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viernes, 27 de septiembre de 2013
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todos pagamos el precio por la INSEGURIDAD!!
Faltan políticas
Todos estamos pagando la inseguridad
Durante los últimos diez años crecieron exponencialmente el tráfico y el consumo de drogas y la indefensión ciudadana ante el delito; la gravedad de la crisis obliga a convocar a un amplio consenso democrático para enfrentarla
Si hay algo que caracterizó a las políticas de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue su incoherencia y la ausencia de resultados. Así pasamos del proclamado garantismo de Arslanian al pragmatismo duro -por llamarlo de alguna manera- de Granados.
El Gobierno no le va a la zaga: Aníbal Fernández, del corazón del pejotismo de Quilmes, le entregó el testimonio a Nilda Garré. Su discurso progresista, militante e ineficaz en la práctica, soportó la intervención del teniente coronel médico Sergio Berni, quien continúa a cargo de la Seguridad con iguales fracasos, bajo la complaciente mirada del ministro Puricelli. De la "sensación de inseguridad" de Aníbal Fernández, pasamos al reconocimiento de su existencia por parte del teniente coronel Berni.
En lo operativo, el Gobierno daña a las instituciones responsables de imponer la ley, que son las policías y las fuerzas de seguridad. Anarquía en las remuneraciones, arbitrariedad en los ascensos y destinos, purgas sucesivas y cambios abruptos en el funcionamiento de los diferentes elementos, son una realidad de diez años que tiene efectos negativos evidentes y mal pronóstico.
La Gendarmería Nacional ha prestado abnegados servicios a la Nación desde 1938. En 2002, un destacamento antidisturbios de unos 200 hombres quedó cercado por aproximadamente 10.000 pobladores que protestaban en Tartagal y General San Martín, Salta. Hubo francotiradores y 22 gendarmes heridos de bala. En respuesta, sólo hubo un francotirador herido y capturado. No hay antecedentes de un contingente militar o policial que reciba semejante ataque sin responder con una represalia sangrienta. ¿Qué hubiera pasado, cuántas víctimas hubiéramos contabilizado, si en lugar de una fuerza profesional y disciplinada, hubieran estado allí efectivos de una unidad militar o policial sin una formación adecuada, que sólo se logra con años de entrenamiento?...
jueves, 26 de septiembre de 2013
Sólo la mitad de la policía bonaerense combate la inseguridad
Sólo la mitad de la policía bonaerense combate la inseguridad
LA PLATA.- El gobierno de Daniel Scioliadmitió ayer, en plena campaña electoral, que hay sólo 32.000 policías operativos en la provincia de Buenos Aires, en un plantel que asciende a 58.000 agentes, por lo que sólo el 56% está destinado a combatir el delito y garantizar la seguridad.
El reconocimiento fue hecho por el propio ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que presidió la reunión del Consejo Provincial de Seguridad. Dijo que unos 26.000 policías no tienen tareas operativas, a pesar del crecimiento de la inseguridad, y que el presupuesto del área se encuentra subejecutado.
La admisión del gobierno bonaerense se da en momentos en que la inseguridad se metió de lleno en la campaña por la propuesta del candidato kirchnerista Martín Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad de los menores y de las agresiones en La Matanza al intendente de Tigre y candidato del Frente Renovador, Sergio Massa.
En la reunión del Consejo estaban presentes el vicegobernador Gabriel Mariotto y 17 legisladores oficialistas y opositores; sin embargo, no participó el ministro de Justicia, Ricardo Casal, a cuyo cargo estaba también el área de Seguridad hasta la llegada de Granados.
La ausencia de Casal, que nunca había revelado la cantidad de policías que no están asignados a tareas operativas, causó irritación entre algunos legisladores y hasta mereció un comentario crítico del presidente de la Cámara de Diputados provincial, el sciolista Horacio González, ya que se supone que el ministro de Justicia debe participar de los cónclaves del Consejo de Seguridad.
Granados insistió en que la provincia necesitaría un plantel de unos 100.000 policías, y dijo que de los 58.000 efectivos que tiene la policía bonaerense, unos 8000 se encuentran con licencia médica.
Los números del ministro Granados sobre la cantidad de agentes que están destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires generaron sorpresa e inquietud, tras la reunión del Consejo de Seguridad.
