| LISTADO DE TITULARES | ||||||
| JEFATURA DISTRITAL NOROESTE | ||||||
| DEPENDENCIA | FUNCION | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | TELEFONO DIRECTO | INTERNO | NEXTEL I.D. |
| JEFATURA DISTRITAL (Villegas 2450 1er piso) | JEFE | Crio Inspector | Beca Daniel | 4651-1597 | no posee | 502*3307 |
| CRIA. N.O. 1RA. SAN JUSTO Villegas Nro 2450 | JEFE | Comisario | Paz Luciano | 4651-3333 | no posee | 178*80 |
| Destacamento Villa Constructora (Derqui y Peribebuy) | ENCARGADO | Subcomisario | Montero Cristian | 4691-3175 | no posee | 525*718 |
| CRIA. N.O. 2DA. RAMOS MEJIA (Av de mayo 549) | JEFE | Comisario | Chiaradia Norberto | 4656-1118 | no posee | 255*278 |
| CRIA. N.O. 3RA. VILLA LUZURIAGA (Garibaldi Nro 2358) | JEFE | Comisario | Rotuno, Geronimo | 4659-3344 | no posee | 279*1879 |
| CRIA. N.O. 4TA. LOS PINOS (Carabobo y La Porteña) | JEFE | Subcomisario | Martinez Alejandro | 4669-2090 | no posee | 550*1350 |
| CRIA. N.O. 5TA. DON BOSCO (Olivera y Pedraza) | JEFE | Subcomisario | ENRIQUE A. SENA | 4658-6741 | no posee | 603*1361 |
| CRIA. N.O. 6TA. L. DEL MILLON (Acha y Balcarce) | JEFE | Comisario | Sanchez Hector | 4647-0172 | no posee | 694*2435 |
| CRIA. De La Mujer y La Familia San Justo | JEFE | Comisario | ROJAS OFELIA | 4484-5826 | no posee | 547*504 |
| JEFATURA DISTRITAL NORESTE | ||||||
| DEPENDENCIA | FUNCION | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | TELEFONO DIRECTO | INTERNO | NEXTEL I.D. |
| JEFATURA DISTRITAL (Circulnvalacion y Del Tallo) | JEFE | Crio. Inspector | Avila Claudio Marcelo | 4480-5663 | no posee | 687*662 |
| CRIA. N.E. 1RA. VILLA MADERO (Pedernera Nº 947) | JEFE | Comisario | Ceriani Diego | 4652-3000 | no posee | 554*3683 |
| CRIA. N.E. 2DA. L. DEL MIRADOR ( Quintana Nro 3205) | JEFE | Comisario | Capalbo Francisco | 4652-3443 | no posee | 601*673 |
| DTO. L. DEL MIRADOR (Av San Martín y Cavia) | ENCARGADO | Oficial Principal | Vera Luis Alberto | 4482-5683 | no posee | 546*113 |
| CRIA. N.E. 3RA. LA TABLADA (Alberti Nº 702) | JEFE | Comisario | Iglesias Jorge Antonio | 4697-8103/7195 | no posee | 834*2567 |
| CRIA. N.E. 4TA. TAPIALES (Altolaguirre Nº 230) | JEFE | Subcomisario | Alejandro Morel | 4462-2935 | no posee | 525*717 |
| SUBCOMISARIA ALDO BONZI (José Alico Nº 1020) | JEFE | Subcomisario | Vogler Gustavo | 4442-0476 | no posee | 132*2101 |
| CRIA. N.E. 5TA. MERCADO CENTRAL (Circunvalacion y Del Tallo) | JEFE | Comisario | Urus Roberto | 4480-5665 | no posee | 584*1312 |
| CRIA. N.E. 6TA. VILLA RECONDO (Ugarte Nro 850) | JEFE | Comisario | Ocampo Diego | 4622-4000 | no posee | 184*311 |
| JEFATURA DISTRITAL OESTE | ||||||
| DEPENDENCIA | FUNCION | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | TELEFONO DIRECTO | INTERNO | NEXTEL I.D. |
| JEFATURA DISTRITAL (Paris Nº 2837 1er piso) | JEFE | Crio. Inspector | Cubilla Luis | 44856752 | no posee | 907*9272 |
| CRIA. OESTE 1RA. ISIDRO CASANOVA (Paris Nº 2837) | JEFE | Subcomisario | Rodriguez Sergio | 4690-1040 | no posee | 547*5379 |
| CRIA. OESTE 2DA. SAN CARLOS (Bedoya Nº 3474) | JEFE | Comisario | Lopez Claudio | 4625-6204/4758 | no posee | 279*18 |
| CRIA. OESTE 3RA. RAFAEL CASTILLO (M de Andes Nº 1758) | JEFE | Comisario | Casco Marcelo Alejandro | 4453-1316/1007 | no posee | 279*187 |
