Pocas veces se había reflejado de manera tan explícita la tensión interna del peronismo ante una situación de desborde social: por un lado tiene que dar respuesta a una demanda de seguridad, y por otra parte siente la obligación de solucionar la urgencia social sin criminalizar a quienes ocupan terrenos privados.
El Gobierno intenta un difícil equilibrio entre esas dos demandas urgentes y acaso contradictorias, y por eso al mismo tiempo que referentes del área social salieron a aclarar que no se recurriría a operativos represivos, en un acto de Olivos se realizaba el lanzamiento del nuevo plan integral de seguridad para el conurbano.
Rodeados de intendentes que reclaman intervención urgente, ante el temor de un desborde, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof formalizaron el plan que, con un presupuesto de $38.000 millones, prevé la construcción de cárceles, la incorporación de 10.000 policías y el uso de tecnología en la prevención –como las llamadas "paradas seguras"-.
El acto incluyó un discurso presidencial, con algunas frases sugestivas, que no parecieron dirigidas a los típicos "motochorros" sino más bien a la delincuencia organizada: "Si este plan tiene éxito puede ser que mis palabras a algunos lo disuadan de seguir cometiendo delitos, y puede ser que otros digan, 'yo voy a ser más vivo que el Estado'. A esos vivos les digo que vamos a ser más implacables con ellos, con el Derecho en la mano, con el Código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero implacables".
Resultó imposible no vincular la alusión de los que quieren "ser más vivos que el Estado" con la situación de tomas de terrenos que se está multiplicando en el conurbano bonaerense –y, cada vez más, en el resto del país incluyendo provincias grandes como Córdoba-, y en la que hay acusaciones de que organizaciones mafiosas con conexiones en el negocio inmobiliario, en la policía y en el propio aparato político están oficiando como instigadores.
Sobre todo porque detrás del nuevo plan estaba una figura de alto perfil como Sergio Berni, quien no sólo no escapó a la controversia sobre el tema de las tomas ilegales sino que hasta acusó directamente a dirigentes como Fernando "Chino" Navarro de ser parte de la instigación a este fenómeno.
Fisura interna y mafias al descubierto
El dilema que hoy tiene el Gobierno había sido anticipado, de alguna manera, por Eduardo Duhalde, que habló sobre un clima enrarecido, de creciente conflictividad, como una antesala de ruptura institucional.
Y en estos días complejos queda en evidencia el mayor riesgo político de Alberto Fernández: en el imaginario social argentino, el peronismo es el partido que ofrece, como su principal activo político, la gobernabilidad y capacidad de contención social, aun en los momentos de crisis. Y cuando el peronismo no pueda cumplir con esas premisas, lo que viene por delante es incierto.
En este momento, la decisión más difícil de tomar es si hay que utilizar la fuerza para desalojar a miles de familias que protagonizaron las tomas. Ya hubo voces internas que hicieron una dura advertencia al respecto.
Por ejemplo, la de Luis D’Elía, el histórico líder piquetero, quien polemizó en público con Kicillof –lo cual es casi como decir que contradijo a la mismísima Cristina Kirchner- y le recordó que son más de dos millones y medio de personas las que viven en "intrusiones ilegales".
"El kirchnerismo no puede hablar de ‘intrusos ilegales’, eso déjelo para la derecha salvaje", fue la frase de D’Elía, en respuesta a un tuit publicado por el gobernador, en el que se compromete a evitar nuevas tomas y, además, reclama "que la justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".
Un desafío al discurso de la inclusión
Al costado del predio ocupado en Guernica, la policía monta una guardia permanente, en una situación tensa. No echan a los ocupantes pero tampoco permiten nuevos ingresos, y cualquier atisbo de entrar materiales de construcción es castigado con la detención. Hubo testimonios de personas que terminaron presas por querer llevar planchas de tergopol.
Lo cierto es que la visión del extenso predio ocupado en Guernica tiene una elocuencia mayor que mil discursos y deja en claro que se trata de una situación muy difícil de revertir: una toma de miles de personas, gente que improvisó refugios y no tiene dónde ir, con abundante presencia de mujeres y niños pequeños, todo apunta a que sea impensable un desalojo violento sin que se produzca una tragedia.
En definitiva, el problema de la pobreza estructural que los sucesivos gobiernos han prometido resolver está manifestándose en toda su crudeza en un momento en que el desempleo arrecia y el "Estado presente" no logra permear en los niveles socioeconómicos más bajos.
Como manifiesta Ossona en su libro, los momentos típicos de las tomas masivas son antes de las elecciones o en momentos de crisis económica aguda. Y en este momento coinciden las dos cosas, con el agravante de una recesión inédita por causas sanitarias.
El peronismo empieza a dar señales de entender que el problema le explotó en las manos, pero no termina de encontrar la resolución al dilema. Si privilegia la "mano dura" que propugnan figuras como Berni, arriesga que la violencia se descontrole, además de provocar una ruptura con organizaciones sociales y pagar un alto costo político.
Si, en cambio, prioriza la aceptación de la emergencia social y plantea una transición hasta poder dar una respuesta al problema habitacional, corre el riesgo de generar un efecto contagio en todo el país, de que las tomas se eternicen y de crear una resistencia de la clase media asustada por la falta de defensa a la propiedad privada.
Puede haber caminos intermedios, como la expropiación de terrenos e indemnización a los propietarios, así como los programas de empleo cooperativo en el que la gente construya sus propias viviendas bajo supervisión y financiamiento estatal...
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