La inseguridad ciudadana y nuestro liderazgo en robos
El delito es un reto compartido y un obstáculo
para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina
según el informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), que recomienda
políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con
prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente,
instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular
la convivencia social.
Según
el estudio del PNUD, difundido en las últimas horas, Argentina lidera el ranking
de países con más robos de América Latina, con una tasa de 973 hechos delictivos
de esta naturaleza cada 100.000 habitantes, mientras que lo siguen México con
688, Brasil (572) y Uruguay (456).
El
informe alerta además que seis de cada 10 de los robos ?se cometen con
violencia. Los estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de
la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de
proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad,
advierte el informe.
El
estudio incluyó a 18 países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela,
Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay.
Con
285 páginas y titulado “Seguridad ciudadana con rostro humano”, el documento
sitúa a América Latina como la región más insegura del mundo, con una tasa de
100.000 asesinatos en los últimos años, llegando a superar un millón de
asesinatos entre 2000-2010.
Si
bien el índice de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en
algunos países, todavía es alto: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los
10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nivel considerado epidémico.
Honduras
y México son los países con mayores tasas en ese sangriento rubro, con un
aumento del 11 por ciento en el índice de asesinatos en la década que va entre
2000 y 2010. El informe no abarca lo sucedido en los últimos tres años.
Pese
a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura
del mundo. En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha
deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en
el delito que más afecta a los latinoamericanos.
El
estudio identifica seis amenazas. Enumera, así, el delito callejero; la
violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de
género; la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia
organizada. En nuestro país, en sólo dos años, se produjo un incremento
exponencial de este tipo de delitos. Los últimos indicadores muestran casi 9000
asaltos agravados más que en 2011.
La
situación no escapa, para nada, a lo que ocurre en nuestra provincia que, en
reiteradas oportunidades, ha despertado con noticias que muchas veces dejan
perplejos a propios y extraños.
Crónicas,
donde cada vez se le encuentra menos explicación a lo ocurrido, ya sea por la
forma en que se dieron los hechos o, fundamentalmente, por la edad y violencia
que demostraban quienes materializaron el delito, pese a que la gente cada vez
denuncia menos porque percibe que la impunidad y la fala de justicia son la
constante.
Aunque
es unánime la opinión y la convicción de que una mayor presencia policial en las
calles ayudará a prevenir muchos de los delitos que actualmente se producen, no
es menor la convicción en la población de que la solución a la falta de
seguridad -surgida como contracara del auge del delito- está lejos de ser una
solución de tipo policial principalmente. La situación es muy preocupante.
La
facilidad con la que los delincuentes se hacen de un arma torna cada vez más
difícil el panorama. Y si a esto le sumamos que muchas veces estos malhechores
están bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente que les impide percatarse
de lo que implica matar una persona, estamos ante un flagelo sin control.
Sin embargo, buena parte de la dirigencia
política parece aún ajena a esta realidad que crece vertiginosamente. Como
sociedad, no le estamos exigiendo debidamente al poder político que asuma una
posición clara y comprometida para erradicar este terrible flagelo que va desde
el delito callejero hasta el crimen organizado en el que el narcotráfico
adquirió un protagonismo preocupante.