| CRIA. OESTE 4TA. SAN ALBERTO (Pekin Nº 4280) | JEFE | Comisario | Gatti Marcelo | 4694-3772/ 9425 | no posee | 241*1377 |
| JEFATURA DISTRITAL ESTE | ||||||
| DEPENDENCIA | FUNCION | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | TELEFONO DIRECTO | INTERNO | NEXTEL I.D. |
| JEFATURA DISTRITAL (Lopez May 3303) | JEFE | Crio. Inspector | Segovia Pablo | 46265427 | no posee | 578*1748 |
| CRIA. ESTE 1RA. GREGORIO LAFERRERE (Lopez Masy 3303) | JEFE | Comisario | Morel Luciano | 4626-1111 | no posee | 547*241 |
| DTO. GREGORIO DE LAFERRERE (Recuero 6765) | ENCARGADO | Ofl Principal | Ramirez Martin | 44693930 | no posee | 560*163 |
| CRIA. ESTE 2DA. ALTOS DE LAFERRERE (Jorge Newbery y 3 Cruces) | JEFE | Comisario | Coronel Luis | 4626-0088 | no posee | 628*5034 |
| CRIA. ESTE 3RA. CIUDAD EVITA (La Choca y el Guayacan) | JEFE | Comisario | Carabajal Fernando Ariel | 4487-2043 | no posee | 155*741 |
| DTO. José INGENIEROS (La Quila y El Zorro) | ENCARGADO | Subcomisario | Goñez Santiago | 44875427 | no posee | 538*1459 |
| JEFATURA DISTRITAL SUR | ||||||
| DEPENDENCIA | FUNCION | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE | TELEFONO DIRECTO | INTERNO | NEXTEL I.D. |
| JEFATURA DISTRITAL (Ruta Nº 3 KM 35) | JEFE | Crio. Inspector | Dominguez Daniel | 02202-446323 | no posee | 502*5451 |
| CRIA. SUR 1RA. GONZALEZ CATAN (Saenz Nº 404) | JEFE | Subcomisario | Ordoñez Victor Samuel | 02202-433627 | no posee | 729*150 |
| DESTACAMENTO 20 DE JUNIO | ENCARGADO | Subcomisario | Raul Reynoso | 0220-4920091 | no posee | 556*3497 |
| CRIA. SUR 2DA. VIRREY DEL PINO (Ruta 3 Km 35) | JEFE | Subcomisario | Mancuello Esteban | 02202-494999 | no posee | 568*475 |
| DESTACAMENTO ORO VERDE (Miller y Warnes) | ENCARGADO | Subcomisario | Dario Morales | 02202-440805 | no posee | 266*7296 |
| DESTACAMENTO LAVORATO (Ruta 3 KM. 43,500) | JEFE | Subcomisario | Daniel Alvarez | 02202-490154 | no posee | 301*3414 |
| CRIA. SUR 3RA. VILLA DORREGO ( Achpallas Nº 6167) | JEFE | Comisario | Aguirre Hugo | 02202-451850 | no posee | 628*3081 |
| CRIA. De La Mujer y La Familia Sur | JEFE | Comisario | Gonzalez Marcela | no posee | 568*929 | |
CO.SE.MA CONSTRUYE SEGURIDAD, JUNTO A LAS DISTINTAS LOCALIDADES MATANCERAS . CON CASI TODOS LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRABAJAMOS CODO A CODO,PARA CONSEGUIR LA SEGURIDAD TAN ANSIADA. PARA ELLO HEMOS CONFORMADO:
¡PROVINCIA INSEGURA!
Y DEJAREMOS SIEMPRE HUELLAS DE LO Q HACEMOS Y HAREMOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO DE BIEN...
caminando SIEMPRE Y DEJANDO HUELLAS
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lunes, 11 de enero de 2016
NUEVO LISTADO DE TITULARES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL LA MATANZA, AGRADECEMOS AL SECRETARIO DEPARTAMENTAL POR ENVIARNOS LA LISTA
CUANDO LA LIBERTAD O EL VIP SE CANJEA EN LAS CARCELES!!
7 de cada 10 presos admiten que se pagan "propinas y sobornos"
El alarmante dato se desprende de un informe realizado por la Universidad de Tres de Febrero. Los pagos van desde poder ingresar alimentos y drogas a la cárcel como también para acceder a visitas íntimas.
Siete de cada diez presos consultados en una encuesta admitieron que pagan propinas y sobornos para poder ingresar alimentos a las cárceles federales y bonaerenses.
