de eso no se habla...TABÚ ARGENTINO!!

De eso no se habla: los diez tabúes argentinos

El reciente debate trunco sobre el aborto volvió a poner sobre la mesa las dificultades que en el país existen para discutir públicamente sobre asuntos controvertidos, que quedan silenciados por una confluencia de intereses, cálculo político, estereotipos y desconocimiento

Cuando en la Argentina se habla de calidad educativa, pero no de evaluación docente; de Derechos Humanos, pero no del rol de las Fuerzas Armadas en democracia; de salud sexual, pero no de aborto; de inseguridad, pero no de una reforma en la gestión de la policía, se habla en la superficie y buena parte del debate que tendría efectos concretos queda en silencio.

Como esos temas, muchos otros tienen en el país el status de tabú: asuntos que ni oficialismos ni oposiciones se han animado en décadas a poner sobre la mesa, llenos de estereotipos, desconocimiento y corrección política, silenciados en una complicidad político-social envuelta en sentido común.

Esas discusiones demoradas, que existen con iguales o diferentes temas en otros países, tienen, sin embargo, consecuencias estructurales importantes: no discutir la coparticipación, por ejemplo, prolonga las desigualdades entre las provincias; no debatir el ingreso en la universidad deja a muchos jóvenes fuera de carrera antes de empezarla; no hablar de la separación entre Iglesia y Estado condiciona decisiones políticas; dejar fuera de debate las dimensiones poblacionales y políticas de la provincia de Buenos Aires distorsiona el mapa político y prolonga la dependencia de esa provincia del Gobierno central.

Aquí, un recorrido por diez temas que en la Argentina no pasan la prueba de la discusión informada y profunda.

1. LA DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS

A pesar de contar con el apoyo explícito de funcionarios nacionales de primera línea, ladespenalización del consumo personal de estupefacientes no logra avanzar en terreno firme. "En este punto influyen las posturas sociales ideológicamente rígidas que entienden que despenalizar equivale a otorgarles una categoría de inocuidad a las drogas, lo cual es falso: todo consumo acarrea riesgos, pero los jóvenes esperan contención y propuestas, no condenas. Un problema que debe estar en la órbita de la salud, de la cual nunca debería haber salido, requiere un abordaje social y políticas integrales e inclusivas y bien definidas", analiza Carlos Souza, presidente de la Fundación Aylen.

El actual marco legal, considera el especialista, acarrea el pesado lastre de imposibilitar el avance en temas urticantes pero urgentes, que acaban eclipsados por la errónea interpretación de quienes creen que despenalizar equivaldría a legalizar. "Despenalizar, definir cantidades para uso mínimo permitido, lugares de uso, sanciones administrativas, educativas y promoción de la salud integral esperan ser tratados, entre otras aristas. También cuestionar los consumos legales que producen aún mayor daño que las drogas: el consumo de alcohol -sus consecuencias son minimizadas por la tolerancia social-, junto con el consumo de psicofármacos."

2. EL ABORTO

Los desencuentros en torno a la temática del aborto que se produjeron a principios de mes entre el flamente ministro de Salud, Daniel Gollán; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y algunas legisladoras del oficialismo, pusieron sobre el tapete, una vez más, la enorme dificultad para promover un debate institucional sobre esta cuestión.

"Creo que el principal problema es la ausencia de un discurso claro sobre el derecho vigente y la necesidad de respetar y hacer cumplir el orden normativo, tanto por parte de los actores políticos como de la sociedad en general", asegura Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Efectivamente -y pese a que, cada vez que resurge, la discusión se centra entre quienes están a favor y quienes en contra de la legalización de esta práctica-, en la Argentina ya existen casos de aborto legal. "Son los que se conocen como «abortos no punibles» -continúa Gherardi-, o sea, que el Código Penal no los castiga. Se trata de todos los casos de violación, y aquellos donde existe peligro para la vida o la salud de la mujer. La Corte Suprema estableció en 2012 que el Código hace algo más que no castigar; se dijo que hay un derecho al aborto es esos casos, y se exhortó a la Nación, las provincias y los municipios para que esto se cumpla." De este modo, el debate ya no tendría por qué centrarse en la legalización, sino en la discusión sobre los diversos modelos regulatorios de una práctica que está permitida en ciertas circunstancias. Las consecuencias de esta situación, además de la persistencia de la clandestinidad y la falta de estadísticas sanitarias fiables, es la estigmatización de las mujeres y los profesionales de la salud aun en los casos contemplados por la ley.

