KORRUPCION EN LA POLICIA BONAERENSE Y SUS MOVILES!

Denuncian falencias en el blindaje de los nuevos patrulleros

La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a los bonaerenses y desde el Gobierno de la Provincia tomaron nota. En los últimos meses la administración de Daniel Scioli promovió la creación de las Policías Locales, se conformaron Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y se aceleró el nombramiento de más efectivos.

Sin embargo el avance de la delincuencia no cesa. La falta de control en las fronteras, responsabilidad del gobierno nacional, provoca el ingreso de drogas y armas. Y la ausencia de políticas educativas y de inclusión laboral del kirchnerismo deja a millares de jóvenes marginados.

El cóctel de quedar afuera del sistema y la fragilidad para caer en las adicciones es asesino. Adolescentes y jóvenes se estimulan con estupefacientes y pierden todo control. Armados salen a buscar dinero sin importarles nada, ni siquiera la vida de sus víctimas.

En este contexto llegó a nuestro diario una grave denuncia: que los nuevos patrulleros provistos a la Policía Bonaerense solo cuentan con blindaje  el parabrisas y las ventanillas delanteras.

La denuncia fue confirmada por varios agentes de la Departamental La Plata. Y si a esto le sumamos que un gran porcentaje  los chalecos antibalas de los efectivos están vencidos, estamos ante una situación de vulnerabilidad física de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

“El intercambio de disparos con delincuentes es una posibilidad cierta todos los días. ‘Motochorros’ no dudan en abrir fuego en persecuciones y nuestras vidas están en riesgo. Necesitamos que los patrulleros estén blindados en forma integral y los chalecos deben ser renovados”, se quejó uno de los agentes de una seccional del norte de la ciudad de La Plata.

Al parecer el costoso gasto para cubrir con láminas de acero a los móviles policiales es el hecho por el cual sacan a la calle patrulleros  vulnerables. “Tampoco tienen colocados las rejas que divide el asiento delantero del trasero. Eso es clave ya que un detenido puede atacar al policía que maneja y provocar una tragedia”, explicó un jefe de la fuerza, quien, obviamente, prefirió no ser identificado.

A esto hay que agregarle que la Provincia le compró patrulleros a la concesionaria Igarreta (de la firma Ford en Capital Federal) - cuyos dueños fueron enviados a juicio oral por entregar móviles policiales con blindaje truchos en los años 2003 y 2004.

 Según consta en la Contaduría de la Provincia, le habrían pagado más de 37 millones de pesos a esta concesionaria en el año 2014. Y la historia parece repetirse: las Ford Ranger que está entregando Igarreta no tienen el blindaje adecuado.

MAS HECHOS DE KORRUPCION!!!

LA INSEGURIDAD DE TODOS LOS DIAS EN LA MATANZA!

La inseguridad es en la actualidad un tema relevante, especialmente en el Conurbano Bonaerense. Robos, asaltos, asesinatos, secuestros y todo tipo de hechos delictivos azotan y atemorizan, también al partido de La Matanza.

 Según una encuesta del Centro de Opinión Pública de la UNLaM, el 52 por ciento de los consultados manifestó sentirse “muy inseguro” o “totalmente inseguro” al salir de su casa, mientras que, por otro lado, el 20 por ciento asegura sentirse poco o nada inseguro. Definitivamente, la percepción de inseguridad es general, no sólo en La Matanza, sino en todo el Conurbano Bonaerense. 

Consultado sobre el trabajo los referentes policiales,  dicen  que el delito “diminuyó en gran medida en zonas como Laferrere, San Justo, Ramos Mejía y Lomas del Mirador, jurisdicciones antiguamente muy conflictivas”, y agregó que, en este momento, las estadísticas indican que se está “muy por debajo respecto de meses como octubre, noviembre o diciembre del año pasado”.

 A pesar de ello, según revela la encuesta, más de la mitad de la población aún no se encuentra segura cuando sale de sus casas. Para los especialistas, una de las explicaciones es el rol de los medios de comunicación, que dan otra dimensión a hechos que, en otra época, tardaban más en difundirse. 

El robo, el delito más común 

“El delito más común es el robo, el arrebato”, coincide la policía con el 80 por ciento de los encuestados. Asimismo, el 39 por ciento afirma haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. 

