SISTEMA DE INFORMACION DELICTUAL.... DONDE HACER LA DENUNCIA ES FACIL

Desde la implementación del Sistema de Información Delictual (SID)aumentaron las denuncias realizadas en los 11 distritos del conurbano en donde se comenzó a implementar. Con este sistema las comisarias están conectadas de forma online con las fiscalías y las denuncias se entregan de forma inmediata evitando que sean cajoneadas.

A cuatro meses de que Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, pusiera en marcha el SID, en Lanús, donde comenzó la iniciativa, crecieron en un 25% las denuncias que llegan a la fiscalía, pasando de 910 a 1100. En La Plata también aumentaron un  15%. El sistema por el momento sólo está disponible en 304 comisarías del sur del Conurbano pero comienza a expandirse por el oeste de tal forma que se espera que alcance las 800 comisarías bonaerenses. Además alcanzará 200 dependencias y jefaturas de la fuerza.

“Sabíamos que había un cantidad importante de denuncias que se tomaban en las comisarías y se perdían en el camino. Esto generaba una distorsión de lo que realmente sucedía en la calle”, contó el director general de Recursos Informáticos y Comunicacionales del Ministerio de Seguridad bonaerense,  Alberto Crovara, a Jesús Cornejo de La Nación. “Cuando un policía toma una denuncia tiene que ingresar con su clave y al finalizar entrega una copia donde figura la descripción del hecho declarado, el nombre del agente y lo más importante el número del IPP que tendrá esa causa cuando la tome el fiscal”, agregó.

Para el correcto funcionamiento del sistema, desde el Ministerio se repartieron 10 mil computadoras destinadas a las comisarías y jefaturas en donde se cargan los datos. Además “para que los oficiales de servicio puedan utilizar el sistema se realizan cursos en el ministerio” en donde se enseñan todos los posibles usos que puede tener como por ejemplo la creación de un mapa de las zonas más peligrosas.

“Creo que con el sistema se le da más dinámica a la relación entre la fiscalía y la policía. El fiscal se entera en el momento de las denuncias que ya llegan con número de IPP (Instrucción Penal Preparatoria), señaló Crovara y recordó que antes se tardaban entre cuatro o cinco días en derivarse la denuncia.

Por el momento el sistema sólo funciona en La Plata, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza y La Matanza.

https://www.elintransigente.com/sociedad/2018/9/2/un-mes-de-la-muerte-de-los-docentes-de-moreno-realizaran-una-nueva-marcha-509109.html

A partir de hoy los celulares robados no funcionarán en ninguna red del país -

Hay 23,34 millones de personas en Argentina, más de la población del país, que tiene teléfonos celulares y se estima que, en 2017, se robaban 4 mil smartphones por día. Y como se trata de un delito habitual en la vía pública, a través de una iniciativa del Gobierno de la Ciudad decidieron empezar a actuar para poder mitigar el problema.

A partir de este martes todos los celulares que sean denunciados como robados, perdidos o falsificados serán bloqueados y no funcionarán en ninguna red del país.

¿Cómo? A través de una lista negra. Cuando alguien con un celular que forme parte de la lista negra tenga la intención de cambiarle el SIM, la compañía lo detectará y lo bloqueará de manera automática.

Para abordar este problema se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea "inválido".

La iniciativa, según informó el diario La Nación, está siendo llevada a cabo en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migraciones.

Por ahora se están realizando, en promedio, seis clausuras por semana de este tipo de comercios dedicados a la venta de teléfonos para impedir el uso, la comercialización, importación y exportación de este tipo de dispositivos obtenidos en maniobras delictivas o fraudulentas.

¿Cómo saber cuál es tu número de IMEI? Si tenés un teléfono con Android es de lo más simple. Solo hay que ingresar el código *#06# y automáticamente aparecerá en pantalla. En el caso de quienes tengan un iPhone, tienen que ingresar a Configuración > General > Información y buscar el número en cuestión.

¿Cómo saber si el celular que estás por comprar está en la lista negra? Si querés comprar un teléfono usado y que no estás seguro de su procedencia, podés chequear en la página de Enacom, con el número de IMEI, si no está bloqueado.

