La inseguridad, un problema político con sello K

La región, inmersa en una ola de robos y homocidios, no encuentra respuestas del gobierno nacional. La falta de medidas concretas se traduce en más muertes. Cifras locales y un diagnóstico preocupante

La muerte, o el miedo a la muerte, ha ganado la calle y se ha convertido en protagonista de nuestras vidas. Suena alarmante, pero cuando la inseguridad ocupa de esta manera el espacio público, el problema deja de ser policial o jurídico y pasa a ser eminentemente político. 

En este contexto, la región se convirtió en un escenario de disputa, casi en un campo de batalla. Según las últimas estadísticas del Poder Judicial, en el Depoartamento Judicial de La Plata (que abarca nuestra ciudad y localidades aledañas) hay al menos 15 robos por día, ocho de los cuales son a punta de pistola o con uso de armas blancas. Hay, también, dos abusos sexuales en cada nueva jornada, y un vecino platense es asesinado cada día y medio. 

En total, en un año se registran en la ciudad más de 53 mil hechos delictivos de muy distinta índole, desde infracciones hasta episodios de corrupción y homicidios, marcando la friolera cifra de 147 por día. Los números registran sólo las denuncias efectivas, es decir, podrían ser aún peores, si no fuese porque están desactualizados y porque la falta de Justicia provoca que las víctimas desistan de pedir ayuda. Pero esto no son solo cifras. 

Rostros de la violencia

Ayer, un hombre de 67 años murió tras ser apuñalado por un ladrón en su propia casa (ver “Su ser quería vivir, pero el cuerpo no aguantó más” ). Estaba con su esposa y su nieta, y dos puntazos en el abdomen terminaron con su vida. El delincuente estaba drogado: se llevó $ 300 y un par de alajas falsas.  (ver Trama Urbana). Mientras, Mica “la turra”, una adolescente que atemoriza a los vecinos de City Bell y Villa Elisa, fue detenida tras robar y lastimar con una navaja a una empleada doméstica. Tiene ojos claros, pelo rubio, rasgos bonitos y sólo 19 años. También estaba drogada, y como sucedió con el anciano, el robo se produjo en pleno día. Ya no es la noche la que propicia la inseguridad. Es tanto la falta de oportunidades como la impunidad. Es el todos contra todos. 

La droga y el delito 

Para Eduardo Guarna, presidente de la Asociación Civil Fiscales sin Fronteras, “creció el consumo (de drogas) por parte de individuos que muchas veces tienen necesidad de conseguir dinero para seguir con su propia intoxicación”. Por ello, en el aumento de la inseguridad “se manifiesta un desprecio importante por la vida y la propiedad ajena. Hay gran cantidad de sujetos que han adoptado el delito como forma de vida, vinculados con la droga. Y esto nos debe llevar, una vez hecho el diagnóstico, ha generar políticas públicas para las adicciones, principalmente en los sectores más vulnerables”, señaló a Hoy el abogado. 

En este sentido, Guarna se lamentó que “todavía no hay políticas combinadas entre los distritos y las provincias para trabajar en forma coordinada con Nación en la prevención del delito y en su vinculación con el narcotráfico”.

Dilema nacional

Esto, queda claro, no ocurre solamente en nuestra región. Rosario se convirtió en el epicentro narco del país y en lo que va de 2014 sufre la muerte de al menos una persona por día, víctimas de las redes delictivas que coparon la capital del rock, de la soja y de la droga. En la ciudad de Buenos Aires, “mecheras”, “motochorros” y “salideras” ya son parte del lunfardo porteño, casi tribus urbanas del delito que desplazaron a los inocentes floggers y coparon desde Caminito y Florida hasta los barrios del sur y la paqueta Recoleta. A Puerto Madero no llega el hurto callejero, pero en sus fastuosos edificios se pergeñan los peores atentados contra la patria. Con guante blanco, y sonrisa de funcionario. 

A lo largo y ancho del país, el dilema se esparce y avanza como una bomba de tiempo: despacio pero sin pausa, siempre a punto de estallar. y el botón rojo, el que enciende la mecha, se llama inflación. Se llama devaluación, se llama crisis. “Es la economía, estúpido”. 