El alarmante dato se desprende de un pormenorizado informe realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El documento concluyó además que un 30 por ciento de los reclusos paga para acceder a las visitas íntimas y un 28 por ciento para ingresar a la unidad penitenciaria objetos prohibidos como drogas y celulares.
El estudio que lleva el nombre "Condiciones de vida en la Cárcel: Resultados de la encuesta de detenidos condenados", se realizó con el objetivo de analizar las condiciones de vida en reclusión y su impacto en la futura reinserción social de los individuos privados de libertad.
"En nuestro país los penales se encuentran ocupados al 100%, sin embargo no presentan serios problemas de hacinamiento. La mayoría de la población carcelaria son hombres y el 62% de los internos permanece sin condena", explicó el doctor en sociología Marcelo Bergman.
Bergman dirigió el estudio realizado sobre la base de encuestas realizadas a 1.033 internos condenados en el Sistema Penitenciario Bonaerense y en el Federal.
El trabajo se enfoca en las condiciones materiales y no materiales de reclusión (saneamiento, hábitat en el penal, higiene personal, necesidades y elementos básicos, educación, trabajo, contacto con el mundo exterior, salud, adicciones) y revela que las condiciones carcelarias en Argentina se van deteriorando con el aumento pronunciado de la población detenida.
"El sistema carcelario argentino presenta mejores condiciones en comparación con los resultados de los sistemas penitenciarios de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú; pero esta particularidad obedece más a la precariedad de los otros sistemas que a las fortalezas propias", señaló Bergman.
Según el informe realizado, al igual que en los países latinoamericanos observados, la mayoría de la población son hombres y el 50% tiene menos de 33 años.
"El 73,7% de los varones proviene de un entorno donde hay antecedentes delictivos y el 30% de los presos se encontraba desocupado durante el último mes antes de ser detenido", comentó Bergman que también es director del Celiv.
En el informe se resalta que "la mayoría de los reclusos considera mala la calidad de la comida e insuficiente pero la gran mayoría accede a suficiente agua potable para beber, a diferencia de Brasil que presenta los números más bajos de la región (57,7%)".
En cuanto a los "pagos improcedentes", el estudio revela que en las cárceles argentinas se pagan propinas y sobornos para acceder a varios beneficios.
"Un 70% declaró que debe pagar para ingresar alimentos, un 30% para acceder a las visitas íntimas y un 28% para ingresar objetos prohibidos como drogas y celulares. Muchos admiten que se consumen drogas en las cárceles, y que éstas provienen de sus familiares, un 44%, y de personal que trabaja en el penal (25%)", se señaló.
Otro de los datos relevantes que presenta el trabajo es el contacto de los individuos con las drogas y el alcohol: el 37% de los reclusos creció en hogares donde el consumo de drogas y alcohol era habitual.
Argentina se ubica entre los países latinoamericanos con una de las más bajas tasas de encarcelamiento, de 152 internos por cada 100.000 habitantes. En el año 2014 había 63.000 internos en las cárceles entre procesados y condenados, de los cuales, la población es mayormente joven, ya que se determinó que el 50% tiene menos de 33 años. La mayoría de los presos son hombres, y la mitad cursó hasta la primaria. En cuanto a las mujeres detenidas, más de la mitad, un 54,1%, tiene hasta tres hijos y además el 42,1% tiene a su pareja también presa.
El informe concluye que si bien el hacinamiento, la provisión de bienes básicos y los programas de educación y trabajo no están en situación crítica como en otros países de la región, las condiciones carcelarias en Argentina son deficientes, y de esta manera las cárceles pueden generar más inseguridad al fomentar la estigmatización, el resentimiento y la conformación de redes delictivas.
El alarmante dato se desprende de un pormenorizado informe realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El documento concluyó además que un 30 por ciento de los reclusos paga para acceder a las visitas íntimas y un 28 por ciento para ingresar a la unidad penitenciaria objetos prohibidos como drogas y celulares.
El estudio que lleva el nombre "Condiciones de vida en la Cárcel: Resultados de la encuesta de detenidos condenados", se realizó con el objetivo de analizar las condiciones de vida en reclusión y su impacto en la futura reinserción social de los individuos privados de libertad.
"En nuestro país los penales se encuentran ocupados al 100%, sin embargo no presentan serios problemas de hacinamiento. La mayoría de la población carcelaria son hombres y el 62% de los internos permanece sin condena", explicó el doctor en sociología Marcelo Bergman.
Bergman dirigió el estudio realizado sobre la base de encuestas realizadas a 1.033 internos condenados en el Sistema Penitenciario Bonaerense y en el Federal.
