La Matanza, tierra de nadie: cero en Seguridad
La Tecla accedió a un informe sobre la utilización del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad enviado por la Provincia en 2016. A pesar de despotricar por la supuesta desinversión en la materia, Verónica Magario ejecutó el cero por ciento del mismo. Hay otros distritos en deuda.
Una de las primeras grandes discusiones que se dieron en la provincia de Buenos Aires en el mandato de María Eugenia Vidal tuvo como eje central al reparto de fondos hacia los distritos. Claro, desde la Comuna, los alcaldes exigían una serie de distribuciones, como una suerte de reparación, para adaptarse al endeudamiento programado por el nuevo Ejecutivo bonaerense.
En ese marco, en 2016 salieron a la cancha el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados. Tal como sus nombres lo indican, uno, destinado a la obra pública, y el otro, al combate y prevención del delito en las comunas bonaerenses.
Muchas discusiones se enmarcaron sobre cada uno de ellos, sobre todo respecto del segundo. Es que la creciente inseguridad durante el primer semestre del 2016, más el regreso de los secuestros exprés con el Conurbano como principal foco de conflicto, llevaron a más de un intendente a elevar la voz para reclamar que se profundice el fondo especial y que tenga un aumento en las cuotas al mo-mento de discutirse el Presupuesto 2017.
Sin embargo, los reclamos fueron en vano, y desde la gestión de María Eugenia Vidal se puso un freno y el fondo dejó de existir. Conforme a lo señalado desde la Gobernación, no fue necesario continuar con el plus por la inversión operativa realizada desde la estructura del Ministerio de Seguridad. Además fueron pocos los distritos que cumplieron con lo pautado y, efectivamente, utilizaron el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para el combate y la prevención del delito.
En ese marco, La Tecla tuvo acceso exclusivo a un documento que grafica cada uno de los giros que en 2016 se hicieron desde el gobierno provincial a las veinte comunas que más plata recibieron y la utilización que cada intendencia les dio.
Así, según el detallado informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, a pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense, una de las 135 comunas rompió el récord y del dinero que recibió no gastó ni un centavo. Cero pesos fue la utilización del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en La Matanza, distrito conducido por Verónica Magario.
Cristian Ritondo.
Igualmente, cabe destacar, la alcaldesa que sucedió en el poder al extitular del Partido Justicialista bonaerense, Fenando Espinoza, no es la única en deuda con el dinero enviado para la seguridad. Otros distritos, como Florencio Varela, Pilar, Berazategui, Quilmes y Merlo, erogaron menos del diez por ciento del dinero que percibieron.
En rigor, ninguno de los 20 distritos auditados completó el gasto del ciento por ciento del fondo, pero todos, excepto La Matanza, utilizaron al menos una parte. En ese marco, conforme a “la documentación puesta a disposición por las autoridades municipales, y analizadas por la Delegación Zona V - San Justo” del Tribunal de Cuentas, al distrito gobernado por Magario ingresaron cerca de 240 millones de pesos (exactamente $239.109.900) en carácter del Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados durante el ejercicio 2016.
Los ingresos se realizaron en tres períodos diferentes. El primero de ellos se formalizó el 30 de mayo y fue de $78.906.267. Más tarde, el 7 de octubre, se hizo el pago de $81.297.366. El giro de recursos finalizó el 14 de noviembre, con otro envío de $78.906.267.
Vale remarcar que el decreto firmado por María Eugenia Vidal el 21 de abril de 2016, entre sus artículos 4 y 5 establecía que las comunas, después del primer giro, recibirían el segundo y el tercero siempre y cuando acreditaran en qué invirtieron las partidas ya percibidas. Estas rendiciones debían presentarse ante los ministerios de Economía y de Seguridad, que conducen Hernán Lacunza y Cristian Ritondo, respectivamente.
El mismo decreto mandaba que ante la ausencia de la información municipal, los fondos podían quedar congelados y cortarse los envíos por parte de la Provincia. Pero esto nunca ocurrió para con
La Matanza, ya que la gestión de Magario recibió el segundo envío sin haber devengado nada del primero, y se hizo de la tercera partida sin que se gastase nada de las dos iniciales.
La decisión comunal de no ejecutar la partida destinada al combate de la inseguridad se dio, nada más y nada menos, en 2016, año en que, de acuerdo a los registros oficiales del Ministerio Público Fiscal, el distrito fue uno de los que vieron un incremento en los homicidios dolosos. En total hubo 159 homicidios dolosos consumados (HCD), lo que representó un aumento del 3,9 por ciento con respecto a 2015. De ellos, 118 fueron en la vía pública, 37 en viviendas y 4 en comercios.
