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miércoles, 12 de agosto de 2015

Con inclusión y cohesión social, buscan reducir la inseguridad...PLAN PILOTO EN CORDOBA.... A DEBERIA EXTENDERSE!!

El Observatorio de Seguridad Ciudadana y la fundación Córdoba Mejora llevan adelante un plan de mejora de la convivencia y de intervención preventiva en 15 barrios de la capital
- Está en marcha en una zona de esta ciudad una experiencia piloto de aplicación de estrategias de intervención preventivas, cohesión social y convivencia ciudadana con el objetivo de reducir la inseguridad.
El trabajo se realiza en 15 barrios de distintos niveles socioeconómicos aledaños a la ruta 20, una de las áreas más afectadas por los saqueos y robos durante el levantamiento policial de diciembre de 2013. El sector tiene un índice de inseguridad superior a la media cordobesa y un porcentaje más alto de revictimización.
"Cuando la convivencia es frágil, la inseguridad aparece", resume a LA NACION Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad provincial y directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que lleva adelante la iniciativa junto con la fundación empresaria Córdoba Mejora.
El concepto de "cohesión social" es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y se aplica a partir del diagnóstico de aspectos fundamentales, como la brecha que se registra entre los vecinos, qué fuerza es la dominante (conflicto o cooperación) y las posibilidades de recomposición del tejido social.
La iniciativa es innovadora en la provincia y en el país porque -explica Monteoliva- busca incidir de manera positiva en cambios de comportamientos, actitudes y valores tanto comunitarios como institucionales. Parte de un diagnóstico estadístico muy profundo y avanza en la capacitación de referentes barriales que replican las acciones en sus ámbitos.
En paralelo se desarrollan mesas de trabajo y se avanza en la caracterización de cómo debería ser la intervención urbana para lograr más cohesión. Se elevará a las autoridades la propuesta de las obras que deberían realizarse, ya que sus participantes no tienen posibilidad de ejecución.
El objetivo -probado con éxito en otras ciudades latinoamericanas, como Medellín (ver aparte)- es fortalecer los procesos comunitarios de control social informal. "Es un aporte transversal, una mirada integradora. La seguridad es una característica de las comunidades cohesionadas, pero con estas iniciativas se avanza en varios ámbitos", señala Monteoliva.
Hay vecinos que aceptaron de buen grado la propuesta y otros que plantean que la única solución es "construir muros". Entre los referentes, algunos provienen de zonas segregadas y plantean: "Es la primera vez que nos dicen que sí a algo, que podemos intervenir".
Los procesos de este tipo no tienen un final cierto. El empoderamiento y la apropiación de los espacios públicos por parte de los participantes son señales de que se va por buen camino. "Los entornos más seguros son la respuesta al delito; las medidas individuales, enrejar, amurallar, no funcionan. A largo plazo queda demostrado", insiste la especialista cordobesa.
Para los expertos, la razón de muchos de los fracasos en seguridad es que el tema se toma como una cuestión sólo de criminalidad, cuando, en el fondo, es un problema de capital social. Los sectores con mayor desintegración muestran altos niveles de violencia; eso indican los trabajos de campo del Observatorio.
Por la globalización, en las sociedades fragmentadas el acceso al consumo genera idea de inclusión y no poder consumir hace sentir una exclusión social concreta. Incluso, quienes sufren la desigualdad se comparan con aquellos que tienen a su lado, aunque sean apenas menos pobres que ellos.
La apuesta es "suturar" el tejido social y buscar la posibilidad de un futuro común a partir de la "memoria colectiva, un conocimiento común recuperado y el trabajo en red". Monteoliva subraya que no siempre la participación vecinal recibe, a cambio, algo tangible, como un subsidio. "Lo económico no debe ser el punto crucial" del entramado, dice.
Comenta que en el trabajo que se viene realizando en Córdoba esa condición quedó clara desde un comienzo y que los participantes la aceptaron sin problemas. Incluso, en el caso de los más excluidos (no sólo económicamente, sino de posibilidades de intervención), ese aspecto no modificó su entusiasmo.
"El ser escuchados, el poder opinar y que se respete lo que dicen es un incentivo -dice Monteoliva-. El diálogo no siempre se da de arranque, pero a medida que transcurren las reuniones el vínculo se va articulando y facilitando. La experiencia nos demuestra que aquellos que al principio no quieren sumarse (y en Córdoba los hay) terminan haciéndolo, porque si no, quedan excluidos."
La mejora de sus condiciones económicas es parte de todo el proceso, pero no el punto crucial. La especialista insiste en que el crimen y el miedo al crimen constituyen una amenaza al desarrollo social y económico de los países de la región; restringen las decisiones de los ciudadanos; obstaculizan la inversión y los negocios; afectan el bienestar de la sociedad, y deterioran la calidad de vida. A fin de cuentas, es una cuestión de desarrollo..

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