¿Cómo hacer la denuncia para informar que tu celular fue robado? Si, lamentablemente, fuiste víctima de un acto delictivo y te sacaron el teléfono, tenés que llamar para reportarlo al *910. Para que forme parte de la lista negra y que pueda ser bloqueado, tenés que tener el IMEI.

https://www.minutouno.com/notas/3085812-desde-hoy-los-celulares-robados-no-funcionaran-ninguna-red-del-pais

REFORMA DE LA POLICIA BONAERENSE

Desde La Matanza Vidal anunció una reforma de la Policía bonaerense

La gobernadora prometió enviar más efectivos a la calle y realizar cambios en la Policía de la provincia. El anuncio lo realizó desde la Delegación de Narcotráfico de Ramos Mejía que fue intervenida la semana pasada al encontrarse droga escondida en chalecos antibalas.

Acompañada por el ministro de Seguridad bonarense, Cristian Ritondo, la gobernadora anunció una nueva reforma de la Policía bonaerense, la segunda de su gestión, y prometió más policías recorriendo las calles.

Para aumentar la cantidad de agentes en las calles, María Eugenia Vidal adelantó que se enviará a mil efectivos que cumplen tareas administrativas a cumplir tareas en la calle y que para 2019 ese número se incrementará a 6.500. Por otro lado, adelantó que la Nación aportará mil policías de fuerzas federales adicionales para patrullar la provincia.

El anuncio realizado por la gobernadora se realizó en la Delegación de Narcotráfico y Drogas Ilícitas de Ramos Mejía, que fue intervenida el fin de semana pasada tras descubrirse en una inspección sorpresa decenas de paquetes con cocaína escondida en un chaleco antibalas.

Los cambios anunciados por la gobernadora involucran también cambios en el sistema de ascenso de los efectivos y agilización en las exoneraciones. Asimismo, presentó un nuevo sistema informático para acelerar denuncias y brindar mayor presencia de agentes en la calle, con la creación de un mapa del delito que actue sobre zonas liberadas.

El nuevo Sistema Informático Delictual (SID) permitirá crear un mapa del delito automatizado y en tiempo real. En las comisarías que se utilice permitirá hacer estadística y geo-referenciación de los delitos, y asegurar que todas las denuncias lleguen automáticamente a la Fiscalía correspondiente, evitando el “cajoneo” de denuncias.

“No vamos a parar de pelear contra todo lo que tengamos que pelear para que la gente esté más segura, en paz, y pueda confiar en su Policía de la Provincia”, aseguró Vidal durante el anuncio.

La reforma incluirá también un nuevo proceso para la solicitud de carpetas médicas para transparentar el sistema de licencias médicas y “evitar el abuso en el pedido de carpetas”. Para eso el gobierno está rediseñando el proceso interno y digitalizando las dependencias de Sanidad del Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, Vidal anunció un nuevo mecanismo de ascensos y la nueva política estará más enfocada en el mérito, exigiendo la aprobación de cursos obligatorios y exámenes rigurosos. Asimismo, para profundizar la pelea contra las mafias que están adentro de la Policía”, habrá una agilización en el pedido de declaraciones juradas y del proceso de exoneración y publicación del registro de exonerados, para generar mayor transparencia.

https://www.matanzadigital.com.ar/desde-la-matanza-vidal-anuncio-una-reforma-de-la-policia-bonaerense/

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NUEVO CODIGO PENAL???...

¿Nuevo Código Penal contra la inseguridad y la crisis económica?

Cómo el nuevo texto puede contribuir a mejorar los problemas actuales

Los grandes problemas que se presentan en la sociedad moderna que afectan a las personas día a día están vinculados, entre otros, con la inseguridad, la economía y la igualdad ante la ley. El Código Penal, como catálogo de conductas prohibidas, reviste una particular incidencia en estas cuestiones, por lo que las modificaciones que se introduzcan al derecho penal argentino pueden modificar y mejorar la realidad cotidiana social y económica de muchas personas.

De esta manera, se constituyó la Comisión para la Reforma del Código Penal, que tengo el honor de presidir y que está conformada por doce juristas, hombres y mujeres de renombre que se desempeñan como jueces o fiscales de todo el país, a fin de elaborar un Anteproyecto de Reforma del Código Penal, el nuevo Código Penal, que será presentado en sociedad ante el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, el próximo 21 de agosto.

Se trata de una oportunidad histórica después de 100 años -el actual Código Penal data de 1921- que trasciende a un gobierno particular y que significará una notable mejora para la Argentina en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional.