A su vez, el 73 por ciento de los mismos fueron con utilización de armas de fuego. Mientras que en lo que respecta a homicidios dolosos tentados (HDT) se registró una suba del 28,1 por ciento en comparación con 2015, y representaron cerca del 10 por ciento de los ocurridos en toda la Provincia
Desde la Comuna, que al recibir el Fondo de Fortalecimiento contaba con Carlos Orsingher como secretario de Seguridad (renunció en octubre de 2017, ver cuadro aparte), no se explicó el destino que tuvieron los fondos. Cabe resaltar que no formaron parte de un plazo fijo, ya que en la documentación enviada por el Tribunal de Cuentas a la cartera de Seguridad se consigna ese detalle. Por ejemplo: el distrito conducido por Jorge Macri, Vicente López (que se ubica entre los que más ejecutaron), depositó una parte para obtener un ingreso de casi dos millones de pesos ($1.964.971,28) producto de los intereses del plazo fijo, que también reinvertiría en seguridad.
A pesar de las acusaciones cruzadas entre los estados provincial y municipal, en La Matanza, la seguridad no fue una prioridad para el doble comando Magario- Espinoza, y ninguno de los 240 millones de pesos destinados especialmente a com-batir el principal flagelo que azota a la región fue destinado al área correspondiente, para sumar herramientas en la prevención del delito. Mientras tanto, los índices ponen de ma-nifiesto el deterioro de dicha política pública en la comuna más grande de Buenos Aires. En seguridad, un cero.
¿Por qué el Tribunal de Cuentas auditó el Fondo de Seguridad?
A fines de 2017, el ministro Cristian Ritondo consideró pertinente la realización de una Auditoría Especial con el objetivo de identificar el grado de ejecución del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, que se había entregado en 2016 a los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Por ello, desde la cartera de Seguridad se contactaron con el Tribunal de Cuentas, para que audite a los veinte distritos que mayores ingresos percibieron producto del fondo que los intendentes consiguieron en la negociación del primer Presupuesto de Vidal.
En el marco legal establecido por el artículo 45 bis de la ley 10.869 (Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas) se suscribió el “Acuerdo de Colaboración Específica” entre Ritondo y el presidente del ente auditor, Eduardo Grinberg. La auditoría fue entregada a Seguridad a principios de este año.
De las defensas con spot, a los números de la realidad
Públicamente, durante 2016 y 2017, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, despotricó contra el gobierno bonaerense y habló de “discriminación” a la hora de repartir fondos para la seguridad.
En ese marco, en 2016 salieron a la cancha el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados. Tal como sus nombres lo indican, uno, destinado a la obra pública, y el otro, al combate y prevención del delito en las comunas bonaerenses.
Muchas discusiones se enmarcaron sobre cada uno de ellos, sobre todo respecto del segundo. Es que la creciente inseguridad durante el primer semestre del 2016, más el regreso de los secuestros exprés con el Conurbano como principal foco de conflicto, llevaron a más de un intendente a elevar la voz para reclamar que se profundice el fondo especial y que tenga un aumento en las cuotas al mo-mento de discutirse el Presupuesto 2017.
Sin embargo, los reclamos fueron en vano, y desde la gestión de María Eugenia Vidal se puso un freno y el fondo dejó de existir. Conforme a lo señalado desde la Gobernación, no fue necesario continuar con el plus por la inversión operativa realizada desde la estructura del Ministerio de Seguridad. Además fueron pocos los distritos que cumplieron con lo pautado y, efectivamente, utilizaron el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para el combate y la prevención del delito.
En ese marco, La Tecla tuvo acceso exclusivo a un documento que grafica cada uno de los giros que en 2016 se hicieron desde el gobierno provincial a las veinte comunas que más plata recibieron y la utilización que cada intendencia les dio.
Así, según el detallado informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, a pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense, una de las 135 comunas rompió el récord y del dinero que recibió no gastó ni un centavo. Cero pesos fue la utilización del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad en La Matanza, distrito conducido por Verónica Magario.
Cristian Ritondo.
Igualmente, cabe destacar, la alcaldesa que sucedió en el poder al extitular del Partido Justicialista bonaerense, Fenando Espinoza, no es la única en deuda con el dinero enviado para la seguridad. Otros distritos, como Florencio Varela, Pilar, Berazategui, Quilmes y Merlo, erogaron menos del diez por ciento del dinero que percibieron.
