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miércoles, 16 de abril de 2014

Argentina, LA INSEGURA SEGURIDAD

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La seguridad ciudadana, como eje discursivo y político es, transversalmente, el principal elemento de crítica frente a las administraciones de gobierno en buena parte de Latinoamérica y en ella, Argentina, no es la excepción. 
Bajo el mandato presidencial de Cristina Fernández, el tema de la seguridad pública se ha convertido en la primordial preocupación de las autoridades de gobierno y uno de los blancos de ataque a una administración a la cual se le acusa de inacción, permisividad y de propiciar la “falta de Estado” al no garantizar, como lo señala el ex diputado Kirchnerista y hoy devenido opositor a través del Frente Nacional, Sergio Massa “un gobierno que refrende el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley”.

Argentina presenta un panorama social, donde los reclamos por aumentos salariales, por temas como educación, salud, transporte entre otros, han sido opacados por una fuerte ofensiva contra el narcotráfico, especialmente en Rosario, donde se han desplegado miles de efectivos de gendarmería nacional, a lo que se Ha sumado una docena de linchamientos y golpizas de delincuentes, pero también de inocentes, llevados a cabo por una masa enceguecida en ciudades como Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba , la Rioja y Jujuy. Acciones que a pesar de escaso número, aupado por una fuerte exposición mediática, despertó las críticas a las políticas de seguridad del gobierno de Cristina Fernández y la lógica defensa respecto a esgrimir razones enmarcadas en la exclusión y la brecha social, además de la falta de expectativas, como las principales razones que explicarían la aparición y desarrollo de la delincuencia - la periférica por supuesto - 

EL ANATEMA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

La mandataria argentina señaló que “el que se siente en la periferia siente que esta sociedad le soltó la mano. Y cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor es el grado de violencia, que es lo que queremos evitar” sostuvo Fernández. Arropada en esta declaración, por la constatación de su Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich quien afirmó que los efectivos de seguridad nacional en el país superan los 100 mil efectivos, que al sumar los efectivos que poseen los gobiernos provinciales llegan a duplicar la cifra consignada por Capitanich. Defensa débil, pues significa que en diez años de Kirchnerismo ayer y Cristinismo hoy, con una enorme cifra de agentes y fuerzas de seguridad, además de una política donde lo social ha sido el centro - al menos así verbalizado y con un mayor gasto público en los sectores más desposeídos - no se ha podido detener la escalada de violencia, la inseguridad y sobre todo la percepción de inseguridad que la población expresa como el principal problema a solucionar por el gobierno. 

Y es aún más débil, cuando autoridades de gobierno, como el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, afirma ante la ola de linchamientos que “la gente ha reaccionado con cierto hartazgo porque la justicia no puede o no quiere hacer su papel”. ¿Explicará este argumento de Berni, las golpizas, llevadas a cabo por “vecinos enfurecidos y cansados de robos y asaltos” contra personas como el caso del joven David Moreyra, en la ciudad de Rosario, golpeado por una turba de 50 personas, que seguramente se sintieron amparados por declaraciones de políticos, medios de comunicación y encuestas de opinión surgidas al calor de los linchamientos? Moreyra, un albañil moreno de 18 años, murió al cabo de cuatro días por los golpes de pies y puños, que le ocasionaron un TEC y pérdida de masa encefálica, todo ello grabado por un celular de uno de los linchadores que festejó por facebook esta golpiza. Moreyra murió sin presunción de inocencia, sin juicio, sin que se comprobara su participación en un delito, simplemente golpeado por una turba , que en la masa desata sus pasiones y aquel “enano fascista” que todos llevamos dentro y al cual hace referencia el Periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez. 