El trabajo se enfoca en las condiciones materiales y no materiales de reclusión (saneamiento, hábitat en el penal, higiene personal, necesidades y elementos básicos, educación, trabajo, contacto con el mundo exterior, salud, adicciones) y revela que las condiciones carcelarias en Argentina se van deteriorando con el aumento pronunciado de la población detenida.
"El sistema carcelario argentino presenta mejores condiciones en comparación con los resultados de los sistemas penitenciarios de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú; pero esta particularidad obedece más a la precariedad de los otros sistemas que a las fortalezas propias", señaló Bergman.
Según el informe realizado, al igual que en los países latinoamericanos observados, la mayoría de la población son hombres y el 50% tiene menos de 33 años.
"El 73,7% de los varones proviene de un entorno donde hay antecedentes delictivos y el 30% de los presos se encontraba desocupado durante el último mes antes de ser detenido", comentó Bergman que también es director del Celiv.
En el informe se resalta que "la mayoría de los reclusos considera mala la calidad de la comida e insuficiente pero la gran mayoría accede a suficiente agua potable para beber, a diferencia de Brasil que presenta los números más bajos de la región (57,7%)".
En cuanto a los "pagos improcedentes", el estudio revela que en las cárceles argentinas se pagan propinas y sobornos para acceder a varios beneficios.
"Un 70% declaró que debe pagar para ingresar alimentos, un 30% para acceder a las visitas íntimas y un 28% para ingresar objetos prohibidos como drogas y celulares. Muchos admiten que se consumen drogas en las cárceles, y que éstas provienen de sus familiares, un 44%, y de personal que trabaja en el penal (25%)", se señaló.
Otro de los datos relevantes que presenta el trabajo es el contacto de los individuos con las drogas y el alcohol: el 37% de los reclusos creció en hogares donde el consumo de drogas y alcohol era habitual.
Argentina se ubica entre los países latinoamericanos con una de las más bajas tasas de encarcelamiento, de 152 internos por cada 100.000 habitantes. En el año 2014 había 63.000 internos en las cárceles entre procesados y condenados, de los cuales, la población es mayormente joven, ya que se determinó que el 50% tiene menos de 33 años. La mayoría de los presos son hombres, y la mitad cursó hasta la primaria. En cuanto a las mujeres detenidas, más de la mitad, un 54,1%, tiene hasta tres hijos y además el 42,1% tiene a su pareja también presa.
El informe concluye que si bien el hacinamiento, la provisión de bienes básicos y los programas de educación y trabajo no están en situación crítica como en otros países de la región, las condiciones carcelarias en Argentina son deficientes, y de esta manera las cárceles pueden generar más inseguridad al fomentar la estigmatización, el resentimiento y la conformación de redes delictivas.
FUENTE: DIARIO POPULAR
miércoles, 6 de enero de 2016
La Policía podrá pedir en la Ciudad los documentos sin motivos de sospecha
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrarió fallos de tribunales inferiores que habían declarado la nulidad de un procedimiento que derivó en una detención por entender que "la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación y exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido".
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal avaló la facultad de la policía para pedir documentos a personas en lugares públicos como forma de prevenir hechos delictivos. Así lo resolvió el más alto tribunal porteño al revocar dos fallos de la justicia en lo Penal y Contravencional porteño que había anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución de trenes, después de que le fuera pedida su identificación y él mismo admitió que portaba un arma de fuego.
Los fallos anteriores habían anulado el procedimiento. La Sala II de la Cámara de Apelaciones había ratificado una resolución anterior en la que se dictó la nulidad del procedimiento "por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación —aunque fuese por un tiempo mínimo— y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo".
El caso, según el fallo, fue el siguiente: el 14 de abril de 2014, a las 15:20 "al encontrarse identificando personas al azar, un policía solicitó a Lucas Abel Vera la exhibición de su documento personal, quien en ese momento comenzó a demostrar un cierto nerviosismo. En ese instante, de forma espontánea manifestó poseer un arma de fuego en la cintura". Vera fue inmediatamente detenido por esa cuestión.
Una de las integrantes del TSJ porteño, Inés Weinberg explicó que "la policía estaba identificando personas al azar en la Estación Constitución en virtud de diferentes reclamos realizados por la empresa ferroviaria y por los usuarios respecto del consumo de estupefacientes y de la comisión de distintos hechos delictivos en la zona".
En ese marco, la jueza recordó que "la policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos", y se refirió a la "prevención del delito a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles".