La Matanza es un distrito con 352 kilómetros cuadrados, con más de dos millones de habitantes -el más numeroso de la Provincia de Buenos Aires- y, en materia de personal policial, y a la fecha no cuenta con efectivos para todo el distrito como quisiera la poblacion matancera ni tampoco con una prevencion adecuada como piden las distintas comisiones y asociaciones vecinales.

“Estamos redoblando el esfuerzo para poder brindar la seguridad necesaria en cada rincón de La Matanza”,dice desde el municipio.

. La gente, aún, se siente insegura. ... y mucho!

Entre las problemas que los encuestados identificaron como fundamentales para la iniciación en el delito se encuentran tres claras opiniones: en primer lugar, la desocupación y la falta de educación, con el 19%; seguida del consumo de drogas, con el 17; y, por último, la pobreza y la exclusión social, con el 12%. 

Sociedad y medios 

Según los especialistas, la percepción de la inseguridad, en general, se asocia con los hechos cometidos por los sectores más vulnerables

. El sociólogo especialista en criminología, Emilio Ayos, explicó  que esto sucede porque el imaginario de la comunidad relaciona al delito sólo con una franja de todas las ilegalidades que se cometen. “Las faltas se asocian al rango social más bajo”, sostuvo.

 Según el sociólogo, esta distinción está, además, avalada por el sistema penal: “Esos casos se denuncian y algunos son sentenciados; en cambio, la cifra se reduce con las faltas cometidas por la clase alta, porque no califican como delitos”.

 En su análisis sostuvo que las condenas penales y sociales excluyen todas las conexiones que unen un acto ilegal con las fuerzas de seguridad y los sectores con más poder: “Hay causas que no sólo involucran al que roba un auto o al que secuestra, sino que implican el accionar de grupos con más poder, quizás vinculados al aparato estatal o a las fuerzas de seguridad”, ratificó Ayos.

Para el especialista, los medios de comunicación también influyen en esta construcción: “Instaurar la inseguridad como tema de agenda pública no es un dato menor. Los medios tienen un papel importante y no es neutral. Hay fuerzas políticas en pugna y uno no puede pensar el problema como un reflejo natural ajeno a eso”. Según Ayos, esto sucede claramente con el grado de violencia de los delitos: “Que los medios de comunicación dispongan una mayor exposición de hechos de violencia no implica necesariamente que en la realidad sea así”. 

Para el sociólogo, la solución para la inseguridad “no es la intensificación de la presión sobre los sectores más empobrecidos o el aumento de la rigurosidad en el sistema penal. Eso no va a solucionar esa violencia”, sentenció. En cambio, propuso “integrar los delitos de cuello blanco, aquellos que abarcan a los sectores de mayor poder de la sociedad”. 

“Si algo refleja la encuesta -concluyó- es ese miedo por los actos y prácticas ilegales que producen las fuerzas del orden y que no son tomadas como tales. Existe un vacío que es claro y que vivimos todos”. POR ESO... MARCHAS Y MAS MARCHAS CIRCUNDAN EL TERRITORIO Y ALGUNA VEZ  SE LLEGA , COMO LO HICIMOS, A LA PLAZA DE MAYO A PETICIONAR POR MAS Y MEJOR SEGURIDAD!

EMERGENCIA PROVINCIAL EN SEGURIDAD ...SIN EMERGENCIA!!!

La emergencia en seguridad termina con menos de la mitad de las obras que prometió Casal

En abril vence la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires y no se prorrogará, tal como lo anunció el gobernador Daniel Scioli en su última asamblea legislativa. Tanto él como sus ministros se muestran contentos y satisfechos por los logros alcanzados en este contexto, pese a que no se cumplieron algunos de los objetivos trazados, como la construcción de alcaidías y cárceles. Preocupación en organismos de Derechos Humanos por el agravamiento de las pésimas condiciones de detención.

Hasta el día de hoy el ministro de Seguridad Alejandro Granados continúa presentando junto a intendentes las policías locales, nutridas en su mayoría por jóvenes que en menos de 1 año se formaron y ya patrullan las calles, armados. Además de la adquisición de patrulleros, armas y demás accesorios para las fuerzas, también se convocaron a una serie de reuniones del Consejo de Seguridad con legisladores oficialistas y opositores, entre otras medidas puntuales.

