La inseguridad tiene solución (#9); síntesis de propuestas y conclusión
La situación actual de inseguridad y violencia delictual es el resultado del proceso de deterioro del servicio de seguridad y de una crítica situación social, transversal a los distintos gobiernos.
En este último documento de la serie “la inseguridad tiene solución” se expone la síntesis de las propuestas desarrolladas y la conclusión, para hacer “lío” como pide el papa Francisco pero en su acepción de unir los aportes realizados.
Reformular el presupuesto policial: Dos décadas atrás se asignaba a la Policía alrededor de un 8% del presupuesto general. Pero la seguridad pública fue perdiendo porcentajes de participación relativa en el presupuesto. La Cámara de Diputados terminó aprobando sobre el cierre del año pasado las cifras que el poder ejecutivo presupuestó para la jurisdicción 21 policía provincial: 865 millones de pesos para 2014, que representa el 4,57% sobre el total de erogaciones previsto en el proyecto de presupuesto general de 18.923 millones de pesos. Es necesario un mayor presupuesto en seguridad pública, para atender prioritariamente a los recursos humanos de la Policía, sin descuidar el equipamiento y la tecnología que son elementos muy necesarios pero absolutamente insuficientes. No se trata de promover el dispendio de recursos públicos, sino de invertir fondos en forma inteligente sobre la base de proyectos evaluados. La propuesta consiste en reformular el presupuesto policial, con la meta de devolver el 8% de participación relativa, más un refuerzo de un 2% para alcanzar el 10% de participación en el presupuesto provincial en el término de 5 años. Lamentablemente en el presupuesto 2014 se perdió un año más para comenzar la recuperación de recursos para la seguridad pública.
Policía al servicio de la comunidad: Hay territorios donde los problemas de criminalidad y violencia se concentran, por ejemplo el microcentro de Resistencia, donde generalmente se afectan la mayor cantidad recursos para la seguridad preventiva. Pero en otros espacios las intervenciones son mínimas y esporádicas: barrios alejados del centro en ciudades, algunas localidades o zonas suburbanas y rurales sufren desprotección y ausencia de la vigilancia policial. Como contracara, se observa un dispendio de recursos humanos y materiales para proteger edificios públicos y neutralizar piquetes. La desprotección es el mayor costo social de este tipo de medidas. Se desafectan recursos policiales del servicio de seguridad preventiva en la población para cubrir objetivos fijos. Esto confirma que la policía está más al servicio de los gobiernos de turno, y no de la comunidad. Las máximas prioridades de la policía son la actividad de auxiliar de la justicia, y, el control de la protesta social y el “policiamiento” de edificios públicos. El colectivo social termina pagando los costos, porque no tiene un patrón definido de representación frente a la puja por el uso de recursos de los poderes ejecutivo y judicial. Los ciudadanos organizadamente tenemos que exigir que la Policía vuelva a estar al servicio de la comunidad.
Respetar los derechos de los trabajadores policiales y penitenciarios: No respetar los derechos del personal policial ha sido una constante en las últimas dos décadas. La comunidad reclama, con justa razón, que el servicio de seguridad pública responda a las demandas de protección y seguridad preventiva. Pero al mismo tiempo no se puede exigir eficacia y eficiencia al policía bajo condiciones de precarización laboral, con salarios de pobreza e indigencia. Es una deuda de la dirigencia en general debatir sobre las condiciones laborales y la política salarial del personal policial y penitenciario, incluyendo el derecho a la sindicalización. Sin embargo se elude tratarlos en el marco de las políticas públicas de seguridad. Parte de la solución de la inseguridad también pasa por el respeto de los derechos del personal de seguridad.
Programas de fortalecimiento del sistema penal: Se requiere de un mayor presupuesto también para dotar de nuevas estructuras a la policía judicial, como la creación de los cuerpos de investigaciones judiciales, de detectives y de sumariantes judiciales, que junto a centros de recepción de denuncias y al cuerpo forense en funcionamiento -Gabinete Científico e Instituto de Medicina y Ciencias Forenses- mejorarán el esquema operativo de la policía judicial chaqueña. De esta forma se podría desafectar a la policía administrativa de la función judicial y se liberarían recursos para dedicarlos exclusivamente a la seguridad preventiva. El patronato de liberados (ley 1064/71) tiene un rol significativo en el seguimiento de cargas y obligaciones impuestas judicialmente a las personas liberadas de las cárceles, procurando su integración e inclusión familiar, laboral y social, sobre todo de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo que contribuye a la seguridad pública mediante la prevención y la disminución de la criminalidad y la reincidencia. Es también muy importante modernizar y reforzar su funcionamiento.
