ESTADISTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA....O ....INSEGURIDAD!

Seguridad Ciudadana en nuestro país

1) Diagnóstico de la inseguridad ciudadana:
La disponibilidad de datos sobre inseguridad objetiva y subjetiva son proporcionado en la actualidad por tres sistemas de información relevantes: el policial (Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC), el judicial (Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, SNEJ); y el penal (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, SNEEP).
Aun cuando no existe un sistema de monitorio u observatorio de la violencia en todos lados,  los niveles de violencia en el seno de la sociedad argentina han aumentado y se manifiestan de diversas maneras.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal,  los homicidios dolosos son frecuentes y los robos son violentos.
El 63% de los homicidios dolosos en el país se cometieron utilizando un arma de fuego, con un porcentaje casi idéntico en la Ciudad de Buenos Aires (62%). Confirmando esta realidad, datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en el 2012 la violencia y las muertes por inseguridad aumentaron.
El caso de los robos violentos es preocupante. Según encuestas de victimización en la Ciudad y Gran Buenos Aires,  un 8,3% había sido víctima de un delito cometido con arma de fuego. A su vez, en un 78,2% de los robos con violencia se empleó arma de fuego. Confirmando esta realidad, de los más de 433 mil robos denunciados a nivel nacional, en un 36% se empleó armas (30% arma de fuego y 6% de otro tipo), mientras que en CABA este porcentaje se eleva a un 29% (25% arma de fuego y 4% de otro tipo). Un 2,4% de sucesos tuvo como consecuencia muertes y lesiones.
Otras formas de violencia se han acentuado, en particular en la Provincia de Buenos Aires y CABA: el incremento de la "industria" del secuestro, el crecimiento importante de la violencia juvenil, la consolidación a escala diaria de la protesta social, que acompañan un comportamiento relativamente errático de la política de seguridad, tanto en el nivel nacional como provincial.
Argentina es el tercer país latinoamericano, después de Colombia y México, con mayor frecuencia de secuestros. En un 90% esta práctica se concentra en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En casi el 82% corresponden a "secuestro express".
En cuanto a la violencia doméstica, ésta ha cobrado mayor visibilidad, en particular desde que en 1994 se promulgó una Ley de Violencia Familiar. Según una evaluación reciente dicha ley contribuyó a una mayor visibilidad del problema y se iniciaron procesos adecuatorios de las leyes en cada provincia. No obstante, hay pocos datos sobre violencia doméstica y violencia contra las mujeres. No existe un registro nacional unificado de hechos de violencia doméstica. En 20 de las 24 jurisdicciones existen organismos públicos responsables de políticas pertinentes. Falta, sin embargo, más información y una mayor articulación entre agencias, mayor énfasis en la condena social y una mayor garantía de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia doméstica.
Las cifras son parciales. En las Comisarías de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, se registraron, por ejemplo, más de 30.000 denuncias de violencia familiar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de denuncias creció un 43,5% en mujeres golpeadas fueron atendidas por la Dirección General de la Mujer; hubo 53.869 llamadas a la Línea Violencia Familiar. Sin duda, su tipificación como delito contribuye a un creciente rechazo, lo que en parte explica el aumento de las causas.
La relación entre violencia, alcohol y drogas es alta. Un reciente estudio en hospitales y comisarías en Buenos Aires demostró que el 8% del total de las emergencias generales atendidas en hospitales están vinculadas al consumo de drogas o alcohol. Los varones y los habitantes del conurbano bonaerense son las principales víctimas de los episodios fatales vinculados al consumo de drogas y alcohol. En nuestro país mueren 11 personas de entre 16 y 24 años por causas violentas cada día. Los jóvenes son las víctimas más frecuentes de accidentes, crímenes y suicidios.
La causa de muerte más común asociada al consumo de drogas y alcohol son los accidentes viales. En resumen, la tasa de victimización, independiente de las consecuencias, ha tenido un repunte desde el 2011,
Nuestro país registra uno de los índices mayores del mundo en muertes y lesionados en accidentes de tránsito, pues -más a allá de la causa- se estima entre 27 y 33 muertes por día, con un promedio de 28 de muertes por día (cerca de 10.350 por año), manteniéndose constante el número de fallecidos . El 75% de las víctimas mortales son varones y el grupo más afectado son jóvenes entre 15 y 24 años.