El nuevo Código Penal tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia, para así contribuir a la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país. Se fomenta la intervención de la víctima y se moderniza y actualiza la justicia ante las nuevas modalidades delictivas y la complejidad de las organizaciones criminales internacionales, constituyéndose así el nuevo Código Penal como una herramienta fundamental para, como dice el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, afianzar la justicia.

1) Inseguridad

Las principales causas de muerte en la República Argentina ocurren como consecuencia de disparos de armas de fuego en hechos de inseguridad y en el marco de siniestros viales. En ese contexto, la Comisión de Reforma del Código Penal, analizando el derecho comparado de otros países y la jurisprudencia internacional, introdujo modificaciones al Código Penal que impactarán en estas causas.

Tenencia y portación de armas de fuego

En el nuevo Código Penal se elevan las escalas penales para los delitos de tenencia y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra, fijando la pena mínima en 3 años y 6 meses de prisión. De esta manera, la pena impuesta en estos casos deberá ser de cumplimiento efectivo en todos los casos. También se prevé el delito de tráfico (nacional) ilegal de armas con una escala penal de 5 a 10 años de prisión.

Libertad condicional

Se mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte. Por ejemplo, por los delitos de homicidio agravado, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o cualquier otra privación ilegal de la libertad agravada, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra y terrorismo hasta que hayan cumplido 35 años de prisión o, en caso de múltiple reincidencia, 40 años.

La misma prohibición se aplica para los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes.

Seguimiento socio judicial

Se incorpora el seguimiento socio judicial como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la pena, siguiendo al modelo del Código Penal de Francia, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del actual sistema de reclusión por tiempo indeterminado para determinados supuestos (Fallo "Gramajo").

El seguimiento socio-judicial está previsto en el nuevo Código Penal para determinados delitos muy graves, tales como el homicidio agravado, el abuso sexual agravado, otros ataques graves contra la integridad sexual y los delitos que se cometan en un contexto de violencia de género.

El instituto consiste en la imposición de determinadas medidas de vigilancia y asistencia destinadas a prevenir la comisión de nuevos delitos que el condenado debe respetar durante un plazo máximo de 10 años, con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta. Esta medida debe ser periódicamente revisada por el juez competente.

Las medidas a imponerle al condenado pueden consistir en la obligación de estar siempre localizable mediante dispositivos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano competente establezca, la obligación de comunicar inmediatamente cada cambio del lugar de residencia y/o del lugar o puesto de trabajo, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del órgano competente, la prohibición de aproximarse a la víctima, o a sus familiares, la prohibición de comunicarse con la víctima, o con sus familiares, la prohibición de acudir a determinados lugares, la prohibición de residir en determinados lugares, la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares y la obligación de seguir tratamiento médico o psicológico externo, o de someterse a un control médico periódico.

Reincidencia

Se mantiene el instituto de la reincidencia para los delitos dolosos y se consagra el principio de reincidencia real según el cual se considerará reincidente a una personacuando cumpla el mínimo de la pena de prisión prevista en el Código Penal y no cuando el condenado termine de cumplir el total de la pena impuesta.

Pautas de determinación de la pena

Se incorporan criterios objetivos y claros que el juez debe evaluar en cada caso para la determinación de la pena a las personas que resulten condenadas, siempre que estas pautas no constituyan, a su vez, elementos del tipo penal.

Se exige que se parta del tercio superior de la escala penal prevista para un delito cuando el hecho se ejecute con alevosía, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima o produciéndole especial sufrimiento, cuando haya sido cometido por motivos discriminatorios, o con violencia de género, o despreciando una condición de vulnerabilidad de la víctima, sea por su edad, por la condición de persona mayor, por su condición social o por las tareas que desempeña, por la pluralidad de intervinientes y por el alto grado de organización del hecho, y la comisión del hecho a pesar de haber sufrido una condena anterior, o en ocasión de una morigeración de la ejecución de una pena de prisión.

Además, igual criterio de determinación de la pena se aplica cuando en el hecho se verifique la utilización de medios insidiosos o especialmente dañinos o peligrosos, tales como armas de fuego o explosivos, así como la intervención de un menor de edad.

Se prevé exención de responsabilidad para el miembro de las fuerzas de seguridad que actúe en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria.

Condena de ejecución condicional

Se establece como regla de conducta obligatoria para las condenas a pena de prisión de ejecución condicional la realización de tareas no remuneradas a favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de los horarios de trabajo del condenado, así como también el cumplimiento de otras reglas que resulten adecuadas para la prevención de delitos.

