del gran consumo de alcohol.... a la droga.... cuantos pasos?

Consumo de alcohol: el 40% de los jóvenes argentinos cree que no genera dependencia

Una encuesta realizada por la Universidad Siglo 21 plantea que hay una mayor concientización sobre el tema, pero que aún no se traduce en hábitos; piden fortalecer las campañas de prevención

Una  nueva encuesta sobre el consumo de alcohol sugiere que, poco a poco, la población estaría tomando más conciencia de los efectos adversos de caer en el exceso. Sin embargo, eso aún no parece ser suficiente como para traducirse en los hábitos. Sobre todo, en los más jóvenes. De hecho, el 40% de los entrevistados de entre 18 y 30 años dijo que no cree que la bebida genere dependencia.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Universidad Siglo 21, casi siete de cada 10 argentinos de entre 18 y 60 años (68%) están convencidos de que unas copas ayudan para desinhibirse y dejar los nervios de lado, en especial para conocer a otra persona. Un 56% dice que consume alcohol si necesita un refuerzo de confianza y coraje para una cita, los hombres un poco más que las mujeres (61% contra 51%) y, como era de esperar, los jóvenes más que los adultos.

Ahora, si se toma el total de la población encuestada, argentinos de entre 18 y 60 años, siete de cada 10 dicen saber que las bebidas alcohólicas generan dependencia y nueve de cada 10 están de acuerdo en que beber demasiado puede incomodar o disgustar a los seres queridos. Uno de cada dos considera que el alcohol puede dañar la salud.

Son los de entre 18 y 30 años los que menos adhieren a la idea de que el alcohol promueve lo que el equipo de investigación de la Universidad Siglo 21 definió como "un patrón de ingesta constante".

Pero ese mismo grupo fue el que más estuvo de acuerdo con que el consumo, "aun en un bajo nivel", daña la salud. Así lo expresó el 71 por ciento. Sorprendió que la adhesión más baja a esta creencia surgiera entre los de 51 a 60 años. La diferencia con el grupo más joven, de entre 18 y 30 años, fue de 29 por ciento.

"Notamos una ambivalencia en las actitudes de la población hacia el alcohol. Evalúan el consumo de bebidas alcohólicas tanto de manera positiva como negativa. Y con una alta prevalencia. Sobre todo los hombres, más que en las mujeres, y en especial en los más jóvenes. Vemos que, en general, evalúan de manera negativa el consumo de alcohol, pero lo consumen", señaló el autor principal de este relevamiento, Gabriel Escanés, magister en demografía de la Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo 21.

La encuesta, que se realizó por vía telefónica, incluyó a 1054 personas de siete ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, San Miguel de Tucumán, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Rosario. Los resultados, según explicó Escanés, son representativos de la población nacional. "Refleja la opinión actual sobre el consumo de alcohol de nuestra población con un 95% de confianza [estadísticamente]", señaló.

DESCONTROLADOS

La encuesta también indagó en qué experiencias habían tenido los participantes con el alcohol. Poco menos de la mitad, un 44%, respondió que había bebido varias veces como para llegar a perder el control de la situación. Algo más los hombres que las mujeres (47,2 versus 40,6%) y más los jóvenes que los mayores: 52,4% entre los 18 y 30 años; 48,1% entre los 31 y 40; 39,3% entre los 41 y 50, y 34,3% a partir de los 51 años.

A la mayoría de los que habían vivido ese descontrol pasajero (87%), la experiencia le pareció "negativa". Para un 6,3% fue "positiva" y el resto no lo consideró ni bueno ni malo.

Un 36% dijo haber consumido alcohol como para no recordar lo que había hecho, sobre todo los hombres con respecto a las mujeres y los más jóvenes. De nuevo, la mayoría (87,2%) lo consideró "negativo".

