"La inseguridad es lo màs grave que está en juego: la vida e integridad de las personas, el derecho a la libertad, el disfrute de la propiedad. La defensa incondicional de estos derechos son parte esencial de la vida de un pueblo. Renunciar a luchar por ellos es morir en vida.
En medio de tanto dolor, hay sólo una cosa que no podrán quitarnos nunca: la esperanza, estrella polar de los pueblos en la lucha por la justicia y la libertad."
CO.SE.MA CONSTRUYE SEGURIDAD, JUNTO A LAS DISTINTAS LOCALIDADES MATANCERAS . CON CASI TODOS LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES TRABAJAMOS CODO A CODO,PARA CONSEGUIR LA SEGURIDAD TAN ANSIADA. PARA ELLO HEMOS CONFORMADO: ¡PROVINCIA INSEGURA! Y DEJAREMOS SIEMPRE HUELLAS DE LO Q HACEMOS Y HAREMOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO DE BIEN...
En se denuncian 157 robos (asaltos, robos y
arrebatos) por hora.
Lamentable record, el dato supera en 17 casos el
2006, según un informe del Ministerio Justicia. "La mayor cantidad de delitos se
registran en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense", dijo Luis Vicat,
licenciado en Seguridad Pública. Le siguen las capitales de Mendoza, Santa Fe y
Córdoba.
La Argentina rompió su propio y lamentable record en materia de
inseguridad: según datos oficiales del Ministerio de Justicia, se denuncian 157
delitos por hora en el país, lo cual es un índice que va en aumento porque
supera en 17 casos a igual período de 2006.
Lo datos comprenden los
delitos denunciados por sus víctimas entre el primer día del año y el último de
mayo pasado y establece un notorio incremento de asaltos, robos y arrebatos.
El trabajo estadístico es elaborado mensualmente por la Dirección
Nacional de Política Criminal, organismo dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que se basa en daros revelados por la Policía Federal.
Dicho informe, publicado este domingo por el Diario Popular, revela que
durante el pasado mes de marzo los delitos denunciados en todo el país fueron
116.808.
En tanto, proyectando la cifra de los primeros cinco meses de
2008, el resultado anual sería mayor a 1.400.000.
De acuerdo a las
últimas estadísticas oficiales publicadas en noviembre pasado, dos semanas
después de las elecciones nacionales, durante 2006 los argentinos habían
efectuado 1.224.293 denuncias.
De esta manera, y por las estadísticas
del informe que refleja números de realidad que se vive en el país, en 2008 el
número final de expedientes por delitos crecería aproximadamente un 15 por
ciento, en relación a dos años atrás.
Según expresó un funcionario del
Ministerio de Seguridad bonaerense, "es cierto que en los últimos meses se
registró una mayor cantidad de delitos denunciados, pero se relaciona al mayor
nivel de compromiso de los ciudadanos al momento de denunciar un delito, y no
tanto al crecimiento de la delincuencia".
Este argumento fue rechazado
por el comisario Luis Vicat, licenciado en Seguridad Pública, para quien "hace
una década la tasa era de una denuncia por tres delitos cometidos, pero ahora es
de uno por cada cuatro".
"Por esa razón, desde 2001 no se dan a conocer
los resultados de las encuestas de victimización", aseguró Vicat.
Agregó
que "se está llegando peligrosamente al millón y medio de denuncias anuales, lo
que pone de manifiesto que la inseguridad hace rato que dejó de ser una
sensación. Lo sabe el ciudadano común, que debe tomar infinidad de recaudos para
sobrevivir".
Debido a que no se dieron a conocer las estadísticas
discriminadas de 2007, el fenómeno debe ser analizado de acuerdo a los números
de 2006.
Así, por ejemplo, surge que en la Ciudad de Buenos Aires los
hechos delictivos denunciados fueron 212.310, de los cuales 146.394 pertenecen
al rubro "delitos contra la propiedad".
En ese informe se indica que los
"robos y tentativas" en terreno capitalino fueron 81.571 y los "hurtos y
tentativas" 55.940.
Además, se destacan 17.503 causas por lesiones
dolosas, 10.282 lesiones en accidentes de tránsito y 15.630 expedientes por
amenazas, mientras que los homicidios dolosos fueron 116.
En la
provincia de Buenos Aires, en cambio, las denuncias en 2006 fueron 238.379 y el
dato llamativo fue que la cifra era menor respecto al año anterior.
"Durante 2007 y lo que va de 2008 la cosa cambió. La proyección anual
nos indica que estaremos en las 250 mil denuncias", dijo el vocero del
Ministerio de Seguridad de la Nación consultado.
Por su parte y en torno
a las ultimas cuestiones citadas, Vicat indicó que "resulta indudable que la
mayor cantidad de delitos se registran en la Capital Federal y el Conurbano
Bonaerense".
"Sin embargo crece a ritmo preocupante la tasa de denuncias
en las capitales de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, y un escalón más abajo se
ubican Entre Ríos, La Rioja y Catamarca", según Vicat.
Según dijo hace
un tiempo el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, los delitos
son cometidos, en su mayoría, por personas "que no encuentran una salida a su
crítica situación socioeconómica".
Arslanian había dicho que "el 75 por
ciento de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires
corresponden al conurbano, donde hay situaciones de mayor exclusión social,
extrema pobreza y ausencia absoluta de todas las instancias de control
social".
http://www.taringa.net/posts/info/8775945/Asaltos_arrebatos_prevencion_la-mejor-de-las-armas.html
Síndrome de Estocolmo: víctima, secuestrador y un lazo patológico
Especialistas abordan las razones psicológicas que generan la
"relación positiva" entre una persona privada de su libertad y su captor; por
qué se llama así a la enfermedad
Llanto incontenible. Esa fue la reacción de Natascha Kampusch
al enterarse de que el hombre que la había mantenido secuestrada durante ocho
años, se había suicidado. Su actitud hacia la muerte de su captor fue
cuestionada e incluso criticada. Pero, por otra parte, comenzó a especularse con
la posibilidad de que la joven, que huyó del secuestrador al cumplir 18 años,
pudiera padecer de Síndrome de Estocolmo. ¿Qué es y cuándo se presenta esta
reacción psicológica?
