"La inseguridad es lo màs grave que está en juego: la vida e integridad de las personas, el derecho a la libertad, el disfrute de la propiedad. La defensa incondicional de estos derechos son parte esencial de la vida de un pueblo. Renunciar a luchar por ellos es morir en vida. En medio de tanto dolor, hay sólo una cosa que no podrán quitarnos nunca: la esperanza, estrella polar de los pueblos en la lucha por la justicia y la libertad."
¡PROVINCIA INSEGURA!
Y DEJAREMOS SIEMPRE HUELLAS DE LO Q HACEMOS Y HAREMOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO DE BIEN...
caminando SIEMPRE Y DEJANDO HUELLAS
miércoles, 14 de agosto de 2013
PELIGRO.... HACKEAN LAS TARJETAS SIM...
martes, 13 de agosto de 2013
REUNION DE VECINOS PIDIENDO SEGURIDAD!!
GRACIAS A LOS QUE PARTICIPAN, NOS LLAMAN , NOS DAN UN LUGAR DONDE PODAMOS ESTAR
QUEREMOS UNION, QUEREMOS QUE TODOS UNIDOS ESTEMOS ATENTOS.... NO PUEDE HABER MAS MUERTES, NO DEBEMOS DEJAR QUE NOS SIGNA ASALTANDO, RAPTANDO O ROBANDO..... NO QUEREMOS MAS DROGAS, NO QUEREMOS MAS DESARMADEROS.... NO QUEREMOS MAS INOPERANCIA.....
CANSADOS TODOS..... VAMOS POR LA UNION DE TODAS LAS LOCALIDADES Y DE TODOS LOS DISTRITOS PARA PODER PETICIONAR QUE ES NUESTRO DERECHO ...
QUEREMOS SEGURIDAD Y PIDAMOSLA...... SABEMOS COMO HACERLO!!!!!!
GRACIAS A TODOSSSSSS!!!!
ALGO MAS SOBRE INSEGURIDAD.... LEER PARA INFORMARTE!!
El sentido de la vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta percepciones que van de mal en peor sobre la degradación ambiental y la seguridad personal. Pero en si la realidad de América Latina, no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de indefensión en la cual se encuentran los ciudadanos, frente al problema de la inseguridad, sino también constatar el divorcio entre el Estado y la Sociedad.
Por ello hablamos de "seguridad del ciudadano", aunque la frase en sí misma puede no ser utilizada en la conversación cotidiana entre la multiplicidad de los pobladores, ella refleja un sentimiento que se comprende y se expresa en niveles anecdóticos: la problemática de viajar con seguridad desde el hogar hacia el trabajo o la escuela, el temor a ser atacado en su propia residencia, una desconfianza severa en las instituciones responsables de la seguridad pública (la policía, los militares, el sistema judicial, etc.), y el sentido de vulnerabilidades crecientes contra una violencia aparentemente incontrolable, entre otras preocupaciones.
Mientras la delincuencia, la violencia y otros factores alcanzan niveles nunca vistos, el asunto de la seguridad –o la inseguridad– del ciudadano se han convertido en un tema constante en el quehacer cotidiano de los pobladores.
La extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad.
En si las cifras sobre delincuencia, criminalidad, victimización y otros, muestran lo que simplemente es la magnitud absoluta de diversos tipos de violencia, ya sea doméstica, comunitaria, social, política, o económica.
Ellas señalan un asunto que es mucho más profundo y que se encuentra en la médula de la creciente preocupación por la disminución de la seguridad ciudadana.
Es importante distinguir, entre las razones del porqué hemos sido incapaces de controlar esta oleada creciente de violencia. Podemos señalar sin embargo que la incapacidad del Estado es un resultado de las dimensiones geográficas tanto como de las deficiencias e incompetencias institucionales.
No es lo mismo comparar Lima con Puno, Piura con Arequipa, Amazonas con el Callao, ya que el desplazamiento de la delincuencia (es decir, contrabando, narcotráfico, violencia familiar y otros) ha abrumado a las instituciones y otros relacionados con el mantenimiento de la seguridad del ciudadano.