Específicamente en el ámbito de la justicia, desde el Ejecutivo se trazaron concretamente dos objetivos muy ambiciosos: construir 8 alcaidías con capacidad para alojar 1000 internos –en donde 3 serían cedidas por intendencias y las restantes 5 se construirían en estos 12 meses, con una inversión total de $340 millones-; y 4 Unidades Penitenciarias para alojar a 2 mil internos -con financiamiento por $500 millones del Fondo Fiduciario Nacional-.

A menos de una semana de la finalización de la emergencia en seguridad no hay ningún edificio nuevo.

En octubre del año pasado, al cumplirse los primeros seis meses de la emergencia, el ministro de Justicia Ricardo Casal fue a la Legislatura para explicar cómo iba a la situación y fundamentalmente hacer un balance del dinero que se iba a destinar en el presupuesto 2015. Allí ya había insinuado que el plan no marchaba de la misma manera a lo anunciado el día del decreto, porque habló de la construcción de dos cárceles y cinco alcaidías, la mitad de lo estipulado. Así, el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas y sin precedentes” estaba siendo enfrentado por el gobierno provincial no como se había prometido el día cero.

En el marco del plan del sciolismo para agilizar recursos materiales y humanos en la lucha contra la inseguridad ya se había convocado para ese entonces a personal policial retirado para realizar tareas de prevención, sugiriendo una inversión de 600 millones de pesos por parte del Banco Provincia para comprar móviles policiales, chalecos antibalas y otros equipamientos, junto con un pedido para limitar las excarcelaciones. Aún no se veían las cárceles ni las nuevas alcaidías pautadas. Y el panorama es similar hoy en día.

Qué se hizo

Un informe del ministerio de Justicia al que accedió Letra P, actualizado en marzo de este año, detalla que lo que se ha hecho fue realizar el llamado público en septiembre de 2014 para dar inicio a las obras de las alcaidías de Campana, San Martín y Lomas de Zamora; algo similar en octubre de 2014 para la alcaidía de General Rodríguez. La de Necochea está incorporada al presupuesto 2015 y se encuentra en trámite para el llamado público; la de San Nicolás aún aguarda por la adecuación del proyecto para el llamado público tras el cambio de terreno por parte de la municipalidad; mientras que la de Bahía Blanca todavía espera que se resuelva en dónde se va a implantar, ya que se están realizando gestiones ante diversos organismos. La única ejecutada es la de Virrey del Pino.

En cuanto a la construcción de Unidades Penitenciarias Educativas y de Formación Laboral, están las de Campana y Lomas de Zamora, ambas en proceso de planificación tras el llamado público en septiembre del año pasado que dio inicio a las obras correspondientes.

Luego, desde Justicia detallan una serie de obras complementarias en otros establecimientos, como por ejemplo en los pabellones de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, la 7 de Azul, además de las viviendas “Casas por Cárceles” en Olmos, San Martín y Florencio Varela. Todas estas, según el ministerio, están en trámite de llamado público para continuar con la tercera etapa de los trabajos.

Lo cierto es que los objetivos, tal como fueron planteados en abril del año pasado, se quedaron a la mitad, sumado a que según estudios y evaluaciones de distintos organismos de derechos humanos, el problema de fondo aún está muy lejos de resolverse.

“No se soluciona ninguna cuestión de fondo”

“Actualmente están funcionando formalmente muy pocas alcaidías: Mar del Plata, Junín, Malvinas Argentinas, Virrey del Pino e Isidro Casanova; y más allá de esas, cada unidad carcelaria tiene un pabellón o dos, que los destinan a alcaidías, como por ejemplo Sierra Chica y Alvear, que están dentro del marco de la cárcel”, le resumieron desde la Comisión Provincial por la Memoria a este portal.

“Hay otra serie de alcaidías que tienen un gobierno mixto, que están vigiladas por el servicio penitenciario pero las directivas las dan personal cívico, como por ejemplo un abogado. Son José C. Paz, San Martín, La Plata, La Plata 2, La Plata 3, Lomas de Zamora y Avellaneda. Estas podrían creerse que son las nuevas, pero no fueron construidas en el marco de la emergencia”, agregaron.