Penas alternativas

Se prevé como pena alternativa el cumplimiento de la pena de prisión en detención domiciliaria con el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, procedente en el caso de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, junto con el cumplimiento de otras reglas de conducta pertinentes, tales como las tareas comunitarias.

Homicidio en ocasión de robo

Se aclara que este delito es aplicable cuando, en el marco de un robo, el autor ocasiona la muerte de una persona como consecuencia no querida, y se prevé unaescala penal de 10 a 25 años de prisión.

Delitos viales

Por otra parte, con relación a los siniestros viales, en el nuevo Código Penal se mantienen las agravantes previstas en el actual Código Penal para el homicidio imprudente en siniestros viales, de conformidad con la ley 27.347, y se eleva el máximo de la escala penal a 7 años de prisión (actualmente el máximo es de 6 años) para los siguientes casos: cuando el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, si estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, si estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, si estuviere participando en una prueba de velocidad o de destreza realizada sin la debida autorización de la autoridad competente, si condujere estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular; o si hubiere actuado con culpa temeraria.

Los organizadores y promotores de las "picadas" serán sancionados con la misma pena que el autor del homicidio. La misma pena se impondrá cuando fueren más de una las víctimas fatales.

Además, en base a la experiencia de España y con el fin de reducir los siniestros viales, se decidió la incorporación de dos delitos de peligro abstracto sancionados con pena de inhabilitación de 6 meses a 3 años y multa (medida en días multa) que tipifican la conducción a una velocidad superior en sesenta kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente y la conducción bajo los efectos de estupefacientes o con determinado nivel de alcohol en sangre.

Correlativamente, se tipifica la conducta del conductor que se niegue a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2) Estabilidad económica

Decomiso

Se moderniza el instituto del decomiso. Se propone que el decomiso abarque todas las cosas o bienes que hayan servido de instrumento o medio en la comisión del hecho y de los que constituyan el producto, provecho o la ganancia, directos o indirectos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubiere podido experimentar tanto para personas físicas como jurídicas.

Además, se prevé la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva —antes de la condena penal— para todos los delitos(incluyendo los delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, corrupción y aquéllos contra el orden económico y financiero) en caso que se verifiquen ciertas condiciones, ya sea el sujeto activo involucrado una persona física o jurídica.

A su vez, se contempla el decomiso de los bienes de valor equivalente, en caso de que no se logre recuperar el bien concreto, porque, por ejemplo, esté en otra jurisdicción.

En este punto, cabe recordar que la recaudación en materia de decomiso y delitos económicos es utilizada para cubrir las funciones básicas del Estado: seguridad, salud, educación y justicia, entre otros fines como es el fondo de asistencia para las víctimas-. Además, al respecto, el artículo 24 del nuevo Código Penal establece: "Si lo decomisado tuviese valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, se podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuese y tuviese valor comercial, se dispondrá su enajenación en subasta o procedimiento aplicable. Si las cosas no tuviesen valor lícito alguno o no pudiesen ser aprovechados por el Estado, se las destruirá".

Responsabilidad de las personas jurídicas

Se introduce la responsabilidad penal para quien actúa a través de otro y se incorpora la responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad con la Ley 27.401 de Responsabilidad Empresaria sancionada recientemente (B.O. 1/12/17), según las exigencias del OCDE.

Se establece un criterio de responsabilidad que prevé la exención de pena si la persona jurídica cumple con los siguientes requisitos: espontáneamente denuncia la comisión del delito como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna, ha implementado un sistema de control y supervisión adecuados, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito, y devuelve el beneficio indebido obtenido.

Se establecen en el Código Penal normas generales que taxativamente detallan los tipos penales comprendidos en la parte especial por los que se podrá responsabilizar a la persona jurídica, así como el catálogo de sanciones posibles y las pautas específicas que deberán ser tenidas en cuenta para la determinación de la sanción impuesta a la persona jurídica.

Las sanciones previstas para las personas jurídicas, conforme lo establecido en la ley 27.401 son: 1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; 2) Suspensión total o parcial de actividades, 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, 4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Se establecen las siguientes circunstancias ,,,  leer mas  en

https://www.infobae.com/opinion/2018/08/15/nuevo-codigo-penal-contra-la-inseguridad-y-la-crisis-economica/

POR TODO ESTO SERA Q LO TENEMOS COMO JEFE DISTRITAL EN LA MATANZA..... CAMBIAN LOS LUGARES...