Sería engañoso, y además incorrecto, comparar a dichos Departamentos entre sí por que cada uno tiene una problemática diferente y en algunos casos el problema es la inhabilidad de poder rectificar el problema de la violencia y el crimen, que aumentan vertiginosamente: el primero tiene desventajas por su tamaño y escala, mientras que las ineficiencias institucionales y las debilidades estructurales del último han minado su capacidad de respuesta.
Aparte de la extensión de la delincuencia, el tamaño del país y su vasta geografía también ha condicionado la seguridad de los ciudadanos en términos de los efectos que los programas han tenido sobre los índices domésticos de criminalidad.
A pesar de distinguir entre las fuentes de violencia de los distritos de Huancavelica con los de Lima o el Callao, los resultados destructivos son iguales, sin importar el tamaño. El efecto multiplicador de la violencia y la criminalidad excesivas –los desbordamientos negativos económicos, políticos y sociales– es casi incalculable cuantitativamente.
En términos económicos, el costo del crimen se refleja en el Producto Bruto Interno (PBI), si uno considera la destrucción y el traslado de recursos resultantes. Si simplemente se considera la partida del presupuesto público asignada a la Policía y las Fuerzas Armadas, instantáneamente las implicaciones financieras del problema –para cada región geográfica que ya padece una escasez de recursos– son dimensionadas.
Podemos señalar que el presupuesto para Defensa es mayor que para la Policía, teniendo en consideración que la inversión en las FFAA son para actividades de control externo, pero la Policía va a la par con la que se separa para gastar en la salud y la educación, respectivamente. Además, el crimen y la violencia entorpecen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza debido a sus efectos en los capitales, material humano y social, y también perjudican la capacidad de gobierno.
En términos políticos, la insensibilidad del Estado de proveer seguridad pública a sus ciudadanos, a través de una policía eficaz e instituciones eficientes, ha resultado en la pérdida de su legitimidad.
Existe la tendencia a ver como debilidad la incompetencia del Gobierno para responder apropiadamente a la delincuencia, mientras que al mismo tiempo el uso constante de la fuerza pública para combatir la violencia (es decir, respondiéndole a la violencia con más violencia) lo coloca bajo una luz de ineficiencia y carencias democráticas. La percepción de que el Estado le ha fallado a la sociedad en sus deberes explícitos se agrava especialmente cuando las instituciones dotadas para proteger y preservar la seguridad pública se convierten en las fuerzas mismas que la minan.
Por otro lado, en nuestra región el crimen violento, la violencia delincuencial y la violencia juvenil llegan a producir, en algunas ciudades, verdaderos espacios urbanos de guerra social cotidiana; áreas de una violencia sin causa ni fin.
Pero además, la expansión de la criminalidad, ha evolucionado de la mano con un creciente desorden público e inseguridad pública y ciudadana, como lo demuestran los diferentes estudios de este fenómeno elaborados en distintas ciudades del Continente
Podemos señalar diversos casos que son representativos del problema estructural y generalmente histórico, donde la fuerza pública es a la vez el actor principal en la protección de la sociedad, y en la perpetración de la violencia contra esa misma sociedad.
Ese fracaso del Estado en el cumplimiento de su deber público de mantener el orden social ha conducido a un fenómeno creciente y perturbador lo que conlleva: al surgimiento de fuerzas de seguridad privadas. Ya sean Serenos, Ronderos, Comités de Autodefensa o la Guardia de Seguridad contratada que monitorea un edificio de departamentos, una cuadra o un barrio; esas fuerzas colectivas en algunos casos solo han empeorado el asunto de la inseguridad. Debiendo siempre de tener en cuenta que como la violencia genera más violencia, el exceso de seguridad privada genera más inseguridad.
En muchos casos, esa "privatización" de la seguridad ha conducido a políticas locales de seguridad ciudadana desarticuladas, incoherentes e inconsecuentes.