Para Horacio Verbitsky de Página 12, seguramente no se explicará esta golpiza y menos la lucha contra la delincuencia en Rosario - una de las ciudades donde se han generado al menos 4 linchamientos - porque existe una imbricación entre políticos, empresarios y policías “el desembarco de Gendarmería en los barrios rosarinos puede traer un alivio subjetivo al vecindario. Pero si el estado federal comparte con las autoridades provinciales los datos de sus investigaciones, es probable que sólo se incrementen los golpes sobre los denominados Bunkers del menudeo, en los barrios más pobres de Rosario, engrosando la superpoblación carcelaria con jóvenes, siempre del mismo sector social, material fungible, que las organizaciones criminales reemplazan con facilidad, sin que se afecte el negocio protegido” 

Para la oposición argentina, las declaraciones de Fernández y su jefe de gabinete sólo profundizan la percepción que el gobierno ha sido incapaz de enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, los temas de seguridad ciudadanía con eficacia. Y difícilmente se podría concretar su erradicación o al menos el minimizarlo si acaso no se combate por ejemplo, la corrupción que crónicamente acompañan a los cuerpos policiales argentinos, más allá del ejercicio de esta administración o la ya concreta presencia de redes de narcotraficantes que operan en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 

La corrupción de los cuerpos policiales, el hastío ciudadano y las acusaciones policial y las acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición muestran que más allá de la percepción, se ha instalado como una realidad cotidiana el tener el tema de la seguridad y sus efectos como parte del paisaje político y social trasandino. Y en se fuego cruzado se trata de capitalizar para el mundo opositor la percepción ciudadana respecto a que el gobierno no ha sido capaz de garantizar la protección ciudadana frente a un flagelo que se abate sobre las principales ciudades argentinas. 

Para Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la iglesia argentina, “el camino a transitar es acudir a las instituciones. Si es por mano propia no es justicia, que tienen así un serio componente de irracionalidad y cuyas causas son múltiples: cansancio o hartazgo ante lo reiterado de los robos y asesinatos sin que se cuente con respuesta desde la justicia y las fuerzas de seguridad. Y en ello somos todos responsables” 

Para el analista político y director del Posgrado en Comunicación Política de la Universidad Nacional de Rosario, Lucio Guberman “La inseguridad es la política - policy, no politics - peor evaluada de casi todas las gestiones de gobierno, sean de rango nacional, provincial o municipal. Gestiones de gobierno con aceptación global de sus desempeños superiores al sesenta por ciento, cuando son evaluados en sus políticas de seguridad no alcanzan al veinte por ciento de aprobación. Ante esta percepción pública los responsables de áreas con incumbencia en la materia y los políticos opositores eligen mayoritariamente un camino equivocado: explican, describen, hipotetizan, lanzan estadísticas. En breve: tratan de mostrar que saben lo que está ocurriendo. Sin embargo, poco aportan quienes en su rol de gobierno u oposición dicen que saben sobre un tema cuyas soluciones no están poniéndose en marcha para la mirada urgida de los ciudadanos” 

Analistas como Guberman y otros estudiosos de políticas gubernamentales, consultados por nuestra revista coinciden que el tema de la seguridad es transversal al arco político, nadie se puede restar a su solución bajo el marco del oportunismo “Estas promesas de mayor seguridad pueden formularse desde cualquier posición del arco ideológico, sostiene Guberman. No es aceptable que las respuestas a la inseguridad sean privativas de la derecha. De izquierda a derecha pueden (¡deben!) elaborarse propuestas. Evidentemente habrá diferencias, como las hay en las propuestas que cada uno de estos sectores formulan para la economía, la política social o la educación. Lo que no debería ocurrir es que falten las propuestas sobre seguridad pública de los principales sectores políticos y que el tema intente ser omitido de la agenda: esa constituiría la mejor invitación para el oportunismo político” 

Otros, como el Periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, sin quitarle la importancia que tiene el tema de la seguridad, lo trata de situar en su justo lugar, alertando sobre el manejo mediático y político, sobre todo de los sectores opositores en Argentina “los linchamientos se están multiplicando, los medios de comunicación echan, como siempre, más gasolina al fuego, multiplicando los efectos de una docena de incidentes, graves pero no masivos como sugieren los títulos de las corporaciones de diarios, radios y televisoras. Mientras tanto, en los estamentos del poder, sus protagonistas parecen autistas, ya que más allá de declaraciones formales, vacías o a veces hasta provocadoras, no saben cómo detener la campaña criminal. Y, como no podía ser de otra manera, han surgido voces, en algunas provincias, que hablan de formar “autodefensas” al estilo Colombia o México, no precisamente para calmar los ánimos”. 

