El sesenta por ciento de los presos en las cárceles está detenido sin sentencia
firme
En la Argentina, sobre un total de 52.722 personas detenidas en cárceles
federales y provinciales, 31.389 (el 59,50 por ciento) son internos que están
bajo el régimen de prisión preventiva, sin condena firme, mientras que suman
21.333 (40,50 por ciento) los que han recibido sentencia definitiva. Las cifras
son mencionadas en un libro titulado El estado de la prisión preventiva en la
Argentina. Situación actual y propuestas de cambio, realizado por el Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), al que tuvo
acceso Página/12.
El trabajo será presentado hoy en un encuentro
organizado por la Defensoría General de la Nación. En las conclusiones sobre el
estudio se señala como dato preocupante que la ratificación de que en el país
hay “más presos preventivos que condenados” está demostrando “la utilización
desmedida de este instituto” cautelar por parte del Poder Judicial.
En
el análisis pormenorizado de los datos se confirma una vez más que “el número
más importante” de detenidos con prisión preventiva se encuentra en las cárceles
de la provincia de Buenos Aires, donde suman 17.146, lo que representa “un poco
más de la mitad de los (21.333) presos preventivos de todo el país”. Del total
de presos, entre procesados y condenados, el 67 por ciento tiene entre 18 y 34
años.
Hoy, desde las 18, en el Salón Díaz Lestrem de la Defensoría, en
Callao 970, se realizará un debate sobre el tema. Intervendrán la defensora
oficial María Fernanda López Puleio; el presidente de la Asociación Pensamiento
Penal, Mario Juliano; el catedrático chileno Mauricio Duce y la camarista Angela
Ledesma. En la introducción del libro se señala que la prisión preventiva es hoy
el instituto “con mayor capacidad lesiva de los derechos fundamentales” por ser
“una herramienta de extrema violencia y de grave afectación a los
derechos”.
Luego recuerda que el Estado de derecho “exige como
presupuestos” para aplicar la preventiva que sea dispuesta “por un tribunal
imparcial, previa solicitud de parte, y que se demuestre, en base a elementos
probatorios, que la persona intentará eludir el accionar de la Justicia o
entorpecer la investigación”. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron más de
veinte años de la incorporación de procesos de reforma de los sistemas
procesales penales, en el marco de la democracia, de todas formas “los distintos
tribunales del país regulan y aplican este instituto con un amplio margen de
discrecionalidad y por fuera de los principios” básicos.
En las cárceles
del país, la mayoría de los presos (29.718) está imputada por robos o intentos
de robo, infracciones a la ley de drogas o por delitos contra la seguridad
pública. Por delitos graves, como el homicidio doloso, son 7839 los que están
entre rejas, según datos reunidos en el año 2008, dado que no hay información
actualizada sobre la situación en las unidades penitenciarias.
Si bien en
quince de las jurisdicciones nacionales hay más presos condenados que
procesados, apenas en las provincias de Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén y
Tierra del Fuego hay una relación claramente favorable al total de condenas
sobre las prisiones preventivas, del 70 o el 80 por ciento sobre el 30 o el 20
por ciento, respectivamente. Por eso el número de presos sin condena firme es
abrumadora mayoría, sobre todo por la incidencia que tiene la situación
carcelaria irregular en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en
Mendoza.
Para completar el trabajo se hicieron entrevistas con personas
privadas de su libertad. Sobre 38 casos, se determinó que “la mayoría eran
condenados (69 por ciento) y el resto procesados”, pero de todos ellos “sólo el
15 por ciento permaneció en libertad durante la tramitación de su causa”. Esto
indica que “la gran mayoría de los entrevistados estuvo o está privado de su
libertad de manera preventiva (85 por ciento).
Por lo demás, “el 71 por
ciento de los detenidos sostuvo que la prisión afectó sus relaciones familiares,
ya sea por haber perdido un vínculo o porque su detención ocasionó el
desmembramiento del núcleo familiar”. En cuanto a la duración de la medida
cautelar, “se pudo observar que el 17 por ciento de los condenados entrevistados
dice haber permanecido más de dos años con prisión preventiva”, superando el
plazo legal establecido para ese instituto. El 30 por ciento estuvo entre uno y
dos años y el 13 por ciento menos de un año.
En las entrevistas con
jueces y fiscales se determinó que, al analizar si se aplica o no la preventiva
a un imputado, sólo en el 11 por ciento de los casos se tuvieron en cuenta los
informes socioambientales. Esto significa que no se toman en cuenta las
situaciones personales, reales, de los acusados, para determinar de manera
fehaciente si son personas propensas a fugarse o a ponerle trabas al proceso
penal en marcha.
FUENTE PAG. 12
