Entre garantizar la seguridad o los acuerdos privados
Ramiro Sagasti
Corresponsalía La Plata
LA PLATA.- Siempre que exista un convenio con las administraciones de las urbanizaciones cerradas, la policía podrá entrar en los countries sin incurrir en una violación del derecho a la propiedad privada: esto es lo que sostuvieron varios abogados, al ser consultados por LA NACION sobre el anuncio del gobernador Daniel Scioli. Sin embargo, a la mayoría de los letrados les preocupa que al destinarse uniformados a las urbanizaciones cerradas se descuiden otras áreas, las públicas, que no cuentan con vigilancia privada.
Por su parte, legisladores de la oposición criticaron ayer con dureza la salida que el gobernador Scioli encontró para dotar de mayor seguridad a los countries.
"Lo que en realidad sucederá es que la policía bonaerense va a trabajar como una subagencia de los vigiladotes privados. Y lo que más preocupa es que los costos de esta política los pagarán los sectores mas desprotegidos y golpeados por la inseguridad", dijo a LA NACION, entre otros, el diputado bonaerense Walter Martelo (Coalición Cívica).
"En la órbita de los convenios, todo es posible. No veo impedimentos para que la policía entre en los countries si hay un acuerdo con las administraciones de los barrios cerrados", dijo el abogado Héctor Granillo Fernández, y coincidió con Martelo: "Esta medida responde a un sector de la población y el gobierno debe tener cuidado de que su aplicación no vaya en desmedro de la seguridad de otros. Fuera de los countries, hay homicidios todos los días".
Según el abogado Guillermo Loscalzo, "los countries tienen una parte de uso común y, las casas, de uso particular. Esa parte de uso común no es como la vía pública. Para que la policía entre, tiene que haber un convenio con la administración. También puede hacerlo con una orden judicial, como en cualquier propiedad privada, o en un caso de flagrancia".
Por su parte, Daniel Cavo, también letrado, consideró: "La seguridad, por ser de interés colectivo, tiene prioridad sobre el derecho a la propiedad, un derecho individual. De todas formas, hoy la policía puede entrar en cualquier propiedad privada si cuenta con la orden de un juez, y en los casos urgentes, puede hacerlo si lo pide un fiscal".
En opinión de Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "aunque las agencias de seguridad privada no tienen control, no es una solución que la policía pueda entrar en los countries, ya que siempre que un hecho es relacionado con el delito organizado, se sospecha de la conexión policial". "El acuerdo que pretende lograr el gobernador es muy difícil de implementar sin ningún tipo de legislación que lo resguarde. Me parece que se apresuró con los anuncios", agregó Martelo.
Jorge Macri, diputado bonaerense de Unión Pro, dijo: "El problema no son los barrios privados. En su interior no nace el delito. Y, aunque el delito ocurra en un country, es un problema que nace fuera de ese barrio. Por eso, hay que combatir la inseguridad con políticas concretas que hasta ahora no ha sabido desarrollar el gobierno de Scioli".
Macri, además, criticó que el gobierno provincial pueda tener injerencia en definir la cantidad de agentes dentro de los countries: "Es una barbaridad que huele a negocio".
El diputado bonaerense Juan Carlos Juárez (GEN) dijo que la decisión de intervenir en el área que habilita las compañías de seguridad privadas bonaerenses debería haberse tomado con antelación. "Me llama poderosamente la atención que el gobernador Scioli y el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, decidan sólo ahora intervenir allí, cuando en los últimos años ha habido cientos de asaltos de estas características", comentó Juárez.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1242414
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