Sin embargo, el que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito sea más superior a la tasa de homicidio dolosos no sea un componente de la agenda pública, proporcional a su magnitud, es indicador de la necesidad de reformular las prioridades y urgencias. ¿Por qué sucede esto? No hay una única explicación. Lo concreto es que "las muertes por accidentes" no son percibidos como una amenaza para la seguridad de las personas.
Una situación similar está ocurriendo con la violencia escolar. Un estudio, mostró que un 45% declaró que hubo agresiones dentro de la escuela en forma frecuente; un 17% admitió haber participado en peleas; un 12% alguna vez fue víctima de un hurto en la escuela; un 22,6% oyó de armas y un 13,5% vio armas en su escuela.
También desde la perspectiva del costo humano, hay señales de un mayor nivel de violencia. En la provincia de Buenos Aires, la violencia en los "enfrentamientos policiales" crece en los últimos años, siendo el 2012 el año más violento . Pero, la violencia también se asocia a la actividad policial en perjuicio de los ciudadanos, como se describe más adelante.
Para destacar, junto a los accidentes de tránsito y una actividad criminal más violenta, que tienen un impacto importante en muertes y lesiones, existen otras formas de violencia, como la doméstica, la escolar y la policial, entre otras, que son más o menos visibles dependiendo de la importancia que se le asigne en los medios y los propios actores. En nuestro país no hay un enfoque dirigido a la violencia en sí. Esta suele abordarse desde la perspectiva del delito. No hay un estrategia nacional, ni suficiente a nivel provincial, que de cuenta de sus manifestaciones y envergadura. Ella no se circunscribe a los límites urbanos, pero allí se manifiesta con mayores niveles.
Dos hechos adicionales merecen ser destacados: la ausencia de un monitoreo de la violencia y sus distintas manifestaciones, y su ausencia en una agenda de seguridad ciudadana no explícita.
Un estudios de victimización aplicados a comienzos de la década destacaban que otras ciudades del país tenían mayores tasas que Buenos Aires. Siguiendo un orden de prevalencia de victimización individual, en el 2000 Mendoza, Rosario (46,1%), Córdoba (37,5%), Gran Buenos Aires (39,9%) y Ciudad de Buenos Aires (39,3%) muestran tasas altas y distintas. Esto ya confirma la necesidad de estrategias de prevención y control diferenciadas, focalizadas y descentralizadas.
2) El perfil de las víctimas:
El perfil de las víctimas es un componente importante del debate sobre la inseguridad. La victimización se reduce según el "nivel económico social" (NES), desde grupos de nivel "alto" (promedio 47,3%) a grupos con menores ingresos o "bajo" (promedio 30%).
La victimización se concentra en segmentos específicos. Según el delito, las tasa de victimización como promedio anual del quinquenio señala a los varones más que a las mujeres (42% y 37%, respectivamente). Esta se reduce, por ejemplo, en la medida que aumenta la edad. Los menores y jóvenes (16 y 29 años (22,4% de la población residente) muestran una prevalencia promedio anual en torno al 46%. Entre los adultos de 30 a 49 años (23,6% de la población) el promedio es de un 42%; entre los adultos de 50 y 65 años (16,3% de la población) es de un 36% y entre los mayores de 65 años alcanza un 24% (17,0% de la población residente).

CONCLUSIONES!!

• a. Que la Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas únicamente policiales.
• b. Que la Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de los Estados y en consecuencia es necesario definir políticas desde ese nivel para atacar dicho problema.
• c. Que la Seguridad Ciudadana es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones.
• d. Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario, que son los que el ciudadano vive más cerca.
• e. Que no existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la protección y la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación.
• f. Que pese a las importantes reformas de la policía que se han emprendido en muchos de los países de la región, predomina una estructura organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta situación obstaculiza la incorporación de las instancias de gobierno local a la gestión policial e inhibe el trabajo de los policías destacados en las comunidades. Como respuesta a esta situación, se debate en varios países la creación de nuevas policías con adscripción a nivel local que asuman las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de policía.
• g. Que la débil cultura democrática que caracteriza la organización social y política en América Latina, en donde los procesos de participación y movilización ciudadana han estado dirigidos a enfrentar las estructuras de poder, más que a generar espacios de colaboración con las autoridades. El modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de una clase política que pueda caer en la tentación de utilizar la experiencia para fines de cooptación política más que para generar un impacto real en la calidad de vida de la población.