“Lo único que generó la emergencia en seguridad fue una apertura indiscriminada de lugares con falta de condiciones de detención, habilitar lugares clausurados sin ningún cambio. Por ejemplo en Lomas de Zamora se habilitaron calabozos sin control alguno. En Sierra Chica, en donde hay sólo 2 camas por celda, hay 4 o 5 personas”, detallaron sólo por dar un ejemplo, concluyendo además que “la emergencia no solucionó ninguna cuestión de fondo. El Estado se sacó la responsabilidad de las manos con la emergencia en seguridad”.

Es que las distintas organizaciones que desde hace muchos años se encargan de estudiar y posteriormente denunciar sistemáticamente las gravísimas condiciones en que funciona el sistema carcelario bonaerense, ven con mucha preocupación la realidad actual, fundamentalmente tras el legado de estos 12 meses de emergencia en seguridad. “Nuestras preocupaciones en realidad están puestas no en lo que no se hizo, sino en lo que sabemos que sí se hizo y lo que significó la emergencia”, le explicaron a Letra P desde otro organismo de derechos humanos.

“No sólo las condiciones edilicias son deficientes sino que hasta se detectaron casos de tortura; hay mujeres y hombres en las mismas comisarías, ya que a partir de la emergencia no quedó claro cuál era el cupo femenino y masculino; se habilitaron lugares que estaban clausurados para alojar personas: nosotros, en las recorridas y relevamientos que hacemos, encontramos un sinfín de irregularidades. Por ejemplo en el destacamento de Esteban Echeverría -que no llega a ser comisaría en el rango- el año pasado encontramos que alojaba personas, como por ejemplo una persona enferma crónica, con VIH, que dormía en el piso. El lugar no tenía las condiciones para alojar personas y todo dependía de sus familias: si la familia no podía ir a visitarlos, ellos no comían, no tomaban, no se vestían, no dormían con mantas y demás”, enumeraron con preocupación.

Además, pusieron la lupa sobre el Poder Judicial, ya que hablan de “una incapacidad evidente de poder controlar sus propias medidas, como así también el gobierno provincial, que habilitaron lugares que no fueron controlados por ellos mismos: no sabían si había baño, agua, luz, nada. La intención era habilitar para que las alcaidías de tribunales no estén llenas. Los índices de la CPM, CELS y demás, te demuestran que durante el 2013 y 2014 el incremento de la prisionalización subió. Pero el número de personas que pasan a disposición del Poder Judicial no varió tanto, se mantuvo. Y eso le permite decir al Ejecutivo que hay una emergencia en seguridad, que no es real. El problema estructural del encierro viene desde antes de la emergencia”.

La apertura del sistema penal como tal tiene una capacidad para 15 mil personas y actualmente hay 32 mil personas encerradas en cárceles, comisarias y alcaidías, según los datos que maneja la CPM, que además denuncia que tanto el ministerio de Justicia como el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial se pasan la pelota uno al otro.

De esta manera, faltan pocos días para que se cumpla el plazo de la emergencia decretado porScioli y los interrogantes parecen ser más que los que había hace 12 meses.

http://www.letrap.com.ar/blog/2015/03/30/la-emergencia-en-seguridad-termina-con-menos-de-la-mitad-de-las-obras-que-prometio-casal/

Estiman que asaltan a 480 pasajeros de colectivos por día

El salvaje robo a los tiros a bordo de un interno de la Línea 180, que recorre el partido de La Matanza, reinstaló en las últimas horas el debate por la inseguridad que sufren tanto choferes como viajeros.

Unos 480 pasajeros son robados cada día en Capital Federal y el conurbano bonaerense, revela un estudio sobre la problemática realizado por una organización de víctimas del transporte público. 

El salvaje robo a los tiros a bordo de un interno de la Línea 180, que recorre el partido de La Matanza, reinstaló en las últimas horas el debate por la inseguridad que sufren tanto choferes como viajeros, víctimas indefensas de los delincuentes.

En ese caso, tres delincuentes, fuertemente armados, coparon el vehículo y para amedrentar a la víctimas comenzaron a realizar disparos, generando pánico y terror. 