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se dispuso el relevo del Comisario Mayor Claudio Ariel Cheverry del cargo de Jefe de la Coordinación de Policía Chivilcoy, lugar que pasó a desempeñar luego de estar dos años como Jefe de la Policía Comunal Chivilcoy.

Al dialogar con LA RAZON expresó que "se respetan las decisiones del nuevo intendente municipal, el Dr. Guillermo Britos y no he dudado nunca que mi ciclo estaba cumplido, y lo mejor que uno puede hacer es dejarle el lugar a otro, es por eso que inmediatamente y luego del último acto eleccionario, me puse a disposición de mis superiores directos, ya que uno entiende que durante dos años he estado trabajando con una gestión de gobierno y realmente es importante que las nuevas autoridades  designen gente de su confianza y de esa manera poder armar su equipo de trabajo, tal cual lo hice yo apenas asumí como Jefe de la Policía Comunal de esta ciudad, por lo que soy respetuoso y entiendo las decisiones del intendente Britos, quien en su momento había pedido que se dé un paso al costado y si bien no lo había hecho hasta el momento era por pedido de mis superiores, ya que debía aguardar mi relevo”.

En cuanto a un balance general durante la gestión de Cheverry al frente de la Policía Comunal y la Coordinadora de Chivilcoy, dijo: "En estos 26 meses hemos logrado la aprehensión de un total de 498 personas, entre las cuales había 378 fueron mayores y 120 menores, por distintos delitos. Mientras que en uno de los temas tan delicado como es la droga, se aprehendieron a 28 personas sindicadas como vendedores en esta ciudad”.

"Además se logró interceptar en distintos procedimientos, llevados a cabo en la vía pública a 239 mayores y 57 menores, que tenían  en su poder estupefacientes, tanto marihuana como cocaína. Hubo 400 detenidos contravencionales por disturbios, ocasionar molestias en la vía pública y molestar a los vecinos”.

"En tanto que en forma conjunta con el personal de Guardia Urbana y en distintos operativos en la ciudad se ha logado la incautación de aproximadamente 2.200 motocicletas por infracciones a la Ley de Transito, las cuales fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal”. 

"Se ha logrado que un grupo importante de Oficiales, recientemente egresados se vean afectados a brindarle seguridad a los vecinos, haciendo recorridas a pie en la vía pública, en distintos puntos de la ciudad y 5 en motocicletas recorriendo la zona bancarias, las plazas, la zona de quintas y barrios”. 

"Seguramente quedan muchas cuestiones pendientes y problemas por resolver, que todo lo que hemos hecho a diario, entendemos que nunca alcanza, que siempre en este trabajo falta,  pero siempre hemos buscado de alguna manera arribar a la solución de los mismos. No tengo dudas que la nueva gestión va a seguir trabajando  en los mismos y hacer lo imposible para resolverlos”.

Agregó que "desde el primer día, que me hice cargo mi compromiso fue trabajar para poner  tras las rejas a quienes vendían drogas a nuestros jóvenes y que tanto mal le hacían a la sociedad y lo hemos logrado en gran parte deteniendo a 28 delincuentes dedicados a la venta de drogas, y se continuaba a la fecha con el duro trabajo, ya que aún quedan pendientes varias causas judiciales”.

"Otro de los temas de suma importancia ante mi llegada a esta ciudad era bajar el índice delictual en cuanto a la sustracción de motocicletas en la vía pública, donde me hice cargo en el mes de septiembre del año 2013, con un promedio de 24 motos sustraídas hoy me estoy yendo con un total de 9 motos sustraída, durante el mes de noviembre, es decir que se ha bajado el índice delictual en un 75%, mientras que al de 11 de diciembre del 2015 puedo decir que no se ha sufrido hechos de estas características, lo que demuestra el compromiso en forma constante por parte del personal para ir mejorando día a día en cuanto a disminuir los delitos”.

En otro orden comentó que "desde mi arribo se trabajó en forma conjunta con personal de Guardia Urbana, de la Jefatura Zonal de Delitos Rurales, Destacamento de Seguridad Vial Chivilcoy, con personal de la Delegación Drogas ilícitas con asiento en Moreno, de la DDI Bragado y con personal de la División Cinotecnica de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con personal de la Ayudantía Fiscal Local a cargo de la Dra. Bárbara Leranoz y su personal,  en pos de mejor la seguridad en Chivilcoy, a quienes agradezco su colaboración, al igual que los referentes Barriales y a los Presidentes de los Clubes de esta ciudad”. 

