Sin respiro
Otro crimen brutal ha venido a desbordar de angustia a los bonaerenses. Podría decirse que el secuestro y asesinato de un adolescente volvió a poner en foco la inseguridad en esta provincia. Pero eso sólo ocurre a nivel de los medios de comunicación, porque la crueldad, el salvajismo, las características particulares del caso -un chico que lloraba desconsolado cuando sus raptores llamaron a sus padres para pedir el rescate-, lo convierten en un nuevo llamado de atención, una luz roja en medio del fárrago de noticias. Para los ciudadanos, hace mucho tiempo que el accionar delictivo, con su desmesurada cuota de violencia, está en foco como la primera, mayor y permanente preocupación. Los ciudadanos saben -porque le ocurre a ellos, a un vecino, a un familiar, al comerciante de la esquina- que son varios centenares los robos que ocurren por día, en cualquier lugar y circunstancia. Saben que Matías Berardi no fue el único bonaerense que perdió la vida en manos de delincuentes en esta última semana. En Mar del Plata, no más -lejos del Conurbano invivible- hubo cuatro crímenes en cinco días. Las propias cifras oficiales dicen que en la primera mitad de este año murieron 38 bonaerenses "en ocasión de robo".
SECUESTROS Y ESTADISTICAS
El crimen de Matías Berardi vino también a dejar en evidencia que no hay tipo de delitos extinguidos en esta provincia. El salvaje ataque sufrido por Carolina Piparo hace algunas semanas llevó a autoridades bonaerenses a exponer las salideras bancarias casi como la única modalidad extendida y preocupante y a resaltar que, por caso, se había logrado terminar con los secuestros extorsivos. Lo que ocurre ahora es que esos casos ya no trascienden, a no ser que terminen en muerte. Pero las autoridades sí saben que existen. O deberían. Las estadísticas oficiales -las mismas a las que apeló el gobierno provincial hace unos días para mostrar que la cantidad total de delitos bajó un 0,3% en el primer semestre de este año- indican que en esos seis meses se iniciaron en la Provincia 19 causas por secuestros extorsivos. Un promedio de tres casos por mes, un rapto con pedido de rescate cada diez días. No parece una cantidad desestimable para quienes deben evaluar, a la hora de definir políticas, si se trata de una modalidad extinguida o no.
Por lo demás, los especialistas creen que el de Matías Berardi comenzó como un secuestro express. Así lo indicarían los 500 pesos que los raptores pidieron inicialmente de rescate, ese factor que les pareció "tan extraño" a las autoridades. Y los secuestros express son una epidemia en el Conurbano, en especial en las zonas norte y oeste. Ocurren "todo el tiempo", aunque no salgan en los diarios ni en la TV. Algunas víctimas son retenidas durante largos minutos en sus autos mientras son llevadas a cajeros automáticos o a sus propias casas. Otras son "alojadas" por algunas horas en un aguantadero hasta que un familiar lleva el dinero que haya podido juntar en ese tiempo (en ocasiones, no más de 500 pesos). Y sucede a veces que, disconformes con el "rescate" reunido en la desesperación, los delincuentes retienen también al familiar que fue a pagar y piden más dinero.
MEDIDAS EN DANZA
El crimen brutal de Matías Berardi se produjo en tiempos en que, con el caso Piparo como detonante- el gobierno provincial viene trabajando en una batería de medidas vinculadas a la seguridad que tiene como característica central el haber sumado a la oposición con representación en la Legislatura a la tarea de diseño de políticas y medidas.
Hasta ahora, con todo, ese trabajo aparece como anárquico. En la Legislatura, se abordaron y aprobaron proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo que sólo aportaron un par de medidas concretas -la validez legal de filmaciones y grabaciones como elementos probatorios, es la más saliente- y una lista de creaciones de órganos y cargos en la Justicia. Y la oposición incluyó en ese ámbito iniciativas propias, también referidas a cuestiones "accesorias" y puntuales. Por el Consejo de Seguridad -un órgano integrado por autoridades del área y dirigentes oficialistas y opositores- transcurre otro carril, donde se vienen analizando otras medidas, sin decisiones hasta ahora. Desde el Ejecutivo, y con referencia a la cuestión estrictamente policial, la única medida adoptada es una ampliación del Grupo Halcón. Si se ha revisado el funcionamiento de las cuadrículas -el sistema de patrullaje- en cada barrio, si se ha evaluado la eficiencia del trabajo de los responsables zonales y regionales y aún de los máximos jefes de la tarea policial preventiva, y si se tomaron medidas a partir de ello, nada se sabe. Por lo pronto, no se conocen cambios significativos en esas cuestiones.
