaban “niveles” aceptables de delito en un territorio. La regulación permitía nexos fluidos entre policía, política y delito. La policía era autónoma del poder político, el cual no pedía demasiadas explicaciones y en algunos casos participaba de las recaudaciones ilegales procedentes de esta regulación informal.

Inseguridad: el Estado se saca el problema de encima
La recaudación originada de la prostitución, el juego ilegal y otros delitos engrosaba algunas arcas policiales y políticas. A cambio de ello, las organizaciones delictivas “acordaban” qué tipos de delito cometer en qué zonas, así como la magnitud de los mismos.
Este marco regulatorio informal comenzó a resquebrajarse con el ingreso a la Argentina del narcotráfico a gran escala desde mediados de los noventa. Nuevos actores y mucho más volumen de dinero procedentes de negocios ilegales quebraron los viejos acuerdos. Las organizaciones delictivas son hoy mayores en número y manejan grandes sumas de dinero procedentes de la droga. Su capacidad de corrupción de actores públicos es creciente y su necesidad de competencia por mercados y territorios explica parte del crecimiento de la violencia en los últimos años.
Esta regulación fallida también muestra parte de la pérdida de legitimidad de la política como el actor que gobierna la seguridad. Sin legitimidad es imposible cambiar el sistema de seguridad en la Argentina.
La legitimidad es la creencia por parte de los ciudadanos de que un conjunto de instituciones y actores son los más adecuados para llevar adelante una política. La legitimidad es clave en las políticas de seguridad, que suponen marchas y contramarchas, porque sin ella los actores que las llevan adelante están atados a la suerte de los resultados inmediatos de su acción.
Sin legitimidad, el primer resultado negativo de una gestión lleva a revertir la política en cuestión. Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, que ha tenido en los últimos 21 años, 21 ministros de seguridad.
La eficiencia es una segunda dimensión de la legitimidad. Los ciudadanos demandan logros concretos en la baja de los delitos y una merma en la violencia presente en la resolución de conflictos sociales. Hay sólo dos casos de merma en los índices delictivos: la baja en los delitos contra la propiedad cuando el ciclo económico está en fase de crecimiento -así como explica su incremento cuando el crecimiento es bajo o nulo como en el presente- y la baja significativa de lossecuestros extorsivos –el último caso exitoso de regulación informal del mercado delictivo-. En el resto de las categorías ni las políticas de “mano dura” ni las políticas “garantistas” han evidenciado bajas duraderas en los delitos. Es por ello que el debate discurre en la Argentina hace más de veinte años respecto de reformas legales. A falta de resultados, se descansa en la fantasía de que el cambio de normas legales cambia la realidad. Al mismo tiempo, hay un virtual vacío en la discusión sobre políticas específicas respecto a cómo disminuir en los hechos los delitos.
La baja legitimidad de los actores y de los resultados de sus acciones ha comenzado a modificar la orientación de las políticas de seguridad para dar lugar a un nuevo paradigma. La respuesta del Estado frente a este doble déficit es la delegación.
Un primer plano de esta delegación se dio desde el Estado nacional hacia las provincias. Este proceso comenzó con la ley de desfederalización de causas contra el narcotráfico a la que adhirieron tres provincias: Buenos Aires, Salta y Córdoba. Mediante esta ley, la Nación delegó en las provincias la persecución penal de las infracciones menores a la ley de drogas. Los resultados, de acuerdo a la Procuraduría de Narcocriminalidad, han sido negativos, debido a la merma en la persecución de la criminalidad compleja en favor de pequeños consumidores. En este sentido, las autoridades nacionales durante la última ola de saqueos y rebeliones policiales, en diciembre, sostuvieron de manera reiterada que la seguridad es un problema de las provincias, cuando el gobierno nacional posee una responsabilidad primaria evidenciada en la existencia de 100.000 efectivos de fuerzas de seguridad y policías nacionales.
El segundo anillo de delegación opera desde las provincias hacia los municipios. En estos días la Provincia de Buenos Aires proyecta brindar a los intendentes de ciudades mayores de 70.000 habitantes el mando operativo sobre fuerzas policiales que participan en la prevención y conjuración de delitos en su territorio.
Esta medida, que ha tenido efectos gravísimos en términos de la penetración del narcotráfico en los estados municipales y las policías locales en México, parece ser ignorada en el debate local sólo enfocado en “sacarse de encima” el problema y abrazar una concepción ingenua de participación y “cercanía con los problemas de la gente”.
El tercer anillo de deserción es desde los estados provinciales hacia los ciudadanos. Más allá del juicio de valor respecto de la institución del juicio por jurados, lo cierto es que provincias como Córdoba, Neuquén y Buenos Aires han entendido que el problema de la seguridad se resuelve por vía de un involucramiento de los ciudadanos en la determinación de la calificación penal de los hechos de inseguridad en sustitución parcial de los jueces. A esto se suman diversos intentos de foros de seguridad en donde se involucra a ciudadanos en la solución de los problemas públicos de seguridad.
A falta de legitimidad, los actores políticos optaron por el traslado del problema hacia “el otro” en lugar de desarrollar una agenda de cambio centrada en el Estado nacional y en los provinciales que restaure legitimidad y eficiencia en el gobierno democrático de la seguridad. La estrategia de delegación difícilmente producirá resultados en la baja de los delitos.


Debate. La Nación y las provincias están delegando la seguridad a los municipios y a la ciudadanía, en lugar de desarrollar una agenda que restaure la legitimidad y la eficiencia en la lucha contra los delitos y la violencia.


  • Alberto Föhrig Doctor En Ciencia PolItica (Univ. De Oxford), Profesor Del Departamento De Ciencias Sociales (Univ. De San AndrEs)




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