"Cuando una persona vive una situación muy traumática, puede ser un
secuestro, un asalto, puede desarrollar sentimientos de admiración o algún otro
afecto positivo hacia su victimario. Eso es lo que denominamos Síndrome de
Estocolmo", explica Hugo Marietan, médico psiquiatra.
Cuando esto se produce, explica Marietan, la víctima comparte "la aventura"
del victimario. "Se hace "cómplice". La admiración y la afectividad positiva
hacia el victimario es auténtica, no es una artimaña de ser agradable y solícito
para sobrevivir", añade el especialista.
¿Por qué se llama Síndrome de Estocolmo?
El nombre de este síndrome proviene de un hecho ocurrido en 1973,
precisamente en la ciudad sueca de Estocolmo. Jan Erik Olsson, un preso con
salidas transitorias, entró a robar en el banco Kreditbanken de Norrmalmstorg,
en pleno centro. Inmediatamente llegó la policía, y Olsson se vio en aprietos.
Por eso decidió tomar como rehenes a cuatro personas que había en la
sucursal.
El asaltante pidió tres millones de coronas suecas, un vehículo y dos armas.
La negociación duró seis días. La policía incluso accedió a llevar al lugar a
Clarck Olofsson, amigo del asaltante. Para sorpresa de todos, una de las
rehenes, Kristin Ehnmark no parecía sentir miedo e incluso se resistió a un
posible rescate.
Cuando pasó una semana, la policía local decidió actuar y entraron al lugar,
llenándolo de gases. Los rehenes fueron rescatados sanos y salvos, y el captor y
su amigo fueron detenidos. Durante el proceso judicial que siguió al hecho, los
ex rehenes se negaron a testificar contra sus captores. Incluso manifestaron que
le tenían más miedo a la policía que a quienes los mantuvieron secuestrados una
semana...
Los teléfonos celulares parecen estar en la mira de los ladrones. Según un
informe realizado por una consultora privada, en el país se roban unos 6.000
teléfonos por día. Y de acuerdo con esa investigación, los más afectados por
esos robos son los jóvenes.
La investigación fue hecha por la consultora Carrier y Asociados, un estudio
dedicado a la información y análisis de mercado que tiene su foco en el uso y
consumo de productos y servicios vinculados con Internet, telecomunicaciones,
informática y medios digitales.
En ese informe se estima que 2012 terminará con un total de 2.200.000
teléfonos celulares robados. El dato se basa por la proyección de un nuevo
récord de ventas de equipos que en este año se estima por arriba de los 14
millones, unos 300.000 teléfonos más que el año pasado.
El trabajo refleja que al consultarse a los usuarios que compraban un nuevo
teléfono, el 16 por ciento de ellos dijo que era porque les habían robado el
anterior. Y eso es lo que avala la cifra de más de dos millones de equipos que
serían robados en el año.
....
http://www.clarin.com/inseguridad/Argentina-roban-celulares-dia_0_818918287.html
Estimada tocaya, y te escribo
así, porque vos sos tan "decontracté", tuteas a todo el mundo, que para qué me
voy a andar con reverencias y protocolos, viste? Te escribo para decirte que a
los 40 millones de argentinos nos está pasando algo, y que por lo visto vos no
estás enterada. Tus secretarios o ministros no te avisan que la delincuencia se
está llevando muchas vidas.
Claro, para uno de tus compañeros en este
recorrido político, el tema no pasa de ser una sensación provocada por los
medios opositores para generar caos y descontento en el pueblo. Eso fue lo que
dijo el bigotón, sí, ese al que retaste el otro día y lo mandaste a ponerse un
bonete. Que si te repiten todo el tiempo la misma noticia, parecería que no
matan a una persona, sino que la "sensación" es que matan a 20 o 30, según la
cantidad de repeticiones y el canal que mires (si es oficialista tal vez ni lo
pasan, si es opositor, hasta te muestran el exacto momento en que se produjo el
hecho, porque la "corpo" ya no sabe qué hacer para desbancarte).
Sin
embargo, yo escucho uno o dos canales, leo un par de diarios a traves de
internet, y no siento que repitan la misma noticia. O si, pero un día matan a
Juan, otro a Pedro, después nos enteramos que asesinaron a María o a Rosa...Sí,
Anibal tenía razón, es "casi" la misma noticia...pero no, porque los
protagonistas no son los mismos.
Por costumbre mía, escucho todos los
discursos que das. Y no creas que los escucho porque soy militante, porque soy
patriota ni porque apoyo al modelo que no sé si es tan nacional y popular. Los
escucho porque quiero sabér qué decís. Porque soy una ciudadana que tiene que
elegir quien lleva el rumbo de mi país, y porque tengo que decidir a quién le
voy a dar mi voto en las legislativas del 2013 (que están primero que las
presidenciales del 2015...en las que ya se están anotando muchos candidatos).
Ah, picarona, querés saber a quien le dí mi voto el año pasado? Sorry, gorda, te
recuerdo que la ley Saenz Peña dice que es secreto, asi que eso lo sé solamente
yo. Pero te haya votado a vos o no, sos mi presidente/a. Y como no puedo viajar
a Buenos Aires, y para poder hablar con vos tengo pasar mucho protocolo, te
escribo estas líneas...
¿Sabías que el mismo día que asumiste, mataron a
un chico en Mar del Plata? Fue para robarle la moto, iba con un amigo y unos de
esos que tienen más derechos humanos que yo, le arrebato la vida y los sueños.
Capaz que el flaco te votó, y vos durante todo tu discurso de asunción, no
tuviste ni una sola palabra para el tema inseguridad. Sí, ya sé, no podés estar
en todo...Pero seguramente lees los diarios de todo el país, porque no te
olvides de que SOS LA PRESIDENTA DE LOS 40 MILLONES y de vos tambien depende que
podamos seguir votando...
