opina EUGENIO BURZACO

Eugenio Burzaco: “En materia de seguridad, en la Argentina se gasta poco y mal”

El ex diputado nacional por el PRO y ex titular de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco señala los principales problemas a resolver en materia de inseguridad: falta de estadísticas reales, necesidad de reasignar recursos, de mejorar la tasa de resolución de causas judiciales y de luchar contra el crimen organizado. –¿Cuáles son los focos conflictivos principales a resolver ante el problema de la inseguridad?

–Se trata de un tema muy complejo y no hay fórmulas mágicas, pero es evidente la necesidad de crear un sistema que pueda dar respuestas integrales a una crisis que alcanza todos los aspectos de la problemática. A nivel institucional, en primer término, observamos policías mal formados y mal remunerados que tienen que hacer horas extra en un shopping para llegar a fin de mes, que además son insuficientes en cantidad, sin motivaciones, con altos niveles de corrupción y en muchos casos con complicidad con el delito. A nivel judicial, también hay serias dificultades: una tasa bajísima de resolución de causas, de las peores de la región, con lo cual la probabilidad de que alguien sea encontrado culpable y cumpla una condena es mínima. Y en cuanto al sistema penitenciario, está claro que no cumple bien sus funciones; por eso es muy paradigmática la cuestión de las salidas tempranas y acortamientos exorbitantes de condenas, que hacen que el sistema se transforme en una puerta giratoria. Además la sociedad recibe un mensaje de impunidad, pierde confianza en el sistema y no denuncia; la tasa de denuncias en las grandes ciudades está entre el 20 y 25% del total de los delitos. La consecuencia es una cifra negra muy grande de los delitos no reportados.

–Difícilmente se pueden delinear políticas adecuadas sin conocer el mapa del delito…

–No es casualidad que la falta de datos es el segundo gran problema de nuestro sistema de seguridad, anticuado, fundamentalmente reactivo: corre detrás de los hechos. En el mundo, en los últimos veinte años, la seguridad se orienta a sistemas preventivos y proactivos: entender la dinámica del delito, delimitar las zonas calientes y actuar preventivamente con vigilancia, policías de civil, cuerpos de investigación. En la Argentina nos cuesta mucho impulsar esa perspectiva.

–¿La municipalización de la seguridad puede ser una estrategia positiva?

–No es la panacea, pero puede ayudar a revertir un esquema que tiene incentivos incorrectos, sobre todo en un distrito como la provincia de Buenos Aires. Hay una generación de intendentes que quieren hacer las cosas mejor, están más cerca de la realidad de la gente y tienen más herramientas para cumplir con la función primaria de la seguridad, que es la prevención. Pero obviamente se requieren recursos y prioridades, que es la tercera pata del problema: la clase política en general no ha tomado verdadera conciencia de la dimensión del problema.

–¿En qué se evidencia?

–Cuando uno tiene un problema en su casa le da prioridad para solucionarlo con respecto a lo que es secundario; en la Argentina, desde hace dos décadas, la seguridad es el problema número uno, dos o tres en cualquier encuesta; pero los presupuestos públicos de seguridad ranquean siempre en el quinto lugar con suerte dentro de las prioridades. Por supuesto no es un fenómeno multidimensional: no se trata sólo de incorporar más policías sino de educar mejor, combatir las adicciones… Pero en políticas sociales hay que utilizar mucho más el “y” que el “o”: no uno o lo otro, sino uno y lo otro. En la Argentina se gasta poco y mal.

–¿Por ejemplo?

–El Servicio Penitenciario Federal destina casi 20 mil pesos por mes por recluso. Si bien se trata de un sistema costoso en cualquier lugar del mundo, se sabe que los esfuerzos tienen que estar puestos en la prevención. Y en cuanto a la resocialización, la posibilidad de que alguien que haya pasado por la cárcel se recupere no es alta: hay que tener cárceles dignas, porque alojarlos en comisarías tampoco es la solución.

–¿Cuánto afecta el avance del narcotráfico?

–El crimen organizado en su conjunto es el cuarto gran aspecto del problema y se habla poco y mal del tema. La Argentina es un país de producción de cocaína en su última etapa, por eso hay laboratorios y paco, y por eso hay peleas por el control de territorio. Las Naciones Unidas maneja datos muy duros que el Gobierno nacional niega pero que son consistentes: casi el 3% de la población consume cocaína regularmente y más del 8% consume marihuana, lo cual nos ubica en las peores ratios de la región. Esta realidad representa un mercado de consumo muy grande que ha generado un cambio en todo el circuito del negocio: las bandas se han instalado, se disputan el territorio, con márgenes y formas mucho más violentas como el sicariato por temas relacionados con el narcotráfico, como sucedió en Unicenter años atrás. Son indicadores de un mar de fondo que estamos experimentando, que si bien no llega a la situación de Brasil, Venezuela o Colombia, es una tendencia negativa que se orienta hacia una situación endémica, y luego requerirá un esfuerzo mucho más amplio.

