Asoma un plan multipartidario para combatir la delincuencia
El sempiterno argumento de que la inseguridad es un “invento de la derecha y  los medios”, blindado a cualquier dato de la realidad y única respuesta de  muchos funcionarios ante la demanda social de protección ante robos, secuestros  y asesinatos, comenzó a ceder hace seis meses. Referentes de todo el arco  político –excepto el PRO y los seguidores de Francisco De Narváez– acordaron  explorar juntos proyectos legislativos, planes de organización policial y  medidas administrativas concretas para combatir la delincuencia lejos de los  peligrosos espejismos que suelen ofrecer las políticas de “mano dura” y el  “endurecimiento de las penas”.
“Reclamar soluciones a la inseguridad es una demanda legítima de la  sociedad , porque sin dudas se trata de una deuda de la democracia y  del Estado”, admite Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios  Legales y Sociales (CELS), la organización civil que coordina las acciones entre  los más de treinta legisladores que ya aceptaron integrarse al Acuerdo de  Seguridad Democrática . “Hay una oportunidad de la clase política para  satisfacer esa demanda social justa, de un modo responsable y democrático  ”, asegura Chillier.
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