Me vas a decir que no sabías lo de Mariano, el
chico de la moto? Pero seguro sabrás de Dardo, de Isidro, de Danila, y de tantos
otros que durante tu primer período han muerto víctimas del delito en la
Argentina...Me extraña mucho de vos, que defendés tanto la memoria, la justicia,
la verdad y la vida, que nunca en tus discursos hables de la inseguridad. Me
sorprende que continúes pidiendo justicia para los 30.000 desaparecidos de la
dictadura (no pongo en discusión, me parece bien que se haga el juicio a los
responsables de esos delitos de lesa humanidad) y no te des cuenta de que
mientras tanto hay otros desaparecidos que nadie nombra, de los que
aparentemente el Estado, ese que vos representás, ignora su existencia. Justicia
sería que los que trabajamos honradamente, no tengamos que vivir con miedo al
flaco que viene por la vereda con la capucha puesta y las manos en los
bolsillos. Justicia sería que los comerciantes, remiseros, taxistas,
colectiveros, trabajadores de toda índole, puedan ir y venir libremente sin que
les quiten billeteras, sueldos, documentación...ni hablemos de la vida. Verdad
sería que en vez de criticar tanto a la "corpo" o a los "gorilas" se pongan las
pilas y le den a la policía las herramientas que necesitan para combatir el
delito, y que la independecia de la justicia no dicte fallos amables, sólo para
acomodarse a tu discurso. Memoria sería que en algún momento, así como muchos
argentinos fueron a darte el pésame cuando tu marido se fue (por causas
naturales), vos y tu gabinete respete la memoria de muchos argentinos que tal
vez los votaron, convecidos de que eran lo mejor para el país y hoy no pueden
ver crecer a sus hijos. Ellos, esos muertos en democracias, víctimas del
delito, no tiene la oportunidad de pedir justicia, ni seguridad. Tus medios
dicen que el cacerolazo es por los dólares, que es la clase media la que
reclama...¿la clase media no tiene derecho a vivir? ¿Los que trabajamos, no
tenemos derecho a salir de noche, a estudiar, a que nuestros abuelos vivan sus
ultimos años en paz? ¿Sabías que todas las semanas muelen a palos a un viejito
para sacarle lo poco que tiene? Y si tiene mucho...se lo ganó con esfuerzo y
trabajo, no te parece?
Te juro que me gustaría que en algún discurso, le
des aunque más no sea el pésame a todas esas familias que perdieron a un ser
querido por culpa de la delincuencia, a la que no le importa si sos gorila,
oficialista, carpintero, mecánico, chofer o ama de casa. Te juro que así como
muchos respetaron tu dolor, vos, que sabés lo que es perder a un ser querido, te
pongas en su lugar y los acompañes con alguna decisión que haga que la
inseguridad no sea ni siquiera una sensación. Para que don José pueda tener
abierta la carnicería sin miedos. Para que doña Rosa pueda atender sin rejas ni
timbres. Para que los chicos no vuelvan a sus casas sin zapatillas. Para que los
abuelos, esos que construyeron la Patria Grande y vivieron muchos más años que
vos y yo, disfruten tranquilos esos años que les quedan. Para que no haya más
excusas y los medios opositores no puedan publicar "la misma noticia" con
diferentes nombres.
Sin más, me despido atentamente. CRISTINA VAÑECEK
domingo, 25 de noviembre de 2012
"El que un combate es fuerte, el que vence antes de
combatir es poderoso. La verdadera sabiduría es vencer sin combatir"
Anónimo
Cuando un observador reflexiona sobre lo que significa ser un ciudadano, una
de imágenes que
se destaca es la de una predominante inseguridad.
El sentido de la vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos se extiende a
cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo
y el de la salud, hasta
percepciones que van de en peor sobre la degradación ambiental y la seguridadpersonal.
Pero en si la realidad de América
Latina, no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de
indefensión en la cual se encuentran los ciudadanos, frente al problema de la
inseguridad, sino también constatar el divorcio
entre el
Estado y la Sociedad.
Por ello hablamos de "seguridad del ciudadano", aunque la frase en sí misma
puede no ser utilizada en la conversación cotidiana entre la multiplicidad de
los pobladores, ella refleja un sentimiento que se comprende y se expresa en
niveles anecdóticos: la problemática de con desde el hogar hacia el
trabajo o la escuela,
el temor a ser atacado en su propia residencia, una desconfianza severa en las
instituciones
responsables de la seguridad pública (la policía, los militares, el sistema
judicial, etc.), y el sentido de vulnerabilidades crecientes contra una violencia
aparentemente incontrolable, entre otras preocupaciones.
Mientras la delincuencia,
la violencia y otros factores alcanzan niveles nunca vistos, el asunto de la
seguridad –o la inseguridad– del ciudadano se han convertido en un tema
constante en el quehacer cotidiano de los pobladores.
La extensión de la violencia se ha desbordado en un clima
generalizado de criminalidad.
En si las cifras sobre delincuencia, criminalidad, victimización y otros,
muestran lo que simplemente es la magnitud absoluta de diversos tipos de
violencia, ya sea doméstica, comunitaria, social, política, o
económica.
Ellas señalan un asunto que es mucho más profundo y que se encuentra en la
médula de la creciente preocupación por la disminución de la seguridad
ciudadana.
Es importante distinguir, entre las razones del porqué hemos sido incapaces
de controlar esta oleada creciente de violencia. Podemos señalar sin embargo que
la incapacidad del Estado
es un de las dimensiones geográficas tanto como
de las deficiencias e incompetencias institucionales.
No es lo mismo comparar con Puno, Piura con Arequipa, Amazonas con el
Callao, ya que el desplazamiento de la delincuencia (es decir, contrabando,
narcotráfico,
violencia familiar y otros) ha abrumado a las instituciones y otros relacionados
con el mantenimiento
de la seguridad del ciudadano.