Además, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren dada su carencia de recursos para proveer su propia seguridad. Cuando el Estado abandona su deber de proteger a los ciudadanos se agrava la ya cruda vulnerabilidad de los pobres, quienes como grupo social constituyen la mayor parte de la población en el país.
La última dimensión de la delincuencia está relacionada con su dinámica social. Demasiado a menudo el asunto de la corrupción y del delito de alto vuelo se pierde en el debate inmediato sobre el número de homicidios o la tasa de criminalidad.
Sin embargo, tales actos de delincuencia hablan directamente de la fracasada capacidad de las instituciones diseñadas para apoyar el aparato estatal.
Pero sin embargo, es necesario señalar que la presencia de la corrupción y el grado en que resulta endémica en una sociedad amenazan al propio Estado debido a su naturaleza estructural. La incorporación de prácticas corruptas en el comportamiento y las normas sociales –a través de las ahora bien conocidas características del clientelismo, el corporatismo, y el patrocinio– refleja una construcción social que acoge la criminalidad, o que es por lo menos reticente a combatirla.
Existe una interacción negativa innegable entre la violencia, el capital social, y el desarrollo económico. Como en una reacción en cadena, una escalada en los índices de violencia y crimen, generalmente asociados a condiciones económicas deteriorantes destruye el capital social al erosionar la sociedad.
Al mismo tiempo, precisamente las estructuras sociales son indispensables para enfrentar y frustrar la inseguridad creciente y, más importante, para promover el desarrollo económico de un país, el cual a la larga romperá uno de los vínculos principales del ciclo de violencia: el económico. Estudios recientes sobre este tópico, así como datos de observación, subrayan las importantes implicaciones de garantizar la seguridad ciudadana para todos los miembros de una sociedad.
Por otro lado, los sentimientos de vulnerabilidad y de carencia de seguridad pública son más bien una percepción que una realidad inmediata, los efectos sobre la sociedad y el Estado son iguales: la desintegración del tejido social de una ciudad o de un país, instituciones debilitadas (específicamente los sistemas judiciales y penales), y pérdida de la legitimidad política de un gobierno, o aún peor, de una nación entera.
Durante las últimas dos décadas ha habido una tendencia innegable al empeoramiento de la inseguridad. Esto ha sido lo más notable en la "regionalización" del crimen (es decir, el tráfico de de drogas, contrabando, y de vehículos robados) y en la percepción de los ciudadanos de que este es uno de los principales problemas sociales, solo sobrepasado por las preocupaciones económicas.
Como resultado de la declinación aparentemente perpetua en la seguridad pública, se deben encontrar nuevas perspectivas y modelos. Tenemos que pensar en alejarnos de las soluciones puramente preventivas y vengativas que han dominado el área de la seguridad ciudadana, e incorporar una orientación dirigida más hacia lo "situacional" y lo "social". Donde la noción de "seguridad ciudadana" se debe amplificar para equiparar la seguridad con la protección de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, y del orden público.
Es pertinente señalar que la dinámica urbana de la violencia es diferente a la rural y dentro de ella misma cada espacio es diferente, es por ello que los ciudadanos que residen en las ciudades sus efectos de la violencia son múltiples.
Su incremento ha conducido a una transformación del paisaje (el muro de separación de las vecindades en "ricas" y "pobres"), a un empeoramiento de la salud física y mental de los habitantes de la ciudad (desórdenes nerviosos y de ansiedad, así como infecciones respiratorias), a la erosión de la ciudadanía y de la socialización, y a la guachimización de los barrios.
En este sentido, la población se ha convertido en "víctima colectiva". Sin embargo, el empeoramiento de la violencia no se puede clasificar como un suceso puramente urbano, ni se puede correlacionar con la magnitud geográfica de la ciudad. Para atacar las raíces del problema, es necesario incorporar al público en general a la batalla contra la violencia.
Se piensa que la implementación de la policía comunitaria de un reciente modelo de seguridad pública pueden ser múltiples, por ello se exhibe el mismo deseo de fomentar relaciones civiles-policiales mejoradas.