Programas de prevención primaria del delito: La prevención social actúa para contener factores de riesgo o promover factores de protección que eviten la delincuencia y la violencia, por ejemplo a través de programas de prevención de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, de protección de los derechos de los niños, de promoción del empleo o primer empleo, y la generación de oportunidades para los jóvenes. Para el desarrollo de estos programas se requiere diseñarlos, aprobarlos y dotarlos del correspondiente presupuesto. Las políticas públicas de seguridad implementadas en el Chaco carecen de un enfoque de estas características, cuando nuestra provincia, desde un punto de vista social, se caracteriza por un marcado aumento de la desigualdad social, deterioro de las condiciones de vida, desarrollo de nuevas formas de inseguridad derivadas de una criminalidad emergente y cada vez más compleja. Experiencias exitosas en otras latitudes se basan en la necesidad de asumir perspectivas más integrales que combinen prevención primaria y secundaria, y políticas de control y reducción de la demanda en la lucha contra el delito. Es importante lograr soluciones de largo plazo a través de la prevención social que reduzca efectivamente los niveles de inseguridad y violencia delictual.
Optimización de la tasa de policías: Determinar el tamaño ideal de la Policía, y abstraer con precisión el número de policías que se dedican a la seguridad preventiva, no son tareas fáciles. Los aumentos en la cantidad de policías con relación al nivel de delitos son más o menos consistentes: a más policías, menos delitos (función inversa). El delito cero no existe porque si se aumentan cada vez más la cantidad de policías se llega un punto donde el costo de tener más policías, tanto en términos presupuestarios como de libertades públicas, es mayor al beneficio obtenido por una reducción del delito, y también porque hay delitos imposibles de prevenir. La tasa de policías es un indicador que mide la relación entre el número de policías y el número de habitantes, en tanto por mil. La relación técnica óptima para una Policía dedicada a la seguridad preventiva exclusivamente, sería una tasa de policías cercana al 6 por mil. El Chaco está bastante lejos de una relación técnica aceptable: aproximadamente 5,4 policías por cada 1.000 habitantes. Teniendo en cuenta que la Policía cumple múltiples funciones: seguridad preventiva y seguridad compleja, función judicial, custodia de detenidos en unidades policiales, bomberos, control del tránsito y seguridad vial, trámites administrativos de atención al ciudadano, notificaciones varias y otros servicios, la tasa ajustada no debería entonces ser inferior al 8 por mil aproximadamente. Para llegar a esto se requiere de un mayor presupuesto en la finalidad seguridad pública. Pero no es un tema exclusivamente cuantitativo. Son muy importantes la calidad y la eficiencia del recurso humano, desde la selección y formación de los cuadros, la capacitación permanente en servicio, el entrenamiento en destrezas y uso del equipamiento policial.
Algunas de estas propuestas pueden servir como disparadores para el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad, con el fin de luchar contra la inseguridad y la violencia delictual. Estamos frente a un problema global, sistémico y complejo, muy poco estudiado, donde existen escasos aportes del mundo académico. Hay muy pocos especialistas dispuestos a tratar el tema con rigor científico y técnico desde una perspectiva dogmática, y también con cierto pragmatismo fundado en la vivencia empírica.
Los gobiernos delegaron y se desentendieron por mucho tiempo de la seguridad pública en nuestro país, dejándola en manos de las organizaciones policiales. No existe ni existió autogobierno policial como se señala desde algunos sectores, sino un desgobierno de la cuestión criminal, porque la inseguridad no era un problema crítico hasta hace una o dos décadas atrás. Se necesita mucho estudio y trabajo, además de la asignación de recursos suficientes para llegar a las soluciones que sin dudas existen.
Livio T. Fernández
Contador Público
Policías Autoconvocados
Vecinos Autoconvocados
liviofernandez@arnet.com.ar
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