"Lo bueno es que beber hasta sentir que se pierde el control o no recordar lo que se estaba haciendo no es una respuesta socialmente aceptada. Y que si una persona busca en el consumo poder desinhibirse, que es lo que muestra este estudio, lo reconoce. Esto ya es un paso adelante", indicó Escanés.

Para el investigador, sería oportuno fortalecer las campañas de concientización, sobre todo en los jóvenes, y hacerlo desde la perspectiva de la prevención. "Quizá convenga, desde la salud pública, diferenciar mejor las estrategias de prevención y de concientización entre los grupos etarios", concluyó.

FUENTE  DIARIO LA NACION

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CUANDO LA DESIDIA CONTINUA A PESAR DEL CONTROL COMUNAL!!!

 CUANDO LA DESIDIA HACE CASO OMISO AL  LAS FAJAS QUE PONE CONTROL COMUNAL..... ELLOS, LAS CONCESIONARIAS ESPECIFICAS DE TEMPLE DE MOSCONI, SACAN LAS FAJAS Y SIGUEN TRABAJANDO COMO SI NADA....
EL ESPACIO PUBLICO LITERALMENTE.... TOMADO!!!

 AUTOMOTORES 1771.....
COMO SE PUEDE OBSERVAR , SACAN LAS FAJAS Y  EXPONEN SUS AUTOS TOMANDO VEREDAS, ESQUINAS Y SIN DEJAR ESPACIO PARA PASAR A LOS PEATONES, PORQUE ADEMAS PONEN SUS AUTOS SOBRE LA VEREDA  Y HAY UNA RAMPA  DE HORMIGON!!  IMPOSIBLE PASAR!!

 DESIDIA O CONNIVENCIA ES LO QUE NOS PREGUNTAMOS?.... ESTA GENTE VIVE AL MARGEN DE LA LEY O ALGUIEN AMPARA PARA QUE ESTO SIGA ASI..... TOTALMENTE AL MARGEN DE LO QUE SE REGLAMENTE EN EL MUNICIPIO MATANCERO!!

VIVIR Y DEJAR VIVIR SERIA LA HISTORIA..... PERO ELLOS NO CESAN EN SU  TRABAJO Y NO LES INTERESA EL VECINO.... NO LES INTERESA CONVIVIR, SOLO LE INTERESA SEGUIR TOMANDO Y USANDO ESPACIOS QUE NO LES PERTENECEN!!!
INSEGURIDAD , DESIDIA , CONNIVENCIA?

encuesta: el 70% de los Argentinos, viven al margen de la ley

Para el 79% de la población, en la Argentina se vive al margen de la ley

Un sondeo exhibe el bajo apego a las normas después de más de una década de kirchnerismo; el 43% de los consultados dijo estar dispuesto a ir contra la legislación si cree tener razón

s del 40 por ciento de los argentinos está dispuesto a ir en contra de la ley si cree que tiene razón; casi el 80% piensa que el país "vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley" y cerca del 90% opina que los argentinos son "más bien desobedientes o transgresores".

Son algunas de las conclusiones más contundentes de una encuesta sobre cultura constitucional elaborada para LA NACION por Poliarquía Consultores e IDEA Internacional (Institute for Democracy and Electoral Assistance), un organismo intergubernamental dedicado a promover y contribuir a la calidad de la democracia.

La disposición a violar la ley en caso de creer que se tiene razón fue elegida por el 43% de los encuestados, mientras que el 46% dijo no estar dispuesto, el 9% contestó "depende" y el 2% restante dijo no saber o prefirió no contestar.

El cuadro se completa con el nivel de acuerdo con una serie de afirmaciones. El 73% dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que en la sociedad "existe consenso sobre lo que está bien y lo que está mal". En sintonía, el 84% eligió las mismas opciones respecto de la noción de que "la gente respeta las reglas necesarias para una buena convivencia social".