"Quiero agradecer al ex intendente de esta ciudad profesor Aníbal Pittelli, quien fue la persona que me permitió ser el jefe de la Policía Comunal Chivilcoy, como así también al ex intendente profesor Darío Speranza, quien luego de asumir siguió confiando en mi, para que siga trabajando de la misma manera, sin conocerme, haciéndome sentir ambos parte de un equipo de trabajo, donde me demostraron que se puede trabajar en forma conjunta entre (policía-política), siempre buscando el bienestar de los vecinos. Además quiero agradecer a las autoridades que trabajaron en el gabinete Municipal, en especial al Dr. Juan Pablo Marzik, ex Secretario de Seguridad, al Dr. Ovidio Pollaroli, ex presidente del Honorable Concejo Deliberante, a Federico Alonso, Dr. Juan Andrés Salinardi, Gastón Zaccardi, a la Diputada Provincial Graciela Rolandi, a la Jueza de Faltas Provincial Dra. Alicia Parente y a su personal, Concejales, Delegados Municipales y a la comunidad en general, que en muchas oportunidades los propios vecinos se acercaron para demostrarme su afecto y agradecimiento, de ver constante presencia policial en la vía pública, agradeciendo la labor que ha llevado a cabo esta Policía Comunal, a la cual me siento orgulloso de haber pertenecido”.   

"No puedo dejar pasar por alto y brindarle un profundo agradecimiento al personal que me secundó desde mi llegada, a cargo de distintas dependencias, subdependencias, DDA y DDI,  desde el Comisario José Antonio Lemme, Comisario Carlos Audagno, Comisario Erick Bargas,  Subcomisario Cristian Omar Ocampo, Subcomisario Luciano Norniela, Subcomisaria María Altuna, Oficial Principal Guadalupe Fernández,  Oficial Principal Esteban Fernández,  Oficial Principal Aníbal Ruiz, hasta el último de los efectivos policiales que cumplen funciones en las distintas dependencias”.

Por último, Cheverry agradeció a los medios de prensa locales y deseo éxito al nuevo Coordinador de la Policía de Chivilcoy, Néstor Dabi, "a quien conozco desde hace varios años, es una persona de este medio y conoce bien la ciudad”.

  

Magario empodera al Topo Rodríguez para combatir el alza del delito en La Matanza

La intendenta de La Matanza modificó su gabiente y creó dos nuevas subsecretarías que dependerán directamente del Jefe de Gabinete. Ellas son, la Subsecretaría Legal y Técnica de Protección Ciudadana y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La intendenta Municipal, Verónica Magario, acompañada por el Diputado Nacional, Fernando Espinoza, firmó este mediodía decretos que modifican el nombre de la actual Jefatura de Gabinete a “Jefatura de Gabinete y Protección Ciudadana”. A partir de esta nueva denominación se crearon dos subsecretarías que dependerán directamente esta cartera. Ellas son, la Subsecretaría Legal y Técnica de Protección Ciudadana y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

 En las designaciones que estuvieron a cargo de la Jefa Comunal se ratificó en el cargo a Alejandro “Topo” Rodríguez, como Jefe de Gabinete y Protección Ciudadana,mientras que se designó como Jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete a Luis Lata.

En el mismo acto, y dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete y Protección Ciudadana, Magario dio a conocer la creación de la Subsecretaría Legal y Técnica de Protección Ciudadana que estará a cargo de Omar Lacoste.

Asimismo, se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos local que estará a cargo de Amira Curi y se ratificó a Miguel Rocha como director de esa cartera.

Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos se designó a un equipo de coordinadores que realizarán distintas tareas dentro de esa dependencia. Fueron nombrados para ese objetivo: Jorge Tomas Medina, Juan Manuel Quinodoz, Carlos Cuevas, Melisa Fernández, Juan Cruz Marín, Salomé Gonzalez Curioni, Damian Capola y Mayra Profili.

​Estuvieron presentes acompañando a la jefa Comunal, el vice jefe de Gabinete, Mariano Ríos Ordóñez, el Secretario de Gobierno, Gustavo Dutto, el Senador Provincial, Daniel Barrera, entre otras autoridades e invitados.

EMPDERAMIENTO DE GENTE  PARA LA SEGURIDAD?  DE QUIENES?

CAMPAÑA CON BOLSOS.... 