Sería engañoso, y además incorrecto, comparar a dichos Departamentos entre sí
por que cada tiene una problemática diferente y en algunos
casos el problema es la inhabilidad de poder
rectificar el problema de la violencia y el crimen, que aumentan
vertiginosamente: el primero tiene desventajas por su tamaño y escala,
mientras que las ineficiencias institucionales y las debilidades estructurales
del último han minado su capacidad de respuesta.
Aparte de la extensión de la delincuencia, el tamaño del país y su vasta geografía también ha
condicionado la seguridad de los ciudadanos en términos de los efectos que los
programas han
tenido sobre los índices domésticos de criminalidad.
A pesar de distinguir entre las fuentes
de violencia de los distritos de Huancavelica con los de Lima o el Callao, los
resultados destructivos son iguales, sin importar el tamaño. El efecto
multiplicador de la violencia y la criminalidad excesivas –los desbordamientos
negativos económicos, políticos y sociales– es casi incalculable
cuantitativamente.
En términos económicos, el costo del
crimen se refleja en el Producto
Bruto Interno (PBI), si uno considera la destrucción y el traslado de recursos
resultantes. Si simplemente se considera la partida del presupuesto
público asignada a la Policía y las Fuerzas Armadas, instantáneamente las
implicaciones financieras del problema –para cada región geográfica que ya
padece una escasez
de recursos– son dimensionadas.
Podemos señalar que el presupuesto para es mayor que para la Policía, teniendo en
consideración que la inversión
en las FFAA son para actividades de control
externo, pero la Policía va a la par con la que se separa para gastar en la
salud y la educación,
respectivamente. Además, el crimen y la violencia entorpecen el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza
debido a sus efectos en los , humano y social, y también perjudican la
capacidad de gobierno.
En términos políticos, la insensibilidad del Estado de proveer seguridad
pública a sus ciudadanos, a través de una policía eficaz e instituciones
eficientes, ha resultado en la pérdida de su legitimidad.
Existe la tendencia a ver como debilidad la incompetencia del Gobierno para
responder apropiadamente a la delincuencia, mientras que al mismo tiempo
el uso constante de la fuerza
pública para combatir la violencia (es decir, respondiéndole a la violencia con
más violencia) lo coloca bajo una luz de
ineficiencia y carencias democráticas. La percepción de
que el Estado le ha fallado a la sociedad en sus deberes explícitos se agrava
especialmente cuando las instituciones dotadas para proteger y preservar la
seguridad pública se convierten en las fuerzas mismas que la minan.
Por otro lado, en nuestra región el crimen violento, la violencia
delincuencial y la violencia juvenil llegan a producir, en algunas ciudades,
verdaderos espacios urbanos de guerra
social cotidiana; áreas de una violencia sin causa ni fin.
Pero además, la expansión de la criminalidad, ha evolucionado de la mano con
un creciente desorden público e inseguridad pública y ciudadana, como lo
demuestran los diferentes estudios de este fenómeno elaborados en distintas
ciudades del Continente
Podemos señalar diversos casos que son representativos del problema
estructural y generalmente histórico, donde la fuerza pública es a la vez el
actor principal en la protección de la sociedad, y en la perpetración de la
violencia contra esa misma sociedad.
Ese fracaso del Estado en el cumplimiento de su deber público de mantener el
orden social ha conducido a un fenómeno creciente y perturbador lo que conlleva:
al surgimiento de fuerzas de seguridad privadas. Ya sean Serenos, Ronderos,
Comités de Autodefensa o la Guardia de Seguridad contratada que monitorea un
edificio de departamentos, una cuadra o un barrio; esas fuerzas colectivas en
algunos casos solo han empeorado el asunto de la inseguridad. Debiendo siempre
de tener en cuenta que como la violencia genera más violencia, el exceso de
seguridad privada genera más inseguridad.
En muchos casos, esa "privatización"
de la seguridad ha conducido a políticas
locales de seguridad
ciudadana desarticuladas, incoherentes e inconsecuentes.
Además, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren dada su
carencia de recursos para proveer su propia seguridad. Cuando el Estado abandona
su deber de proteger a los ciudadanos se agrava la ya cruda vulnerabilidad de
los pobres, quienes como grupo
social constituyen la mayor parte de la población
en el país.
La última dimensión de la delincuencia está relacionada con su dinámica
social. Demasiado a menudo el asunto de la corrupción
y del delito de
alto vuelo se pierde en el debate
inmediato sobre el número de homicidios
o la tasa de criminalidad.
Sin embargo, tales actos de delincuencia hablan directamente de la fracasada
capacidad de las instituciones diseñadas para apoyar el aparato estatal.
Pero sin embargo, es necesario señalar que la presencia de la corrupción
y el grado en que resulta endémica en una sociedad amenazan al propio Estado
debido a su naturaleza
estructural. La incorporación de prácticas corruptas en el comportamiento
y las normas
sociales –a través de las ahora bien conocidas características del clientelismo,
el corporatismo, y el patrocinio– refleja una construcción
social que acoge la criminalidad, o que es por lo menos reticente a
combatirla.
Existe una interacción
negativa innegable entre la violencia, el capital
social, y el desarrollo
económico. Como en una reacción en cadena, una escalada en los índices de
violencia y crimen, generalmente asociados a condiciones económicas
deteriorantes destruye el capital social al erosionar la sociedad.
Al mismo tiempo, precisamente las estructuras
sociales son indispensables para enfrentar y frustrar la inseguridad creciente
y, más importante, para promover el desarrollo económico de un país, el cual a
la larga romperá uno de los vínculos principales del ciclo de violencia: el
económico. Estudios recientes sobre este tópico, así como datos de observación,
subrayan las importantes implicaciones de garantizar la seguridad ciudadana para
todos los miembros de una sociedad.
Por otro lado, los sentimientos de vulnerabilidad y de carencia de seguridad
pública son más bien una percepción que una realidad inmediata, los efectos
sobre la sociedad y el Estado son iguales: la desintegración del tejido social
de una ciudad o de un país, instituciones debilitadas (específicamente los sistemas
judiciales y penales), y pérdida de la legitimidad política de un gobierno, o
aún peor, de una nación
entera.