"En la medida en que no se reconocen leyes que generen acatamiento general aparece la anomia, que es una conducta individual, consecuencia, justamente, de la falta de claridad sobre las normas", reflexionó Eduardo Fidanza, director de Poliarquía ante LA NACION.

La percepción sobre por qué en la Argentina se incumplen las leyes incluye varias opciones. Para el 33%, tiene que ver con el "mal funcionamiento del sistema judicial", el 30% lo atribuyó al "mal comportamiento humano" y otro 17% al "mal funcionamiento del sistema de castigos".

Vinculado a esto último, el 63% de los consultados dijo no creer que los argentinos son iguales ante la ley; el 84% se mostró en desacuerdo con que la Justicia juzgue a las personas sin importar el dinero que tengan, y el 78% dijo no acordar con la premisa de que, si cometió un delito, "cualquier persona puede ir presa independientemente de quién sea".

También la personificación de la tendencia a infringir la ley arroja datos interesantes. Ante la pregunta ¿quién viola más las leyes? y la posibilidad de elegir a más de un actor, el 74% apuntó hacia "los políticos"; el 52%, a "los policías"; el 43%, a "los funcionarios"; el 38%, a "los jueces", y el 19%, a "los abogados". Sólo el 1% ubicó en primer lugar al Gobierno.

Como contrapartida, entre las instituciones que inspiran mayor confianza se impusieron las universidades públicas, los maestros, la Iglesia, los medios de comunicación y las ONG. Entre las menos confiables quedaron los partidos políticos (la mitad dijo tenerles poca confianza), los sindicatos (eligió esa opción el 45%), la policía (42%) y el Congreso (27%).

Otras tres conclusiones fuertes respecto de los poderes del Estado: la mayoría de los encuestados opinó que los miembros del Congreso toman decisiones pensando poco (49%) y nada (26%) en la gente y que los jueces son poco (41%) o nada (19%) independientes, mientras que el 51% les adjudicó poca (36%) o ninguna (15%) independencia a los jueces de la Corte Suprema...( leer mas...

http://www.lanacion.com.ar/1781730-para-el-79-de-la-poblacion-en-la-argentina-se-vive-al-margen-de-la-ley

KORRUPCION EN LA POLICIA BONAERENSE Y SUS MOVILES!

Denuncian falencias en el blindaje de los nuevos patrulleros

La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a los bonaerenses y desde el Gobierno de la Provincia tomaron nota. En los últimos meses la administración de Daniel Scioli promovió la creación de las Policías Locales, se conformaron Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y se aceleró el nombramiento de más efectivos.

Sin embargo el avance de la delincuencia no cesa. La falta de control en las fronteras, responsabilidad del gobierno nacional, provoca el ingreso de drogas y armas. Y la ausencia de políticas educativas y de inclusión laboral del kirchnerismo deja a millares de jóvenes marginados.

El cóctel de quedar afuera del sistema y la fragilidad para caer en las adicciones es asesino. Adolescentes y jóvenes se estimulan con estupefacientes y pierden todo control. Armados salen a buscar dinero sin importarles nada, ni siquiera la vida de sus víctimas.

En este contexto llegó a nuestro diario una grave denuncia: que los nuevos patrulleros provistos a la Policía Bonaerense solo cuentan con blindaje  el parabrisas y las ventanillas delanteras.

La denuncia fue confirmada por varios agentes de la Departamental La Plata. Y si a esto le sumamos que un gran porcentaje  los chalecos antibalas de los efectivos están vencidos, estamos ante una situación de vulnerabilidad física de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

“El intercambio de disparos con delincuentes es una posibilidad cierta todos los días. ‘Motochorros’ no dudan en abrir fuego en persecuciones y nuestras vidas están en riesgo. Necesitamos que los patrulleros estén blindados en forma integral y los chalecos deben ser renovados”, se quejó uno de los agentes de una seccional del norte de la ciudad de La Plata.