"En el caso concreto de Vera se interrumpió su libre circulación por el tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiera su documentación personal. La detención posterior no estuvo relacionada con el pedido de identificación. Lo que comenzó siendo un mero procedimiento de identificación al azar se convirtió en una requisa personal y en una detención en flagrancia", explicó la jueza.
El juez Luis Lozano sostuvo que "la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley siempre que su ejercicio constituya una 'actividad de seguridad' (de prevención del delito)". "Ello no importa sostener la validez de toda medida consistente en solicitar la exhibición del documento de identidad", aclaró, sin embargo el magistrado.
Por su parte, el juez José Casás, sostuvo que el fallo que anuló el procedimiento "parece haber partido de la equivocada equiparación de la mera interceptación de una persona en la vía pública al solo efecto de solicitar su identificación con su detención o la eventual requisa de sus pertenencias".
Para la Corte de la Capital, los jueces que habían dejado sin efecto toda la causa "incurrieron en un claro exceso al subsumir el acto invalidado, sin más, en el concepto de arresto, pues con ello pasaron por alto que la restricción a la libertad de circulación de Vera por parte del agente interviniente se redujo únicamente al tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiese su documentación personal".
Advirtió sin embargo que "resultará necesario descartar que la actuación policial haya sido guiada por parámetros discriminatorios"."La legitimidad del ejercicio de la facultad habilitada dependerá de un estudio de las circunstancias que la rodearon, a la luz de los parámetros antes establecidos, que aún no ha sido efectuado en estas actuaciones", aclaró.
Otra integrante del tribunal, la jueza Ana María Conde coincidió con los argumentos de sus colegas, pero votó en disidencia por discrepancias formales o de procedimiento.
La decisión del TSJ ordenó "devolver las actuaciones a la Cámara para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento, con arreglo a la doctrina aquí sentada", es decir avalando lo actuado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrarió fallos de tribunales inferiores que habían declarado la nulidad de un procedimiento que derivó en una detención por entender que "la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación y exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido".
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal avaló la facultad de la policía para pedir documentos a personas en lugares públicos como forma de prevenir hechos delictivos. Así lo resolvió el más alto tribunal porteño al revocar dos fallos de la justicia en lo Penal y Contravencional porteño que había anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución de trenes, después de que le fuera pedida su identificación y él mismo admitió que portaba un arma de fuego.
Los fallos anteriores habían anulado el procedimiento. La Sala II de la Cámara de Apelaciones había ratificado una resolución anterior en la que se dictó la nulidad del procedimiento "por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación —aunque fuese por un tiempo mínimo— y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo".
El caso, según el fallo, fue el siguiente: el 14 de abril de 2014, a las 15:20 "al encontrarse identificando personas al azar, un policía solicitó a Lucas Abel Vera la exhibición de su documento personal, quien en ese momento comenzó a demostrar un cierto nerviosismo. En ese instante, de forma espontánea manifestó poseer un arma de fuego en la cintura". Vera fue inmediatamente detenido por esa cuestión.
Una de las integrantes del TSJ porteño, Inés Weinberg explicó que "la policía estaba identificando personas al azar en la Estación Constitución en virtud de diferentes reclamos realizados por la empresa ferroviaria y por los usuarios respecto del consumo de estupefacientes y de la comisión de distintos hechos delictivos en la zona".
En ese marco, la jueza recordó que "la policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos", y se refirió a la "prevención del delito a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles".
"En el caso concreto de Vera se interrumpió su libre circulación por el tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiera su documentación personal. La detención posterior no estuvo relacionada con el pedido de identificación. Lo que comenzó siendo un mero procedimiento de identificación al azar se convirtió en una requisa personal y en una detención en flagrancia", explicó la jueza.
El juez Luis Lozano sostuvo que "la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley siempre que su ejercicio constituya una 'actividad de seguridad' (de prevención del delito)". "Ello no importa sostener la validez de toda medida consistente en solicitar la exhibición del documento de identidad", aclaró, sin embargo el magistrado.
Por su parte, el juez José Casás, sostuvo que el fallo que anuló el procedimiento "parece haber partido de la equivocada equiparación de la mera interceptación de una persona en la vía pública al solo efecto de solicitar su identificación con su detención o la eventual requisa de sus pertenencias".
Para la Corte de la Capital, los jueces que habían dejado sin efecto toda la causa "incurrieron en un claro exceso al subsumir el acto invalidado, sin más, en el concepto de arresto, pues con ello pasaron por alto que la restricción a la libertad de circulación de Vera por parte del agente interviniente se redujo únicamente al tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiese su documentación personal".