Sí, detrás de la pérdida de la cultura del trabajo, del clientelismo, del avance del narcotráfico y el dinero negro como caja para las campañas políticas. Detrás de la deserción escolar y los jóvenes ni ni, está la crisis. Esa que se traduce en desocupación, en un sueldo que no permite llegar a fin de mes, en un aumento incontenible de los precios que convierte a cualquier alimento de la canasta básica en un lujo. La escasez de oportunidades, como la inseguridad, también es cotidiana.  

Eduardo Guarna, las estadísticas, la experiencia cotidiana de los platenses. Todos coinciden: la falta de un diagnóstico de la situación, que se evidencia además en la desactualización de las estadísticas, denota que la inseguridad no aparece como una prioridad para el gobierno nacional. Por eso la ausencia de medidas concretas y la  de- sidia K. Por eso la muerte cotidiana y el robo como el mal menor. Por eso la inseguridad es un problema eminentemente político. 

http://diariohoy.net/politica/la-inseguridad-un-problema-politico-con-sello-k-22995

entrevista con EL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA MATANZA

COMO TENÍAMOS PREVISTO, FUIMOS MIEMBROS DE CO.SE.MA, A LA ENTREVISTA QUE NOS OTORGARA EL JEFE DE LA DEPARTAMENTAL DE LA MATANZA, COMISARIO INSPECTOR, CARLOS GRECO

COMO SIEMPRE FUIMOS MUY BIEN RECIBIDOS POR  EL JEFE C. GRECO ,ATENDIENDO A TODOS NUESTROS REQUERIMIENTOS ,Y ÁVIDO DE ESCUCHAR DESDE OTRO LUGAR, LO QUE LE PASA AL VECINO EN GRAL. ,DE CASI TODAS LAS LOCALIDADES DE LA MATANZA.

LE DEJAMOS UNA LISTA  DE LAS DISTINTAS ZONAS CALIENTE DEL DISTRITO QUE NO HACEN L LEGAR LOS VECINOS.

FUE UNA CHARLA COLOQUIAL Y AMENA Y  AGRADECEMOS QUE HAYA NOS HAYA ESCUCHADO Y NOS HAYA DADO EXPLICACIONES DEL TRABAJO EN EQUIPO QUE REALIZA , COMO ASÍ TAMBIÉN NOSTROS EXPLICAMOS COMO TRABAJAMOS, QUE HACEMOS, COMO DEBEMOS Y PODEMOS AYUDAR PARA TENER UNA MEJOR Y MÁS SEGURIDAD.

GRACIAS AL JEFE GRECO DE TODA CO.SE.MA!!!

Luces y sombras. Daniel Scioli sueña con ser el heredero de la década kirchneristas.

¿Puede Scioli ser candidato a presidente con los niveles de inseguridad de la Provincia?

¿Puede Scioli ser candidato a presidente con los niveles de inseguridad de la Provincia? Y si pudiera, ¿tiene posibilidades de ganar? Ambas preguntas son mera especulación política de futuro, pero no por ello dejan de estar en el pensamiento del gobernador del primer Estado argentino. En verdad, el cuestionamiento sobre la inseguridad vinculado directamente al mandatario sería si ha acertado con la política llevada adelante en la materia, aunque un crítico u opositor acérrimo podría preguntar: ¿hay una política para combatir la inseguridad?

La salida del Ricardo Casal del Ministerio de Seguridad y la separación administrativa de esa cartera en Seguridad por un lado y Justicia por el otro descomprimió algunas cuestiones. Por los propios dichos del hoy titular de Justicia, se sabía que ya no quería seguir, que estaba cansado. Su figura lucía desgastada y precisamente el éxito en la gestión no lo había acompañado.

La llegada de Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad ayudó mejorar el diálogo con los intendentes y a acordar el impulso de la policía municipal, en un proyecto por el cual massistas y oficialistas se disputan la autoría ideológica y práctica.

También se atribuye a Granados una práctica que no se sabe si es buena o mala. Entabló diálogo directo con los jefes máximos y mandos medios de la policía, recostándose en sus decisiones.

Pero más allá de Granados, la pregunta vuelve: ¿hay una política integral y de Estado para combatir la inseguridad en la provincia que integre a todos los estamentos institucionales involucrados?

Hoy se sabe que, aún cuando la inflación y los problemas económicos han ascendido terriblemente en las encuestas y consultas vinculadas a los problemas que más preocupan a los bonaerenses, la inseguridad sigue siendo la número uno y se mantiene al tope desde hace años.

Por estos días también llamó la atención que uno de los principales ideólogos y referente kirchneristas, el periodista Horacio Verbitsky, dedicara todo un editorial a destruir con cifras y estadísticas lo que Scioli y Granados intentaron presentar como el primer logro de la nueva gestión, el éxito del Operativo Sol.

Con el sugestivo título “El Helado Derretido, ¿por qué Granados falsea los datos del Operativo Sol?”, Verbistsky señala que el ministro de Seguridad dijo que el Operativo Sol había reducido los índices delictivos a la mitad en la costa atlántica y confirma que estas afirmaciones son desmentidas al menos por cuatro fuentes que dependen del propio ministro: la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 (CATE), las jefaturas Departamentales de Mar del Plata y Pinamar y la Superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, que es el nombre actual de la inteligencia criminal de la policía bonaerense.

Finalmente, Verbistky abunda en cifras y detalles. La cuestión es: ¿el editorial de ese domingo 16 de febrero fue para Granados o es un llamado de atención directo al gobernador Scioli?

Los primeros días de marzo se cumplirán seis meses de gestión de Granados al frente del Ministerio y las noticias sobre inseguridad siguen inundando los diarios. Los hechos recientes en distritos como Quilmes, Morón, Moreno o La Plata son solo el reflejo de una realidad extendida y aplastante.

Nadie pone en duda las buenas intenciones de Granados, pero la pregunta que la sociedad bonaerense se hace es si hay una política contra la inseguridad. Si la hubiera, y cuando decimos así nos referimos a la suma de medidas y acciones con un discurso claro y medios materiales y efectivos necesarios, los bonaerenses tolerarían mejor situaciones conflictivas delictivas, sabiendo que hay un combate efectivo. Pero esa sensación no se percibe en la población.

Una propuesta que sobrevuela en más de un despacho oficial y opositor desde hace tiempo, según pudo saber NOVA, es la de desarrollar una política que combine los esfuerzos entre la policía provincial, las futuras policías municipales y la seguridad privada. Sin descontar los eventuales aportes de fuerzas nacionales como la Gendarmería, que en este momento se están retirando de la provincia.

Números

Para entender lo que significaría poner en línea esos esfuerzos, sólo basta revisar el gasto total en seguridad durante el 2013. La provincia de Buenos Aires, a grandes números, destinó unos 14 mil millones de pesos. Si a ello se le suma lo que actualmente gastan los municipios en dependencias de seguridad locales, todavía sin la creación de la policía municipal, la suma es de unos 600 millones de pesos.

En seguridad privada, durante el 2013, para un total aproximado de 60 mil hombres el cálculo asciende a 7500 millones, aunque debe considerarse que un 35% de esta suma corresponde a empresas y cooperativas no inscriptas ni registradas oficialmente.

La cifra total alcanza a unos 21.600 millones de pesos, cifra nada desdeñable si se lograra una política común entre los actores mencionados.

Claro que las policías municipales deberían funcionar correctamente y la seguridad privada necesitaría un marco legal óptimo del cual hoy carece, y dejar de ser la variable de ajuste por la que muchos sectores se aprovechan.

El cuadro descripto se completa con la triste conclusión de que, finalmente, los cinco mil gendarmes se retirarán, pese al anuncio de Scioli en la Asamblea Legislativa. Un sentido tiene decir que 2500 se van pero 2500 se quedan, y otro afirmar que 2500 se van pero 2500 se quedan hasta tanto sean reemplazados por policías nuevos egresados de las nuevas escuelas policiales y sin experiencia alguna.

El tiempo dirá cómo juega el tema de la inseguridad en la ya lanzada carrera de Scioli para la presidencia, soñando con ser el heredero de la década kirchnerista.

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Se permite la reproducción parcial o total del presente material periodístico, citando la fuente informativa.

BUENA NOTA DE LA MATANZA TIENE TnT

1096. SEGURIDAD: ACALORADA REUNIÓN EN VILLA LUZURIAGA.

10 de Marzo de 2014 a la(s) 13:55

El pasado sábado 8 del corriente en las instalaciones del Club Argentinos del Oeste de la ciudad de Villa Luzuriaga, numerosos vecinos de la zona se dieron cita para hablar con autoridades municipales y policiales sobre los diferentes problemas de inseguridad que los aquejan.

Es de destacar que además de la presencia del Comisario Mayor Carlos Greco miembro de la Departamental de La Matanza, se encontraban presentes los ex concejales Carlos Orsingher (Secretario de Seguridad Ciudadana) y Rolando Galván (Sub Secretario de Gobierno), el actual Concejal Rotilio Chamorro y el Delegado Municipal de la localidad.

Asimismo, también se observó la presencia de diferentes vecinos del lugar reconocidos por su militancia política tanto en el Frente Para la Victoria como en el Pro Peronismo de La Matanza y de diferentes miembros de la Comisión de Seguridad de La Matanza (CO.SE.MA.)

Cabe recordar que esta reunión surgió como consecuencia de la marcha que los vecinos realizaron días pasados desde la intersección de las calles Ignacio Arieta y Avenida Don Bosco hacia la comisaria zonal y luego hasta la casa del Intendente Espinoza, donde al grito de “SEGURIDAD”  expresaron sus quejas.
La reunión comenzó con la palabra del comisario Greco quien con muy buena voluntad realizó una breve reseña de la situación y del accionar policial, lo que generó numerosos murmullos, para derivar en preguntas y cuestionamientos  de los vecinos hacia los representantes políticos del intendente, quienes ante la imposibilidad de brindar respuestas concretas fueron aumentando la temperatura de la reunión.

Fue en esa situación que intervino el señor José Corredoira, histórico vecino y militante político de Villa Luzuriaga, quien puso en debate los temas que a su entender hacen a las soluciones de fondo.

Corredoira responsabilizó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales por la falta de políticas de estado y de decisiones que llevan a la actual situación de inseguridad y puso como ejemplo que “mientras no hay dinero para pagar mejores sueldos y equipos para las fuerzas de seguridad, el gobernador y el intendente malgastan fortunas en recitales y corsos”, provocando el enojo y la agresión verbal de los funcionarios hacia su persona, los que como consecuencia de los abucheos recibidos y el aplauso de los presentes que reconocían y compartían las palabras de Corredoira tuvieron que calmarse.

Si bien puede decirse que el balance de la reunión fue bueno, los vecinos sospechan que hay gente infiltrada por el gobierno municipal, para apaciguar los ánimos, pero no pararan hasta sentir a sus familias protegidas por las autoridades.  Seguramente y aunque al intendente no le guste, las marchas y las reuniones continuaran.

Tener menos de 21 años será atenuante para todos los delitos si se aprueba el nuevo Código Penal

Infobae tuvo acceso al anteproyecto de reforma encargado por el Ejecutivo. En el menú: probation, penas alternativas a la prisión, admisión de la justicia comunitaria para los aborígenes y eliminación de la perpetua, entre otros cambios

Hace un año y medio que, sin demasiada publicidad, una comisión constituida por decreto del Ejecutivo, coordinada por el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni e integrada por el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y la ex diputada María Elena Barbagelata(Frente Amplio Progresista), elabora un nuevo Código Penal que, de ser aprobado por el Congreso, reemplazaría al actual, que data de 1921.

Si bien el anteproyecto no fue oficialmente dado a conocer, está terminado y será entregado a la Presidente en febrero. Miembros de la comisión argumentaron que publicarlo hubiese sido "una falta de respeto" a Cristina Kirchner; sin embargo varias de las novedades previstas fueron filtradas a la prensa durante las últimas semanas, y comentadas por sus redactores.  

Infobae tuvo acceso al documento completo, Libro Primero (Parte General) y Libro Segundo (de los Delitos), no así a la fundamentación ni a las disidencias (que sólo conciernen a un mínimo de temas, como aborto y reincidencia).

En el nuevo Código, todas las condenas serán de "cumplimiento efectivo" pero se introducen, para todos los delitos, las llamadas "penas alternativas" a la prisión; a saber: detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de las instrucciones judiciales y multa reparatoria.

En el artículo 31, se establece que "el juez podrá reemplazar parcial o totalmente [por penas alternativas] cualquier pena de prisión que no exceda de tres años". Si la pena de prisión va de 3 a 10 años como máximo, "se podrá aplicar una pena alternativa después del cumplimiento de la mitad" de esa condena. Y si la pena de cárcel es mayor a 10 años, el reemplazo será aplicable "después de cumplidos los dos tercios".  

Además, se elimina la perpetua y se fija la condena máxima en 30 años. Se mantiene la suspensión del juicio a prueba o probation –introducida en los últimos años-. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, se despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, pero se agrega el cultivo (para el mismo fin). No se despenaliza el aborto salvo en caso de riesgo de vida para la madre y si el embarazo proviene de una violación.

Se establecen criterios de insignificancia para determinados delitos, se agregan algunos atenuantes y agravantes y se elimina el Registro de Reincidencia.,,,

http://www.infobae.com/2013/12/28/1533781-tener-menos-21-anos-sera-atenuante-todos-los-delitos-si-se-aprueba-el-nuevo-codigo-penal

Por qué quiere el Gobierno reformar el Código Penal

El oficialismo no enfrenta –ni reconoce– la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los argentinos. La tesis que postula la "traición" del progresismo ante el auge de la delincuencia

Cristina Fernández de Kirchner recibió el viernes pasado de manos de una comisión -creada por ella misma mediante decreto- un anteproyecto de Código Penal que de ser aprobado remplazaría al actual, promulgado en 1921.

Durante un año y medio, y sin demasiada publicidad, este equipo, coordinado por el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni e integrado por el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra(UCR) y la ex diputada María Elena Barbagelata (Frente Amplio Progresista), se dedicó a la redacción del nuevo texto.

No se analiza aquí el contenido del proyecto –algo que ya fue hecho en anteriores notas (Ver: tener menos de 21 años será un atenuante para todos los delitos)- sino la necesidad, oportunidad y metodología de este cambio, que no es menor, ya que, con el argumento dedevolverle coherencia y proporcionalidad al Código Penal actual, se decide la redacción de uno totalmente nuevo.

Salta a la vista la composición mayoritariamente garantista de esta comisión y, si bien se ha anunciado que el proyecto será sometido a consulta, no existen garantías de que vaya a haber receptividad al aporte profesional ni una seria búsqueda de consenso, teniendo en cuenta la afición de este Gobierno por la aprobación de proyectos a libro cerrado.

Considerando además que la actual administración ha calificado reiteradamente como"sensación" a la inseguridad que viven los ciudadanos a consecuencia del auge de la violencia delictiva, difícilmente pueda pensarse que su norte sea proteger la vida y los bienes de los argentinos.

En referencia a esto, Ricardo Gil Lavedra, integrante de la comisión reformadora, señalaba –consultado por este diario en el momento de la presentación del grupo-  que constituía un equívoco "pensar que la situación de inseguridad la resuelve el Código Penal,cuando en realidad eso depende de políticas públicas para establecer una ciudadanía más respetuosa de la ley, una policía eficiente y honesta, un servicio de justicia que actúe con prontitud y un sistema carcelario que cumpla su función. (...) En materia de seguridad hay una ausencia de políticas claras".

Precisamente, si las principales falencias en materia de seguridad no vienen del Código sino de la mala conducción de las fuerzas de seguridad y la falta de una política de seguridad pública, o del deficiente y a la vez inhumano sistema carcelario, estamos ante un problema de inversión de prioridades. Un gobierno, al que le queda un año y medio de gestión, pretende abocarse a cuestiones "estratégicas", mientras desatiende la emergenciaque se vive en materia de inseguridad.

El avance de la "mano blanda"

Claro que es más fácil servirse de las mayorías automáticas para hacer pasar un proyecto que trabajar seriamente en reestructurar y conducir efectivamente a las fuerzas de seguridad –tras 10 años de gestión, los funcionarios kirchneristas siguen calificando de "maldita" a la policía que les debe estar subordinada-, o reformar el sistema carcelario; o establecer de una vez por todas un régimen penal juvenil que supere la inconducente discusión sobre la edad de imputabilidad.

El doctor Gil Lavedra señalaba también como otro "equívoco" el creer "que las penas tienen necesariamente un peso disuasivo en punto a su magnitud", ya que eso puede llevar a pensar "que una reforma del Código debe tender a establecer penas muy duras, pero hoy tenemos una situación grave de inseguridad pese a las reformas Blumberg".

El principal argumento para la reforma es justamente la desproporcionalidad generada en el actual Código por las muchas reformas de estos 90 años, siendo el principal blanco de las críticas las citadas reformas Blumberg (2004).

Que el Código Penal actual ha perdido su coherencia original en algunos aspectos es innegable. Pero no es cierto que los cambios hayan ido todos en el sentido del endurecimiento del sistema.

Según el ex juez Oscar Salvi, "en los últimos 20 años, en ayuda de la delincuencia, se sancionó la ley del dos por uno, se amplió la posibilidad del dictado de condenas deejecución condicional (elevando de dos a tres años de prisión el máximo para su aplicación), se incorporó la suspensión del juicio a prueba (probation), se ampliaron las liberaciones y salidas anticipadas, etcétera. ¿Resultado? Un aumento en la cantidad de conductas delictivas que ya no se puede ocultar"

"Aquí y en todo el mundo, si la ley no se cumple ni hay quien la haga respetar, no se soluciona el problema", decía por su parte el abogado penalista Eduardo Gerome. "En este momento –agregaba- los jueces están en una carrera por ver quién es más permisivo en el tratamiento de los delincuentes y van encontrando permanentemente nuevas interpretaciones del Código que permiten liberar gente que vuelve a delinquir: los regímenes de prelibertad, libertad condicional y salidas laborales se han automatizado y no se constata debidamente si la persona está en condiciones de ser liberadaanticipadamente; el mero vencimiento del plazo es suficiente".

"Claro que el Código por sí solo no soluciona el problema –concedía-, tiene que haber políticas de inclusión, prevención y disuasión, y un tratamiento diferente de la cuestión policial. Todas estas cosas que están alrededor de la ley penal son más importantes de solucionar que la letra del Código".

Y concluía categórico: "No creo que sea necesaria una reforma, quizá sí un ordenamiento, pero una reforma trae aparejados cambios en la orientación del derecho penal y eso no es lo que necesitamos en este momento. El código vigente ha ido siendo interpretado por numerosa jurisprudencia y sus reformas han ido dando cabida a las nuevas inquietudes de la sociedad. Constituye un bloque que ahora quiere ser cambiado en un todo, provocando una escisión en el devenir jurídico".

En realidad, más parece imponerse aquí la voluntad de un jurista, cultor del minimalismopenal, que busca aprovechar un momento de influencia en la cosa pública que puede no repetirse.

Y no sería la primera vez que el oficialismo avanza con reformas extemporáneas y alejadas de las preocupaciones de la gente, pero no por ello desprovistas de consecuencias sociales, como por ejemplo el voto a los 16 años.

El credo garantista

El debate sobre la inseguridad en el país se ha visto bloqueado por el ideologismo. La categorización de los reclamos de mayor seguridad como una preocupación de "ricos" y una bandera de la derecha ha servido de excusa al Gobierno para una década de inacción.

Al revés de lo que se sostiene, la tendencia en estos años ha sido hacia la mano blanda. Un juez que condenó a un preso por homicidio fijándole una pena inferior al mínimo establecido por la ley, dijo en una entrevista con Infobae TV que otros magistrados estaban haciendo lo mismo, en una suerte de cruzada de quienes creen que la función de los tribunales es poner "freno a los excesos punitivos del Estado".

El credo garantista no sólo deslegitima las atribuciones públicas en la materia sino también el derecho de la víctima a exigir justicia, asimilándolo a un deseo de "venganza".

"Evitar la reproducción del dolor", es uno de los mantras de esta corriente. Se asimila así el daño causado por el delincuente a la víctima con el que luego le "causa" el Estado al perpetrador del crimen.

"Los minimalistas creen", decía el propio Zaffaroni, "que un día habrá un poder punitivo al servicio del más débil, que es la víctima en el momento del hecho y el victimario en el momento del juicio". Nótese la equiparación entre quien es víctima de un delito y quien lo ha propiciado.

Zaffaroni dijo esto en la audiencia pública en la cual se debatía su designación como juez de la Corte Suprema. Supuestamente estaba tomando distancia de esas posiciones abolicionistas, pero lo cierto es que los jueces que hoy facilitan la salida anticipada de los condenados –con absoluto desdén por el altísimo porcentaje de reincidencia- se inspiran en él y hasta lo citan directamente.

El garantismo promueve un discurso sobre el Estado más apropiado a tiempos dictatoriales que a los 30 años de democracia cumplidos por la Argentina. La deslegitimación de la función punitiva desconoce que los ciudadanos depositaron en el Estado la función de vigilar el cumplimiento de la ley y castigar a quienes la infringen, renunciando al ejercicio de la venganza personal. Es el resultado de un larguísimo proceso civilizatorio, y si el Estado, a través de sus representantes –en este caso los jueces-, no ejerce esa atribución, está renunciando a una de sus razones de ser.

Marx decía que la materialidad determina la conciencia. Se puede decir que la psicología también. En la citada audiencia en el Senado, Rodolfo Terragno documentó de modo inapelable el desempeño del candidato Zaffaroni como juez del Proceso de Reorganización Nacional (la dictadura 1976-83), que no sólo juró por sus Estatutos sino que no tomó ninguna iniciativa para frenar la función represiva –entonces ilegal- del Estado, como quiere hacerlo hoy con su legítima función punitiva.

Es una laguna que muchos, en estos años de retro-setentismo, buscan colmar con sobreactuaciones.

La "traición" del progresismo

En años recientes, se publicó en Francia un libro de título provocativo: "Seguridad: la izquierda contra el pueblo". Lejos de ser un intelectual de derecha, su autor, Hervé Algalarrondo, es el vicejefe de redacción del semanario de izquierda Le Nouvel Observateur.

Algalarrondo afirma que la izquierda ha descuidado un fenómeno que golpea sobre todo a los más pobres, porque ve en el delincuente a una víctima de la sociedad y considera a la seguridad como un reclamo de la derecha.

La izquierda, dice, deja indefensos a los más débiles frente al ascenso del delitoporque la ideología la hace tomar partido por el delincuente. Una "cultura de la excusa" lleva a los progresistas a ignorar a la víctima para asumir la defensa del que viola la ley. Privilegiar las causas sociales en la explicación de los motivos del delito es una cosa. Renunciar a combatir la delincuencia, otra. Pero, para la izquierda, la explicación se convierte en excusa. Excusa para el delincuente y excusa para la inacción de los poderes del Estado.

Otra creencia que Algalarrondo combate es la de que una mejora de la situación económica traerá automáticamente una caída en los índices del delito, o sea, apostar a que el tiempo lo resuelva todo. Los argentinos venimos comprobando la falsedad de esa tesis en carne propia: el país ha crecido sostenidamente en los últimos años, pero el flagelo de la delincuencia no retrocede.

Los "bienpensantes" del progresismo no han entendido que la inseguridad toca justamente a los más carenciados, "ahoga a los servicios públicos y a las barriadas", escribe Algalarrondo. "La izquierda –acusa– ha olvidado sencillamente que las primeras víctimas del incremento de la inseguridad" son los trabajadores, la gente humilde.

En el imaginario progresista, la lucha contra el delito está siempre asociada con el atentado contra la libertad individual. No hay duda de que pueden cometerse abusos en la represión de la delincuencia, pero en el estado de derecho existen mecanismos para prevenirlos y evitarlos, por lo tanto, no pueden ser la excusa para una inacción que, a la larga, por el caos y la inseguridad que genera, acaba atentando, y en mucho mayor medida, no sólo contra la libertad individual, sino contra la vida misma.

En este momento, en la Argentina, aún acallado mediáticamente por otras problemáticas –inflación, devaluación, ajuste-, hay un sordo clamor de la sociedad por más seguridad; una demanda que no recepciona ninguno de los tres poderes del Estado.

Lejos de ser una respuesta a ese reclamo, la iniciativa de un nuevo Código es otra distracción de los problemas realmente urgentes que funcionarios, jueces y legisladores deberían atender.

fuente INFOBAE