La inseguridad tiene solución (#4)
La necesidad social de mayor seguridad pública se relaciona con la situación de altas tasas de criminalidad en general. Existe una fuerte demanda ligada a una creciente inseguridad subjetiva y objetiva en los últimos años, y como contracara las intervenciones se centran en la actuación de la policía y no en la prevención social y primaria. El panorama se complica porque uno de los problemas es que la institución policial se encuentra al servicio de los gobiernos de turno antes que de la comunidad.
Existen altos niveles de inequidad y déficit de cobertura en el servicio de seguridad pública. Los sectores de ingresos más bajos son más victimizados y tienen menor posibilidad de acceder al servicio. Por ejemplo, en materia de vigilancia preventiva se observan diferencias en la distribución de policías en el territorio.
Hay espacios o territorios donde los problemas de criminalidad y violencia se concentran. En estos casos son objeto de intervenciones. Pero en otros espacios del territorio prácticamente las intervenciones son mínimas y esporádicas. Algunos barrios alejados del centro en ciudades con mayor número de habitantes, o zonas suburbanas y rurales sufren la desprotección y ausencia de vigilancia preventiva.
En cambio, zonas como casa de gobierno y su entorno están prácticamente “policializadas”. Se ven policías en la planta baja y en algunos pisos del edificio, en las galerías, en el perímetro de la manzana, en las esquinas, en la plaza y frente a otros edificios públicos que rodean al punto neurálgico de la ciudad.
Diariamente se afectan decenas de policías, oficiales supervisores, grupos de infantería, utilitarios y colectivos para movimiento de personal, patrulleros. Se pueden ver también al COE y a los camiones de bomberos. Algunas veces se utiliza la caballería. En determinados horarios hay más policías en esos lugares que en el servicio de prevención en los barrios del área metropolitana del Gran Resistencia.
El dispendio de recursos humanos y materiales de la policía solo para proteger edificios públicos aparece como excesivo. Es más probable que responda a una estrategia de saturación de policías para desalentar a potenciales manifestantes. El costo en términos de uso de recursos es enorme. Pero no es el único, porque la desprotección de otras zonas de la ciudad es el mayor costo social de este tipo de medidas. Se desafectan recursos policiales del servicio de seguridad preventiva en la población para cubrir objetivos fijos durante gran parte del día.
Esto confirma que la policía está al servicio de los gobiernos de turno, y no de la comunidad. Se tiende a criminalizar la pobreza y a “policializar” la protesta social. El que protesta es considerado casi un delincuente, y los delincuentes mientras tanto pueden tener “piedra libre” para atacar a sus víctimas en zonas desprotegidas por el “policiamiento” de edificios públicos y otros lugares. Un verdadero dislate.
Resulta paradojal que desde el oficialismo se pretenda el acercamiento entre la policía y la comunidad. Los funcionarios declaman una mayor confianza de la gente hacia la policía y la necesidad de una policía de proximidad, y al mismo tiempo utilizan a los policías en una lucha de pobres contra pobres.
Los problemas socio-económicos no tienen solución policial. La solución siempre es política, y por ello los funcionarios políticos de turno deberían hacerse cargo de los reclamos sociales, y no los policías. La misión principal de los policías es brindar seguridad preventiva en la población, no la de cuidar edificios públicos o custodiar los grupos sociales intentando hacerlos desistir de sus reclamos.
La mayoría de las veces (por no decir todas las veces) los reclamos de los grupos sociales son pacíficos, y casi siempre las demandas son finalmente resueltas total o parcialmente a través del diálogo con subsecretarios o ministros, y a veces hasta con el propio gobernador. “Siempre se llevan algo de la casa de gobierno” al decir de un conspicuo funcionario público.
Algunas veces se generan refriegas más que nada como producto del choque entre los manifestantes y los propios policías pertrechados para el combate cuerpo a cuerpo. Los protocolos de actuación en manifestaciones públicas, a los que el gobierno adhirió, aconsejan otros métodos de diálogo y negociación política, y no precisamente a través de policías uniformados y armados con elementos antidisturbios.