Advirtió sin embargo que "resultará necesario descartar que la actuación policial haya sido guiada por parámetros discriminatorios"."La legitimidad del ejercicio de la facultad habilitada dependerá de un estudio de las circunstancias que la rodearon, a la luz de los parámetros antes establecidos, que aún no ha sido efectuado en estas actuaciones", aclaró.
Otra integrante del tribunal, la jueza Ana María Conde coincidió con los argumentos de sus colegas, pero votó en disidencia por discrepancias formales o de procedimiento.
La decisión del TSJ ordenó "devolver las actuaciones a la Cámara para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento, con arreglo a la doctrina aquí sentada", es decir avalando lo actuado.
Los fallos anteriores habían anulado el procedimiento. La Sala II de la Cámara de Apelaciones había ratificado una resolución anterior en la que se dictó la nulidad del procedimiento "por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación —aunque fuese por un tiempo mínimo— y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo".
El caso, según el fallo, fue el siguiente: el 14 de abril de 2014, a las 15:20 "al encontrarse identificando personas al azar, un policía solicitó a Lucas Abel Vera la exhibición de su documento personal, quien en ese momento comenzó a demostrar un cierto nerviosismo. En ese instante, de forma espontánea manifestó poseer un arma de fuego en la cintura". Vera fue inmediatamente detenido por esa cuestión.
Una de las integrantes del TSJ porteño, Inés Weinberg explicó que "la policía estaba identificando personas al azar en la Estación Constitución en virtud de diferentes reclamos realizados por la empresa ferroviaria y por los usuarios respecto del consumo de estupefacientes y de la comisión de distintos hechos delictivos en la zona".
En ese marco, la jueza recordó que "la policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos", y se refirió a la "prevención del delito a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles".
"En el caso concreto de Vera se interrumpió su libre circulación por el tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiera su documentación personal. La detención posterior no estuvo relacionada con el pedido de identificación. Lo que comenzó siendo un mero procedimiento de identificación al azar se convirtió en una requisa personal y en una detención en flagrancia", explicó la jueza.
El juez Luis Lozano sostuvo que "la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley siempre que su ejercicio constituya una 'actividad de seguridad' (de prevención del delito)". "Ello no importa sostener la validez de toda medida consistente en solicitar la exhibición del documento de identidad", aclaró, sin embargo el magistrado.
Por su parte, el juez José Casás, sostuvo que el fallo que anuló el procedimiento "parece haber partido de la equivocada equiparación de la mera interceptación de una persona en la vía pública al solo efecto de solicitar su identificación con su detención o la eventual requisa de sus pertenencias".
Para la Corte de la Capital, los jueces que habían dejado sin efecto toda la causa "incurrieron en un claro exceso al subsumir el acto invalidado, sin más, en el concepto de arresto, pues con ello pasaron por alto que la restricción a la libertad de circulación de Vera por parte del agente interviniente se redujo únicamente al tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhibiese su documentación personal".
Advirtió sin embargo que "resultará necesario descartar que la actuación policial haya sido guiada por parámetros discriminatorios"."La legitimidad del ejercicio de la facultad habilitada dependerá de un estudio de las circunstancias que la rodearon, a la luz de los parámetros antes establecidos, que aún no ha sido efectuado en estas actuaciones", aclaró.
Otra integrante del tribunal, la jueza Ana María Conde coincidió con los argumentos de sus colegas, pero votó en disidencia por discrepancias formales o de procedimiento.
La decisión del TSJ ordenó "devolver las actuaciones a la Cámara para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento, con arreglo a la doctrina aquí sentada", es decir avalando lo actuado.
INFO: MINUTO 1
nueva droga?
El alerta surgió en Europa, donde se extremaron medidas de prevención luego del reporte de un joven fallecido. ¿La causa? Una nueva droga de diseño, llamada “Superman“, por su altísimo poder de “vuelo” para los consumidores.
El problema es que la sustancia mezcla dos fórmulas nocivas, que combinadas son directamente fatales por su altísimo nivel de toxicidad. En Argentina ya se encendieron las alarmas ante su aterrizaje en los boliches durante el inminente verano, principalmente en las ciudades turísticas.
“Tenemos que estar preparados para la llegada de esta sustancia a la Argentina, que tuvo mucha repercusión en Europa. Acá muchas veces se actúa por espejo, copiando modas europeas, y con las drogas pasa lo mismo.
También se debe tener en cuenta que laboratorios de drogas de diseño instalados en nuestra región podrían copiar la fórmula”,
EL NARCOTRAFICO EN ARGENTINA, INGRESO, TRANSPORTE Y TIPOS DE DROGAS!!
