La grave situación de las cárceles y comisarías bonaerenses llegó a la ONU
El Grupo de Detenciones Arbitrarias del organismo internacional recibió un informe la Defensoría de Casación de la provincia en su visita al país la semana pasada: sobrepoblaciones de más de 350%, las muertes de mujeres trans en penales y el encierro de inimputables fueron algunos de los temas. La respuesta oficial El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o GTDA, es uno de los múltiples brazos de la ONU. Con sede en Ginebra, Suiza, depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es, básicamente, lo que su nombre indica: un colectivo de expertos que vigila condiciones de arresto y encierro alrededor del planeta. El GTDA visitó el país por segunda vez en su historia a comienzos de este mes, encabezado por dos de sus máximos responsables, Setondji Roland Adjovi de la nación africana de Benin, y Elina Steinerte, oriunda de Latvia, junto a miembros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El GTDA visitó 19 cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, también de Jujuy y Chubut, se entrevistó con cerca de 200 detenidos, así como con autoridades de los ministerios de Seguridad, de Justicia y miembros de Migraciones. Tras finalizar su visita, el organismo publicó un comunicado. "Hallazgos preliminares de la visita a Argentina", fue el título, un adelanto de lo que el GTDA expondrá finalmente ante el Concejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018. Las conclusiones en el comunicado no fueron agradables.
También, dijo el comunicado, "el GTDA está alarmado por el uso de comisarías para alojar detenidos por largo tiempo" y habló de hombres arrastrados desnudos a celdas de castigo en penales a la mitad de la noche, donde son sedados para dormir. El Grupo de Trabajo, por otra parte, tuvo un informe clave para fundamentar sus conclusiones preliminares: el que le entregó un día después de su llegada al país la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Conducida por el doctor Mario Coriolano, la Defensoría realiza una tarea similar a la del GTDA, monitoreando cárceles y comisarías y recopilando información de los defensores oficiales de la provincia. Elabora desde hace 16 años un informe periódico sobre las denuncias de torturas hechas por presos y detenidos del territorio; hubo 11.303 hechos en todo ese período, más de 120 a comienzos del año pasado a cargo de la Policía Bonaerense, con 50 casos de esta última cifra que correspondieron a menores.
Los vulnerables
La sobrepoblación en comisarías, precisamente, fue el primer problema mencionado a la ONU, de cara a la tragedia de Pergamino en donde siete detenidos perdieron la vida: de acuerdo al reporte, basado en datos del Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, hubo 2014 personas alojadas en marzo último en el sistema de la Policía Bonaerense.
Dos dependencias fueron inspeccionadas por Coriolano en mayo de 2016: la 1º de San Justo y la 2º de Virrey del Pino. Se encontró una tasa del 260% de sobrepoblación en San Justo y 225% en Virrey el Pino. Coriolano regresó el 15 de marzo último a San Justo: encontró ahí a 56 personas arrestadas, un 373% más de lo permitido. Es decir, la tasa, al menos en un punto, solo creció.
El género fue otra clave en el informe bonaerense elevado a la ONU: hay 1.404 mujeres presas en los penales provinciales según el Ministerio de Justicia, 58 de ellas trans. Otras 334 están bajo arresto domiciliario, 307 de este número con tobillera electrónica.
En cuanto a género, la variable es doble: se trata de las mujeres presas con hijos, presas con enfermedades crónicas graves. En la óptica de la Defensoria a cargo del doctor Coriolano, la prisión preventiva en estos casos puede resultar un exceso, algo de lo que, nuevamente, la ONU se hizo eco en su comunicado.
Las últimas estadísticas carcelarias hablan de 20 embarazadas presas y 64 madres con hijos menores de cuatro años, principalmente en las unidades 33 y 15 de Los Hornos y Mar del Plata: un 70% de ellas ya estaba procesado con prisión preventiva. La Defensoría buscó entre 2015 y 2016 arrestos domiciliarios para varias de ellas, con 32 pedidos concedidos.