Durante las últimas dos décadas ha habido una tendencia innegable al
empeoramiento de la inseguridad. Esto ha sido lo más notable en la
"regionalización" del crimen (es decir, el tráfico de de drogas,
contrabando, y de vehículos robados) y en la percepción de los ciudadanos de que
este es uno de los principales problemas
sociales, solo sobrepasado por las preocupaciones económicas.
Como resultado de la declinación aparentemente perpetua en la seguridad
pública, se deben encontrar nuevas perspectivas y modelos.
Tenemos que pensar en alejarnos de las soluciones
puramente preventivas y vengativas que han dominado el área de la seguridad
ciudadana, e incorporar una orientación dirigida más hacia lo "situacional" y lo
"social". Donde la noción de "seguridad ciudadana" se debe amplificar para
equiparar la seguridad con la protección de la libertad,
de los derechos
humanos, de la democracia,
y del orden público.
Es pertinente señalar que la dinámica urbana de la violencia es diferente a
la rural y dentro de ella misma cada espacio es diferente, es por ello que los
ciudadanos que residen en las ciudades sus efectos de la violencia son
múltiples.
Su incremento ha conducido a una transformación del paisaje (el muro de
separación de las vecindades en "ricas" y "pobres"), a un empeoramiento de la
salud física y mental de los
habitantes de la ciudad (desórdenes nerviosos y de ansiedad, así como infecciones
respiratorias), a la erosión de la
ciudadanía
y de la socialización,
y a la guachimización de los barrios.
En este sentido, la población se ha convertido en "víctima colectiva". Sin
embargo, el empeoramiento de la violencia no se puede clasificar como un suceso
puramente urbano, ni se puede correlacionar con la magnitud geográfica de la
ciudad. Para atacar las raíces del problema, es necesario incorporar al público
en general a la batalla contra la violencia.
Se piensa que la implementación de la policía comunitaria de un reciente modelo
de seguridad pública pueden ser múltiples, por ello se exhibe el mismo deseo de
fomentar relaciones civiles-policiales mejoradas.
El modelo de la policía comunitaria –que se ha adoptado ya en Colombia,
El Salvador, Guatemala,
Haití y Venezuela–
implica la amplificación del mandato tradicional del policía, de fuerza
puramente reactiva, a tener un papel civil creciente en la sociedad. En este
sentido, se pone un mayor énfasis en sus funciones
preventivas que en sus respuestas reactivas o vengativas.
En la temática de inseguridad ciudadana, el Estado ha perdido el control
sobre el monopolio
de la violencia y es cada vez más incapaz de combatir con eficacia la
usurpación de este poder por individuos, cuadrillas criminales, traficantes de
droga,
y aun por representantes del Estado, es decir, los militares, la policía, los
funcionarios gubernamentales, entre otros. Es por ello que la percepción
resultante del "caos" solo ha reforzado la característica de ser una cultura
autoritaria.
Además, la incapacidad de los Estados de dar una respuesta oportuna y
democrática a los pedidos de seguridad por parte de la sociedad, ha llevado a la
pérdida de la credibilidad de los habitantes en sus propios Estados y al
incremento de la ilegitimidad de las instituciones.
Por otro lado, a pesar de los esfuerzos significativos que se puedan hacer,
en algunos casos miembros de la Policía generan situaciones que los compromete
seriamente en el ámbito delincuencial y ello generalmente va a llevar a una imagen de función
negativa.
Lo que se tiene que hacer es mirar hacia las necesidades del pueblo y no las
del gobernante de turno.
Por ello es necesario establecer una fuerza policial independiente, que con
lleva al pensamiento
combinado con el papel histórico de la policía y ayuda a explicar el porqué un
cuerpo auténticamente civil tiene todavía que ser acuartelado para preservar la
seguridad ciudadana.
Teniendo en consideración lo anotado, es necesario bosquejar las estructuras
legales y los marcos institucionales que han condicionado el asunto de la
seguridad ciudadana, para ello debemos apoyarnos en la Constitución
como el prisma a través del cual se considera el debate.
Para una democracia nueva, existe el doble desafío de resolver eficazmente
los problemas del conflicto
social, como es evidente en el crimen y la violencia, sin dañar la existencia
del Estado de derecho. La modernización del Estado no ha podido modificar la
visión de la policía funcionando como una fuerza de alta seguridad, que puede
excluir la participación de la comunidad.
Para ello hay que considerar que las nuevas estructuras institucionales,
desde la policía hasta los códigos legales que se le aplican, necesitan ser
reformuladas para la seguridad ciudadana.
Queda por reflexionar sobre cómo vamos a alcanzar alguna vez el futuro de la
ciudadanía, la seguridad personal y nuestro rol en la democracia, si las sociedades
continúan perdiendo la batalla contra la criminalidad, generación tras
generación.
Por ello, es necesario establecer como lo han dicho varios analistas, como el
colombiano Alvaro Camacho que coinciden en cuestionar las políticas de seguridad
que trazan algunos Estados, en las cuales pareciera que su preocupación no fuera
tanto la seguridad de las personas, sino la seguridad del propio Estado, incluso
por encima de los intereses de la ciudadanía y en contra de ella misma.
Por ello, tenemos que buscar soluciones efectivas que permitan confrontar el
crimen y la violencia. Con miras a esos fines, la noción de "seguridad
ciudadana" tiene que ser equiparada con la protección de la libertad, los derechos humanos, la
democracia y el orden público.
De manera similar las causas de la "inseguridad ciudadana" han de ser
identificadas, si se quieren crear soluciones efectivas para el problema.
Debiendo de incluir no solo actos criminales contra el individuo,
sino también la violencia institucionalizada, la conducta
ilegal, la ausencia de controles, y la carencia de protección social, así como
la perpetuación de enclaves autoritarios.
