Hogares sin conexión, agua que se corta, escasea o está contaminada. Mientras tanto desde el gobierno hablan de responsabilidad individual ante el Covid. La pelea de los barrios por tener qué beber y con qué higienizarse, y la falta de respuesta gubernamental hace décadas.
Con el crecimiento de los contagios desde el gobierno tomaron la opción de machacar sobre la “responsabilidad individual”. Fue una semana crítica con picos de contagio que llegaron a los 13.000 casos diarios, semejantes a los peores números de la primera oleada.
Sin embargo en la matanza una parte importante de la población no podría ser responsable por más que lo quiera por la sencilla razón que no tiene agua potable. Ni para beber, ni para higienizarse, ni para desinfectar el hogar. Tampoco para enfrentar las altas temperaturas del verano.
De acuerdo a un relevamiento de la APDH de La Matanza, de mayo de 2020, en el distrito hay más de 4000 familias sin acceso seguro.
El agua es esencial para la vida. Pero el gobierno de Fernández pareciera no saberlo: Desde Chubut dónde intentan que sea destinada a - o contaminada por - la megaminería, algo que vienen siendo frenado por la movilización popular, hasta el conurbano bonaerense donde escasea por la falta de obras de los sucesivos gobiernos peronistas que gobiernan hace décadas. Algo que el gobierno de cambiemos no revirtió.
Pese a estos datos objetivos de falta de agua por falta de obras, desde Fernández hasta Kiciloff, pasando por Magario y Espinoza, siguen responsabilizando a “la gente” por los contagios mientras ellos mismos niegan los elementos para no contagiarse.
Con el agua La Matanza no avanza, hace años
En el distrito más poblado de la provincia son varios los problemas de acceso a servicios esenciales como agua, gas natural, luz, cloacas y transporte. En el caso del agua los problemas son los siguientes: corte de suministro, suministro deficiente o intermitente, agua de pozo contaminada por agentes como la Ceamse, y en el caso de los barrios que surgieron de tomas de terrenos recientes directamente no cuentan con acceso al agua. En algunos de estos casos el municipio o la provincia mandan un camión con agua desde hace años. En otros ni siquiera eso.
Los vecinos del barrio Rodolfo Walsh, localidad de González Catán, denuncian la falta de agua en la zona. “El problema más grave es la falta de agua, porque hay casas que no tienen y otras que tienen poca presión. El caudal es poco y no tiene fuerza para cargar los tanques” cuenta un vecino a un medio local. Y denuncian que el faltante de agua vienen desde el 22 de Diciembre.
En Ciudad Madero y Ciudad Evita también hubo protestas por la falta de agua. Vecinos se movilizaron hasta de las oficinas de AySA en Ciudad Evita. Denuncian tambien que desde mediados de diciembre hay vecinos sin suministro y otros que tienen una presión muy baja con un servicio intermitente.
En Virrey del Pino hubo movilizaciones exigiendo agua de red, y también las obras necesarias para que no se inunden. Pedro, uno de los vecinos, señaló "hace 10 años que estamos pidiendo tener agua, pero no tenemos respuesta". Y Yanina, otra vecina dijo "hay plata para las obras, pero los políticos se la meten en los bolsillos".
Por su parte la APDH de La Matanza realizó durante los meses de Abril y Mayo del año pasado un relevo de los barrios sin acceso a la red de agua potable o con un servicio deficiente en el distrito.
En el barrio 28 de Octubre de Ciudad Evita donde viven 90 familias tienen agua de red sino una pequeña red comunitaria sin presión suficiente y no llega a todas las viviendas. No cuentan con asistencia de camiones de agua
Los barrios Padre Carlos Mugica, Roberto Arlt, Rodolfo Kush, Areco y Arturo Jauretche son barrios federales. Todos estos barrios tienen pozo de captación de agua y plantas de tratamientos de líquidos cloacales. El problema es que desde hace mucho tiempo el agua no es potable por contaminación. Acumar dió cuenta de esto en un informe donde se ve la contaminación existente, pero al igual que en el caso de Parex Klaukol, no toma ningún tipo de medida de fondo para proteger la salud de los vecinos, mientras las empresas siguen contaminando. Las bombas que llevan agua a las casas pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, pero tienen un funcionamiento deficiente por falta de mantenimiento.
En el barrio “las casitas” de los Ceibos - las que fueron terminadas y entregadas, y se encuentran al lado de las que fueron abandonadas hace 10 años y fueron ocupadas por los vecinos - el servicio se corta muy seguido, y cuando hay los vecinos denuncia que “no se puede ni tomar por el gusto a cloro”.
En todo Rafael Castillo, una de las localidades más populosas del distrito, hay problemas con el agua, por falta de red, de conexión o suministro deficiente. El barrio 9 de Mayo es un asentamiento que existe hace 5 años y todavía no cuentan con agua. El barrio El Trébol está en la misma situación, con la diferencia de que existe la red de agua pero AYSA no se la conecta a los vecinos. El barrio San Cayetano surgió como una ocupación y loteo hace 30 años y sólo cuenta con una bomba de funcionamiento deficiente par abastecer a casi 3mil personas, que se quedan sin agua muy a menudo.
