En los últimos veinte años la inseguridad ciudadana se ha ubicado progresivamente entre las tres principales preocupaciones de la sociedad argentina. La tasa delictiva mundial se duplica cada catorce años. Dentro de dicho contexto, en nuestro país, en el mismo período, el crecimiento ha sido mayor. Frente a dicha perspectiva, cuando analizamos las acciones institucionales que vienen llevándose a cabo desde el retorno democrático –dado que en las dictaduras resulta eufemístico hablar de seguridad– nos sorprende la carencia de políticas públicas tendientes a dar respuestas concretas y eficaces a este segmento tan vital para la calidad de vida de los ciudadanos. Un breve repaso por dicho periplo histórico nos muestra a las claras que han transcurrido los años bajo el influjo de precarios discursos que ni siquiera desde dicho ámbito se llevaron a la práctica. Solamente se observa algún incremento punitivo en la legislación penal y reformas que no han sido exitosas en materia procesal. En el ámbito judicial, se ha producido un paulatino deterioro que ubica a la justicia con baja estima y confianza comunitaria. La institución policial continúa manteniendo una pésima imagen pública fundamentalmente de la mano de cierto desinterés gubernamental en rejerarquizarla y crear los canales de acercamiento con los vecinos. Los establecimientos penitenciarios siguen albergando mayor población que la que permiten sus espacios y no se contemplan estrategias de resocialización, constituyéndose finalmente en verdaderos ámbitos de reciclaje criminal. Es decir, el sistema penal muestra una lamentable decadencia y no se divisan estrategias que presupongan reformas sustanciales del mismo.
Frente al fracaso del sistema penal, el país tampoco ha delineado políticas de prevención del delito y la violencia, herramientas éstas de suma relevancia en los países no sólo desarrollados, sino serios, que han mostrado su eficacia superadora a la hora de reducir la criminalidad. Los ejes de la prevención los constituyen, fundamentalmente, la educación y las políticas sociales como el binomio valuarte en tornar posible y eficaz el tan trascendente derecho de vivir seguros. La educación actúa como un valor “alejador” del camino hacia el delito, como un referente vital de información a la ciudadanía para que ésta sepa cómo evitar ser víctima de un delito y, así, obstaculizar la labor de los delincuentes; y como canalizador de la capacitación docente en los tres niveles de enseñanza. Las políticas sociales resultan trascendentes cuando de desentrañar las causas del quehacer delictivo y de las modalidades violentas se trata. La prevención situacional y social, que la experiencia indica que se necesitan mutuamente, abordan la verdadera nutriente del fenómeno de la criminalidad, tanto por su enfoque multidisciplinario como por los resultados exitosos de su gestión.
Nuestro país debe rápidamente dirigir su energía institucional hacia el norte de la prevención del delito y la violencia y fortalecer el trípode tradicional conformado por la justicia, la policía y la cárcel. Para ello, más allá de una férrea decisión política que aún no se avizora, resulta imprescindible crear verdaderos liderazgos en la materia que faltan en el país.
El Centro de Estudios para la Prevención del Delito (CEPREDE) de la Universidad de Belgrano, tal como reflejan su misión y objetivos, se erige como un espacio científico de excelencia y un referente en un segmento de la realidad nacional que atañe a las instituciones como a la sociedad toda, con el propósito concomitante de ir formando líderes para el futuro. Un futuro que se construye y enriquece día a día.
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