En noviembre de 2015, el doctor Gabriel David, juez de Ejecución en lo Penal, visitó la Unidad N°33 y "al verificar las malas condiciones de detenciones de mujeres con sus hijos dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria para todas ellas", dice el informe. David hizo notar, además, "las pésimas condiciones en que se encuentran viviendo los niños", y que la privación de la libertad "resulta ilegítima ya que no existe una orden judicial que autorice o sustente la permanencia de los niños en la institución penitenciaria".
El éxito de la Defensoría en su plan bajó con el tiempo: solo se obtuvieron seis arrestos domiciliarios entre agosto de 2016 y febrero de este año para la Unidad N°33. Un relevo de la Defensoría hecho en mayo del año pasado, supo la ONU, encontró en Los Hornos "atención sanitaria deficiente de los niños, alimentación deficiente, falta de agua y de calefacción, colchones viejos y húmedos, existencia de roedores y cucarachas", asevera el informe.
También, elevó quejas contra la violación al límite de dos años a la prisión preventiva que establece la ley 25.390 "al habernos encontrados con personas que han pasado de cuatro a seis años bajo la modalidad preventiva", algo que se vuelve "un castigo de facto". Las críticas también fueron contra los arrestos en protestas y piquetes. "Figuras como 'bloquear el tráfico' y 'resistencia a la autoridad' son inherentemente ambiguos y le dan un alto grado de discrecionalidad a la Policía", afirmó.
También, dijo el comunicado, "el GTDA está alarmado por el uso de comisarías para alojar detenidos por largo tiempo" y habló de hombres arrastrados desnudos a celdas de castigo en penales a la mitad de la noche, donde son sedados para dormir. El Grupo de Trabajo, por otra parte, tuvo un informe clave para fundamentar sus conclusiones preliminares: el que le entregó un día después de su llegada al país la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Conducida por el doctor Mario Coriolano, la Defensoría realiza una tarea similar a la del GTDA, monitoreando cárceles y comisarías y recopilando información de los defensores oficiales de la provincia. Elabora desde hace 16 años un informe periódico sobre las denuncias de torturas hechas por presos y detenidos del territorio; hubo 11.303 hechos en todo ese período, más de 120 a comienzos del año pasado a cargo de la Policía Bonaerense, con 50 casos de esta última cifra que correspondieron a menores.
El informe que Coriolano y su equipo le entregaron a Naciones Unidas llega en el momento con más detenidos en toda la historia de la provincia en comisarías y penales: 38.089, de acuerdo a cálculos del CELS basado en información de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia.
"El sistema penitenciario bonaerense se encuentra colapsado, impactando en el alto nivel de hacinamiento sin modificación sustancial de la estructura", asegura el informe de la Defensoría que recibió el GTDA. "La incapacidad del sistema de cárceles para alojar al número de personas produce el desborde de la situación hacia las dependencias policiales, que no poseen la infraestructura para asegurar condiciones dignas de detención", asegura el documento.
Los vulnerables
La sobrepoblación en comisarías, precisamente, fue el primer problema mencionado a la ONU, de cara a la tragedia de Pergamino en donde siete detenidos perdieron la vida: de acuerdo al reporte, basado en datos del Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, hubo 2014 personas alojadas en marzo último en el sistema de la Policía Bonaerense.
Dos dependencias fueron inspeccionadas por Coriolano en mayo de 2016: la 1º de San Justo y la 2º de Virrey del Pino. Se encontró una tasa del 260% de sobrepoblación en San Justo y 225% en Virrey el Pino. Coriolano regresó el 15 de marzo último a San Justo: encontró ahí a 56 personas arrestadas, un 373% más de lo permitido. Es decir, la tasa, al menos en un punto, solo creció.
El género fue otra clave en el informe bonaerense elevado a la ONU: hay 1.404 mujeres presas en los penales provinciales según el Ministerio de Justicia, 58 de ellas trans. Otras 334 están bajo arresto domiciliario, 307 de este número con tobillera electrónica.
