¿Puede Scioli ser candidato a presidente con los niveles de inseguridad de la Provincia?
¿Puede Scioli ser candidato a presidente con los niveles de inseguridad de la Provincia? Y si pudiera, ¿tiene posibilidades de ganar? Ambas preguntas son mera especulación política de futuro, pero no por ello dejan de estar en el pensamiento del gobernador del primer Estado argentino. En verdad, el cuestionamiento sobre la inseguridad vinculado directamente al mandatario sería si ha acertado con la política llevada adelante en la materia, aunque un crítico u opositor acérrimo podría preguntar: ¿hay una política para combatir la inseguridad?
La salida del Ricardo Casal del Ministerio de Seguridad y la separación administrativa de esa cartera en Seguridad por un lado y Justicia por el otro descomprimió algunas cuestiones. Por los propios dichos del hoy titular de Justicia, se sabía que ya no quería seguir, que estaba cansado. Su figura lucía desgastada y precisamente el éxito en la gestión no lo había acompañado.
La llegada de Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad ayudó mejorar el diálogo con los intendentes y a acordar el impulso de la policía municipal, en un proyecto por el cual massistas y oficialistas se disputan la autoría ideológica y práctica.
También se atribuye a Granados una práctica que no se sabe si es buena o mala. Entabló diálogo directo con los jefes máximos y mandos medios de la policía, recostándose en sus decisiones.
Pero más allá de Granados, la pregunta vuelve: ¿hay una política integral y de Estado para combatir la inseguridad en la provincia que integre a todos los estamentos institucionales involucrados?
Hoy se sabe que, aún cuando la inflación y los problemas económicos han ascendido terriblemente en las encuestas y consultas vinculadas a los problemas que más preocupan a los bonaerenses, la inseguridad sigue siendo la número uno y se mantiene al tope desde hace años.
Por estos días también llamó la atención que uno de los principales ideólogos y referente kirchneristas, el periodista Horacio Verbitsky, dedicara todo un editorial a destruir con cifras y estadísticas lo que Scioli y Granados intentaron presentar como el primer logro de la nueva gestión, el éxito del Operativo Sol.
Con el sugestivo título “El Helado Derretido, ¿por qué Granados falsea los datos del Operativo Sol?”, Verbistsky señala que el ministro de Seguridad dijo que el Operativo Sol había reducido los índices delictivos a la mitad en la costa atlántica y confirma que estas afirmaciones son desmentidas al menos por cuatro fuentes que dependen del propio ministro: la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 (CATE), las jefaturas Departamentales de Mar del Plata y Pinamar y la Superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, que es el nombre actual de la inteligencia criminal de la policía bonaerense.
Finalmente, Verbistky abunda en cifras y detalles. La cuestión es: ¿el editorial de ese domingo 16 de febrero fue para Granados o es un llamado de atención directo al gobernador Scioli?
Los primeros días de marzo se cumplirán seis meses de gestión de Granados al frente del Ministerio y las noticias sobre inseguridad siguen inundando los diarios. Los hechos recientes en distritos como Quilmes, Morón, Moreno o La Plata son solo el reflejo de una realidad extendida y aplastante.
Nadie pone en duda las buenas intenciones de Granados, pero la pregunta que la sociedad bonaerense se hace es si hay una política contra la inseguridad. Si la hubiera, y cuando decimos así nos referimos a la suma de medidas y acciones con un discurso claro y medios materiales y efectivos necesarios, los bonaerenses tolerarían mejor situaciones conflictivas delictivas, sabiendo que hay un combate efectivo. Pero esa sensación no se percibe en la población.
Una propuesta que sobrevuela en más de un despacho oficial y opositor desde hace tiempo, según pudo saber NOVA, es la de desarrollar una política que combine los esfuerzos entre la policía provincial, las futuras policías municipales y la seguridad privada. Sin descontar los eventuales aportes de fuerzas nacionales como la Gendarmería, que en este momento se están retirando de la provincia.
Números
Para entender lo que significaría poner en línea esos esfuerzos, sólo basta revisar el gasto total en seguridad durante el 2013. La provincia de Buenos Aires, a grandes números, destinó unos 14 mil millones de pesos. Si a ello se le suma lo que actualmente gastan los municipios en dependencias de seguridad locales, todavía sin la creación de la policía municipal, la suma es de unos 600 millones de pesos.
En seguridad privada, durante el 2013, para un total aproximado de 60 mil hombres el cálculo asciende a 7500 millones, aunque debe considerarse que un 35% de esta suma corresponde a empresas y cooperativas no inscriptas ni registradas oficialmente.
La cifra total alcanza a unos 21.600 millones de pesos, cifra nada desdeñable si se lograra una política común entre los actores mencionados.
Claro que las policías municipales deberían funcionar correctamente y la seguridad privada necesitaría un marco legal óptimo del cual hoy carece, y dejar de ser la variable de ajuste por la que muchos sectores se aprovechan.
El cuadro descripto se completa con la triste conclusión de que, finalmente, los cinco mil gendarmes se retirarán, pese al anuncio de Scioli en la Asamblea Legislativa. Un sentido tiene decir que 2500 se van pero 2500 se quedan, y otro afirmar que 2500 se van pero 2500 se quedan hasta tanto sean reemplazados por policías nuevos egresados de las nuevas escuelas policiales y sin experiencia alguna.
El tiempo dirá cómo juega el tema de la inseguridad en la ya lanzada carrera de Scioli para la presidencia, soñando con ser el heredero de la década kirchnerista.
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