Al parecer el costoso gasto para cubrir con láminas de acero a los móviles policiales es el hecho por el cual sacan a la calle patrulleros  vulnerables. “Tampoco tienen colocados las rejas que divide el asiento delantero del trasero. Eso es clave ya que un detenido puede atacar al policía que maneja y provocar una tragedia”, explicó un jefe de la fuerza, quien, obviamente, prefirió no ser identificado.

A esto hay que agregarle que la Provincia le compró patrulleros a la concesionaria Igarreta (de la firma Ford en Capital Federal) - cuyos dueños fueron enviados a juicio oral por entregar móviles policiales con blindaje truchos en los años 2003 y 2004.

 Según consta en la Contaduría de la Provincia, le habrían pagado más de 37 millones de pesos a esta concesionaria en el año 2014. Y la historia parece repetirse: las Ford Ranger que está entregando Igarreta no tienen el blindaje adecuado.

MAS HECHOS DE KORRUPCION!!!

LA INSEGURIDAD DE TODOS LOS DIAS EN LA MATANZA!

La inseguridad es en la actualidad un tema relevante, especialmente en el Conurbano Bonaerense. Robos, asaltos, asesinatos, secuestros y todo tipo de hechos delictivos azotan y atemorizan, también al partido de La Matanza.

 Según una encuesta del Centro de Opinión Pública de la UNLaM, el 52 por ciento de los consultados manifestó sentirse “muy inseguro” o “totalmente inseguro” al salir de su casa, mientras que, por otro lado, el 20 por ciento asegura sentirse poco o nada inseguro. Definitivamente, la percepción de inseguridad es general, no sólo en La Matanza, sino en todo el Conurbano Bonaerense. 

Consultado sobre el trabajo los referentes policiales,  dicen  que el delito “diminuyó en gran medida en zonas como Laferrere, San Justo, Ramos Mejía y Lomas del Mirador, jurisdicciones antiguamente muy conflictivas”, y agregó que, en este momento, las estadísticas indican que se está “muy por debajo respecto de meses como octubre, noviembre o diciembre del año pasado”.

 A pesar de ello, según revela la encuesta, más de la mitad de la población aún no se encuentra segura cuando sale de sus casas. Para los especialistas, una de las explicaciones es el rol de los medios de comunicación, que dan otra dimensión a hechos que, en otra época, tardaban más en difundirse. 

El robo, el delito más común 

“El delito más común es el robo, el arrebato”, coincide la policía con el 80 por ciento de los encuestados. Asimismo, el 39 por ciento afirma haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. 

La Matanza es un distrito con 352 kilómetros cuadrados, con más de dos millones de habitantes -el más numeroso de la Provincia de Buenos Aires- y, en materia de personal policial, y a la fecha no cuenta con efectivos para todo el distrito como quisiera la poblacion matancera ni tampoco con una prevencion adecuada como piden las distintas comisiones y asociaciones vecinales.

“Estamos redoblando el esfuerzo para poder brindar la seguridad necesaria en cada rincón de La Matanza”,dice desde el municipio.

. La gente, aún, se siente insegura. ... y mucho!

Entre las problemas que los encuestados identificaron como fundamentales para la iniciación en el delito se encuentran tres claras opiniones: en primer lugar, la desocupación y la falta de educación, con el 19%; seguida del consumo de drogas, con el 17; y, por último, la pobreza y la exclusión social, con el 12%. 

Sociedad y medios 

Según los especialistas, la percepción de la inseguridad, en general, se asocia con los hechos cometidos por los sectores más vulnerables

. El sociólogo especialista en criminología, Emilio Ayos, explicó  que esto sucede porque el imaginario de la comunidad relaciona al delito sólo con una franja de todas las ilegalidades que se cometen. “Las faltas se asocian al rango social más bajo”, sostuvo.

 Según el sociólogo, esta distinción está, además, avalada por el sistema penal: “Esos casos se denuncian y algunos son sentenciados; en cambio, la cifra se reduce con las faltas cometidas por la clase alta, porque no califican como delitos”.