Existen otras funciones secundarias que también absorben buena parte de los recursos de la institución policial. Es el caso del servicio de auxiliar de la justicia que debe cumplir legalmente la policía. Se calcula que se destinan cerca del 40 % de las horas-hombre diarias del personal policial a todo tipo de diligencias judiciales, desde recibir denuncias y exposiciones e instrucción de sumarios y expedientes varios, pasando por la producción de informes, investigaciones, constataciones, allanamientos, aprehensiones y detenciones, traslado de detenidos a los tribunales y a otros lugares, y guarda de detenidos en comisarías y en otros centros de detención policiales.
Se ha cuestionado en innumerables oportunidades la utilización de policías para realizar notificaciones judiciales y de otros organismos públicos. Esta actividad es un resabio de otras épocas, cuando en los años ´60, ´70 y ´80 no existían los problemas de inseguridad que hoy padecemos, y se podían distraer recursos de la policía sin afectar en demasía el servicio de seguridad preventiva.
En esas épocas podía justificarse la utilización de la policía para las notificaciones, porque no existían en el mercado la gama de servicios y recursos tecnológicos, que van desde correos privados, servicios puerta a puerta, servicios de telecomunicaciones, correo electrónico a través de Internet, que actualmente son moneda corriente. Es injustificable que se continúe con el dispendio de recursos policiales dedicados a tareas de notificaciones.
Hace varios años está pendiente la implementación de estructuras operativas de la Policía Judicial, ya creada legalmente. Su concreción permitirá relevar a la policía administrativa de actividades que insumen recursos que se detraen del servicio de seguridad preventiva en la población. No implementarla implica continuar pagando un alto costo social en términos de desprotección, de falta de cobertura de zonas geográficas, y por lo tanto de mayor inseguridad.
La policía es un caso único de doble dependencia de los poderes ejecutivo y judicial, que desafía el sistema republicano de gobierno. Pero también de un uso compartido de recursos humanos y materiales con dos patrones bien definidos, y un tercer colectivo indiviso supuestamente destinatario del servicio público que se ve siempre perjudicado.
Las máximas prioridades de la policía son la actividad de auxiliar de la justicia, y, el control de la protesta social y el “policiamiento” de edificios públicos. El ajuste por el uso compartido de recursos se realiza siempre a expensas del servicio de seguridad preventiva. El colectivo social termina pagando los costos, porque no tiene un patrón definido de representación frente a los poderes ejecutivo y judicial.
La inseguridad tiene solución, con una policía al servicio de la comunidad dedicada prioritariamente a la seguridad preventiva.
*Policías Autoconvocados - Vecinos Autoconvocados - Resistencia -
Hay espacios o territorios donde los problemas de criminalidad y violencia se concentran. En estos casos son objeto de intervenciones. Pero en otros espacios del territorio prácticamente las intervenciones son mínimas y esporádicas. Algunos barrios alejados del centro en ciudades con mayor número de habitantes, o zonas suburbanas y rurales sufren la desprotección y ausencia de vigilancia preventiva.
En cambio, zonas como casa de gobierno y su entorno están prácticamente “policializadas”. Se ven policías en la planta baja y en algunos pisos del edificio, en las galerías, en el perímetro de la manzana, en las esquinas, en la plaza y frente a otros edificios públicos que rodean al punto neurálgico de la ciudad.
Diariamente se afectan decenas de policías, oficiales supervisores, grupos de infantería, utilitarios y colectivos para movimiento de personal, patrulleros. Se pueden ver también al COE y a los camiones de bomberos. Algunas veces se utiliza la caballería. En determinados horarios hay más policías en esos lugares que en el servicio de prevención en los barrios del área metropolitana del Gran Resistencia.
El dispendio de recursos humanos y materiales de la policía solo para proteger edificios públicos aparece como excesivo. Es más probable que responda a una estrategia de saturación de policías para desalentar a potenciales manifestantes. El costo en términos de uso de recursos es enorme. Pero no es el único, porque la desprotección de otras zonas de la ciudad es el mayor costo social de este tipo de medidas. Se desafectan recursos policiales del servicio de seguridad preventiva en la población para cubrir objetivos fijos durante gran parte del día.
Esto confirma que la policía está al servicio de los gobiernos de turno, y no de la comunidad. Se tiende a criminalizar la pobreza y a “policializar” la protesta social. El que protesta es considerado casi un delincuente, y los delincuentes mientras tanto pueden tener “piedra libre” para atacar a sus víctimas en zonas desprotegidas por el “policiamiento” de edificios públicos y otros lugares. Un verdadero dislate.