El reclamo de un nuevo entendimiento de los componentes de la seguridad
ciudadana y las fuerzas que la amenazan debe ser visto como un proceso
que conserva siempre la promoción
de los derechos civiles como meta final. Si no la sociedad crea métodos
para combatir el crimen que realmente debilitan el orden sociopolítico que se
supone debe ser protegido. En este sentido, la decisión de establecer un estado
de emergencia o de sitio, en vez de un estado de leyes, como
respuesta al incremento del crimen y la violencia, a la larga solo servirá para
perpetuar la inseguridad.
Experiencias anteriores sugieren mantener el delicado equilibrio
entre la preservación del orden público y la promoción de los derechos civiles
como el mejor paso, aunque sea un reto especialmente difícil para la sociedad
que apenas han retornado a un régimen democrático.
Cuando se discuten recomendaciones sobre políticas de seguridad ciudadana, se
debe adoptar un enfoque de análisis
y evaluación
que pueda responder a las necesidades de cada zona de manera individual. Ya que,
la dimensión y la naturaleza de dicha zona es lo que a la larga condiciona la
efectividad de las respuestas políticas a las antes mencionadas causas de la
inseguridad ciudadana.
Desde el punto de vista de las políticas, sería inapropiado y de poca visión
tratar a todas los sectores como a una misma entidad. Cada una tiene una
dinámica histórica, cultural, institucional y geográfica propia, que amerita
reconocimiento e incorporación en las políticas que son formuladas e
implementadas.
Por ejemplo, no se puede esperar que las soluciones para enfrentar el
incremento del crimen en Madre de Dios sean aplicables a la ola de criminalidad
en Lima. De la misma manera que las causas que originan la violencia en ambos
departamentos son divergentes, asimismo lo son las razones de la inhabilidad del
Estado para combatirlas.
No obstante, se puede realizar un estudio comparativo de varias experiencias
regionales, departamentales, provinciales o distritales, que desde ya sugiere la
existencia de características, así como deficiencias, comunes entre ellas, que
indican posibles opciones de políticas.
Para comenzar, en todos los casos podrán aparecer un enfoque desde abajo
hacia arriba que involucra a la sociedad civil
como la única vía de llegar a la raíz de las causas de la creciente criminalidad
y violencia.
Este proceso debería comenzar con el fortalecimiento de las instituciones
democráticas sobre dos ejes principales: las reformas dirigidas a modernizar los
códigos institucionales y legales, es decir, aquellos relacionados con las
fuerzas civiles policiales y al sistema judicial, y una mejor coordinación
interinstitucional entre las organizaciones
dotadas de un diseño
de políticas afines a escala nacional (como el Poder Legislativo), además de
actores sociales como lo son los medios
de comunicación,
que contribuyen directamente a la forma como la ciudadanía percibe el
problema.
El mensaje contenido aquí es que la asunción de una visión integrada de la
seguridad ciudadana –con los intereses de la sociedad civil en el centro y un
reconocimiento realista de las fuerzas que la amenazan– posibilitará la
reformulación del modelo institucional que actualmente caracteriza a los
sistemas de seguridad, judicial y penal. Solamente así podrán ser echadas las
bases que les permitan a los ciudadanos y las ciudadanas avanzar más allá de la
violencia e inseguridad que actualmente nos rodea. David Carhuamaca Zereceda
En la Argentina un policía es asesinado cada ocho
días. Todavía no terminó 2012 y en nuestro país ya mataron a 39 uniformados
en distintos hechos de inseguridad.
Las tres cuartas partes de esos homicidios ocurrieron en el área
metropolitana, conformada por la Capital y el Gran Buenos Aires, donde entre
enero y las últimas horas fueron asesinados 30 uniformados. Los nueve casos
restantes ocurrieron en la provincia de Santa Fe, donde hubo tres asesinatos;
Río Negro, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Chubut y Neuquén, con un caso
cada una.
Además del creciente nivel de violencia registrado en los delitos, la cifra
puso al descubierto el contraste entre el área metropolitana, donde se concentró
el 75 % de los homicidios de policías y otras grandes ciudades, como Córdoba o
Mendoza, donde, durante este año, no fue asesinado ningún uniformado.
Este nivel de violencia fue el más alto de los últimos nueve años. Desde 2003
cuando fueron asesinados 62 uniformados que no mataban a tantos policías en el
área metropolitana.
Por entonces, los investigadores advirtieron que la mayoría de los asesinatos ocurrieron cuando
las víctimas se resistieron a que les roban sus automóviles.
A partir de ese dato, el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo bonaerense
decidieron aplicar una política de Estado conjunta para cortar el circuito de
los robos de vehículos y clausuraron los desarmarderos que funcionaban en la
zona de Warnes y en el Gran Buenos Aires. Así fue que al año siguiente, la
cantidad de policías asesinados pasó de 62 a 20.
Otro elemento común en la mayoría de los casos registrados en el área
metropolitana fue que el 90% de los asesinatos ocurrió cuando las víctimas
estaban fuera de servicio. Distinta fue la situación en el resto del país, donde
la mayoría de los policías fueron asesinados mientras estaban de uniforme y en
horario de trabajo.
Éstos fueron los casos del suboficial Víctor Portillo y de su colega Diego
Petrocci, quienes fallecieron cuando chocaron las motos en las que perseguían a
delincuentes el 11 de febrero y el 20 de noviembre de este año, respectivamente.
Ambos, al igual el suboficial Cristian Brian Oyola, al que mataron el 15 de
noviembre pasado, se desempeñaban en la policía de Santa Fe. El último episodio
tuvo una víctima colateral. El padre de Oyola falleció de un ataque al corazón
cuando recibió la noticia de que habían matado a su hijo.
En la localidad de San José, en Misiones, el suboficial Ramón Lencina, casado
con cuatro hijos, de 51 años, fue asesinado de una puñalada cuando intentó
detener a dos delincuentes que asaltaban una ferretería. También fue asesinado
mientras estaba de servicio el subcomisario Aníbal Fabián Alonso, jefe de la
Unidad 75ª en Pilcaniyeu, una localidad rural situada a 100 kilómetros de San
Carlos Bariloche. Al oficial de la policía de Río Negro lo mataron el 16 de
abril pasado, cuando intentó requisar un camión.