Aznárez consigna lo peligros de esta ola criminal pero más aún las ideas de combatirla “esta nueva ola linchadora ha sacado a relucir, como en otras oportunidades, lo peor de una clase media tilinga, que se aterroriza viendo los sangrientos informativos televisivos y a partir de ese momento define como enemigos a todos los que son diferentes a su entorno natural. Los nuevos cruzados sacan a relucir el enano fascista que llevan dentro y salen a la calle a “terminar con la escorias”. El cuadro social y político en Argentina, en materia de seguridad ciudadana, se balancea peligrosamente entre el reprimir con firmeza o reprimir con extrema dureza, lo que se cree son las causas de la inseguridad, que terminan siendo maleantes menores, que esconden a la delincuencia mayor: narcotraficantes y su colusión con el poder político, policial, judicial y económico. Una clase política corrupta y su compra de favores en los ámbitos públicos y privados, a lo que se suma una sociedad apática, que suele responder positivamente a aquellos que más vociferan y que claman por “más mano dura”. 

El panorama social causa preocupación en la Argentina, genera inquietud pero también impotencia, pues en este tipo de marcos de verbalización y de conductas irracionales, se impone la ceguera, el llamado a hacer justicia por mano propia y lo más grave es que ven apoyo a estas ideas en políticos como Sergio Berni, Daniel Scioli, Sergio Massa o Mauricio Macri, convertidos en los paladines de la justicia por mano propia, llamando a ejercer una mano dura, expresando - bajo claros cálculos políticos - ideas que han merecido el llamado de atención de organizaciones de derechos humanos, que han señalado que “se deben repudiar los linchamientos y que toda persona tiene derecho a un juicio justo, sean víctimas o victimarios” pero, estos políticos con vocación oportunista no suelen escuchar estos llamados pues el botín a conseguir es mayor que buscar soluciones que impliquen un verdadero cambio social, económico y político en la argentina. 

Las ideas de más represión o asignarlas sólo a un tema de exclusión social - sin hacer la autocrítica de qué se ha hecho como gobierno para terminar con ella - o apelar a más fuerzas policiales, más gastos en elementos de represión o más cárceles donde encerrar a todo aquel que se considere delincuente - es un error, que se ha repetido en forma contumaz en Latinoamérica. A lo que se suma una justicia a la cual se le pide que termine con “las puertas giratorias” demostrando no entender, que al poner en la agenda política y social el tema de la seguridad como el tema principal, se genera un circuito de mayor gasto e impuestos, que se suelen restar de gastos sociales en salud, educación, vivienda entre otros que son los verdaderos objetivos a desarrollar como base de combate a la delincuencia. 
Más seguridad es hablar de más guardias, de más armas, de mayor militarización de la sociedad y no se va a la raíz del problema. Una raíz que exige mayor justicia social, más equidad, más y mejores trabajos, salarios justos - concepto que abarca la dignidad y la sitúa en un papel relevante - una más justa distribución de la riqueza, que obliga a acabar con la corrupción estatal y empresarial, que obliga a pensar socialmente y no en la institucionalización del individualismo. 

Los hechos de las últimas semanas en Argentina hacen recordar las multitudinarias movilizaciones y reclamos del año 2004 tras el secuestro y crimen del joven Axel Blumberg. Sobre todo, porque la movilización social por mejores salarios, por viviendas y adecuadas condiciones en el ámbito de la salud y la educación, pueden volver a ser acallados bajo el paraguas del reclamo colectivo por la “seguridad” que suele convertirse en la única opción legítima de protesta. Generando con ella la creencia, que el gran problema argentino, así como se comenzó a vivir en Venezuela hace un par de meses, es el tema de asaltos, secuestros, delincuencia común. Pasando de esos reclamos a cuestionar la legitimidad de los gobiernos democráticamente elegidos. 

Temas que suelen enmarcar el primer paso, para luego caminar hacia los reclamos más políticos de “falta de un estado protector” y la necesidad de cambiar a gobiernos incapaces de proteger a su población. Y en ese juego se vislumbra a políticos opositores como también oficialistas, que buscan su lugar en el próximo mapa político argentino, policías y militares, empresarios y medios de comunicación, en un contubernio que no tiene nada que envidiar a las organizaciones criminales. 
Por: Pablo Jofre Leal 

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