La inseguridad ciudadana, el principal problema del país
Autor: Noam López – Docente e Investigador de la Escuela de Gobierno de la PUCP
Foto: PuntoEdu.
La encuesta nacional realizada por el IOP-PUCP el mes de marzo de este año nos permite ubicar aquellos problemas públicos que, desde las elecciones del 2011, siguen considerándose para la opinión pública como los más importantes. La delincuencia, el desempleo y la corrupción de funcionarios se mantienen en los primeros lugares. Estos resultados, sin mayor variación de posiciones a nivel urbano y rural, o según nivel socioeconómico, nos pueden servir de insumo suficiente para elaborar una crítica a este gobierno que ya está de salida.
El problema más álgido del país es la delincuencia e inseguridad ciudadana. El 80% de la población nacional así lo considera (IOP-PUCP, 2016). Pero antes de elaborar alguna explicación al respecto habría que preguntarnos ¿qué entiende el encuestado por “inseguridad»? Inseguridad es un concepto amplio, donde el crimen es solo una parte, y donde el crimen violento es una parte inferior. No todos los crímenes tienen una misma recurrencia, y no todos acontecen de manera uniforme en nuestras regiones. Los encuestados podrían asociarlo a homicidios, pero también a estafas, algunos podrían relacionarlo con el robo agravado, y otros a algo que implique una mayor organización como la minería ilegal. Operacionalizar bien la inseguridad es por lo tanto un ejercicio importante. Al respecto, si bien no aparecen desagregados otros delitos en los resultados de la encuesta, podríamos sugerir que el delito patrimonial es el más frecuente (por otras encuestas de victimización y por la cantidad de denuncias que existen). Esto quiere decir que, cuando las personas responden que la inseguridad ciudadana es el principal problema del país, piensan en el robo y el hurto en la vía pública (o en sus domicilios) y esto se debe a que las tantas economías familiares son las más afectadas con este tipo de delitos.
Según la encuesta, 62% de la población considera que su vecindario es inseguro. Esta es una cifra alarmante pero que debemos tomarla con cuidado ya que aquí se mezcla la victimización, el riesgo de victimización y el miedo al crimen. En cuanto a victimización solo se tiene una cifra a nivel nacional (28%), la cual se acentúa en área urbana y en los niveles socioeconómicos más altos. No se tiene desagregado por vecindario. De este subconjunto, solo el 38% hizo la denuncia; es decir, solo una de cada diez personas víctimas de algún delito fue a denunciar. Este subregistro también se sigue manteniendo, y poco se ha hecho por revertir la tendencia. Se necesita acortar esta brecha y eso parte por hacer que el ciudadano valore positivamente el hecho de ir a denunciar, producto de medidas que hagan que los costos de realizar este trámite sean mucho menores a los beneficios.
Pero el tema no acaba ahí, 81% de la población considera que con denuncia o no, la policía no capturaría al culpable (IOP-PUCP, 2016). Esto nos muestra un problema mucho más grande. Tiene que ver en buena parte con la efectividad de nuestras instituciones que proveen seguridad y justicia. Según otras fuentes como LAPOP o Transparencia Internacional, estos organismos se encuentran desprestigiados por casos de corrupción o impunidad. Por tanto, sea quien gane las próximas elecciones, se necesita realizar cambios estructurales, institucionales, normativos, presupuestales, a nivel de gasto público y sobre todo, trabajar con enorme voluntad política para hacer trabajar en conjunto a todos los organismos que tienen un rol en el control y la prevención del crimen.
En ese sentido, unas de las primeras acciones que considero se deben realizar para frenar el delito patrimonial es el de la desarticulación de mercados de objetos robados con inteligencia policial, fiscalización de centros de expendio, con estrategias de disuasión público-privadas, y con campañas de educación y concientización. Si un delincuente roba, e incluso llega a quitarle la vida a su víctima, solo por quedarse con el bien, es porque el beneficio de venderlo supera su percepción de riesgo de ser detenido y judicializado. ¿Militares en las calles? ¿Chapa tu choro? ¿Pena de muerte? ¿Cárceles en las alturas? ¿Estado de emergencia? No. Esas serían medidas un tanto populistas. Lo que se tiene que hacer es desarticular la cadena de valor de los objetos robados. El Estado tiene que trabajar antes que el delito se cometa, no después. Caso contrario el crimen y el miedo al crimen seguirán teniendo los mismos niveles de ahora.
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