El modelo de la policía comunitaria –que se ha adoptado ya en Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití y Venezuela– implica la amplificación del mandato tradicional del policía, de fuerza puramente reactiva, a tener un papel civil creciente en la sociedad. En este sentido, se pone un mayor énfasis en sus funciones preventivas que en sus respuestas reactivas o vengativas.
En la temática de inseguridad ciudadana, el Estado ha perdido el control sobre el monopolio de la violencia y es cada vez más incapaz de combatir con eficacia la usurpación de este poder por individuos, cuadrillas criminales, traficantes de droga, y aun por representantes del Estado, es decir, los militares, la policía, los funcionarios gubernamentales, entre otros. Es por ello que la percepción resultante del "caos" solo ha reforzado la característica de ser una cultura autoritaria.
Además, la incapacidad de los Estados de dar una respuesta oportuna y democrática a los pedidos de seguridad por parte de la sociedad, ha llevado a la pérdida de la credibilidad de los habitantes en sus propios Estados y al incremento de la ilegitimidad de las instituciones.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos significativos que se puedan hacer, en algunos casos miembros de la Policía generan situaciones que los compromete seriamente en el ámbito delincuencial y ello generalmente va a llevar a una imagen de función negativa.
Lo que se tiene que hacer es mirar hacia las necesidades del pueblo y no las del gobernante de turno.
Por ello es necesario establecer una fuerza policial independiente, que con lleva al pensamiento combinado con el papel histórico de la policía y ayuda a explicar el porqué un cuerpo auténticamente civil tiene todavía que ser acuartelado para preservar la seguridad ciudadana.
Teniendo en consideración lo anotado, es necesario bosquejar las estructuras legales y los marcos institucionales que han condicionado el asunto de la seguridad ciudadana, para ello debemos apoyarnos en la Constitución como el prisma a través del cual se considera el debate.
Para una democracia nueva, existe el doble desafío de resolver eficazmente los problemas del conflicto social, como es evidente en el crimen y la violencia, sin dañar la existencia del Estado de derecho. La modernización del Estado no ha podido modificar la visión de la policía funcionando como una fuerza de alta seguridad, que puede excluir la participación de la comunidad.
Para ello hay que considerar que las nuevas estructuras institucionales, desde la policía hasta los códigos legales que se le aplican, necesitan ser reformuladas para la seguridad ciudadana.
Queda por reflexionar sobre cómo vamos a alcanzar alguna vez el futuro de la ciudadanía, la seguridad personal y nuestro rol en la democracia, si las sociedades continúan perdiendo la batalla contra la criminalidad, generación tras generación.
Por ello, es necesario establecer como lo han dicho varios analistas, como el colombiano Alvaro Camacho que coinciden en cuestionar las políticas de seguridad que trazan algunos Estados, en las cuales pareciera que su preocupación no fuera tanto la seguridad de las personas, sino la seguridad del propio Estado, incluso por encima de los intereses de la ciudadanía y en contra de ella misma.
Por ello, tenemos que buscar soluciones efectivas que permitan confrontar el crimen y la violencia. Con miras a esos fines, la noción de "seguridad ciudadana" tiene que ser equiparada con la protección de la libertad, los derechos humanos, la democracia y el orden público.
De manera similar las causas de la "inseguridad ciudadana" han de ser identificadas, si se quieren crear soluciones efectivas para el problema. Debiendo de incluir no solo actos criminales contra el individuo, sino también la violencia institucionalizada, la conducta ilegal, la ausencia de controles, y la carencia de protección social, así como la perpetuación de enclaves autoritarios.
El reclamo de un nuevo entendimiento de los componentes de la seguridad ciudadana y las fuerzas que la amenazan debe ser visto como un proceso que conserva siempre la promoción de los derechos civiles como meta final. Si no la sociedad crea métodos para combatir el crimen que realmente debilitan el orden sociopolítico que se supone debe ser protegido. En este sentido, la decisión de establecer un estado de emergencia o de sitio, en vez de un estado de leyes, como respuesta al incremento del crimen y la violencia, a la larga solo servirá para perpetuar la inseguridad.