Algo similar ocurrió con el oficial de la policía
de Neuquén José Aigo, quien fue asesinado el 6 de marzo pasado por dos
guerrilleros chilenos cuando intentó detenerlos en Junín de los Andes. Luego de
matar al policía, los guerrilleros cruzaron la frontera a Chile. En ese caso,
estuvo involucrado un hijo del intendente de San Martín de los Andes.
En julio, el cabo de la policía de Chubut, Nelson Godoy, fue asesinado cuando
intentó impedir un asalto en una estación de servicio en Comodoro Rivadavia. El
6 de noviembre, luego de una semana de agonía murió el oficial de la policía de
Tucumán, Miguel Roa. Había sido baleado en la cabeza cuando salió en defensa de
una joven que era asaltada. En Santiago del Estero, el comisario Héctor Bravo
fue asesinado por un subordinado suyo en un episodio cuyo móvil no fue
determinado, aunque el agresor fue apresado.. http://www.lanacion.com.ar/1530150-matan-a-un-policia-cada-ocho-dias-en-todo-el-pais
Pablo Barbirotto está a cargo de la Defensoría N° 8 del Poder Judicial, y desde su experiencia de asistir legalmente a jóvenes “desacatados”, opina sobre lo que hay y lo que falta ante un problema que parece irse de las manos si no se toman políticas de estado serias, sobre todo con las adicciones.
La Defensoría de Menores es un área de la Justicia que tiene el rol de bregar por el cumplimiento de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, y en particular de aquellos “en conflicto con la ley penal”, entre otras cosas. En Paraná, uno de los defensores es Pablo Barbirotto. Su tarea lo acerca a lo más crudo de la realidad de los pibes en Entre Ríos, y desde esa experiencia habla, diagnostica, cuestiona y propone. El delito, las drogas, y la falta de políticas serias de inclusión social y tratamiento de las adicciones, es el combo que estalla y se hace visible recién cuando la sangre empieza a correr.
En tiempos donde los menores están en la mira de un sector de la sociedad que pide cárcel y mano dura, al escarbar un poco en sus vidas, en su día a día, aparece que los parches de hoy son muy necesarios, pero no tocan los problemas de fondo, y demuestra con crueldad que el futuro sigue en peligro. Es una verdad que preocupa, pero también moviliza.
Drogas, delito y exclusión
“Al chico que delinque, en mi opinión, hay que tratarlo como víctima. Y la Justicia Penal no es el ámbito, hay que trasladarlo al ámbito asistencial. Dar intervención con la Ley de Protección 9861, con medidas para tratar al chico”, porque “un adolescente es una persona que está en grado de desarrollo”, introduce Barbirotto.
“Si vamos a hablar de menores, la proporción es ínfima en relación a los mayores: de cada 10 hechos delictivos, uno tiene la participación de un menor, y no es grave. Cuestiones de robo, arrebato, hurto, sin violencia extrema”. Pero hay un denominador común en la mayoría de los delitos, tanto de mayores de edad como de menores: “El consumo de drogas y delito van de la mano. La droga es la familia ortopédica del chico, busca en la droga la contención, y para conseguirla es muy sencillo”, explica el defensor. Para esto operaron en los últimos años una serie de cambios: “Se rompieron los códigos: antes no se robaba en el barrio, y el que vendía droga no le vendía a los chicos, y menos en el barrio”. ¿Cómo empieza un chico a consumir y en poco tiempo a robar para volver a drogarse? “Hoy le empiezan a ofertar cocaína, marihuana, psicofármacos, y le van agarrando el gustito. Y después le piden algo a cambio, que salga a robar y le traigan una cartera”. La pregunta que se hace Barbirotto es: “¿Cómo consigue un chico el Rivotril, por qué consigue alcohol?”, insumos no sólo prohibidos para la venta a menores, sino además muchos de ellos de exclusiva venta bajo receta archivada.
“Es una discusión que tiene que abordarse interdisciplinariamente. Lo que necesitamos es la contención, el límite. Hoy no tenés un papá, una mamá, el padre es tan adicto como el chico, porque hay una diferencia de 15 años de padre a hijo. El padre se está rehabilitando de la adicción y el chico ya va a robar, y no está el ejemplo del padre que trabaja”, remarcó, y agregó: “Estamos asistiendo a la tercera generación de padres que no trabajan; por el asistencialismo, que no digo que está mal, he notado que con la Asignación por Hijo los chicos van a la escuela, por más que sea por la plata, pero si va a la escuela está contenido, y no está en la calle; antes estaba en la esquina con alcohol, con psicofármacos. Pero no es la solución”, aseguró el defensor.
Por eso, la receta que cree necesaria no parece de otro mundo: “El problema de los menores no lo solucionás con el sistema penal, sino con políticas sociales previas, que tenga trabajo, que sea incluido socialmente. Y a partir de ahí va a bajar la delincuencia, es obvio. El chico delinque porque necesita para consumir, y porque está totalmente excluido”.
“¿Y si me matan, qué?”
El pibe tiene, supongamos, 14 años. Le arrancó la cartera de cuero a una anciana y salió corriendo o se llevaba un televisor de 29 pulgadas, cuando lo sorprendió un señor de azul y lo llevó de las orejas a Minoridad. Ahora está sentado en una oficina de Tribunales con aire acondicionado. Enfrente, del otro lado del escritorio, está Pablo Barbirotto, quien deberá defenderlo y resguardar sus derechos, aunque el chico probablemente no lo entienda ni le interese. El defensor intenta meterse por un segundo en su cabeza y comprender por qué hizo lo que hizo: “¿Vos pensaste que entraste a una casa, que te podían meter un tiro?”. “¿Y si me mataban, qué?”, responde el pibe, aunque en realidad pregunta. Y esta pregunta es más difícil responderla que cualquiera anterior. “No les importa la vida de ellos. No hay una perspectiva de futuro, no les importa, vivo el hoy, si a nadie le importé. Si nadie piensa en mí”, es una de las explicaciones que encuentra Barbirotto.
