MEDIDAS DE FONDO E ELECTORALES??

Inseguridad: ¿Medidas de fondo o electorales?

Todos aquellos que desde hace años nos ocupamos de sus consecuencias, tenemos un concepto de la inseguridad.
Ya se ha reconocido que no se trata de un dato emocional. Tampoco es un objetivo a combatir. Estamos ante un verdadero problema a resolver y que, como tal, exige una política de Estado dirigida a conjurarlo.
Así entendida, la inseguridad aparece como una “situación generada por la inexistencia o el fracaso de políticas de Estado tendientes a impedir que se altere el orden público”.
Desde luego que la inclusión cultural, económica y social, comportan los únicos objetivos de fondo eficaces. No obstante, a esos efectos se debe actuar sin la mezquina intención de que ello se convierta en un logro político- partidario incompatible con la coherente continuidad indispensable para que aquel pueda alcanzarse. La dificultad radica en que no será corto el plazo que demandará revertir esta cuestión y recoger sus frutos. 
Su estimación la dejo librada a la esperanzada imaginación del lector.

Recurrente uso de medidas coyunturales

En el mientras tanto, he visto la recurrente adopción de medidas ineficaces por coyunturales.
Se han tenido en cuenta –entre otros circunstanciales motivos- el mayor o menor hacinamiento carcelario o la reacción de la opinión pública conmovida por la trascendencia mediática de la perpetración de un hecho delictivo.
En nuestra provincia un reciente resultado electoral motivó la separación del ministerio de Seguridad y el nombramiento de su nuevo titular que propone, como solución, duplicar el número de efectivos policiales al margen de los gendarmes llegados por la decisión del poder central.
Está clara la finalidad preventora que se persigue a través de la remanida “presencia policial”. No obstante, a poco que el lector profundice el análisis del tema advertirá que la intimidación que se pretende provocar al delincuente radica en definitiva en que, en el supuesto de ser sorprendido, habrá de ser encarcelado.

Procesos interminables y penas que no se cumplen

Pero ocurre que éste sabe que, para ello, debe ser sometido a un proceso interminable y que, durante su substanciación, puede obtener de múltiples formas ser puesto en libertad.
Sabe además que la condena, en el peor de los casos, habrá de serle impuesta después de mucho tiempo y que su encierro efectivo nunca va a ser el que la justicia formalmente determine.
Por eso es que tampoco le preocupa que la pena sea más severa, como algunos ingenuos lo proponen sin terminar de comprender que más “grave” es una pena corta y rápida que una alta pero tardía.
A partir del año 1998, el abolicionismo hizo que los procesos penales duraran tanto o más que antes, lo que provocó la imperiosa necesidad de establecer, de un lado, múltiples institutos excarcelatorios y, de otro, la implementación de la suspensión de los juicios -a condición de que el imputado cumpla con irrisorios requisitos- y de los debates abreviados - en el que los defensores y fiscales pactan una pena que debe complacerle al acusado sin que la víctima pueda ni chistar. Mario Vitette Sellanes es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo.
A esta altura el lector habrá de preguntarse qué sentido tiene entonces distribuir tantos policías en la calle si es que, en definitiva, la extremada duración de los procesos provoca que los detenidos sean permanentemente liberados.

Cambios necesarios en el proceso judicial


Sin olvidar lo que dije al comenzar, una buena política criminal en el ámbito provincial podría ser la de acortar la duración de los procesos, para que la amenaza de castigo sea realmente tenida en cuenta por aquellos que quieran dedicarse a delinquir.
Por otro lado, se posibilitaría la disminución de procesados que hoy, por su pertinaz reincidencia, permanecen alojados en los establecimientos carcelarios pese a la benignidad de la ley.
Para esto el legislador debería admitir que la reforma procesal no ha tenido los efectos esperados.
Evitando la bicefalización jurisdiccional que provoca el engorro de que el fiscal investigue y no resuelva, para arribar a una condena firme, e implementando una real descentralización -hoy circunscripta a las partes del proceso-, podríamos contar con juicios cortos; con penas que -aun sin ser tan altas- comporten verdaderas amenazas para los delincuentes y con una población carcelaria cuya cantidad posibilite las tareas de resocialización.
Eliminaríamos la recirculación del delincuente, por lo que no habría tantos al acecho.
Entonces sí, que se ponga en la calle toda la policía que se quiera que seguramente habrá de ser menos de lo que hoy se piensa.
De lo contrario, seguiremos regando con la manguera pinchada.