El uno de octubre de 2010, el ministro firmó un convenio con 81 municipios para comprar 900 patrulleros. En ese acuerdo que se concretó con los intendentes se decidió que las ciudades bonaerenses comprarían los vehículos, tras recibir el dinero que se giraría por parte de la administración provincial. En ese tratado la Provincia se comprometía, en un lapso no mayor de sesenta días, a equipar a los móviles policiales y, de esta manera, dejarlos en óptimas condiciones para circular. Esto implicaba hacerse cargo de las tareas de ploteo, blindaje, colocación de balizas, sirenas, equipos de comunicación y todo el instrumental que necesitan las unidades para patrullar el territorio bonaerense.
Envalentonado con esta iniciativa, el funcionario provincial decidió aumentar la cantidad inicial, de 900, a 1.300 vehículos. En mayo de 2011 Casal dijo que los 1.300 patrulleros “ya están pagados; las fábricas están haciendo un programa de entregas, ya están ploteados y blindados más de 200, y se están haciendo entre 50 y 80 por semana. Para este mes tendrían que estar todos terminados y entregados”. Sin embargo, eso no sucedió.
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