¿De dónde saldrán los casi 70.000 hombres que, según el ministro, constituyen el déficit de recurso humano de la provincia para la seguridad? Granados detalló algunas posibilidades con distintos grados de certeza.
Unos 15.000 se incorporarían entre este año y 2015 como nuevos integrantes de la policía bonaerense (5000 egresados por año); otros miles saldrían de la reincorporación de uniformados bajo licencia y de la reasignación de algunos que cumplen tareas administrativas; otros podrían ser policías retirados sumados a servicios de custodia.
También se espera la llegada de "no menos de 300 hombres provenientes de los municipios, o sea, 10.000 agentes más", anticipó González, dando por hecho que se crearán policías municipales entre este año y el próximo.
Pero no alcanza. Scioli necesitará apoyarse aun más en el gobierno nacional para suplir el déficit mencionado por su ministro: tiene que conseguir que el aporte temporal de efectivos de la Prefectura y la Gendarmería se convierta en permanente.
"Lo que pretendemos es que estas fuerzas federales queden en la provincia de Buenos Aires. Así lo manifestó el ministro. Él pretende que el trabajo sea permanente y no solamente por 90 días.Trabajará con el gobernador para que la Presidenta también lo entienda así", dijo el diputado sciolista y ex viceministro de Seguridad Guido Lorenzino.
Granados reveló que el presupuesto provincial para el área de seguridad está subejecutado, aunque pospuso para la próxima reunión el informe preciso sobre los recursos que faltan utilizar. El senador Ricardo Vázquez, del Frente Amplio Progresista (FAP), y su par Jorge D'Onofrio, del Frente Renovador, dijeron que el ministro reconoció que de los $ 553 millones presupuestados sólo se ha ejecutado cerca del 10 por ciento.
El gobierno también amagó con ceder en otro punto: accedió a tratar "lo antes posible" los proyectos para crear policías municipales en la provincia (uno de ellos impulsado por el propio Scioli), incluso antes de las elecciones de octubre, como lo pedía el Frente Renovador.
Hasta ahora, legisladores oficialistas criticaban por lo bajo el "apuro" del massismo por debatir esos proyectos, que de todas maneras requieren largos plazos de implementación (ver aparte). Pero el propio González afirmó ayer, luego de la reunión, que "la idea" es tratar esas iniciativas "lo más rápido posible" y votarlo, "si se puede, antes de las elecciones".
http://www.lanacion.com.ar/1623063-solo-la-mitad-de-la-policia-bonaerense-combate-la-inseguridad
miércoles, 25 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
agresiones y VIOLENCIA EN LA CARAVANA DE MASSA!!!
Violenta agresión a LA caravana de Massa en LA MATANZA
Las piedras y ladrillos llegaron después, cuando, desde el lado opuesto, una casucha hasta entonces tan humilde como inofensiva comenzó a vomitar más agresores. Algunos llevaban armas de fuego a la vista. La caravana política había caído en una emboscada. En realidad, en tres. En cuestión de segundos, personal de custodia de la marcha repelió los ataques, y el camión con los candidatos (en el que viajaba LA NACION) quedó en medio de un torbellino de corridas y trompadas. "¡Arrancá, dale, rajá!", le gritaban al conductor. La casucha seguía pariendo agresores. Un motociclista cayó aparatosamente debajo de una Trafic. Alguien gritó una amenaza: "¡Acá no entra ningún tigre, guacho! ¡La Matanza es de Cristina!". El camión, por fin, aceleró.
La caravana proselitista que el intendente de Tigre y ganador de las primarias de agosto en la provincia de Buenos Aires encabezó ayer por las calles de La Matanza, distrito gobernado por el kirchnerista Fernando Espinoza, tuvo así un final manchado por la violencia. El saldo de los tres ataques, cada uno más violento que el anterior, fue de por lo menos tres heridos, con cortes por golpes de piedras y varillas de hierro.
TODO FUE UNA VERGUENZA....Y ES UNA VERGUENZA EN EL DISTRITO MATANCERO...
domingo, 22 de septiembre de 2013
MEDIDAS DE FONDO E ELECTORALES??
Inseguridad: ¿Medidas de fondo o electorales?
Todos aquellos que desde hace años nos ocupamos de sus consecuencias, tenemos un concepto de la inseguridad.
