La emergencia en seguridad termina con menos de la mitad de las obras que prometió Casal
En abril vence la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires y no se prorrogará, tal como lo anunció el gobernador Daniel Scioli en su última asamblea legislativa. Tanto él como sus ministros se muestran contentos y satisfechos por los logros alcanzados en este contexto, pese a que no se cumplieron algunos de los objetivos trazados, como la construcción de alcaidías y cárceles. Preocupación en organismos de Derechos Humanos por el agravamiento de las pésimas condiciones de detención.
Hasta el día de hoy el ministro de Seguridad Alejandro Granados continúa presentando junto a intendentes las policías locales, nutridas en su mayoría por jóvenes que en menos de 1 año se formaron y ya patrullan las calles, armados. Además de la adquisición de patrulleros, armas y demás accesorios para las fuerzas, también se convocaron a una serie de reuniones del Consejo de Seguridad con legisladores oficialistas y opositores, entre otras medidas puntuales.
Específicamente en el ámbito de la justicia, desde el Ejecutivo se trazaron concretamente dos objetivos muy ambiciosos: construir 8 alcaidías con capacidad para alojar 1000 internos –en donde 3 serían cedidas por intendencias y las restantes 5 se construirían en estos 12 meses, con una inversión total de $340 millones-; y 4 Unidades Penitenciarias para alojar a 2 mil internos -con financiamiento por $500 millones del Fondo Fiduciario Nacional-.
A menos de una semana de la finalización de la emergencia en seguridad no hay ningún edificio nuevo.
En octubre del año pasado, al cumplirse los primeros seis meses de la emergencia, el ministro de Justicia Ricardo Casal fue a la Legislatura para explicar cómo iba a la situación y fundamentalmente hacer un balance del dinero que se iba a destinar en el presupuesto 2015. Allí ya había insinuado que el plan no marchaba de la misma manera a lo anunciado el día del decreto, porque habló de la construcción de dos cárceles y cinco alcaidías, la mitad de lo estipulado. Así, el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas y sin precedentes” estaba siendo enfrentado por el gobierno provincial no como se había prometido el día cero.
En el marco del plan del sciolismo para agilizar recursos materiales y humanos en la lucha contra la inseguridad ya se había convocado para ese entonces a personal policial retirado para realizar tareas de prevención, sugiriendo una inversión de 600 millones de pesos por parte del Banco Provincia para comprar móviles policiales, chalecos antibalas y otros equipamientos, junto con un pedido para limitar las excarcelaciones. Aún no se veían las cárceles ni las nuevas alcaidías pautadas. Y el panorama es similar hoy en día.
Qué se hizo
Un informe del ministerio de Justicia al que accedió Letra P, actualizado en marzo de este año, detalla que lo que se ha hecho fue realizar el llamado público en septiembre de 2014 para dar inicio a las obras de las alcaidías de Campana, San Martín y Lomas de Zamora; algo similar en octubre de 2014 para la alcaidía de General Rodríguez. La de Necochea está incorporada al presupuesto 2015 y se encuentra en trámite para el llamado público; la de San Nicolás aún aguarda por la adecuación del proyecto para el llamado público tras el cambio de terreno por parte de la municipalidad; mientras que la de Bahía Blanca todavía espera que se resuelva en dónde se va a implantar, ya que se están realizando gestiones ante diversos organismos. La única ejecutada es la de Virrey del Pino.
En cuanto a la construcción de Unidades Penitenciarias Educativas y de Formación Laboral, están las de Campana y Lomas de Zamora, ambas en proceso de planificación tras el llamado público en septiembre del año pasado que dio inicio a las obras correspondientes.
Luego, desde Justicia detallan una serie de obras complementarias en otros establecimientos, como por ejemplo en los pabellones de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, la 7 de Azul, además de las viviendas “Casas por Cárceles” en Olmos, San Martín y Florencio Varela. Todas estas, según el ministerio, están en trámite de llamado público para continuar con la tercera etapa de los trabajos.
Lo cierto es que los objetivos, tal como fueron planteados en abril del año pasado, se quedaron a la mitad, sumado a que según estudios y evaluaciones de distintos organismos de derechos humanos, el problema de fondo aún está muy lejos de resolverse.
