En su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente aludió en varios párrafos al tema de la “Seguridad”, expresando que “es un derecho democrático y el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarlo”
El presidente Alberto Fernández se refirió a las “políticas” de “abordaje” en “la lucha contra los delitos de violencia de género”, proponiendo “convertir” esa lucha en una “política de Estado y una política de la sociedad”, citando al efecto la reciente creación del “Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios”, como “Política de Seguridad”
Es muy importante lo que dijo el Presidente de la Nación sobre este tema. Pero resulta revelador y fundamental lo que el Presidente “no dijo” sobre la Seguridad.
Nada mencionó sobre los derechos humanos de las Víctimas de Delitos, la gente común y corriente que, día a día, es robada y asesinada: tenemos más de 90.000 asesinados en delitos comunes desde el retorno de la democracia y esa cifra está creciendo desmesuradamente en los últimos meses, producto precisamente de la Inseguridad.
Nada dijo sobre la política carcelaria, ya que aunque “anunció” en varias oportunidades la construcción de cárceles, lo cierto es que, lejos de eso, desde que asumió la presidencia -y aún antes-, comenzó a desplegarse una línea clara apoyando la “descomprensión” de las cárceles e impulsando las liberaciones masivas de detenidos. Así lo confirma la actuación del Ministerio de Justicia de la Nación durante el último motín en la “Cárcel de Devoto”: el viceministro Martin Mena suscribió un convenio con los presos amotinados, comprometiéndose a la implementación de compensaciones y conmutaciones de penas y, en vez de sancionar a los amotinados, se comprometió a no adoptar traslados ni ninguna medida “que pueda interpretarse como represalia a los hechos acaecidos”, pese a que el motín causó un incendió y que 11 funcionarios penitenciarios resultaron heridos por la violencia de los presos.
Desde la Asociación Civil Usina de Justicia nos hemos presentado ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires logrando la anulación de la resolución del juez Violini, que había ordenado la liberación masiva de presos y hemos presentado un amparo exigiendo la efectiva construcción de nuevas cárceles, ya que mientras los delitos y la cantidad de detenidos aumenta de a miles año tras año, hace más de 20 años que no se construyen cárceles en el ámbito nacional. Sin embargo, sobre estos temas nada escuchamos en el discurso presidencial.
Tampoco nada se dijo sobre “políticas” de “abordaje” en “la lucha” contra los “delitos comunes”, ni sobre “convertir” esa lucha en una “política de Estado y una política de la sociedad”, para proteger a la gente que trabaja y sostiene al país y que se encuentra a merced de los miles de presos liberados.
Desde ya que es fundamental la “lucha” contra la violencia de género, pero no parece que modifique la realidad la creación de más y más cargos públicos, que solo es efectiva para aumentar la carga sobre los hombros de los contribuyentes.
Hace falta hablar de lo que no se habla.
La inseguridad es mucho mayor que la existencia de los femicidios, que son terribles y no admiten claudicación, pero mientras se crean organismos y se mantiene un Ministerio de la Mujer, nada se hace, en realidad, para cuidar a las víctimas. Ni a las víctimas de femicidio, ni a las otras víctimas.
El sr. Presidente aludió insistentemente a la necesidad de reforma del Poder Judicial, pero nada dijo sobre “reformas” que permitan frenar, aunque sea en algo, el constante ataque de la horda de delincuentes que nos asola a toda hora, en todas las ciudades del país, al entrar o salir de nuestras casas, al caminar por la calle, al ir a la escuela, al dormir en nuestras propios hogares. Los delincuentes nos roban y nos matan todos los días. Matan a nuestros abuelos y matan a nuestros jóvenes sin miramientos. Pero en el discurso presidencial más importante del año, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas.
Señor Presidente: “La seguridad es un derecho democrático y el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarlo”. No lo olvide.
El autor es abogado penalista e integrante de la Asociación Usina de Justicia
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