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San Justo: Nuevamente peligra la continuidad del Centro Provincial de Atención a las Adicciones

 Se llevó a cabo una jornada para alertar sobre el peligro de cierre de la dependencia provincial. Desde hace 8 meses, no se paga el alquiler ni los servicios de luz, agua y gas. No es la primera vez que el CPA atraviesa esta situación.
Una vez más, el Centro Provincial de Atención a las Adicciones de San Justo está en peligro de cierre por la falta de pago del alquiler y los servicios de luz, agua y gas desde hace 8 meses.
Para alertar y concientizar, se llevó a cabo una jornada para concientizar sobre la crítica situación que atraviesa en CPA de San Justo, que se encuentra en la calle Pasteur 3963.
Ya en abril de 2010, la dependencia provincial estuvo a punto de cerrar sus puertas, también por la falta de pago de alquiler. Fue poco antes de su inminente clausura, que desde el gobierno provincial saldaron la deuda y el CPA pudo continuar funcionando. Una situación similar se vivió en 2008.
La falta de recursos dificulta el funcionamiento de todos los CPA de la provincia y provoca la interrupción de los tratamientos. Los centros brindan atención gratuita para victimas de diversas adicciones y brinda contención para las familias.
Allí se ofrece atención psicológica y talleres, además de la función que cumplen los ex adictos que acompañan el proceso de recuperación. Además de la interrupción de los tratamientos, nuevos proyectos no pueden desarrollarse por la falta de recursos.
Para Silvia Kelm, operadora del CPA de San Justo, las autoridades provinciales demuestran una “falta de interés” que arrastran a los centros a vivir reiteradamente estas situaciones.
De hecho, los centros de Hurlingham y Lanús cerraron sus puertas tras atravesar estas situaciones. En tanto, el CPA de Ramos Mejía, también tiene un futuro incierto: tiene orden de desalojo por falta de pago del alquiler.
En abril de 2010, el CPA estuvo a punto de ser cerrado, debido a que se debían cinco meses de alquiler al dueño de la casa. Los trabajadores de los Centros de señalaron que hay una gran falta de “políticas públicas en adicciones”.
Para la jornada del jueves, convocaron a trabajadores municipales del Servicio de Protección de Derechos del Niño y Jóvenes, de la Dirección de Adicciones La Matanza, a los programas Podés, Propiciar, Envión y trabajadores provinciales de Juzgados, Defensorías, Centro de Referencia, Patronato de Liberados, escuelas y hospitales zonales.
También se invitó a miembro de Iglesias cristianas y evangélicas; Asociaciones Civiles y redes de gestión que trabajan en la problemática.
“Creemos que debido a la falta de una política pública real en adicciones que sigue sin asistir y reconocer a los CPA de la Provincia como parte fundamental de la estructura de Salud Pública Provincial, atentan de esta manera contra nuestra identidad, actuando solapadamente cerrando centros y utilizando mal la palabra descentralización cuando están diluyéndonos con alquileres y facturas de luz, agua, gas, teléfono impagas, instalaciones precarias a punto siempre del desalojo o del desmoronamiento”, señaló Kelm.