Recién en la recta final del poder, cuando el 74% de la sociedad le ha dado la espalda y pide un cambio de forma urgente, la presidenta Cristina Fernández y su círculo de adulones hacen gestos desesperados para intentar mostrar que tomaron nota de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la inseguridad.
Así es como, el fin de semana que pasó, se hizo una puesta en escena anunciando con bombos y platillos, como si fuese la solución de todos los males, que se destinarán 4.000 gendarmes para reforzar las tareas de seguridad en las zonas calientes de la Provincia.
Si no fuera trágico, dado que la inseguridad es un flagelo que todos los días se cobra la vida de inocentes, sería un chiste de mal gusto.
Por un lado, la cantidad de efectivos anunciados equivale a un gendarme cada 3.750 habitantes, lo que muestra lo absurdo de una medida que no alcanza ni siquiera a ser un parche. Luego de 10 años de kirchnerismo en el poder, donde los aplaudidores y obsecuentes de la presidenta se la pasaron pronunciando frases vinculadas al garantismo extremo respecto a la ola delictiva, al punto que se llegó a considerar a la inseguridad “como una sensación fabricada por los medios”, ahora vemos que el gobierno K se volcó de buenas a primeras a una opción usualmente vinculada con la mano dura. Concretamente, se busca hacer creer que se el problema de la inseguridad, que tiene su raíz en el deterioro social generado por una política económica entreguista que favorece el clientelismo y castiga la producción (y la generación del trabajo genuino como ordenador social), puede ser controlado con un puñado de uniformados armados en algunos barrios.
La gendarmería, lejos de las épocas en que era una fuerza militarizada, con una estructura de mandos marcadamente verticalista y de marcadamente profesional, actualmente padece una crisis extrema.
Sólo basta con ver las imágenes que difundió el propio gobierno nacional, con numerosos efectivos que muestran un abdomen prominente, para darse cuenta que una parte importante de los gendarmes ni siquiera tienen la aptitud física que se requiere para combatir a las organizaciones del crimen organizado, que cuentan con armas más modernas y sofisticadas que las fuerzas de seguridad de nuestro país.
Esta situación no es producto de la casualidad. La crisis que se desató el año pasado, con la aplicación de descuentos salariales masivos a los gendarmes, terminaron en una sublevación masiva de los integrantes de esta fuerza. Desde aquel entonces poco cambió: los organizadores de la protesta fueron expulsados o cesanteados, y los gendarmes siguen cobrando sueldos de hambre, con bonificaciones en negro. Delicias del gobierno “nacional, popular y progresista” que ha convertido al Estado en el principal empleador “negrero” del país.
Actualmente, el sueldo de un gendarme que es obligado a patrullar las calles roza los $3000, es decir, su familia se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. La situación de las otras fuerzas de seguridad es muy parecida. Los efectivos de la Policía bonaerense, que en su mayoría perciben haberes tan miserables como los gendarmes, también presentan una falta de profesionalismo alarmante por la falta de recursos.
Es imposible que un agente, que no tiene otra alternativa que hacer horas Cores o Polad para llegar a fin de mes, lo que lo obliga a tener que trabajar dos o hasta tres días seguidos sin dormir, puedan tener la estabilidad física y emocional que exige portar un arma de fuego. De ahí que, de forma recurrente, tengamos que lamentar tristes episodios como los ocurridos el pasado viernes, cuando una joven de 18 años murió al encontrarse en la línea de fuego de un agente que disparó a un grupo de delincuentes que había robado un restaurante.
Desde el punto de vista logístico y operativo, el envío de gendarmes al Conurbano está lleno de baches. En muchos casos, se están trasladando efectivos, que deberían estar cuidando las fronteras, a recorrer zonas calientes del Gran Buenos Aires sin tener la más minima noción de donde están ubicados. En otras palabras, terminan siendo sapos de otro pozo.
También parece otro chiste de mal gusto decir que los puestos de los gendarmes en las fronteras serán ocupados por personal de las fuerzas armadas, cuando tanto el ejército, la marina y la aeronáutica –por la falta de recursos- están atravesando por el peor momento de su historia.
Luego de una década de poder K, los soldados no tienen ni siquiera municiones, a la Marina se le hunden los barcos de guerra anclados en los muelles por la falta de mantenimiento y solamente funcionan el 17% de los aviones de la Fuerza Aérea. En esas condiciones, es imposible cualquier política que implique la defensa de la soberanía nacional.
Las fronteras, como tantas veces lo denunciamos en las páginas de nuestro diario, son auténticos coladores por donde entran y salen, sin ningún tipo de inconvenientes, los narcos, los tratantes de blancas y los integrantes de las bandas del crimen organizado.
En pleno siglo XXI, los puntos limítrofes de nuestro territorio siguen sin radarizarse, lo que favorece que el espacio aéreo argentino sea atravesado por avionetas clandestinas, que en muchas ocasiones trasladan la droga que luego se fracciona y se distribuye en los principales centro urbano del país. Eso no es todo: el descontrol también se registra en los puertos, donde ni siquiera existen escaners para controlar los containers que se descargan. Y donde, además, el personal de la Prefectura Naval padece de la misma falta de recursos que el resto de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.
Hoy vivimos en una Argentina absolutamente indefensa.
