#Anuario2014: En medio del debate por la inseguridad, se aprobó el Código Procesal Penal
A mediados de diciembre se promulgó finalmente el nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el kirchnerismo con sus aliados y bajo protestas de la oposición. Las claves: sistema acusatorio y juicios orales.
La ley 27.063 aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, sustituyendo al Código sancionado en el año 1991 de corte inquisitivo, altamente formalizado y escritural. El nuevo código, defendido con fervor por el ministro de Justicia Julio Alak y el ex jefe de Gabinete de esa dependencia y actual número dos en la Secretaría de Inteligencia, Juan Martín Mena, actualiza el sistema por uno acusatorio, en el que los fiscales toman el rol de investigadores en lugar de los jueces.
Además de ese aspecto clave, se garantiza la oralidad de los procesos para evitar que la complejidad y burocratización de los expedientes y causas hagan lenta a la Justicia. Esos son los aspectos salientes con los que, aún los que votaron en contra, todos parecieron estar de acuerdo: se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las actuaciones judiciales.
Además de ese aspecto clave, se garantiza la oralidad de los procesos para evitar que la complejidad y burocratización de los expedientes y causas hagan lenta a la Justicia. Esos son los aspectos salientes con los que, aún los que votaron en contra, todos parecieron estar de acuerdo: se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las actuaciones judiciales.
En el tratamiento de los sujetos procesales, se sigue la línea de los modelos acusatorios. Los jueces tienen asignada la tarea de control de las garantías del procedimiento, mientras que los fiscales asumen la dirección de las investigaciones penales.
Se amplían las facultades de las víctimas, a las que se le brindan herramientas de control sobre la actuación de los fiscales, sin la necesidad de que se constituya como parte querellante. La oposición, por su parte, cuestionó con dureza la incorporación de más de 1.700 personas al Ministerio Público Fiscal y el rol que le asigna al funcionario a cargo -en este caso Alejandra Gils Carbó- al mando de los fiscales.
Además, advirtieron -algunos de ellos- sobre la peligrosidad de los artículos referidos a la posibilidad de expulsión de extranjeros que delinquen.
Finalmente, en la madrugada del 5 de diciembre, el proyecto se votó afirmativamente en Diputados con el voto de 130 legisladores -Frente Para la Victoria y aliados como Frente Cívico por Santiago; Nuevo Encuentro; el PJ La Pampa; el Movimiento Solidario Popular, de Tierra del Fuego, el Frente Renovador de la Concordia, el Movimiento Popular Neuquino e Inclusión Social, de Ramona Pucheta-, mientras que 99 estuvieron en contra y dos se abstuvieron. El Senado había dado media sanción una semana antes.
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