–¿Y la mala imagen de las fuerzas de seguridad?

–Las fuerzas han perdido el respeto social, la aceptación, y a veces con razón, porque han cometido excesos o por problemas de corrupción sistemáticos, pero sin fuerzas de seguridad es imposible resolver el problema, por eso hay que revertir el escenario hacia una policía bien conceptuada, mejor remunerada, que tenga un espacio en la sociedad, que es lo que intentamos hacer con la Policía Metropolitana. Es importante que la gente vuelva a recuperar la confianza en quienes tienen que defenderlos.

–¿Han crecido los recursos en la materia?

–Son magros en términos porcentuales, no superan el 7 u 8% del presupuesto promedio en el país, que es menos de la mitad de lo que se gasta en el mundo. Tener buena seguridad no es barato. En la provincia de Buenos Aires hay 52 mil policías bonaerenses y 14 millones de personas, es una ecuación imposible y no hay personal en la calle en proporción razonable, cuando la media internacional es cinco policías por cada mil habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones, tenemos 3 mil policías, y deberíamos tener 15 mil (aunque es una cifra fallida porque durante el día circulan casi 6 millones).

–¿Cuál es su balance de estos primeros años de la Policía Metropolitana?

–Positivo, aunque quisiéramos ya tener a los 15 mil policías necesarios para cubrir toda la ciudad. Se trata de un plan a diez años, que es el plazo que también requirieron ciudades como Madrid y Barcelona, Washington y Berlín para actualizarse.

–¿Cómo se trabaja en las villas?

–Queremos recuperar la presencia del Estado en todo el territorio, pero uno de los problemas en las grandes e intermedias ciudades de la Argentina es lo que los especialistas llaman el proceso de favelización: el Estado pierde el control del territorio y las bandas del crimen organizado cumplen roles que normalmente corresponderían al Estado, de socialización, de control, incluso de seguridad. No tiene que ver con la capacidad de entrar y salir, que es algo que puede hacerse habitualmente, sino estar permanentemente como Estado, con luz, gas, escuelas. Son espacios que tienen que urbanizarse, entregando títulos de propiedad a pagar en varias décadas, porque tienen derecho a vivir dignamente.

–¿Es necesario reformar el Código Penal?

–Creo que lo han toqueteado tanto que tiene algunos problemas, pero soy de los que creen que más que reformarlo, hay que aplicarlo. El Código Procesal es demasiado engorroso y legalista, tanto que no sólo dificulta el accionar policial sino el de los fiscales, pero desde el punto de vista de las políticas públicas, no es el centro del problema. Por ejemplo, si tenemos más del 90% del espacio aéreo del país sin radarizar y Brasil tiene todo el espacio aéreo radarizado, si nuestros controles fronterizos son muy permeables, si seguimos sacando el personal de allí para trasladarlo a las ciudades, los resultados están a la vista. Creo que este Gobierno no ha mostrado voluntad de reformular el tema.

–¿La recuperación de adictos también es una asignatura pendiente?

–Tenemos una sociedad que ha generado un discurso pro-consumo y, al bajar el nivel de advertencia del riesgo, los chicos no tienen conciencia real de las consecuencias para su vida, la de sus seres queridos y su futuro; además de que muchos tienen que delinquir para satisfacer su adicción. Muchos chicos salen a robar y las chicas se prostituyen para consumir unos 800 pesos de paco por día. En algo estamos fallando como sociedad.

–¿Cuál es su perspectiva política?

-Estoy trabajando en el armado nacional del PRO. El año que viene tenemos una elección muy importante, donde se van a definir espacios alternativos, con lo cual tenemos que estar preparados. A nivel personal, tengo una consultora en seguridad, pero como muchos de los que tenemos vocación pública, sobre todo cuando uno se mete en estos temas que conmueven, quiero cambiar la realidad. Creo que en muchos de los debates de fondo se pierde la perspectiva humana y cristiana. Por ejemplo, en torno al proyecto de despenalización del consumo de drogas creo que se pierde la perspectiva del daño que se hace a la sociedad y a las generaciones futuras. Hay una lógica de liberalidad que encierra el no hacerse cargo de los problemas del prójimo. En la política en general se ha perdido el centro, la dimensión humana que debe estar presente detrás de las peleas por el poder. En algún momento esta dimensión de la vida se va a recuperar, porque es inherente a la condición humana y al servicio que es el sentido último de la política. Si nos preguntáramos esto, parte de las cosas que discutimos no serían un problema.

–¿Qué espacio ocupan el fútbol y los barras bravas?

–El Estado ha permitido que grupos armados y violentos manejen un montón de cosas, como la compra de jugadores, la seguridad en las canchas, la venta ambulante. En la medida en que no se reconozca esa realidad, que tiene ramificaciones en la política, no se van a tomar medidas eficientes, como la identificación de los líderes, entre otras. El fenómeno sociocultural y el atractivo de los hinchas puede ser muy interesante, pero el ejercicio de la extorsión y la violencia ante la evidente indiferencia del Estado no tiene justificación.