El hecho, que derivó en un cese de actividades propuesto por los choferes, está ligado a una modalidad que tiene a unos 480 pasajeros robados cada día en Capital Federal y el conurbano bonaerense. 

Según publicó hoy el Diario Popular, el último estudio sobre la problemática realizado por la Comisión Nacional de Víctimas del Transporte Público, reveló que los pasajeros están padeciendo robos dentro de las unidades de transporte, pero también cuando esperan los colectivos en las respectivas paradas. 

En ambos casos, la indefensión de la víctimas es casi absoluta. 

"En los casos registrados en las paradas de colectivos, observamos que la mayoría de los episodios con robos son bajo amenazas de utilización de armas y para abordar a las víctimas los delincuentes llegan en motocicletas, que luego utilizan obviamente para fugar del lugar", indicó Martín Lescano, titular de la entidad. 

Acerca del hecho registrado en La Matanza, se pudo averiguar que ningún pasajero resultó con heridas, a pesar de la situación de extrema violencia con disparos. 

Asimismo, luego del episodio, los choferes de la línea 180, y sus ramales 155 y 630, decidieron realizar un paro de sus actividades, para reclamar por la inseguridad que padecen. 

Meses atrás, un chofer de la misma línea 180 resultó baleado en las piernas cuando fue atacado por malvivientes a la altura del barrio Puerta de Hierro. 

En aquella ocasión, los sujetos se llevaron el teléfono celular y otras pertenencias del trabajador, que debió ser asistido de urgencia. 

"Es necesario que se coordinen recursos entre las fuerzas de seguridad para incrementar el esfuerzo de frenar esta situación. Los usuarios de colectivos necesitan salir de sus casas sin sentir miedo y también sentirse seguros cuando viajan", manifestó Lescano. 

Desde la empresa "La vecinal de La Matanza SA", propietaria de las líneas mencionadas, tras confirmar que el chofer se encuentra fuera de peligro señaló que el recorrido es "absolutamente peligroso", indicando que están "cansados de ser víctimas de la inseguridad".

RULETA RUSA SIGUE EN PROVINCIA Y NACION... ESTADO? AUSENTE!!!

A LA SECRETARIA DE CONTROL COMUNAL PARA CONOCIMIENTO!!!

No alcanza sólo con controles y sanciones

Algo no funciona del todo bien. Cuando casi la totalidad de las clausuras se violan, el sistema de penalización  ni siquiera está en duda: es inviable.
 Las multas que perciben por quitar una faja representa mucho menos dinero que pasar una noche sin clientela. Ej, 4000$ una concesionaria  multada hace poco que sigue ocupando espacios e intimidando a vecinos con amenazas.
Lo interesante es, sin embargo, la distribución de responsabilidades en este asunto y la ausencia de un trabajo coordinado para que los controles sean eficaces.
 El Estado  a traves de la Secretaria de Control Comunal en la Matanza, a cargo del Sr. Feity, , es quien debe verificar que los puntos comerciales cumplan con las leyes vigentes,  Caso contrario, los  inspectores harán efectiva una clausura, cristalizada en una faja que impide el ingreso en el local.( que es violada en el momento y luego como no se vuelve a controlar, todo sigue "normal" para el comercio sancionado.

Los dueños de la impunidad, sin embargo, las rompen para no debilitar sus cuantiosas ganancias. La Policía  debería actuar frente a estas acciones tipificadas en el Código Contravencional pero , uniformados hacen caso omiso de estas obligaciones.

En parte, es cierto: la Federal, con órdenes de la Casa Rosada, retiró en 2010 el apoyo hacia todas las acciones que atañen a controles urbanos, como las multas viales.

Ahora bien, ¿la Ciudad no podría quitarle inmediatamente la habilitación a un local que viola la clausura? ¿No podría dar aviso a las fiscalías o las comisarías? ¿No podrían comprometerse con el seguimiento de los casos?

En los controles  el sentido común es un actor ausente.
Quienes hoy deben garantizar la seguridad de las personas son organismos independientes, ajustados a un puñado de leyes, lógico, pero vacíos de entendimiento colectivo por una circunstancia política.

Diferencias que ante una eventual tragedia resurgirán con la fuerza de un volcán en erupción para responsabilizarse mutuamente.

 Como el juego del don Pirulero, pero con inspectores, policías y fiscales