Resulta paradojal que desde el oficialismo se pretenda el acercamiento entre la policía y la comunidad. Los funcionarios declaman una mayor confianza de la gente hacia la policía y la necesidad de una policía de proximidad, y al mismo tiempo utilizan a los policías en una lucha de pobres contra pobres.
Los problemas socio-económicos no tienen solución policial. La solución siempre es política, y por ello los funcionarios políticos de turno deberían hacerse cargo de los reclamos sociales, y no los policías. La misión principal de los policías es brindar seguridad preventiva en la población, no la de cuidar edificios públicos o custodiar los grupos sociales intentando hacerlos desistir de sus reclamos.
La mayoría de las veces (por no decir todas las veces) los reclamos de los grupos sociales son pacíficos, y casi siempre las demandas son finalmente resueltas total o parcialmente a través del diálogo con subsecretarios o ministros, y a veces hasta con el propio gobernador. “Siempre se llevan algo de la casa de gobierno” al decir de un conspicuo funcionario público.
Algunas veces se generan refriegas más que nada como producto del choque entre los manifestantes y los propios policías pertrechados para el combate cuerpo a cuerpo. Los protocolos de actuación en manifestaciones públicas, a los que el gobierno adhirió, aconsejan otros métodos de diálogo y negociación política, y no precisamente a través de policías uniformados y armados con elementos antidisturbios.
Existen otras funciones secundarias que también absorben buena parte de los recursos de la institución policial. Es el caso del servicio de auxiliar de la justicia que debe cumplir legalmente la policía. Se calcula que se destinan cerca del 40 % de las horas-hombre diarias del personal policial a todo tipo de diligencias judiciales, desde recibir denuncias y exposiciones e instrucción de sumarios y expedientes varios, pasando por la producción de informes, investigaciones, constataciones, allanamientos, aprehensiones y detenciones, traslado de detenidos a los tribunales y a otros lugares, y guarda de detenidos en comisarías y en otros centros de detención policiales.
Se ha cuestionado en innumerables oportunidades la utilización de policías para realizar notificaciones judiciales y de otros organismos públicos. Esta actividad es un resabio de otras épocas, cuando en los años ´60, ´70 y ´80 no existían los problemas de inseguridad que hoy padecemos, y se podían distraer recursos de la policía sin afectar en demasía el servicio de seguridad preventiva.
En esas épocas podía justificarse la utilización de la policía para las notificaciones, porque no existían en el mercado la gama de servicios y recursos tecnológicos, que van desde correos privados, servicios puerta a puerta, servicios de telecomunicaciones, correo electrónico a través de Internet, que actualmente son moneda corriente. Es injustificable que se continúe con el dispendio de recursos policiales dedicados a tareas de notificaciones.
Hace varios años está pendiente la implementación de estructuras operativas de la Policía Judicial, ya creada legalmente. Su concreción permitirá relevar a la policía administrativa de actividades que insumen recursos que se detraen del servicio de seguridad preventiva en la población. No implementarla implica continuar pagando un alto costo social en términos de desprotección, de falta de cobertura de zonas geográficas, y por lo tanto de mayor inseguridad.
La policía es un caso único de doble dependencia de los poderes ejecutivo y judicial, que desafía el sistema republicano de gobierno. Pero también de un uso compartido de recursos humanos y materiales con dos patrones bien definidos, y un tercer colectivo indiviso supuestamente destinatario del servicio público que se ve siempre perjudicado.
Las máximas prioridades de la policía son la actividad de auxiliar de la justicia, y, el control de la protesta social y el “policiamiento” de edificios públicos. El ajuste por el uso compartido de recursos se realiza siempre a expensas del servicio de seguridad preventiva. El colectivo social termina pagando los costos, porque no tiene un patrón definido de representación frente a los poderes ejecutivo y judicial.
La inseguridad tiene solución, con una policía al servicio de la comunidad dedicada prioritariamente a la seguridad preventiva.
*Policías Autoconvocados - Vecinos Autoconvocados - Resistencia -
No hay comentarios:
Publicar un comentario