Además, el tema se inscribe en un problema más global: “Estás en una sociedad que te exige que tenés que estar salvado a los 25 años, con una casa, un auto y un futuro resuelto. Y en realidad ese futuro o esa oportunidad la sociedad se la da a muy pocas personas. El resto comparte ese objetivo del éxito, pero va por otro camino. Que te exige que tenés que tener todo y sos por lo que tenés, y el chico también quiere eso, es un adolescente, hay que ponerse en la cabeza de un adolescente, y por esa capacidad distinta que tiene el chico, no podés culparlo de la misma forma. Estos chicos en la primera edad son invisibles, sabés que son pobres, que están en la calle pidiendo o haciendo malabares, corriendo peligro su vida, y lo ves como parte del paisaje. Pero se hace visible una vez que comete un delito”, dice, sugiriendo a todos una autocrítica. “Si no duerme en una casa, si pasa frío en invierno, le llevás una frazada, pero de esa forma no solucionás el problema. Hay que ver el organismo donde hay que denunciar estas cuestiones”.
Cuestión de estado
En cuanto a los caminos a tomar para hallar una solución a un problema que parece irse de las manos, Barbirotto se remite a lo que se viene haciendo, y a lo que falta. En relación a lo primero: “La experiencia que tenemos nosotros ha sido buena (la mayoría, otras no). Cuando al chico lo tratás bien, como una persona, con afecto, le generás un proyecto, buscás actividades (laboral, capacitación), y lo acompañás, el chico responde”, afirma. “La función de la Justicia junto con el Consejo –del Niño, el Adolescente y la Familia- tiene que ser que te ayude con proyectos, cómo revertir las cosas que lo llevaron a esto. El Consejo está desbordado por la cantidad de casos, no solamente por la cuestión penal, sino todos los chicos que en Paraná tienen una necesidad de asistencia, y son muchos”.
“Los organismos administrativos tienen toda la voluntad -asegura-. Hay gente muy joven que se la pasa en los barrios todo el día, a cualquier hora a destajo. Pero bueno, no alcanza, porque podés tener diez que estén en los barrios, pero Paraná está desbordada de toda esta situación”.
El ciego reclamo de mano dura parece no registrar este marco. “Yo soy un convencido de que con mayor pena no se va a solucionar absolutamente nada. Bajar la imputabilidad tampoco va a servir para nada, porque la vas a bajar a los 14 y a los tres meses de que salga la Ley va a aparecer un chico de 10 años que comete un hecho, y vamos a ir por los de 10 años. Porque no tenés control sobre eso. ¿Qué solucionás?”, opina Barbirotto.
“Son cuestiones de políticas públicas –dice ahora, llegando al meollo de la cuestión-. Que el Estado primero tome el tema de la droga, que no lo está tomado como una cuestión de Estado. En Entre Ríos no tenés un lugar para internar a un chico, tenés que mandarlo a un lugar afuera, y eso cuesta plata. Se necesitan políticas de Estado activas. No nos preocupemos por las drogas, ocupémonos, porque esto va a ser un flagelo de acá a 5 años, que no lo vamos a poder llevar adelante. Fijate lo que es Buenos Aires con el tema del paco, acá todavía no tenés el paco, pero sí tenés cocaína a cinco pesos que debe ser muy parecido a lo que es el paco. Esos chicos están seis meses y te hacen una tras otra y no los podes contener”.
“Hay que empezar a tener una política de estado donde digas: ‘Che, Entre Ríos necesita mínimo una comunidad terapéutica en la costa del Paraná y otra en la costa del Uruguay’. Donde tengas un chico con problemas de adicciones, lo puedas internar, lo puedas tratar”. Porque si no, “¿qué chico va a tener voluntad de recuperarse a los 14 años, si la droga es la única salida que tiene? Va a tener que ser compulsivamente”. Aunque no únicamente el foco debería estar puesto en el chico: “Si lo tengo internado un año –dice el defensor- y después lo mando al barrio, es lo mismo. Si lo tengo internado, mientras tanto voy a trabajar en el barrio con los padres, con la familia, para que ese chico vuelva al barrio y no salga a la esquina y vea a sus amigos drogándose, y devuelta a decaer. Ya es una política de Estado -insiste-, que el Estado, todo en su conjunto (Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo) tenemos que ocuparnos del tema de las adicciones. Es un tema que empieza a los 10 años en los chicos”. Y reitera, por las dudas, advierte otra vez:
“Si no se empiezan a tener políticas serias de prevención, si no se empieza a hacer eso, estamos comprometidos para dentro de unos años”.
Denunciar a los kioscos narcos del barrio
También Barbirotto destaca la necesidad de denunciar a los que le venden la droga a los pibes: “Yo les digo a los padres: ‘díganme quienes están vendiendo’; ‘No, me van a quemar la casa’, responden. Están todos amenazados, nadie dice nada, la gente tiene que tomar consciencia de que esto hay que denunciarlo, dónde se vende, quién vende, darle la posibilidad a la gente que pueda hacer una denuncia anónima en la Justicia Federal, que se pueda preservar esto, porque todos tienen miedo. Porque el tema es que nos están matando a nuestros chicos”.
Pablo Barbirotto está a cargo de la Defensoría N° 8 del
Poder Judicial, y desde su experiencia de asistir legalmente a jóvenes
“desacatados”, opina sobre lo que hay y lo que falta ante un problema que parece
irse de las manos si no se toman políticas de estado serias, sobre todo con las
adicciones.
La Defensoría de Menores es un área de la Justicia que
tiene el rol de bregar por el cumplimiento de los derechos y garantías de los
niños y adolescentes, y en particular de aquellos “en conflicto con la ley
penal”, entre otras cosas. En Paraná, uno de los defensores es Pablo Barbirotto.
Su tarea lo acerca a lo más crudo de la realidad de los pibes en Entre Ríos, y
desde esa experiencia