En rigor, ninguno de los 20 distritos auditados completó el gasto del ciento por ciento del fondo, pero todos, excepto La Matanza, utilizaron al menos una parte. En ese marco, conforme a “la documentación puesta a disposición por las autoridades municipales, y analizadas por la Delegación Zona V - San Justo” del Tribunal de Cuentas, al distrito gobernado por Magario ingresaron cerca de 240 millones de pesos (exactamente $239.109.900) en carácter del Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados durante el ejercicio 2016.
Los ingresos se realizaron en tres períodos diferentes. El primero de ellos se formalizó el 30 de mayo y fue de $78.906.267. Más tarde, el 7 de octubre, se hizo el pago de $81.297.366. El giro de recursos finalizó el 14 de noviembre, con otro envío de $78.906.267.
Vale remarcar que el decreto firmado por María Eugenia Vidal el 21 de abril de 2016, entre sus artículos 4 y 5 establecía que las comunas, después del primer giro, recibirían el segundo y el tercero siempre y cuando acreditaran en qué invirtieron las partidas ya percibidas. Estas rendiciones debían presentarse ante los ministerios de Economía y de Seguridad, que conducen Hernán Lacunza y Cristian Ritondo, respectivamente.
El mismo decreto mandaba que ante la ausencia de la información municipal, los fondos podían quedar congelados y cortarse los envíos por parte de la Provincia. Pero esto nunca ocurrió para con
La Matanza, ya que la gestión de Magario recibió el segundo envío sin haber devengado nada del primero, y se hizo de la tercera partida sin que se gastase nada de las dos iniciales.
La decisión comunal de no ejecutar la partida destinada al combate de la inseguridad se dio, nada más y nada menos, en 2016, año en que, de acuerdo a los registros oficiales del Ministerio Público Fiscal, el distrito fue uno de los que vieron un incremento en los homicidios dolosos. En total hubo 159 homicidios dolosos consumados (HCD), lo que representó un aumento del 3,9 por ciento con respecto a 2015. De ellos, 118 fueron en la vía pública, 37 en viviendas y 4 en comercios.
A su vez, el 73 por ciento de los mismos fueron con utilización de armas de fuego. Mientras que en lo que respecta a homicidios dolosos tentados (HDT) se registró una suba del 28,1 por ciento en comparación con 2015, y representaron cerca del 10 por ciento de los ocurridos en toda la Provincia
Desde la Comuna, que al recibir el Fondo de Fortalecimiento contaba con Carlos Orsingher como secretario de Seguridad (renunció en octubre de 2017, ver cuadro aparte), no se explicó el destino que tuvieron los fondos. Cabe resaltar que no formaron parte de un plazo fijo, ya que en la documentación enviada por el Tribunal de Cuentas a la cartera de Seguridad se consigna ese detalle. Por ejemplo: el distrito conducido por Jorge Macri, Vicente López (que se ubica entre los que más ejecutaron), depositó una parte para obtener un ingreso de casi dos millones de pesos ($1.964.971,28) producto de los intereses del plazo fijo, que también reinvertiría en seguridad.
A pesar de las acusaciones cruzadas entre los estados provincial y municipal, en La Matanza, la seguridad no fue una prioridad para el doble comando Magario- Espinoza, y ninguno de los 240 millones de pesos destinados especialmente a com-batir el principal flagelo que azota a la región fue destinado al área correspondiente, para sumar herramientas en la prevención del delito. Mientras tanto, los índices ponen de ma-nifiesto el deterioro de dicha política pública en la comuna más grande de Buenos Aires. En seguridad, un cero.
¿Por qué el Tribunal de Cuentas auditó el Fondo de Seguridad?
A fines de 2017, el ministro Cristian Ritondo consideró pertinente la realización de una Auditoría Especial con el objetivo de identificar el grado de ejecución del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, que se había entregado en 2016 a los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Por ello, desde la cartera de Seguridad se contactaron con el Tribunal de Cuentas, para que audite a los veinte distritos que mayores ingresos percibieron producto del fondo que los intendentes consiguieron en la negociación del primer Presupuesto de Vidal.
En el marco legal establecido por el artículo 45 bis de la ley 10.869 (Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas) se suscribió el “Acuerdo de Colaboración Específica” entre Ritondo y el presidente del ente auditor, Eduardo Grinberg. La auditoría fue entregada a Seguridad a principios de este año.
De las defensas con spot, a los números de la realidad
Públicamente, durante 2016 y 2017, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, despotricó contra el gobierno bonaerense y habló de “discriminación” a la hora de repartir fondos para la seguridad.