NARCOTRÁFICO
Perfil incluye un mapa argentino sobre la ruta blanca de la cocaína
El debate, al menos por hoy, parece ir más allá de los cruces políticos. O esa es la postura que adopta el bisemanario al analizar concretamente las vías de acceso e influencia de la droga en el país. Claro que junto a Clarín, La Nación y Página observan también algunas declaraciones de los principales dirigentes. Es así que sobresale el gobernador Daniel Scioli, quien se mostró dispuesto a debatir una ley de derribo.
En sus páginas 2, 3, 4 y 6, Perfil edita el cintillo “El negocio de la droga”. Y a diferencia de lo que sus colegas han planteado durante esta semana, el bisemanario exhibe un trabajo interesante desde el punto de vista periodístico porque se mete de lleno en los lugares puntuales donde el narcotráfico dice presente. Trasciende, paradójicamente, la frontera política.
“Inquieta a la Justicia de Salta la llegada de miles de colombianos”, escribe el periodista Fernando Oz desde Salta. Allí consigue una entrevista con el presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Luis Villada, quien confesó que hay unos “casi 8 mil colombianos operando en el norte del país”. En otra nota describe cómo es el proceso que eligen los narcos para no ser detectados por los radares y que se denomina “lluvia blanca”.
Sin lugar a dudas que uno de los artículos más atractivos de esta serie y de esta jornada en particular lo escribe Agustina Grasso en Perfil. Desde “El Observador” comparte los datos que recabó tras una consulta con especialistas de las distintas provincias señaladas por el Sedronar como centros de procesamiento y comercialización. Su trabajo merece especial atención porque cita una gran cantidad de fuentes y porque demuestra que pese a las denuncias que surgieron en las semanas, hasta ahora nadie había abordado esta temática con profundidad.
“Inquieta a la Justicia de Salta la llegada de miles de colombianos”, escribe el periodista Fernando Oz desde Salta. Allí consigue una entrevista con el presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Luis Villada, quien confesó que hay unos “casi 8 mil colombianos operando en el norte del país”. En otra nota describe cómo es el proceso que eligen los narcos para no ser detectados por los radares y que se denomina “lluvia blanca”.
Sin lugar a dudas que uno de los artículos más atractivos de esta serie y de esta jornada en particular lo escribe Agustina Grasso en Perfil. Desde “El Observador” comparte los datos que recabó tras una consulta con especialistas de las distintas provincias señaladas por el Sedronar como centros de procesamiento y comercialización. Su trabajo merece especial atención porque cita una gran cantidad de fuentes y porque demuestra que pese a las denuncias que surgieron en las semanas, hasta ahora nadie había abordado esta temática con profundidad.
Emilia Delfino, además, firma la nota rotulada “La Justicia malgasta recursos en perseguir a los consumidores”. Mide la cantidad de causas abocadas a la tenencia por el consumo personal o por el comercio, transporte o almacenamiento. Comparte sus estadísticas a través de un gráfico.
El secretario de redacción de Perfil, Javier Calvo, no tiene filtros en su columna titulada “Hacerse los boludos”. Duro, interpreta que “no se quiere, no se sabe o no se puede hacer nada”. Cree que el tema del narcotráfico podría tener el mismo destino que la inseguridad, la pobreza y la educación. Y hacia el final de su nota propone “atacar en serio el estrecho vínculo entre Estado, política y criminalidad”.
La ley de derribo
La nota del día, en materia política, la da el gobernador Daniel Scioli porque se mostró proclive a un debate por la ley de derribo, aunque dejó en claro que no es la solución –como enfatiza Página-. Rodolfo Lara, en Clarín, entiende que “se alineó con parte de la oposición”. La Nación también se suma.
Particularmente, Clarín hace eco del debate que abrió el actual director del Banco Provincia de Buenos Aires, José Pampuro, al admitir que durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, aprobó “de manera extraordinaria” que los aviones A4-ARM se acondicionen con el objetivo de derribar aviones narco.
Particularmente, Clarín hace eco del debate que abrió el actual director del Banco Provincia de Buenos Aires, José Pampuro, al admitir que durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, aprobó “de manera extraordinaria” que los aviones A4-ARM se acondicionen con el objetivo de derribar aviones narco.
Un operativo
El accionar de Gendarmería Nacional en Corrientes y Formosa cobra relevancia en Clarín y en La Nación porque se secuestraron 300 kg. de cocaína. El diario de los Saguier habla de un operativo “cinematográfico”. Alfredo Zacarías, desde Corrientes, afirma que el Gobierno preparaba un anuncio para el lunes que se filtró de antemano por intermedio de la agencia Télam.
A nivel político, Página privilegia la voz de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien manifestó que el narcotráfico es un fenómeno que necesita un “abordaje integral, una organización y una estrategia”.