Experiencias anteriores sugieren mantener el delicado equilibrio entre la preservación del orden público y la promoción de los derechos civiles como el mejor paso, aunque sea un reto especialmente difícil para la sociedad que apenas han retornado a un régimen democrático.
Cuando se discuten recomendaciones sobre políticas de seguridad ciudadana, se debe adoptar un enfoque de análisis y evaluación que pueda responder a las necesidades de cada zona de manera individual. Ya que, la dimensión y la naturaleza de dicha zona es lo que a la larga condiciona la efectividad de las respuestas políticas a las antes mencionadas causas de la inseguridad ciudadana.
Desde el punto de vista de las políticas, sería inapropiado y de poca visión tratar a todas los sectores como a una misma entidad. Cada una tiene una dinámica histórica, cultural, institucional y geográfica propia, que amerita reconocimiento e incorporación en las políticas que son formuladas e implementadas.
Por ejemplo, no se puede esperar que las soluciones para enfrentar el incremento del crimen en Madre de Dios sean aplicables a la ola de criminalidad en Lima. De la misma manera que las causas que originan la violencia en ambos departamentos son divergentes, asimismo lo son las razones de la inhabilidad del Estado para combatirlas.
No obstante, se puede realizar un estudio comparativo de varias experiencias regionales, departamentales, provinciales o distritales, que desde ya sugiere la existencia de características, así como deficiencias, comunes entre ellas, que indican posibles opciones de políticas.
Para comenzar, en todos los casos podrán aparecer un enfoque desde abajo hacia arriba que involucra a la sociedad civil como la única vía de llegar a la raíz de las causas de la creciente criminalidad y violencia.
Este proceso debería comenzar con el fortalecimiento de las instituciones democráticas sobre dos ejes principales: las reformas dirigidas a modernizar los códigos institucionales y legales, es decir, aquellos relacionados con las fuerzas civiles policiales y al sistema judicial, y una mejor coordinación interinstitucional entre las organizaciones dotadas de un diseño de políticas afines a escala nacional (como el Poder Legislativo), además de actores sociales como lo son los medios de comunicación, que contribuyen directamente a la forma como la ciudadanía percibe el problema.
El mensaje contenido aquí es que la asunción de una visión integrada de la seguridad ciudadana –con los intereses de la sociedad civil en el centro y un reconocimiento realista de las fuerzas que la amenazan– posibilitará la reformulación del modelo institucional que actualmente caracteriza a los sistemas de seguridad, judicial y penal. Solamente así podrán ser echadas las bases que les permitan a los ciudadanos y las ciudadanas avanzar más allá de la violencia e inseguridad que actualmente nos rodea.
David Carhuamaca Zereceda
ojo...SECUESTROS VIRTUALES!!
CUIDADO, SECUESTROS VIRTUALES
Se comunica que se continúa teniendo conocimiento de la recepción de llamados telefónicos del tipo extorsivos y engañosos, de los denominados “secuestros virtuales“, que se llevaron a cabo en distintas ciudades de la regió y se alerta a la comunidad para que no caiga en este engaño.
Se recuerda que la maniobra delictiva consiste en que “un sujeto con la finalidad de obtener un beneficio dinerario ilegítimo llama por teléfono a algún vecino diciéndole que un familiar suyo se encuentra secuestrado, lo cual es falso. En ocasiones se detectó que para reforzar la credibilidad de la maniobra delictiva los malvivientes simulan desesperados pedidos de auxilios de una persona haciéndoles creer a las víctimas que es un familiar, lo cual es una puesta en escena falsa.La desesperación de la víctima porque hace creer erróneamente que algún ser querido se encuentra cautivo y es aprovechada por los delincuentes para exigir como condición de liberación, transferencia de dinero a través del sistema “ Wester Unión “ (ubicado en sucursales del Correo Argentino) a nombre de personas con domicilio en la ciudad de Córdoba y en ocasiones han exigido también cargas telefónicas virtuales respecto de abonados con prefijo de la ciudad de Córdoba Capital.