“No se soluciona ninguna cuestión de fondo”
“Actualmente están funcionando formalmente muy pocas alcaidías: Mar del Plata, Junín, Malvinas Argentinas, Virrey del Pino e Isidro Casanova; y más allá de esas, cada unidad carcelaria tiene un pabellón o dos, que los destinan a alcaidías, como por ejemplo Sierra Chica y Alvear, que están dentro del marco de la cárcel”, le resumieron desde la Comisión Provincial por la Memoria a este portal.
“Hay otra serie de alcaidías que tienen un gobierno mixto, que están vigiladas por el servicio penitenciario pero las directivas las dan personal cívico, como por ejemplo un abogado. Son José C. Paz, San Martín, La Plata, La Plata 2, La Plata 3, Lomas de Zamora y Avellaneda. Estas podrían creerse que son las nuevas, pero no fueron construidas en el marco de la emergencia”, agregaron.
“Lo único que generó la emergencia en seguridad fue una apertura indiscriminada de lugares con falta de condiciones de detención, habilitar lugares clausurados sin ningún cambio. Por ejemplo en Lomas de Zamora se habilitaron calabozos sin control alguno. En Sierra Chica, en donde hay sólo 2 camas por celda, hay 4 o 5 personas”, detallaron sólo por dar un ejemplo, concluyendo además que “la emergencia no solucionó ninguna cuestión de fondo. El Estado se sacó la responsabilidad de las manos con la emergencia en seguridad”.
Es que las distintas organizaciones que desde hace muchos años se encargan de estudiar y posteriormente denunciar sistemáticamente las gravísimas condiciones en que funciona el sistema carcelario bonaerense, ven con mucha preocupación la realidad actual, fundamentalmente tras el legado de estos 12 meses de emergencia en seguridad. “Nuestras preocupaciones en realidad están puestas no en lo que no se hizo, sino en lo que sabemos que sí se hizo y lo que significó la emergencia”, le explicaron a Letra P desde otro organismo de derechos humanos.
“No sólo las condiciones edilicias son deficientes sino que hasta se detectaron casos de tortura; hay mujeres y hombres en las mismas comisarías, ya que a partir de la emergencia no quedó claro cuál era el cupo femenino y masculino; se habilitaron lugares que estaban clausurados para alojar personas: nosotros, en las recorridas y relevamientos que hacemos, encontramos un sinfín de irregularidades. Por ejemplo en el destacamento de Esteban Echeverría -que no llega a ser comisaría en el rango- el año pasado encontramos que alojaba personas, como por ejemplo una persona enferma crónica, con VIH, que dormía en el piso. El lugar no tenía las condiciones para alojar personas y todo dependía de sus familias: si la familia no podía ir a visitarlos, ellos no comían, no tomaban, no se vestían, no dormían con mantas y demás”, enumeraron con preocupación.
Además, pusieron la lupa sobre el Poder Judicial, ya que hablan de “una incapacidad evidente de poder controlar sus propias medidas, como así también el gobierno provincial, que habilitaron lugares que no fueron controlados por ellos mismos: no sabían si había baño, agua, luz, nada. La intención era habilitar para que las alcaidías de tribunales no estén llenas. Los índices de la CPM, CELS y demás, te demuestran que durante el 2013 y 2014 el incremento de la prisionalización subió. Pero el número de personas que pasan a disposición del Poder Judicial no varió tanto, se mantuvo. Y eso le permite decir al Ejecutivo que hay una emergencia en seguridad, que no es real. El problema estructural del encierro viene desde antes de la emergencia”.
La apertura del sistema penal como tal tiene una capacidad para 15 mil personas y actualmente hay 32 mil personas encerradas en cárceles, comisarias y alcaidías, según los datos que maneja la CPM, que además denuncia que tanto el ministerio de Justicia como el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial se pasan la pelota uno al otro.
De esta manera, faltan pocos días para que se cumpla el plazo de la emergencia decretado porScioli y los interrogantes parecen ser más que los que había hace 12 meses.
http://www.letrap.com.ar/blog/2015/03/30/la-emergencia-en-seguridad-termina-con-menos-de-la-mitad-de-las-obras-que-prometio-casal/
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