YA PASO CON EL OTRO SECRETARIO DE SEGURIDAD ,,,, RECUERDAN?

Crisis política en un distrito KTras las denuncias de corrupción policial, renunció el secretario de Seguridad de La Matanza

Se trata de Carlos Orsingher, a quien en una escucha dos comisarios dicen que le entregaban $ 350 mil por mes.

Ocho días después de la investigación periodística que reveló detalles de una fuerte denuncia judicial que involucra a la Policía Bonaerense y a la Municipalidad de La Matanza, hoy renunció el secretario de Seguridad de esa Comuna, Carlos Orsingher. La intendenta kirchnerista Verónica Magario le aceptó la dimisión.

El funcionario municipal aparece mencionado en las escuchas telefónicas de dos comisarios que hablan de entregas de dinero, y que además habían nombrado a un comisario mayor en actividad como subsecretario de Seguridad en la Comuna, algo que fue negado por las autoridades del Municipio.

La renuncia de Orsingher llega luego de que el domingo de la semana pasada, el programa Periodismo Para Todos (PPT) difundiera escuchas telefónicas entre comisarios de la Policía Bonaerense (que no aparecen identificados) en las que nombran a Orsingher.

En la charla, los jefes policiales hablan de que antes le entregaban unos $ 350 mil mensuales a ese funcionario municipal. Pero además, en el programa de El Trece revelaron que el ahora ex secretario de Seguridad había nombrado al comisario mayor en actividad Roberto Natalio “Nico” Zalazar como su subsecretario en el Municipio, algo que negaron desde la Comuna. .... 

Y VAN POR BOLSOS PARA CAMPAÑA?

Se reaviva el reclamo del peronismo por el traspaso de la Policía Local

El Ministerio de Seguridad bonaerense avanza en la fusión de esa fuerza con la Policía de la Provincia, pero los intendentes de los municipios peronistas, incluido La Matanza, se oponen.

Una decisión operativa del Gobierno bonaerense con respecto al funcionamiento de las Policías Locales abre un nuevo capítulo de tensión con el peronismo y, en particular, con La Matanza, desde donde vuelve a surgir el pedido de traspaso de esa fuerza a la órbita municipal.

Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad que dirige Cristian Ritondo suspendió el reclutamiento de efectivos para la Policía Local, una fuerza que había sido creada, en 2014, por el entonces Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli. Hasta la asunción de María Eugenia Vidal, 81 municipios contaban con esa fuerza de proximidad pero, en 2017, Ritondo logró fusionar la Policía Local con la Policía Comunal -la fuerza de seguridad que la Provincia baja a los distritos de hasta 70.000 habitantes-, en los 33 municipios que cumplían con esa característica.

El Ministerio de Seguridad bonaerense quiere que la Policía de la Provincia absorba a la Policía Local, creada en 2014 por el entonces Gobernador, Daniel Scioli.

Sin embargo, en las últimas semanas, el Ministerio de Seguridad avanzó en medidas similares en comunas más grandes: los gobiernos de Berisso y Necochea firmaron convenios que sellaron la absorción de sus Policías Locales por parte de la Policía de la Provincia y, en los próximos días, los seguirán Pilar y General Rodríguez. Si bien Ritondo destacó que esa fusión es voluntaria, ponderó que “es una forma de unificar criterios para el abordaje de las problemáticas en seguridad”.

Ante estos movimientos, desde La Matanza, volvieron a insistir con el reclamo de que la Policía Local quede a cargo de la intendencia, un pedido que, en abril, a partir del asesinato del chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz, había generado fuertes cruces entre la jefa comunal, Verónica Magario, y el ministro Ritondo e, incluso, motivado la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense.

En diálogo con El1 Digital, el jefe de Gabinete local, Alejandro “Topo Rodríguez”, planteó que “no puede haber diferencias en materia de prevención y seguridad” y defendió a la Policía Local como “un modelo de cercanía y prevención que es necesario para La Matanza”. “Somos respetuosos de lo que hagan otros municipios, pero reiteramos la necesidad de que siga consolidándose como cuerpo para tener más cadetes y, por lo tanto, más efectivos”, remarcó.

“Con mucho respeto pero con toda claridad, le planteamos a la Provincia la necesidad de retomar la formación de cadetes, que se suspendió el año pasado”, agregó Rodríguez, quien insistió en que la necesidad de esa fuerza radica, también, en que “La Matanza tiene menos efectivos, sumando policías y gendarmes, que los que tenía en 2015”.

