La resolución del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sobre la relación que los empleadores deberán tener con los internos que participen de los programas de empleo y capacitación en las cárceles está generando, en su primer establecimiento de aplicación, consecuencias inesperadas: el posible retiro de las empresas, con la consiguiente pérdida de los puestos trabajo de los reclusos.
Se trata de la disposición que acata lo establecido por la Justicia para que todos los empresarios que operen en unidades penitenciarias con emprendimientos productivos tengan a los internos en relación de dependencia; en caso contrario, deberán retirarse de los penales.
El primer establecimiento en el que se pondrá en práctica la nueva medida es la Unidad N° 15 de Batán, donde desde el año 2008 funciona un convenio entre el SPB y las cooperativas locales para que los detenidos próximos a recuperar su libertad tengan una posibilidad de capacitación y trabajo como modo de constituir un “eslabón más de la cadena hacia la reinserción social”.
Ese proyecto garantiza a los internos, previa autorización judicial, el acceso a programas de capacitación en mano de obra. Sin embargo, el pasado lunes 26 de marzo, el director de Trabajo Penitenciario, Miguel Magdalena, le anunció la novedad a los empresarios, lo que en seguida generó cuestionamientos por la “falta de discusión y análisis" de la iniciativa.
El panorama hoy es complejo. Desde el propio sector aseguran que la “mayoría” de los empresarios ya decidió irse. En declaraciones a NOVA, los titulares de los emprendimientos de Batán señalaron que ”no se puede tener a los internos que no tienen ingresos en relación de dependencia, porque no dependen de nosotros, incluso más allá de la situación económica”.
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