 En su análisis sostuvo que las condenas penales y sociales excluyen todas las conexiones que unen un acto ilegal con las fuerzas de seguridad y los sectores con más poder: “Hay causas que no sólo involucran al que roba un auto o al que secuestra, sino que implican el accionar de grupos con más poder, quizás vinculados al aparato estatal o a las fuerzas de seguridad”, ratificó Ayos.

Para el especialista, los medios de comunicación también influyen en esta construcción: “Instaurar la inseguridad como tema de agenda pública no es un dato menor. Los medios tienen un papel importante y no es neutral. Hay fuerzas políticas en pugna y uno no puede pensar el problema como un reflejo natural ajeno a eso”. Según Ayos, esto sucede claramente con el grado de violencia de los delitos: “Que los medios de comunicación dispongan una mayor exposición de hechos de violencia no implica necesariamente que en la realidad sea así”. 

Para el sociólogo, la solución para la inseguridad “no es la intensificación de la presión sobre los sectores más empobrecidos o el aumento de la rigurosidad en el sistema penal. Eso no va a solucionar esa violencia”, sentenció. En cambio, propuso “integrar los delitos de cuello blanco, aquellos que abarcan a los sectores de mayor poder de la sociedad”. 

“Si algo refleja la encuesta -concluyó- es ese miedo por los actos y prácticas ilegales que producen las fuerzas del orden y que no son tomadas como tales. Existe un vacío que es claro y que vivimos todos”. POR ESO... MARCHAS Y MAS MARCHAS CIRCUNDAN EL TERRITORIO Y ALGUNA VEZ  SE LLEGA , COMO LO HICIMOS, A LA PLAZA DE MAYO A PETICIONAR POR MAS Y MEJOR SEGURIDAD!

EMERGENCIA PROVINCIAL EN SEGURIDAD ...SIN EMERGENCIA!!!

La emergencia en seguridad termina con menos de la mitad de las obras que prometió Casal

En abril vence la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires y no se prorrogará, tal como lo anunció el gobernador Daniel Scioli en su última asamblea legislativa. Tanto él como sus ministros se muestran contentos y satisfechos por los logros alcanzados en este contexto, pese a que no se cumplieron algunos de los objetivos trazados, como la construcción de alcaidías y cárceles. Preocupación en organismos de Derechos Humanos por el agravamiento de las pésimas condiciones de detención.

Hasta el día de hoy el ministro de Seguridad Alejandro Granados continúa presentando junto a intendentes las policías locales, nutridas en su mayoría por jóvenes que en menos de 1 año se formaron y ya patrullan las calles, armados. Además de la adquisición de patrulleros, armas y demás accesorios para las fuerzas, también se convocaron a una serie de reuniones del Consejo de Seguridad con legisladores oficialistas y opositores, entre otras medidas puntuales.

Específicamente en el ámbito de la justicia, desde el Ejecutivo se trazaron concretamente dos objetivos muy ambiciosos: construir 8 alcaidías con capacidad para alojar 1000 internos –en donde 3 serían cedidas por intendencias y las restantes 5 se construirían en estos 12 meses, con una inversión total de $340 millones-; y 4 Unidades Penitenciarias para alojar a 2 mil internos -con financiamiento por $500 millones del Fondo Fiduciario Nacional-.

A menos de una semana de la finalización de la emergencia en seguridad no hay ningún edificio nuevo.

En octubre del año pasado, al cumplirse los primeros seis meses de la emergencia, el ministro de Justicia Ricardo Casal fue a la Legislatura para explicar cómo iba a la situación y fundamentalmente hacer un balance del dinero que se iba a destinar en el presupuesto 2015. Allí ya había insinuado que el plan no marchaba de la misma manera a lo anunciado el día del decreto, porque habló de la construcción de dos cárceles y cinco alcaidías, la mitad de lo estipulado. Así, el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas y sin precedentes” estaba siendo enfrentado por el gobierno provincial no como se había prometido el día cero.