Las ocupaciones de terrenos: la incertidumbre del desalojo, la certeza de la falta de todos los servicios
Gran parte de los barrios matanceros surgieron como ocupaciones de terrenos y luego fueron legalizados y urbanizados. No sería muy exagerado afirmar que casi la totalidad de los barrios al sudoeste de Camino de Cintura surgió de esa manera, con la sola excepción de algunos barrios pertenecientes a planes de vivienda estatales.
Ante la falta de planificación por parte del Estado la población tomó en sus manos garantizarse el derecho a la vivienda. Trabajadores informales, precarizados, changarines, madres sostén de hogar - varias de ellas huyendo de la violencia de género - procuraron conseguir un techo para los ellos y los suyos. Pero viven en la incertidumbre de conservar el terreno conquistado hasta lograr el reconocimiento legal. Y con dos certezas: que les faltan todos los servicios restantes, y que la única forma de conseguirlos es organizándose para pelear por conquistarlos.
El barrio 17 de Septiembre, ubicado a la vera de la Ruta 1001 en González Catán, es un predio de 127 hectáreas donde viven unas 450 familias. Se establecieron como barrio a principios del 2019 y sufrieron varios intentos de desalojo. También cortes del servicio de luz eléctrica, por el que están dispuestos a pagar. Según el mismo informe de la APDH “Nunca contaron con servicio de agua ni de camiones de asistencias de la empresa AySA. Hay perforaciones hechas por los vecinos que no garantizan la seguridad del agua.”
Las ocupaciones del barrio Los Ceibos en González Catán y La nueva Unión en Rafaél Castillo corrieron un suerte similar en sus comienzos. Cuando ingresaron los efectivos de la policía bonaerense o la gendarmería les impedían ingresar alimentos y agua. Querían forzarlos a que se vayan a fuerza de hambre y sed. En el caso de Castillo fue peor ya que les aplicaron más de 20 veces la táctica de “tierra arrasada”: grupos policiales y parapoliciales arrasaron con las pocas pertenencias de quienes fueron allí porque no les quedaba otra, y se las quemaron sin presentar ningún tipo de orden judicial.
La única agua que les llega es cuando llueve y se inundan, perdiendo lo poco que tienen y quedando expuestos a las enfermedades propias de tener que convivir con barro y suciedad, sin tener agua y elementos de higiene para limpiar y desinfectar.
Por eso vienen realizando una campaña con petitorios, movilizaciones y difusión por redes sociales para que finalmente el gobierno les garantice su derecho al agua
El agua es un derecho, no un negocio. Más aún en medio de una pandemia y las altas temperaturas del verano
El 2020 terminó con el agua cotizando en el “mercado futuro” de Wall Street. Como ocurre con todo en el sistema capitalista, “donde hay una necesidad, nace la oportunidad de un negociado con millonarias ganancias para unos pocos”.
Pero la lógica de la ganancia, al igual que la lógica del ajuste del gobierno a pedido del FMI (lo que los liberales llaman “achicamiento del gasto público”), es contraria a la lógica de garantizar derechos.
Pero al igual que en el caso del crecimiento de los contagios, en el caso de la falta de agua nuevamente se apela a la “responsabilidad individual”. La empresa Aysa lanzó esto días una campaña cuyo slogan es “Que haya agua para todos y todas, también depende de vos”. En ella se jacta de producir 250 litros de agua por persona por día, y luego afirma: “Si consumís más de lo que necesitás, perjudicás a otras personas usuarias.”
Nuevamente la estrategia gubernamental de intentar tapar el bosque con un árbol. ¿Son responsables los pobladores de González Catán de la contaminación o son las empresas como Ceamse y la complicidad de los funcionarios? ¿Es responsabilidad de los vecinos que se corte la luz y no funcionen las bombas o es de las empresas privatizadas que hacen lo que quieren con el servicio? ¿Es responsabilidad de los vecinos de Rafaél Castillo que Aysa no les conecte el agua de red? ¿es responsabilidad de los habitantes de los barrios populares no tener con qué lavarse las manos?
Por eso hay que acompañar el reclamo de las familias de todos los barrios sin agua o con agua insuficiente o en mal estado. En primer lugar exigiendo que el Estado se haga cargo de enviar camiones con agua potable y elementos de higiene. Y terminar con los basureros a cielo abierto y demás agentes contaminantes que ensucian el agua que hemos de beber.
Pero se necesita una solución de fondo, que pasa por realizar las obras públicas necesarias para garantizar la llegada de agua potable a cada hogar. Así como también un plan de vivienda para que cada persona pueda acceder a una vivienda. Obras que si no se hacen es porque el gobierno de Alberto Fernández, al igual que sus predecesores, tienen otras prioridades como realizar el ajuste en el gasto público que le exige el FMI o pagar la deuda ilegal, usuraria y fraudulenta.
Y para que esto no sea un nuevo negociado sino que sirva a las necesidades populares estos planes tienen que ser controlados y gestionados por los vecinos y trabajadores, que son quienes conocen lo que hace falta y pelean por conseguirlo.
Es urgente realizarlo además en el marco de la pandemia que exige mayores cuidados en lo que refiere a la higiene personal y del hogar. Tanto la problematica del agua como el ajuste en salud, que recibió un nuevo recorte presupuestario a pedido del FMI. Un problema que sobrecarga a los ya hiperexplotados e hiperexpuestos trabajadores de la salud, y afecta contundentemente la atención de la población
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