3.LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES

A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de su importancia a la hora de marcar el rumbo y el destino de la educación, la evaluación del desempeño docente, vigente en numerosos países del mundo -y, más aún, la posibilidad de que sus resultados tengan impacto salarial o en la estabilidad del cargo-, adquiere en nuestro país la apariencia de un tema tabú, del que poco se habla y menos se hace.

El hecho de que, con frecuencia, se tienda a culpabilizar a los maestros por todos los males de la educación argentina no ha hecho más que complejizar su implementación. "La defensa corporativa de la docencia convirtió esta amenaza en un tabú y ambas visiones extremas se enlazan en una espiral conservadora. Tal es así que poco se discute acerca del sistema de evaluación que está legislado por los estatutos docentes y que en la mayoría de los casos es una mera formalidad. Sólo aprovechando ese modelo se podrían dar grandes pasos adelante sin cambiar ninguna normativa", coincide Axel Rivas, investigador principal de Cippec.

Las consecuencias de esta ausencia de debate saltan a la vista. "Es tiempo de salir de los tabúes conservadores que mantienen algunas polarizaciones ineficaces del discurso ideológico. Hay que hacerlo con criterios pedagógicos, no economicistas, pero que funcionen en la práctica y generen procesos institucionalizados de mejora educativa a fin de que la evaluación docente pueda ser parte de una gran conversación pedagógica sistémica, donde el objetivo sea la mejora para la justicia social, no la persecución o los incentivos económicos."

4. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN DEMOCRACIA

Todos los avances en derechos humanos que trabajosamente logró la Argentina desde 1983 no logran ocultar un debate ausente: el rol de las Fuerzas Armadas en democracia. ¿Defender la soberanía, como dicen algunos expertos? ¿O, como se ha venido haciendo en el país, dar apoyo logístico ante catástrofes naturales, construir caminos y hasta intervenir en la lucha contra el narcotráfico, algo prohibido por las leyes de seguridad interior y de defensa? "Es un tema que implica un costo político, es un costo difícil de pagar y prácticamente no tiene ningún beneficio frente a la sociedad y los votantes. Es un tema molesto que es mejor dejar mientras no ponga en riesgo la gobernabilidad", apunta Rut Diamint, profesora de la UTDT e investigadora del Conicet y una de las mayores expertas en temas de Fuerzas Armadas y seguridad de la Argentina y América latina, becaria del National Endowment for Democracy, en Washington.

Sin embargo, este silencio de oficialismos y oposiciones no sólo responde a una memoria de la dictadura que vuelve espinoso cualquier planteo. "Los políticos le tienen miedo al tema, no a las Fuerzas Armadas. Le tienen miedo a la generación de cierta inestabilidad. Pero sobre todo hay desconocimiento. No hay gente formada en el tema. Los gobiernos se han desentendido de crear un Ministerio de Defensa profesional. No hay personal capacitado estable en ese ministerio y con cada cambio de ministro han cambiado también las cúpulas, con lo cual los que se iban formando se fueron bastante rápido", comenta Diamint. "Así, los que más saben del tema siguen siendo los militares."

Esta ausencia tiene efectos concretos, que no parecen solucionarse con las inversiones en equipamiento como la que anunció esta semana la Presidenta. "Primero, es una deuda conceptual. No se puede concebir una democracia sin un efectivo control de las Fuerzas Armadas. Prácticamente no hemos discutido para qué las queremos. El Gobierno gasta en paliativos en función de urgencias, pero sin programa", dice Diamint. "No tenemos situaciones complicadas regionalmente, pero si las hubiera no sabemos si nuestras Fuerzas Armadas pueden dar respuestas, porque no sabemos qué están haciendo. En otras áreas hay prioridades. En Defensa, no."

5. LA DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La provincia de Buenos Aires carga con dos marcas quizá paradójicas: la de ser una pieza clave en la contienda electoral y, al mismo tiempo, la de su fama de territorio "ingobernable". En este sentido, un nuevo tipo de división político-administrativa podría ser beneficiosa para una provincia de gestión compleja, que ha sufrido tanto la transferencia de funciones desde el poder central como el recorte de recursos. Pero el debate hasta ahora no se ha podido instalar, presumiblemente porque ningún gobernador permitiría que dividan su territorio, con la consecuente disminución de poder e influencia...

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