En el marco del plan del sciolismo para agilizar recursos materiales y humanos en la lucha contra la inseguridad ya se había convocado para ese entonces a personal policial retirado para realizar tareas de prevención, sugiriendo una inversión de 600 millones de pesos por parte del Banco Provincia para comprar móviles policiales, chalecos antibalas y otros equipamientos, junto con un pedido para limitar las excarcelaciones. Aún no se veían las cárceles ni las nuevas alcaidías pautadas. Y el panorama es similar hoy en día.

Qué se hizo

Un informe del ministerio de Justicia al que accedió Letra P, actualizado en marzo de este año, detalla que lo que se ha hecho fue realizar el llamado público en septiembre de 2014 para dar inicio a las obras de las alcaidías de Campana, San Martín y Lomas de Zamora; algo similar en octubre de 2014 para la alcaidía de General Rodríguez. La de Necochea está incorporada al presupuesto 2015 y se encuentra en trámite para el llamado público; la de San Nicolás aún aguarda por la adecuación del proyecto para el llamado público tras el cambio de terreno por parte de la municipalidad; mientras que la de Bahía Blanca todavía espera que se resuelva en dónde se va a implantar, ya que se están realizando gestiones ante diversos organismos. La única ejecutada es la de Virrey del Pino.

En cuanto a la construcción de Unidades Penitenciarias Educativas y de Formación Laboral, están las de Campana y Lomas de Zamora, ambas en proceso de planificación tras el llamado público en septiembre del año pasado que dio inicio a las obras correspondientes.

Luego, desde Justicia detallan una serie de obras complementarias en otros establecimientos, como por ejemplo en los pabellones de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, la 7 de Azul, además de las viviendas “Casas por Cárceles” en Olmos, San Martín y Florencio Varela. Todas estas, según el ministerio, están en trámite de llamado público para continuar con la tercera etapa de los trabajos.

Lo cierto es que los objetivos, tal como fueron planteados en abril del año pasado, se quedaron a la mitad, sumado a que según estudios y evaluaciones de distintos organismos de derechos humanos, el problema de fondo aún está muy lejos de resolverse.

“No se soluciona ninguna cuestión de fondo”

“Actualmente están funcionando formalmente muy pocas alcaidías: Mar del Plata, Junín, Malvinas Argentinas, Virrey del Pino e Isidro Casanova; y más allá de esas, cada unidad carcelaria tiene un pabellón o dos, que los destinan a alcaidías, como por ejemplo Sierra Chica y Alvear, que están dentro del marco de la cárcel”, le resumieron desde la Comisión Provincial por la Memoria a este portal.

“Hay otra serie de alcaidías que tienen un gobierno mixto, que están vigiladas por el servicio penitenciario pero las directivas las dan personal cívico, como por ejemplo un abogado. Son José C. Paz, San Martín, La Plata, La Plata 2, La Plata 3, Lomas de Zamora y Avellaneda. Estas podrían creerse que son las nuevas, pero no fueron construidas en el marco de la emergencia”, agregaron.

“Lo único que generó la emergencia en seguridad fue una apertura indiscriminada de lugares con falta de condiciones de detención, habilitar lugares clausurados sin ningún cambio. Por ejemplo en Lomas de Zamora se habilitaron calabozos sin control alguno. En Sierra Chica, en donde hay sólo 2 camas por celda, hay 4 o 5 personas”, detallaron sólo por dar un ejemplo, concluyendo además que “la emergencia no solucionó ninguna cuestión de fondo. El Estado se sacó la responsabilidad de las manos con la emergencia en seguridad”.