Por tal motivo y por una cuestión de estricto índole preventivo, se solicita que se sugiera a la ciudadanía que en caso se le presente una situación como la descripta eviten dar información de más a los malvivientes, no cedan a su pretensiones económicas, se abstenga de realizar algún pago y que ante situaciones como las descriptas se contacten inmediatamente con la autoridad policial y/o judicial más próxima a su domicilio.
sábado, 10 de agosto de 2013
LAS P.A.S.O 2013!!!
QUE TODOS LOS CIUDADANOS VOTEN CON EL PENSAMIENTO, CON LA RAZÓN, CON LA REALIDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO Y SOBRE TODO SIN TENER MIEDOS.
LES DESEAMOS A TODOS UNA GRAN ELECCIÓN.... Y QUE GANE LA SEGURIDAD!!!!
UN PUEBLO SEGURO , ES SIGNO DE BUENAS VOLUNTADES PARA SEGUIR ADELANTE!!
SEGURIDAD O EL OCASO!!
FELIZ DOMINGO DE ELECCIONES Y A RAZONAR
estadísticas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD BONAERENSE....
Detuvieron a casi 140 mil delincuentes en la Provincia en 2013
ESTO PUEDE SUCEDER EN CUALQUIER LUGAR..... LEELO...
jueves, 8 de agosto de 2013
LA INSEGURIDAD UN CONFLICTO SOCIAL COMPLEJO.....
“El debate público actual no nos permite
hablar de la pobreza”
Entrevista a Claudia Laub - Para Pensar el Pais |
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Claudia Laub es Coordinadora del Área de
Seguridad Urbana en la Asociación El Ágora de Córdoba. Hoy, ante la importancia
mediática y también cotidiana que ha adquirido la problemática de la inseguridad
y el delito en Argentina, COLSECOR Revista dialogó exclusivamente con esta
intelectual cordobesa sobre las implicancias del actual debate público. En su discurso, puso énfasis sobre la necesidad de entender que la inseguridad no es un hecho delictivo determinado, sino un conflicto social complejo que pone en tela de juicio la relación entre los individuos y sus instituciones sociales. Además, la investigadora se aleja de las soluciones facilistas e indaga sobre cómo se articula el incremento de la pobreza y la desocupación con la inseguridad ciudadana. |
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-A partir del aumento del delito
y, sobre todo, ante la importancia que el caso Blumberg ha tenido en los medios
masivos, el tema de la seguridad es hoy una creciente preocupación en el debate
público. ¿Cuál es su análisis de los argumentos de la opinión pública sobre este
tema? - Creo que hemos mezclado todo. El tema de la seguridad es un problema de política pública terriblemente complejo y la complejidad no se puede responder con simplicidad. Me parece que lo que está en el debate público es la búsqueda de respuestas a problemas no bien definidos. Creo que el debate público actual no nos permite que hablemos de la pobreza. ¿Existe más inseguridad para una persona que no sabe si va comer o no; si va a ser echada de su precario trabajo mañana, si tiene frío, si tiene dificultades para acceder a un hospital? Pero hoy eso no se está discutiendo cuando se habla de seguridad.
- Entonces, ¿cómo pensar esta problemática en un país que
tiene altos índices de pobreza?
- Hay que diferenciar la seguridad del delito. Delito tiene que ver con el Código Penal, con lo prohibido como conducta ilegítima; y cuando hablamos de delito, tenemos que hablar de la cárcel, de la justicia y de los policías. Y este triángulo del que hablo ha fracasado, y tenemos que analizar y ver cómo resolvemos el problema. Por el otro lado, tenemos el problema de la pobreza donde más de la mitad de la población está con grandes problemas de inseguridad. Para abordar este tema tenemos que hablar de una palabra que resulta trillada y que es: “incluir” a la gente. Si alguien está fuera del sistema debemos incluirlo, nuestras instituciones tienen que ser inclusivas: nuestra escuela, nuestra policía, nuestros hospitales. Ése es el gran debate: cuestionarnos si en este momento la gran mayoría puede acceder a la escuela o al hospital.
- ¿Cuáles, en su opinión, serían las puntas para empezar a
delinear una política pública que tienda a solucionar esta problemática?
- Yo creo que la política pública debe tender a la inclusión en las instituciones. Básicamente, la herramienta de inclusión es el trabajo. Históricamente, el trabajo como concepción era el que más incluía a la gente, daba un lugar para compartir, una obra social y grandes beneficios sociales. Hoy en día eso no lo tenemos o es muy precario, entonces la primera política pública debe ser crear fuentes de trabajo porque por el trabajo uno accede también a la educación, a la salud y demás. Por otro lado, también puedo hablar de una política criminal. Eso es otra cosa. Entonces sí debería existir una reforma policial, una reforma judicial, una reforma carcelaria porque esas tres cosas hoy no funcionan. Pero, lo que hoy en día se demanda como “leyes más duras” y pide más cárceles es una política pública que no incluye al futuro. Nosotros somos una sociedad que no admitimos el futuro. Tengo una mala noticia: cualquier cosa que hagamos no va a resolver el problema hoy, son temas tan complejos que sólo se van a resolver si empezamos a caminar hacia un futuro. Pensemos en un ejemplo ambientalista: el que plantó árboles hace cien años no vio nada de lo que estaba haciendo, plantó para otra generación; hoy nos toca a nosotros ponernos a trabajar para un futuro. En el presente podemos hacer algunas negociaciones para disminuir el grado de violencia o sanear algunas cosas; pero si no tenemos buenos puestos de trabajo que no sean tan precarios nada se va a solucionar. Yo creo que los frutos se verán de acá a 15 años. Creo que la idea es construir futuro.
- En esta política pública a construir, ¿qué lugar le cabe al
Estado y cómo debe participar la ciudadanía?
- Yo creo que el Estado y la participación ciudadana se construyen juntos Pero sí necesitamos más Estado para esta construcción, sobre todo por el momento que estamos atravesando de tanta dificultad y tanta fragmentación social. El Estado con la gente participando y controlando esas decisiones debe ser un aprendizaje Creo que hay que redescubrir –aunque parezca una mala palabra– la política. La gran ausencia es esta práctica; tenemos que encontrar una forma de manifestarnos y participar, pero estamos en una contradicción porque sentimos mucho enojo con los políticos y dejamos el lugar vacío... Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de la política porque es el instrumento mejor diseñado para la democracia.
- ¿Ud. cree que este pedido público de “leyes más duras”
podría derivar en una intolerancia parecida a la de Brasil, donde para mayor
seguridad urbana tenían la idea de construir muros alrededor de las
favelas?
- Creo que esa intolerancia es producto de que no encontramos respuestas, entonces nos volvemos más intolerantes y buscamos soluciones mágicas. Porque en realidad las leyes más duras son soluciones mágicas y no han dado resultado en ninguna parte del mundo. Creo que sobre esto hay mucho para pensar si no entendemos las lógicas de las mafias y del gran encubrimiento de la corrupción y si creemos que con un muro podemos separar a los corruptos de los no corruptos. En ese caso lo que haríamos es separar a pobres de ricos, pero tampoco funciona; la “solución” habitacional de construir muros alrededor de la propiedad privada no me parece el mejor sistema. Aunque comprendo que desde el miedo uno invente muros, me parece que debemos derribarlos. Mi