Incluso se montó una propaganda televisiva con los índices de la Comuna sobre esa supuesta discriminación y sobre la falta de policías para la cantidad de habitantes del distrito más grande de la Povincia.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene casi 3,1 millones de habitantes y la Policía de la Ciudad cuenta actualmente con 25 mil efectivos. A esto hay que sumar los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura Naval. Por lo tanto, cuenta con un policía por cada 123 habitantes. Por su parte, La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, cuenta con alrededor de 5.300 efectivos, entre los policías locales (1.783), bonaerenses (3.234) y federales (300). Es decir, cuenta con un policía por cada 401 habitantes”, señalaban desde el distrito. De esa manera, los dardos de la intendenta Magario apuntaron a Provincia y Nación para responsabilizar por la situación de inseguridad.
“Necesitamos con urgencia que el gobierno provincial y el gobierno nacional asignen los re-cursos que venimos solicitando desde el año pasado, para que podamos evitar la pérdida de vi-das y bienes de los matanceros”, agregaban.
A la vez, desde su Facebook llegó a decir: “El Gobierno no se está haciendo cargo del combate contra el delito. Necesitamos de manera urgente que el gobierno de Vidal entregue los recursos a los municipios para luchar contra el delito y el narcotráfico”.
Qué marcaba el decreto de la Provincia que le puso marco legal al fondo
El 21 de abril de 2016, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, oficializó el decreto por el cual se implementaba el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados.
En definitiva, el decreto 368/16 estableció que el dinero enviado a las comunas debía ser “destinado a planes, programas y proyectos inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes, en el marco de las políticas de seguridad provincial, priorizando la inversión en Sistemas de Cámaras de Video Vigilancia, Centros de Monitoreo, Sistemas de Comu-nicaciones y Sistema de Reconocimiento Automático de Patentes”. A la vez, entre sus ocho artículos, dejó sentado que la cartera de Seguridad era “la autoridad de aplicación en lo relativo al destino de los recursos”.
En tanto, sólo el área que depende de Cristian Ritondo y el Ministerio de Economía, conducido por Hernán Lacunza, tenían la posibilidad de cortar el envío de fondos a algún distrito ante un incumplimiento de parte de los intendentes.
El ranking opuesto: los que más gastaron del programa
En la vereda de enfrente de La Matanza, que no ejecutó un peso del beneficio, se encuentran San Isidro, Vicente López y Lomas de Zamora, en ese orden. El distrito de Gustavo Posse ejecutó el 60 por ciento de los fondos recibidos.
El terruño de Jorge Macri superó el 55 por ciento. En el tercer escalón, la seguridad lomense utilizó poco más del 50 por ciento del dinero recibido.
La respuesta desde Provincia, con chicana incluida
La simbiosis entre el gobierno bonaerense y la alcaldesa de La Matanza, nunca fue la mejor. Al contrario, junto a la relación con la Ensenada de Mario Secco, fue y es de las más tirantes de toda la Provincia. Uno de los temas centrales del debate entre las gestiones fueron los patrulleros de la Policía con la leyenda “La Matanza, Verónica Magario intendente”. La excusa de la mandataria comunal para el proselitismo móvil fue la ausencia del envío de vehículos desde la cartera de Seguridad.
Por ello, el ministro entregó cerca de unos 40 autos y casi 20 motos, y aprovechó para aleccionar a la jefa comunal. “Sé la necesidad que tiene La Matanza de tener más policías, y por eso vamos a seguir trabajando. Hemos hecho una inversión en seguridad sin precedentes para La Matanza: se transfirieron en total $239.109.900 de los fondos provinciales para invertir en la seguridad de sus vecinos”, sentenció; y dejó un mensaje por elevación para la intendenta: “La seguridad no tiene colores políticos”.
Insólito: el encargado de la Seguridad y una renuncia vinculada a los secuestros
En octubre de 2017 renunció Carlos Orsingher al frente de la Secretaría de Seguridad. El hombre en cuestión fue quien tuvo al mando el Fondo de Seguridad de 2016, que acabó sin ejecutarse.
La dimisión del entonces funcionario no fue un hecho más de la vida política de cualquier comuna, puesto que presentó su renuncia al conocerse su presunto vínculo con una banda de secuestradores conformada por efectivos de la Policía Local matancera.
La acusación fue realizada por el ciclo televisivo Periodismo para Todos, tras una investigación de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. En sí, la denuncia apuntó a seis efectivos de la fuerza comunal y un pastor, autodenominado “Pastor Justiciero”, quienes deberán afrontar el juicio oral y público al que serán sometidos.
Sin embargo, al avanzar la investigación se llegó a la Comuna, y allí apareció el nombre de Orsingher, quien tenía vínculos con los agentes y con el “pastor”. Por ello dio un paso al costado de su función pública. ¿Tendrá que explicar también qué hizo con el Fondo de Seguridad?