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LOS PROFUGOS QUE LE PUSIERON A LA GOBERNADORA?
Caso Lanatta - Schillaci: Todo muy raro... no se entiende esta Triple Fuga
COMO SINGAPUR RESOLVIÓ EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA
TERRIBLE AL LEERLO, ...CRUEL... Y REALMENTE DIFÍCIL DE APLICAR EN ARGENTINA PERO DEBEMOS PENSAR EN ALGO QUE BENEFICIE AL PUEBLO Y NO A LOS KORRUPTOS, SEAN POLICÍAS, POLÍTICOS, NARCOS, JUECES, POLITICOS, VECINOS....!
¿Cómo podemos enfrentar una delincuencia que se le ha escapado de la mano al Estado? Bueno, es sencillo, tan solo deberíamos buscar como otros países enfrentaron este problema y tomar sus modelos para implantarlos. Y hablando de modelos, uno de los más llamativos es el ejecutado en Singapur[1].
Según datos, antes del 1960 Singapur era una de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índices de criminalidad, debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial.
En la década del 2,000 el terrorismo, apareció y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad que tenía esa sociedad. Pero al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se produjeron grandes cambios que se pueden catalogar represivos y radicales, pues ataco fuertemente las drogas, la corrupción y las violaciones de la mujeres, lo que produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguro del Asia.
En la década del 2,000 el terrorismo, apareció y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad que tenía esa sociedad. Pero al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se produjeron grandes cambios que se pueden catalogar represivos y radicales, pues ataco fuertemente las drogas, la corrupción y las violaciones de la mujeres, lo que produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguro del Asia.
Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adopto la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decreto que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran condenado a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas solidas que los involucre).
El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía, sistema judicial y político, mas una nueva legislación, le permiten al país gozar de una solidad estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte. Actualmente es uno de los países con un nivel económico más grande que el de España.
Universidad de Singapur
Cuenta con los mejores centros educativos del Asia, y sus estudiantes por regla general hablan tres idiomas. Su Universidad Nacional ocupa el lugar número 30 entre las mejores universidades del mundo, según el Suplemento de Educación Superior del Times de Londres. Comparativamente, la mejor universidad de América Latina en ese ranking es la Universidad Nacional Autónoma de México, que ocupa el lugar 150[2]. Esta nación cuanta con una fuerza laboral de las más calificadas, y muchas empresas extranjeras operan desde ahí por su seguridad y productividad.
Para los ojos del forastero, y de algunos organismos de Derechos Humanos, el modelo que fue implantado es realmente restrictivo, y con tonos autoritarios en lo jurídico, pero estas medidas han logrado su objetivo, forzar un cambio de postura en la conducta del ciudadano, y crear valores entre la población que le den seguridad a sus habitantes. Goza internacionalmente de uno de los índice más bajo en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.
Respecto a los delitos de abuso sexual y delitos menores, se permite publicar el nombre de los violadores, e incluso, televisar los juicios. Es común encontrar en las calles y parques de la ciudad, desde hace tres años, a -basureros vestidos con uniformes atípicos, que sólo llevan los delincuentes-, y que han sido condenados a limpiar la vía pública por delitos menores. Los diarios progubernamentales suelen además publicar el nombre y la fotografía de los acosadores sexuales condenados, junto con dibujos de sus fechorías. En otras palabras, los que delinquen saben lo que les espera, y estas acciones, impopulares para los derechos humanos, han servido para frenar la delincuencia en una de las zonas más conflictiva del mundo, en donde las drogas circulaban de forma abierta, pero hoy es una nación segura.
Es cierto que Singapur ha sido censurada por Amnistía Internacional, la cual reprocha sus métodos de justicia empleado en este país para ejecutar a los delincuentes, el cual es es la horca, y que las ejecuciones se llevan a cabo en la prisión de Changi, los viernes al amanecer. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción[3]. Actualmente Singapur es uno de los países más educado, prósperos y seguro del mundo, con la renta por capital de la más alta en Asia y en escala mundial, que otros muchos países.
[1] – Singapur es la capital de la República de Singapur, constituida por un grupo de 61 islas, en el cual la capital ocupa la mayor de ellas, en el extremo de la Península de Malasia.
[2] – “El secreto de Singapur” informe de Andrés Oppenheimer
[3] – No obstante el año 2003 el Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong, aseguró que el número de ejecuciones de ese año habían sido 10. “No estoy de acuerdo con la aplicación de la pena capital en ninguna de sus formas, no obstante la severidad de las penas de Singapur hacen que cualquiera que se dedica al tráfico de drogas lo considere más de una vez”, afirmó Bullemore.
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