En cuanto a encarcelamientos por narcotráfico, el porcentaje en travestis en muy elevado: 81% de las trans presas en la provincia están encarceladas por violar la ley de drogas; solo el 26% de las mujeres cis -es decir, de identidad biológica- cayó por el mismo delito. El procesamiento con prisión preventiva les llega rápido a las trans, por otra parte: 87% lo tienen dictado, de cara a una tasa del 59% en mujeres cis.
En cuanto a género, la variable es doble: se trata de las mujeres presas con hijos, presas con enfermedades crónicas graves. En la óptica de la Defensoria a cargo del doctor Coriolano, la prisión preventiva en estos casos puede resultar un exceso, algo de lo que, nuevamente, la ONU se hizo eco en su comunicado.
Las últimas estadísticas carcelarias hablan de 20 embarazadas presas y 64 madres con hijos menores de cuatro años, principalmente en las unidades 33 y 15 de Los Hornos y Mar del Plata: un 70% de ellas ya estaba procesado con prisión preventiva. La Defensoría buscó entre 2015 y 2016 arrestos domiciliarios para varias de ellas, con 32 pedidos concedidos.
En noviembre de 2015, el doctor Gabriel David, juez de Ejecución en lo Penal, visitó la Unidad N°33 y "al verificar las malas condiciones de detenciones de mujeres con sus hijos dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria para todas ellas", dice el informe. David hizo notar, además, "las pésimas condiciones en que se encuentran viviendo los niños", y que la privación de la libertad "resulta ilegítima ya que no existe una orden judicial que autorice o sustente la permanencia de los niños en la institución penitenciaria".
El éxito de la Defensoría en su plan bajó con el tiempo: solo se obtuvieron seis arrestos domiciliarios entre agosto de 2016 y febrero de este año para la Unidad N°33. Un relevo de la Defensoría hecho en mayo del año pasado, supo la ONU, encontró en Los Hornos "atención sanitaria deficiente de los niños, alimentación deficiente, falta de agua y de calefacción, colchones viejos y húmedos, existencia de roedores y cucarachas", asevera el informe.
Denuncias hechas desde la Unidad N°8 en diciembre de 2016 dicen cosas idénticamente graves: se habla de dos jornadas de "traslados arbitrarios y requisas sistemáticas, violentas y denigrantes hacia las mujeres por personal masculino con armar largas" y de "golpes, amenazas y desnudos forzados".
Las "detenciones arbitrarias" a mujeres trans a cargo de la Policía Bonaerense son el siguiente punto. Las trans suelen ser alojadas en los pabellones "de identidad sexual", principalmente los números 2 y 11 del penal de Florencio Varela, es decir, no se mezclan con la población femenina cis, algo que la Defensoría ve como una violación a la Ley de Género. De 34 mujeres trans alojadas en esos pabellones en agosto de 2016, el 100% estaba procesado, 86% eran inmigrantes. Las enfermedades crónicas en varias de ellas, principalmente VIH, fueron un punto de preocupación elevado ante la ONU, con la denegación de prisiones domiciliarias.
El informe aseguró que la mayoría de las trans alojadas en Florencio Varela "no reciben el tratamiento necesario" y que "frente a estados críticos de salud se adopta el traslado" para lograr una mejoría y luego volver: "Por la humedad existente en los pabellones es casi imposible lograr una recuperación". Por estos motivos, supo la ONU, dos mujeres trans ya murieron en Florencio Varela este año. Otra mujer trans peruana con VIH y sífilis contrajo una severa pulmonía tras pasar un mes presa en una comisaría
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Los arrestos a mujeres trans, asegura el informe, suelen ser hechos por "olfato policial", al ver una travesti parada en la calle, subiendo o bajando de un auto. "La única prueba es el relato policial y la poca droga incautada", asevera el reporte, amparado en datos de la organización platense OTRANS. Las trans suelen ser sometidas "a desnudos forzados e inspecciones anales en el espacio público por personal masculino".
En la provincia de Buenos Aires, asevera la Defensoría, existe la práctica de internar en cárceles a personas declaradas inimputables por la Justicia, insanos que deberían estar en hospitales generales según la Ley de Salud Mental. En enero de 2017 se detectaron cerca de 130 casos, la gran mayoría en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Melchor Romero, 8 de esos 130 eran mujeres.
En muchos casos, estaban allí, detectó la Defensoría, "no por existir un riesgo que justifique la medida sino porque carecen de lazos sociales y recursos materiales para desarrollar una vida extramuros". Es, por lo menos, una paradoja.
La respuesta
No es la primera vez que el sistema de cárceles de la provincia está bajo fuego institucional en tiempo reciente. Una inspección hecha el año pasado por la Procuraduría de Violencia Institucional del MPF en el penal de Olmos reveló situaciones degradantes en los "buzones" de aislamiento del subsuelo del centenario penal: se encontraron a presos automutilados sin atención médica, con infecciones avanzadas, algunos se limpiaban sus partes íntimas con su propia ropa ante la falta de papel. Varios internos estaban afectados con enfermedades respiratorias en el área de Sanidad. Las heces de rata eran una vista común.
Consultadas por Infobae sobre el informe entregado por Coriolano a la ONU, y de cara al récord histórico de presos en la provincia, fuentes en el Ministerio de Justicia provincial -del cual el SPB depende- apuntan a los 500 millones de pesos del convenio de transferencia de las cárceles de Campana y Lomas de Zamora, con la declaración de emergencia en materia de política y salud penitenciaria.
El convenio implica la habilitación de 540 plazas. También, apunta a otro problema: el encarcelamiento de presos por delitos federales en cárceles provinciales y viceversa, algo que ocurre por ejemplo, tras el cambio de legislación en narcomenudeo, convertido en un delito provincial, que descomprimió al sistema federal pero recargó al sistema bonaerense. Una nota del sitio iProfesional, por otra parte, habla de cinco mil sumarios iniciados contra penitenciarios del SPB en los primeros 500 días de Cambiemos en el poder, con 847 miembros de la institución echados desde que Gustavo Ferrari asumió en el Ministerio.
En cuanto a los insanos en penales, Juan Baric, subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, responde: "Esto es cierto. Estamos peleando para que pasen a la órbita del ministerio de Salud, esto es un resabio de años y años de cultura de asilos, de falta de una política de salud recta. No son delincuentes, son enfermos. Aclaro que la unidad de Melchor Romero poco se parece a una unidad penitenciaria. Si bien tiene alambrado perimetral, después quienes los cuidan a los internos, si bien son penitenciarios, no andan con candados cerrándole puertas. Son más enfermeros y profesionales médicos que penitenciarios".
Sobre las muertes de mujeres trans, Baric apunta: "Hay una población de 36.200 internos. Mortandad hay. Es una absoluta mentira que no tengan atención médica. Se les dan todos los cócteles que recibirían afuera. Viene del ministerio de Salud y está todo al día. Con cada muerte que ocurre hay una investigación penal. A cada muerte hay una autopsia y se intenta determinar si hay negligencia. En ningún caso se demostró".
El funcionario continúa: "Cuando llegamos, había presos que directamente no comían, que comían lo que le llevaban los familiares. El gobierno anterior no había pagado las cuentas a proveedores. Hubo una época de caos absoluto, un desmanejo terrible. Con respecto a los nenes, estamos cambiando todas las calderas de la Unidad N°8, en breve se entregan las nuevas, la atención de chicos y madres embarazadas se cumple. Se hizo un plan piloto que en toda Latinoamérica no existe. A las madres con conducta las hemos puesto en una casa dentro de la Unidad, no tienen rejas, abren y cierran la puerta, los chicos pueden estar jugando tranquilos sobre pasto. Le estamos dando importancia. No está bueno que los nenes estén encerrados, pero la ley marca que hasta los 4 años pueden estar con sus madres".
De vuelta en el ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo, la permanencia de detenidos en comisarías se debe a una sola razón según voces de peso: los penales no dan abasto con el cupo de detenidos y procesados.
En cuanto a las comisarías, las fuentes también hablan de inversiones, con un plan para remodelar y expandir 30 dependencias en jurisdicciones como Avellaneda, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Los planes de obra, de cara a la tragedia de Pergamino, incluyen detectores de humo.
INFOBAE
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