Ya se ha reconocido que no se trata de un dato emocional. Tampoco es un objetivo a combatir. Estamos ante un verdadero problema a resolver y que, como tal, exige una política de Estado dirigida a conjurarlo.
Así entendida, la inseguridad aparece como una “situación generada por la inexistencia o el fracaso de políticas de Estado tendientes a impedir que se altere el orden público”.
Desde luego que la inclusión cultural, económica y social, comportan los únicos objetivos de fondo eficaces. No obstante, a esos efectos se debe actuar sin la mezquina intención de que ello se convierta en un logro político- partidario incompatible con la coherente continuidad indispensable para que aquel pueda alcanzarse. La dificultad radica en que no será corto el plazo que demandará revertir esta cuestión y recoger sus frutos.
Su estimación la dejo librada a la esperanzada imaginación del lector.
Recurrente uso de medidas coyunturales
En el mientras tanto, he visto la recurrente adopción de medidas ineficaces por coyunturales.
Se han tenido en cuenta –entre otros circunstanciales motivos- el mayor o menor hacinamiento carcelario o la reacción de la opinión pública conmovida por la trascendencia mediática de la perpetración de un hecho delictivo.
En nuestra provincia un reciente resultado electoral motivó la separación del ministerio de Seguridad y el nombramiento de su nuevo titular que propone, como solución, duplicar el número de efectivos policiales al margen de los gendarmes llegados por la decisión del poder central.
Está clara la finalidad preventora que se persigue a través de la remanida “presencia policial”. No obstante, a poco que el lector profundice el análisis del tema advertirá que la intimidación que se pretende provocar al delincuente radica en definitiva en que, en el supuesto de ser sorprendido, habrá de ser encarcelado.
Procesos interminables y penas que no se cumplen
Pero ocurre que éste sabe que, para ello, debe ser sometido a un proceso interminable y que, durante su substanciación, puede obtener de múltiples formas ser puesto en libertad.
Sabe además que la condena, en el peor de los casos, habrá de serle impuesta después de mucho tiempo y que su encierro efectivo nunca va a ser el que la justicia formalmente determine.
Por eso es que tampoco le preocupa que la pena sea más severa, como algunos ingenuos lo proponen sin terminar de comprender que más “grave” es una pena corta y rápida que una alta pero tardía.
A partir del año 1998, el abolicionismo hizo que los procesos penales duraran tanto o más que antes, lo que provocó la imperiosa necesidad de establecer, de un lado, múltiples institutos excarcelatorios y, de otro, la implementación de la suspensión de los juicios -a condición de que el imputado cumpla con irrisorios requisitos- y de los debates abreviados - en el que los defensores y fiscales pactan una pena que debe complacerle al acusado sin que la víctima pueda ni chistar. Mario Vitette Sellanes es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo.
A esta altura el lector habrá de preguntarse qué sentido tiene entonces distribuir tantos policías en la calle si es que, en definitiva, la extremada duración de los procesos provoca que los detenidos sean permanentemente liberados.
Cambios necesarios en el proceso judicial
Sin olvidar lo que dije al comenzar, una buena política criminal en el ámbito provincial podría ser la de acortar la duración de los procesos, para que la amenaza de castigo sea realmente tenida en cuenta por aquellos que quieran dedicarse a delinquir.
Por otro lado, se posibilitaría la disminución de procesados que hoy, por su pertinaz reincidencia, permanecen alojados en los establecimientos carcelarios pese a la benignidad de la ley.
Para esto el legislador debería admitir que la reforma procesal no ha tenido los efectos esperados.
Evitando la bicefalización jurisdiccional que provoca el engorro de que el fiscal investigue y no resuelva, para arribar a una condena firme, e implementando una real descentralización -hoy circunscripta a las partes del proceso-, podríamos contar con juicios cortos; con penas que -aun sin ser tan altas- comporten verdaderas amenazas para los delincuentes y con una población carcelaria cuya cantidad posibilite las tareas de resocialización.
Eliminaríamos la recirculación del delincuente, por lo que no habría tantos al acecho.
Entonces sí, que se ponga en la calle toda la policía que se quiera que seguramente habrá de ser menos de lo que hoy se piensa.
De lo contrario, seguiremos regando con la manguera pinchada.