El aspecto positivo que revela esta "nueva etapa" en el tratamiento de este drama que es la inseguridad es la mayor interacción del gobierno provincial y los intendentes, incluida la descentralización de fondos para la compra de patrulleros a cargo de los municipios; y la participación de la oposición en la definición de políticas y medidas. El gobernador Scioli subrayó este involucramiento en los últimos días y el consenso alcanzado, aunque ya se empiezan a escuchar voces críticas sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Pero los observadores entienden que con esto solo no alcanza.
SECUESTROS Y ESTADISTICAS
El crimen de Matías Berardi vino también a dejar en evidencia que no hay tipo de delitos extinguidos en esta provincia. El salvaje ataque sufrido por Carolina Piparo hace algunas semanas llevó a autoridades bonaerenses a exponer las salideras bancarias casi como la única modalidad extendida y preocupante y a resaltar que, por caso, se había logrado terminar con los secuestros extorsivos. Lo que ocurre ahora es que esos casos ya no trascienden, a no ser que terminen en muerte. Pero las autoridades sí saben que existen. O deberían. Las estadísticas oficiales -las mismas a las que apeló el gobierno provincial hace unos días para mostrar que la cantidad total de delitos bajó un 0,3% en el primer semestre de este año- indican que en esos seis meses se iniciaron en la Provincia 19 causas por secuestros extorsivos. Un promedio de tres casos por mes, un rapto con pedido de rescate cada diez días. No parece una cantidad desestimable para quienes deben evaluar, a la hora de definir políticas, si se trata de una modalidad extinguida o no.
Por lo demás, los especialistas creen que el de Matías Berardi comenzó como un secuestro express. Así lo indicarían los 500 pesos que los raptores pidieron inicialmente de rescate, ese factor que les pareció "tan extraño" a las autoridades. Y los secuestros express son una epidemia en el Conurbano, en especial en las zonas norte y oeste. Ocurren "todo el tiempo", aunque no salgan en los diarios ni en la TV. Algunas víctimas son retenidas durante largos minutos en sus autos mientras son llevadas a cajeros automáticos o a sus propias casas. Otras son "alojadas" por algunas horas en un aguantadero hasta que un familiar lleva el dinero que haya podido juntar en ese tiempo (en ocasiones, no más de 500 pesos). Y sucede a veces que, disconformes con el "rescate" reunido en la desesperación, los delincuentes retienen también al familiar que fue a pagar y piden más dinero.
MEDIDAS EN DANZA
El crimen brutal de Matías Berardi se produjo en tiempos en que, con el caso Piparo como detonante- el gobierno provincial viene trabajando en una batería de medidas vinculadas a la seguridad que tiene como característica central el haber sumado a la oposición con representación en la Legislatura a la tarea de diseño de políticas y medidas.
Hasta ahora, con todo, ese trabajo aparece como anárquico. En la Legislatura, se abordaron y aprobaron proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo que sólo aportaron un par de medidas concretas -la validez legal de filmaciones y grabaciones como elementos probatorios, es la más saliente- y una lista de creaciones de órganos y cargos en la Justicia. Y la oposición incluyó en ese ámbito iniciativas propias, también referidas a cuestiones "accesorias" y puntuales. Por el Consejo de Seguridad -un órgano integrado por autoridades del área y dirigentes oficialistas y opositores- transcurre otro carril, donde se vienen analizando otras medidas, sin decisiones hasta ahora. Desde el Ejecutivo, y con referencia a la cuestión estrictamente policial, la única medida adoptada es una ampliación del Grupo Halcón. Si se ha revisado el funcionamiento de las cuadrículas -el sistema de patrullaje- en cada barrio, si se ha evaluado la eficiencia del trabajo de los responsables zonales y regionales y aún de los máximos jefes de la tarea policial preventiva, y si se tomaron medidas a partir de ello, nada se sabe. Por lo pronto, no se conocen cambios significativos en esas cuestiones.
El aspecto positivo que revela esta "nueva etapa" en el tratamiento de este drama que es la inseguridad es la mayor interacción del gobierno provincial y los intendentes, incluida la descentralización de fondos para la compra de patrulleros a cargo de los municipios; y la participación de la oposición en la definición de políticas y medidas. El gobernador Scioli subrayó este involucramiento en los últimos días y el consenso alcanzado, aunque ya se empiezan a escuchar voces críticas sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Pero los observadores entienden que con esto solo no alcanza.
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