El reemplazante
Luego de la renuncia de Carlos Orsingher como secretario de Seguridad matancero, el cargo quedó para Claudio Horacio Adrián Lentini.
El hombre en cuestión, ahora está al frente de dos áreas. Así lo grafica el organigrama multimedia de La Matanza. Por un lado está al frente de la Secretaría Administrativa, Técnica y de Relaciones Institucionales y, por otro, al mando de la Secretaría de Protección Ciudadana.
Qué marcaba el decreto de la Provincia que le puso marco legal al fondo
El 21 de abril de 2016, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, oficializó el decreto por el cual se implementaba el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados.
En definitiva, el decreto 368/16 estableció que el dinero enviado a las comunas debía ser “destinado a planes, programas y proyectos inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes, en el marco de las políticas de seguridad provincial, priorizando la inversión en Sistemas de Cámaras de Video Vigilancia, Centros de Monitoreo, Sistemas de Comu-nicaciones y Sistema de Reconocimiento Automático de Patentes”. A la vez, entre sus ocho artículos, dejó sentado que la cartera de Seguridad era “la autoridad de aplicación en lo relativo al destino de los recursos”.
En tanto, sólo el área que depende de Cristian Ritondo y el Ministerio de Economía, conducido por Hernán Lacunza, tenían la posibilidad de cortar el envío de fondos a algún distrito ante un incumplimiento de parte de los intendentes.
El ranking opuesto: los que más gastaron del programa
En la vereda de enfrente de La Matanza, que no ejecutó un peso del beneficio, se encuentran San Isidro, Vicente López y Lomas de Zamora, en ese orden. El distrito de Gustavo Posse ejecutó el 60 por ciento de los fondos recibidos.
El terruño de Jorge Macri superó el 55 por ciento. En el tercer escalón, la seguridad lomense utilizó poco más del 50 por ciento del dinero recibido.
La respuesta desde Provincia, con chicana incluida
La simbiosis entre el gobierno bonaerense y la alcaldesa de La Matanza, nunca fue la mejor. Al contrario, junto a la relación con la Ensenada de Mario Secco, fue y es de las más tirantes de toda la Provincia. Uno de los temas centrales del debate entre las gestiones fueron los patrulleros de la Policía con la leyenda “La Matanza, Verónica Magario intendente”. La excusa de la mandataria comunal para el proselitismo móvil fue la ausencia del envío de vehículos desde la cartera de Seguridad.
Por ello, el ministro entregó cerca de unos 40 autos y casi 20 motos, y aprovechó para aleccionar a la jefa comunal. “Sé la necesidad que tiene La Matanza de tener más policías, y por eso vamos a seguir trabajando. Hemos hecho una inversión en seguridad sin precedentes para La Matanza: se transfirieron en total $239.109.900 de los fondos provinciales para invertir en la seguridad de sus vecinos”, sentenció; y dejó un mensaje por elevación para la intendenta: “La seguridad no tiene colores políticos”.
Insólito: el encargado de la Seguridad y una renuncia vinculada a los secuestros
En octubre de 2017 renunció Carlos Orsingher al frente de la Secretaría de Seguridad. El hombre en cuestión fue quien tuvo al mando el Fondo de Seguridad de 2016, que acabó sin ejecutarse.
La dimisión del entonces funcionario no fue un hecho más de la vida política de cualquier comuna, puesto que presentó su renuncia al conocerse su presunto vínculo con una banda de secuestradores conformada por efectivos de la Policía Local matancera.
La acusación fue realizada por el ciclo televisivo Periodismo para Todos, tras una investigación de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. En sí, la denuncia apuntó a seis efectivos de la fuerza comunal y un pastor, autodenominado “Pastor Justiciero”, quienes deberán afrontar el juicio oral y público al que serán sometidos.
Sin embargo, al avanzar la investigación se llegó a la Comuna, y allí apareció el nombre de Orsingher, quien tenía vínculos con los agentes y con el “pastor”. Por ello dio un paso al costado de su función pública. ¿Tendrá que explicar también qué hizo con el Fondo de Seguridad?
El reemplazante
Luego de la renuncia de Carlos Orsingher como secretario de Seguridad matancero, el cargo quedó para Claudio Horacio Adrián Lentini.
El hombre en cuestión, ahora está al frente de dos áreas. Así lo grafica el organigrama multimedia de La Matanza. Por un lado está al frente de la Secretaría Administrativa, Técnica y de Relaciones Institucionales y, por otro, al mando de la Secretaría de Protección Ciudadana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario