Hace poco más de un mes, los sacerdotes de las villas de emergencia conmovieron a la sociedad con un documento que alertaba sobre una realidad que los curas que trabajan en los asentamientos vienen denunciando desde hace años: la droga, en las villas, está despenalizada de hecho. Este documento, ciertamente más valioso y real que los diagnósticos oficiales que realizan algunos funcionarios desde sus despachos, pone los puntos sobre las íes en el tema que más preocupa por estos días a los argentinos: la inseguridad.
"El problema no es la villa, sino el narcotráfico", explican los autores de la denuncia. El problema es que la villa funciona como una zona liberada donde se pueden portar o consumir drogas sin que intervenga la fuerza pública. El problema es que la villa es un espacio seguro para los traficantes, que saben que el Estado, cómplice de la "despenalización forzosa", no entra en la villa.
Y tienen razón. Las villas son, en realidad, el territorio sometido por los narcotraficantes, que, con absoluta impunidad, instalan "cocinas" (verdaderos laboratorios) de paco en los barrios populares e involucran a miles de personas en la distribución y el consumo de drogas. De paco, principalmente.
En las villas de la ciudad y del conurbano bonaerense, el poder devastador del residuo de la pasta base de cocaína (paco) hace estragos. Actualmente, el 70% de los jóvenes que viven en las villas consumen paco. La cifra es admitida por las madres que luchan para que la droga y el delito no se lleven a sus hijos. Mucho más barata que otras drogas (se puede conseguir una dosis a un peso), el paco desplazó a la marihuana como droga de inicio y se consume a edades cada vez más tempranas. El paco va de la mano de la pobreza y de la desesperanza.
Según datos oficiales, más de 12 millones de personas viven con 75 pesos por mes en la región metropolitana. Más del 50% de los jóvenes que viven en la provincia de Buenos Aires son pobres. Casi un millón de chicos bonaerenses de entre 14 y 21 años están bajo la línea de pobreza. La mitad no estudia ni trabaja y el 2,3% no sabe leer ni escribir. El 13% de las madres tienen menos de 19 años, la mayoría están solas y no tienen recursos para sostener a su familia.
Ante una radiografía tan lamentable de los jóvenes de la provincia, no es de extrañar el aumento explosivo del consumo de paco. Allí donde falta futuro, el paco gana traficantes y adictos. Y la droga se convierte en moneda de cambio entre delincuentes, que roban (y matan) para obtenerla. Comienzan vendiendo sus útiles escolares y su ropa, siguen con los de sus hermanos, con la plancha o el reloj de la madre. Cuando llegan al delito, ya habían comenzado a vender su propio cuerpo. El resultado es innegable: a mayor consumo de drogas, más aumento de la inseguridad.
El narcotráfico es el gran problema del conurbano bonaerense, y la inseguridad nuestra de cada día es el resultado de la consolidación del tráfico ilegal de drogas en la Argentina, el país que las organizaciones internacionales han elegido por la laxitud de sus controles y la complicidad de sus funcionarios. El país con extensas fronteras descuidadas y cuyo territorio sólo se encuentra radarizado en un 11% facilita la entrada y salida de vuelos clandestinos. Ahora bien: para operar y extenderse, el narcotráfico ha contado, indudablemente, con la protección del poder.
Si las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico operan con tanta impunidad y nos ganan la batalla es porque la corrupción política lo permite y lo posibilita.
La inseguridad no es una sensación, como dicen quienes niegan lo evidente. Es el resultado de una trama mafiosa que combina delito, droga y política y que padecemos todos los que andamos por la calle sin guardaespaldas.
Pero lo cierto es que, para un sector de la política, acabar con la inseguridad no es negocio. Y si no hay voluntad para terminar con el delito es porque se tocan negocios, intereses y hasta la financiación de algunas campañas políticas. Esta gigantesca trama de complicidades fue puesta al descubierto cada vez que se exhibieron los aportes al financiamiento de las campañas electorales del oficialismo, como ocurrió con el caso de las narcovalijas de Southern Winds o después del triple crimen de General Rodríguez.
Si falta transparencia en el Gobierno, si la Justicia no puede actuar de manera independiente, si el gobernador y los intendentes miran para otro lado o esconden sus responsabilidades culpando a los menores, la inseguridad no se supera.
Hay que combatir los circuitos del financiamiento ilegal de la política y de las fuerzas de seguridad. Hay que transparentar la política para poder transparentar la policía. Sólo entonces tendremos seguridad.