Es que las distintas organizaciones que desde hace muchos años se encargan de estudiar y posteriormente denunciar sistemáticamente las gravísimas condiciones en que funciona el sistema carcelario bonaerense, ven con mucha preocupación la realidad actual, fundamentalmente tras el legado de estos 12 meses de emergencia en seguridad. “Nuestras preocupaciones en realidad están puestas no en lo que no se hizo, sino en lo que sabemos que sí se hizo y lo que significó la emergencia”, le explicaron a Letra P desde otro organismo de derechos humanos.

“No sólo las condiciones edilicias son deficientes sino que hasta se detectaron casos de tortura; hay mujeres y hombres en las mismas comisarías, ya que a partir de la emergencia no quedó claro cuál era el cupo femenino y masculino; se habilitaron lugares que estaban clausurados para alojar personas: nosotros, en las recorridas y relevamientos que hacemos, encontramos un sinfín de irregularidades. Por ejemplo en el destacamento de Esteban Echeverría -que no llega a ser comisaría en el rango- el año pasado encontramos que alojaba personas, como por ejemplo una persona enferma crónica, con VIH, que dormía en el piso. El lugar no tenía las condiciones para alojar personas y todo dependía de sus familias: si la familia no podía ir a visitarlos, ellos no comían, no tomaban, no se vestían, no dormían con mantas y demás”, enumeraron con preocupación.

Además, pusieron la lupa sobre el Poder Judicial, ya que hablan de “una incapacidad evidente de poder controlar sus propias medidas, como así también el gobierno provincial, que habilitaron lugares que no fueron controlados por ellos mismos: no sabían si había baño, agua, luz, nada. La intención era habilitar para que las alcaidías de tribunales no estén llenas. Los índices de la CPM, CELS y demás, te demuestran que durante el 2013 y 2014 el incremento de la prisionalización subió. Pero el número de personas que pasan a disposición del Poder Judicial no varió tanto, se mantuvo. Y eso le permite decir al Ejecutivo que hay una emergencia en seguridad, que no es real. El problema estructural del encierro viene desde antes de la emergencia”.

La apertura del sistema penal como tal tiene una capacidad para 15 mil personas y actualmente hay 32 mil personas encerradas en cárceles, comisarias y alcaidías, según los datos que maneja la CPM, que además denuncia que tanto el ministerio de Justicia como el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial se pasan la pelota uno al otro.

De esta manera, faltan pocos días para que se cumpla el plazo de la emergencia decretado porScioli y los interrogantes parecen ser más que los que había hace 12 meses.

http://www.letrap.com.ar/blog/2015/03/30/la-emergencia-en-seguridad-termina-con-menos-de-la-mitad-de-las-obras-que-prometio-casal/

Estiman que asaltan a 480 pasajeros de colectivos por día

El salvaje robo a los tiros a bordo de un interno de la Línea 180, que recorre el partido de La Matanza, reinstaló en las últimas horas el debate por la inseguridad que sufren tanto choferes como viajeros.

Unos 480 pasajeros son robados cada día en Capital Federal y el conurbano bonaerense, revela un estudio sobre la problemática realizado por una organización de víctimas del transporte público. 

El salvaje robo a los tiros a bordo de un interno de la Línea 180, que recorre el partido de La Matanza, reinstaló en las últimas horas el debate por la inseguridad que sufren tanto choferes como viajeros, víctimas indefensas de los delincuentes.

En ese caso, tres delincuentes, fuertemente armados, coparon el vehículo y para amedrentar a la víctimas comenzaron a realizar disparos, generando pánico y terror. 

El hecho, que derivó en un cese de actividades propuesto por los choferes, está ligado a una modalidad que tiene a unos 480 pasajeros robados cada día en Capital Federal y el conurbano bonaerense. 

Según publicó hoy el Diario Popular, el último estudio sobre la problemática realizado por la Comisión Nacional de Víctimas del Transporte Público, reveló que los pasajeros están padeciendo robos dentro de las unidades de transporte, pero también cuando esperan los colectivos en las respectivas paradas. 