“Planteamos, una vez más, la necesidad de reponer la capacidad operativa y la cantidad de efectivos para este Distrito. Hoy, tenemos 4.350 efectivos y deberíamos tener alrededor de 8.200”, cerró el jefe de Gabinete. A las críticas matanceras se sumaron, también, las de otros municipios gobernados por el peronismo, como Ituzaingó y San Martín.

Un proyecto de ley que no avanza

Motivados por las acusaciones cruzadas en cuanto a la responsabilidad por la seguridad entre los gobiernos municipales y la Provincia, a principios de mayo, Magario y un grupo de intendentes peronistas, como Martín Insaurralde y Alberto Descalzo, presentaron un proyecto de leypara que los alcaldes queden a cargo de la Policía Local y de los recursos que la Provincia destina a su funcionamiento. Pero en ninguna de las sesiones posteriores a esa presentación el proyecto llegó a ser discutido.

“El manejo directo de esta fuerza por parte de los municipios debe venir de la mano de la transferencia efectiva de los recursos para su administración, pero no vemos interés por parte del oficialismo de impulsar ese proyecto que, para nosotros, es muy importante”, criticó Rodríguez.

Más del 32% de los hogares sufrió al menos un delito

El porcentaje surge a partir de los datos del Indice de Victimización (IVI) elaborado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas, organismo dependiente de la Universidad Di Tella y abarca los últimos 12 meses

Un estudio realizado por una universidad privada estimó que el 32.4% de los hogares ubicados en los 40 principales centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses. Asimismo, en el mismo trabajo se pudo determinar que de cada 100 hogares, 24 sufrieron al menos un robo con violencia.

 

Se trata del Indice de Victimización (IVI) elaborado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas, organismo dependiente de la Universidad Di Tella.

 

“El objetivo del IVI es cuantificar la tasa de victimización de Argentina. Se define como tasa de victimización al porcentaje de hogares cuyos miembros convivientes sufrieron al menos un delito en los últimos 12 meses, sean estos eventos denunciados o no a una autoridad competente”, se indicó.

 

El informe presenta los principales hallazgos de las 1.199 encuestas de victimización realizadas entre los días 6 y 15 de junio 2018.

 

En torno a la evolución del IVI, la medición de junio de 2018 estima que el 32.4% de los hogares de Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses, 0,6 puntos porcentuales por debajo del valor observado en junio 2017 y 6.6 puntos porcentuales por encima del valor observado en mayo 2018.

 

Acerca de las cifras discriminadas por región, las encuestas de victimización se llevan adelante en tres regiones de Argentina, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Gran Buenos Aires e Interior, compuesto por: Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan), Noroeste NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), Noreste-NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones), Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires) y Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz).

 

“El relevamiento realizado en junio 2018 ubica a la Ciudad de Buenos Aires por debajo del promedio nacional, mientras que el Gran Buenos Aires y el Interior del País se encuentran por encima con un valor igual a 32,8% y 33,1% respectivamente”, manifestó el estudio.

 

Al analizar la situación por población, se clasifica en ciudades pequeñas (entre 10.000 y menos de 100.000 habitantes), ciudades medianas (entre 100.000 y menos de 500.000 habitantes) y ciudades grandes (de 500.000 habitantes o más). “La medición realizada en junio 2018 presenta valores de victimización más elevados para las ciudades grandes, dejando por detrás a las ciudades medianas y pequeñas con 27.7% y 25.6% de los hogares afectados respectivamente”, se manifestó en las conclusiones del trabajo.

QUE VIVA LA PATRIA Y QUE SIGAMOS HACIÉNDOLA GRANDE Y PODEROSA SIEMPRE!

MARCHA EN LA MATANZA PIDIENDO SEGURIDAD!

 UN CARTEL QUE DICE SAN JUSTO ZONA LIBERTADA Y PODEMOS AGREGAR, RAMOS, VILLA CONSTRUCTORA, I. CASANOVA, LOS PINO, CASTILLO, SAN ALBERTO, GONZALEZ CATAN, VIRREY DEL PINO. CIUDAD EVITA, VILLA MADERO, LOMAS DEL MILLON, LOMAS DEL MIRADOR, LA TABLADA, 20 DEJUNIO... TODAS Y CADA UNA DE LAS LOCALIDADES Y LOS BARRIOS..... NO SE PUEDE MAS!!

seguridad ya!!!!