propuesta sería tirar abajo todos los muros para que en el espacio público podamos estar todos, no los “buenos” o los “malos”. La idea es comprender un poquito qué le está pasando a quien creemos la persona que va contra nuestros intereses y creo que ahora nos equivocamos. No hablo de una equivocación a título individual pues hay que comprender a la persona víctima de violencia y esa persona va a hablar desde el dolor privado que le han ocasionado; pero ese sentimiento no es el que genera una política pública. Las políticas públicas no se construyen desde un golpe privado, no es así... no con leyes más duras, ni con muros… eso es necio porque está demostrado que no ha dado resultado. |
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comisarias de LA MATANZA
COMISARIAS MATANCERAS A LAS QUE PODES ACUDIR
Comisarías
JEFATURA DEPARTAMENTAL: 4487-3535
COMANDO DE PATRULLA: 4620-4091
Dependencia | Localidad | Dirección | Teléfono |
Dto. Fem.La Matanza | Isidro Casanova | Roma y Lascano | 011 4625 0474 |
Cria. La Matanza 1º | San Justo | Villegas Nº2459 | 011 4482 5683 – 4484 4700 |
Cria. La Matanza 2º | Ramos Mejia | Av.De Mayo Nº549 | 011 4656 1118 – 4658 1683/ |
Cria. La Matanza 3º | Villa Madero | Pederneras Nº947 | 011 4652 3000/4444 – 4655 |
Cria. La Matanza 4º | Gregorio Laferrere | R.Obligado y Gutierrez | 011 4626 1111/1444 |
Cria. La Matanza 5º | Gonzalez Catan | Saenz Nº404 | 02202 42 2333/2691 |
Dto. 20 De Junio | 20 De Junio | Urien y Castex | 02202 4 |
Cria. La Matanza 6º | Isidro Casanova | Paris Nº2837 | 011 4625 4049/5711 |
Cria. La Matanza 7º | Tapiales | Aut.Richeri y Boul.Sum | 011 4442 7804/ 44805663 |
Cria. La Matanza 8º | Lomas Del Mirador | Quintana y Tapalque | 011 4652 3344/3443 |
Cria. La Matanza 9º | Ciudad Gral.Guemes | Casa 1 Mza 5 C.Evita | 011 4487 2043/4620/3333 |
Cria. La Matanza 10º | Lomas Del Millon | Gral.Acha y Balcarce | 011 4647 0172 – 4653 3344 |
Cria. La Matanza 11º | Villa Recondo | Av.Diaz S/N | 011 4622 4000/4422 |
Cria. La Matanza 12º | Tapiales | Tuyuti y Altolaguirre | 011 4422 3131/ 44620555 |
Cria. La Matanza 13º | La Tablada | Alberti Nº702 | 011 4652 4106/4936 |
Cria. La Matanza 14º | Rafael Castillo | Mendez De Andes Nº1752 | 011 4697 7195/8103 |
Cria. La Matanza 15º | Villa Luzuriaga | Garibaldi Nº2388 | 011 4443 1301 – 4659 3344 |
Cria. La Matanza 16º | Virrey Del Pino | Miller y Warnes | 02202 44 0444/1808 |
Cria. La Matanza 17º | Don Bosco | Olivera y Pedraza | 011 4656 9555 – 4658 6741 |
Cria. La Matanza 18º | Altos De La Ferrere | Santa Rosa Nº5083 | 011 4626 0888/0153 |
Cria. La Matanza 19º | Villa Dorrego | Carzon y Achupallas | 02202 45 1850/3926 |
Cria. La Matanza 20º | San Alberto | Perkins y Desaguadero | 011 4694 2222/9425 |
Cria. La Matanza 21º | San Carlos | Vedoya y Olivieri | 011 4625 4758/6204 |
Cria. La Matanza 22 | Los Pinos | Carabobo y Porteña | 011 4669 0919/20 |
Cdo.Pat. La Matanza | La Matanza | Aut.Richeri Y Pte.12 | 011 4620 4091 |
Grupo Geo | San Justo | R.4 y Aut.Richeri | 011 4620 4091/1092/4080 |
Scdo. Villa Recondo | Villa Celina | Avelino Diaz S/N | 011 4462 2707 |
Scdo. Virrey Del Pino | Gonzalez Catan | Miler y Warnes | 02202 44 0805 |
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0800-666-6066 | Consultas Dirección de Heridos (de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 18.00 hs) |
0800-999-0998 | Asistencia a la Población Carcelaria - Dirección de Población Carcelaria |
0800-222-2422 | Relaciones con la Comunidad |