Sin castigo no hay solución a la inseguridad
- Por Diana Cohen Agrest
– ¿Yo, señor?
– Sí, señor.
– No, señor.
– Pues, entonces ¿quién lo tiene?
Nadie es culpable. Los pobres porque son el producto de la injusticia social, y los ricos porque gozan del manto protector de la impunidad que, por acción u omisión, favorece a los personajes ligados al poder, incluso ante las denuncias de funcionarios involucrados en delitos de guante blanco. En este escenario, la culpa penal es un concepto vetusto y es sustituida por categorías sociológicas que neutralizan la función que debería cumplir un sistema penal eficiente.
La política penal de corte minimalista parte de la premisa de no aumentar el número de presos. La solución, según sostenía Zaffaroni en una conferencia dictada en el extranjero hace unos años, es implementar una capacidad máxima del número de penitenciados con el fin de no saturar las cárceles, aun cuando con dicho cupo se libere a reincidentes e individuos que ponen en peligro a la sociedad. De lo que se trata, según se infiere, es de un cálculo economicista donde no se toman en cuenta ni la justicia retributiva ni la índole preventiva de la pena que atiende a la seguridad de la población.
Este ideario de base subyace a la presentación del informe de la Corte Suprema dado a conocer esta semana, cuando se habla en términos de "conflictividad" (que traducida a la lengua de nuestra comunidad de hablantes, debería decirse lisa y llanamente "los delitos"). Y se aduce que si bien se duplicaron el número de "homicidios en riña", según el informe los asesinatos son generalmente ejecutados entre conocidos. Y la hipótesis que se aventura estriba en que dichos delitos se explican por las economías violentas de subsistencia. Cuando el juez Zaffaroni declara que "hay que identificar las características y causas de la violencia social", y cuando reconoce que "es preocupante la zona criminógena de los barrios de emergencia", por lo que propone que "como prevención secundaria habría que mejorar el servicio de seguridad en los barrios de emergencia y como prevención primaria mejorar las condiciones de urbanización", el ciudadano asentiría si el autor de esas palabras perteneciera a un observatorio social o a una organización no gubernamental o a un analista de periodismo social. Pero cuando se espera una respuesta judicial basada en la disuasión y, si de fallar ésta, en la punición del delincuente, esos análisis sociológicos excluyentes resultan insuficientes e inaceptables porque provienen de los máximos responsables de impartir justicia en una sociedad doblegada por el miedo a una realidad delictiva que avanza con el consentimiento de quienes deberían defenderla....
http://www.infobae.com/notas/684198-Sin-castigo-no-hay-solucion-a-la-inseguridad.html
– Sí, señor.
– No, señor.
– Pues, entonces ¿quién lo tiene?
Nadie es culpable. Los pobres porque son el producto de la injusticia social, y los ricos porque gozan del manto protector de la impunidad que, por acción u omisión, favorece a los personajes ligados al poder, incluso ante las denuncias de funcionarios involucrados en delitos de guante blanco. En este escenario, la culpa penal es un concepto vetusto y es sustituida por categorías sociológicas que neutralizan la función que debería cumplir un sistema penal eficiente.
La política penal de corte minimalista parte de la premisa de no aumentar el número de presos. La solución, según sostenía Zaffaroni en una conferencia dictada en el extranjero hace unos años, es implementar una capacidad máxima del número de penitenciados con el fin de no saturar las cárceles, aun cuando con dicho cupo se libere a reincidentes e individuos que ponen en peligro a la sociedad. De lo que se trata, según se infiere, es de un cálculo economicista donde no se toman en cuenta ni la justicia retributiva ni la índole preventiva de la pena que atiende a la seguridad de la población.
Este ideario de base subyace a la presentación del informe de la Corte Suprema dado a conocer esta semana, cuando se habla en términos de "conflictividad" (que traducida a la lengua de nuestra comunidad de hablantes, debería decirse lisa y llanamente "los delitos"). Y se aduce que si bien se duplicaron el número de "homicidios en riña", según el informe los asesinatos son generalmente ejecutados entre conocidos. Y la hipótesis que se aventura estriba en que dichos delitos se explican por las economías violentas de subsistencia. Cuando el juez Zaffaroni declara que "hay que identificar las características y causas de la violencia social", y cuando reconoce que "es preocupante la zona criminógena de los barrios de emergencia", por lo que propone que "como prevención secundaria habría que mejorar el servicio de seguridad en los barrios de emergencia y como prevención primaria mejorar las condiciones de urbanización", el ciudadano asentiría si el autor de esas palabras perteneciera a un observatorio social o a una organización no gubernamental o a un analista de periodismo social. Pero cuando se espera una respuesta judicial basada en la disuasión y, si de fallar ésta, en la punición del delincuente, esos análisis sociológicos excluyentes resultan insuficientes e inaceptables porque provienen de los máximos responsables de impartir justicia en una sociedad doblegada por el miedo a una realidad delictiva que avanza con el consentimiento de quienes deberían defenderla....
http://www.infobae.com/notas/684198-Sin-castigo-no-hay-solucion-a-la-inseguridad.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario