Con preocupación vemos día a día cómo los robos y los asaltos, muchos de ellos realizados en el marco de una inusitada violencia, se suceden día a día.
Las páginas policiales reflejan esta situación que más que una “sensación” es una triste realidad que atemoriza a los vecinos de nuestra ciudad y ese miedo sí genera un malestar general, de descreimiento y desazón porque pareciera que nadie se ocupa de su protección, que nadie se preocupa de su temor a ser agredido.
Además, luego de realizado el hecho delictivo, son muy pocos los casos donde ha habido detenidos. Esto genera aún más impotencia y zozobra. Las estadísticas dicen que, en hechos delictivos, estamos por debajo de la media respecto a otras ciudades de la provincia. Pero la estadística no es excusa para cruzarse de brazos.
A los robos y asaltos, también se suman dos muertes de jóvenes producidas en abril pasado, realizadas también por jóvenes y, en ambas, los homicidas estaban ligados al consumo de drogas y algunos de ellos tenían antecedentes penales. En estos casos, sí hay detenidos, pero más allá de la resolución de los casos y la posible condena a los culpables, no podemos dejar de mencionar que son señales de que algo está pasando en nuestra ciudad.
Insistimos, la droga a traviesa una generación de chicos y chicas y es responsabilidad del Estado no sólo tomar nota de esta situación, sino hacerse cargo.
En el Concejo Deliberante la semana pasada, en una reunión de la Comisión de Seguridad, algunos concejales se mostraron preocupados y tuvieron una reunión con la directora de Seguridad,
¿Una novedad? La verdad que no. Es más, algunas informaciones dadas por la directora y el Jefe Distrital generaron ofuscación en los concejales porque no querían escuchar un relato del estado de la situación, que es conocida más o menos por todos, sino que esperaban conocer qué acciones se estaba llevando a cabo para prevenir el delito. La mayoría de las preguntas quedaron sin contestación y esperan aún una respuesta del responsable comunal
“El funcionario es una persona de perfil muy bajo, que no le gusta la exposición pública y que prefiere trabajar casi en silencio”, aseguró un concejal oficialista.
“No hay dudas de que es la Provincia la que, a través de su policía, deba brindar la seguridad; pero eso no obsta que el estado municipal colabore, no sólo en estériles y bizantinas reuniones de políticos, sino con ideas, recursos humanos y elementos técnicos para tratar de paliar semejante hostigo, principalmente en la faz preventiva y de la protección ciudadana”, presidente de la bancada de Unión Peronista.
Nos parece que al haber sido convocado y no venir nos da una señal de alarma respecto a cual es su verdadera función”. Agregó que “queremos saber cuáles son las políticas profundas y a largo plazo en seguridad que se están aplicando, teniendo en cuenta que la creación de esta Secretaría generó expectativas en la población. Por eso necesitamos que Ranzetta se presente en la sociedad y justifique su razón de ser”. .
La obligación de dar a conocer los actos de gobierno y el derecho ciudadano a estar informado están garantizados en la Constitución Nacional. No es un capricho de la oposición ni del periodismo.
Este derecho tiene su fundamento en el principio de la soberanía del pueblo y, más específicamente, en la forma republicana de gobierno la cual tiene como uno de sus principales pilares a la publicidad de los actos de gobierno.
El derecho de acceso a la información es un derecho humano que posibilita a las personas requerir, consultar y recibir información de organismos del Estado, posibilitando la participación de la ciudadanía en la vida política del Estado.
Son varios los hechos ocurridos en el último tiempo, que de manera objetiva y contundente obligan a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a las personas y los bienes a hacerse cargo del asunto, los vecinos lo están esperando y el que espera desespera, no demos lugar a la desesperanza y al pesimismo porque entonces puede ocurrir lo imprevisible.
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