En ambos casos, la indefensión de la víctimas es casi absoluta. 

"En los casos registrados en las paradas de colectivos, observamos que la mayoría de los episodios con robos son bajo amenazas de utilización de armas y para abordar a las víctimas los delincuentes llegan en motocicletas, que luego utilizan obviamente para fugar del lugar", indicó Martín Lescano, titular de la entidad. 

Acerca del hecho registrado en La Matanza, se pudo averiguar que ningún pasajero resultó con heridas, a pesar de la situación de extrema violencia con disparos. 

Asimismo, luego del episodio, los choferes de la línea 180, y sus ramales 155 y 630, decidieron realizar un paro de sus actividades, para reclamar por la inseguridad que padecen. 

Meses atrás, un chofer de la misma línea 180 resultó baleado en las piernas cuando fue atacado por malvivientes a la altura del barrio Puerta de Hierro. 

En aquella ocasión, los sujetos se llevaron el teléfono celular y otras pertenencias del trabajador, que debió ser asistido de urgencia. 

"Es necesario que se coordinen recursos entre las fuerzas de seguridad para incrementar el esfuerzo de frenar esta situación. Los usuarios de colectivos necesitan salir de sus casas sin sentir miedo y también sentirse seguros cuando viajan", manifestó Lescano. 

Desde la empresa "La vecinal de La Matanza SA", propietaria de las líneas mencionadas, tras confirmar que el chofer se encuentra fuera de peligro señaló que el recorrido es "absolutamente peligroso", indicando que están "cansados de ser víctimas de la inseguridad".

RULETA RUSA SIGUE EN PROVINCIA Y NACION... ESTADO? AUSENTE!!!

A LA SECRETARIA DE CONTROL COMUNAL PARA CONOCIMIENTO!!!

No alcanza sólo con controles y sanciones

Algo no funciona del todo bien. Cuando casi la totalidad de las clausuras se violan, el sistema de penalización  ni siquiera está en duda: es inviable.
 Las multas que perciben por quitar una faja representa mucho menos dinero que pasar una noche sin clientela. Ej, 4000$ una concesionaria  multada hace poco que sigue ocupando espacios e intimidando a vecinos con amenazas.
Lo interesante es, sin embargo, la distribución de responsabilidades en este asunto y la ausencia de un trabajo coordinado para que los controles sean eficaces.
 El Estado  a traves de la Secretaria de Control Comunal en la Matanza, a cargo del Sr. Feity, , es quien debe verificar que los puntos comerciales cumplan con las leyes vigentes,  Caso contrario, los  inspectores harán efectiva una clausura, cristalizada en una faja que impide el ingreso en el local.( que es violada en el momento y luego como no se vuelve a controlar, todo sigue "normal" para el comercio sancionado.

Los dueños de la impunidad, sin embargo, las rompen para no debilitar sus cuantiosas ganancias. La Policía  debería actuar frente a estas acciones tipificadas en el Código Contravencional pero , uniformados hacen caso omiso de estas obligaciones.

En parte, es cierto: la Federal, con órdenes de la Casa Rosada, retiró en 2010 el apoyo hacia todas las acciones que atañen a controles urbanos, como las multas viales.

Ahora bien, ¿la Ciudad no podría quitarle inmediatamente la habilitación a un local que viola la clausura? ¿No podría dar aviso a las fiscalías o las comisarías? ¿No podrían comprometerse con el seguimiento de los casos?

En los controles  el sentido común es un actor ausente.
Quienes hoy deben garantizar la seguridad de las personas son organismos independientes, ajustados a un puñado de leyes, lógico, pero vacíos de entendimiento colectivo por una circunstancia política.

Diferencias que ante una eventual tragedia resurgirán con la fuerza de un volcán en erupción para responsabilizarse mutuamente.

 Como el juego del don Pirulero, pero con inspectores, policías y fiscales