Recomiendan prescindir de las fuerzas militares para el orden público y profesionalizar a la policía
Diecisiete países de América Latina firmaron una serie de recomendaciones para los gobiernos de la región sobre seguridad pública. Incluyeron entre otras, la de prescindir del uso de las fuerzas militares para mantener el orden público y profundizar los procesos de profesionalización de la policía en el respeto a los derechos humanos.
Bajo el nombre “Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Seguridad Pública en las Américas”, diecisiete países y 27 representantes de
organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que hay que prescindir del
uso de las fuerzas militares para la seguridad ciudadana; profundizar la
profesionalización de la policía en el marco del respeto a los derechos humanos;
limitar y articular la intervención policial con otras políticas públicas que
fortalezcan el carácter preventivo por sobre el represivo; mejorar la gestión
penitenciaria y diseñar e implementar una política de reinserción social que
permita disminuir las altas tasas de reincidencia criminal.
Con esto, los países que firmaron la Declaración a la que Online-911 tuvo acceso, explican que se busca “contribuir a la agenda regional de seguridad pública con propuestas concretas para la acción desde la perspectiva de la sociedad civil y, en particular, de los derechos humanos”.
Durante las jornadas en la que se llevó a cabo el encuentro, los representantes de la sociedad civil identificaron importantes desafíos y amenazas que enfrenta la agenda de seguridad pública desde el enfoque de derechos humanos. Y también detectaron una creciente militarización de la labor policial en países de la región, falta de coherencia que se evidencia entre la formación en derechos humanos y el proceder policial, y una permanente vulneración de derechos en el uso de la fuerza por parte de la policía en diferentes contextos de la región.
Por ello, y tras largas jornadas de debate, llegaron a armar una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la de prescindir del uso de las fuerzas militares en materia de seguridad ciudadana y orden público; y limitar y articular la intervención policial con otras políticas públicas que fortalezcan el carácter preventivo por sobre el represivo, especialmente en zonas en las que se superponen vulneraciones de derechos.
Entre los puntos fundamentales que aborda la Declaración, se encuentra el de la “crisis estructural de los sistemas penitenciarios”, sobre lo que se recomienda, un mayor compromiso de los gobiernos para respetar los protocolos internacionales de tratamiento de los internos, evitando el uso intensivo de la prisión preventiva.
En el informe se explica que “el creciente discurso punitivo utilizado en la seguridad pública ha tenido un fuerte impacto en las agendas legislativas, creando nuevos tipos penales, aumentando las penas y favoreciendo el uso excesivo, arbitrario y prolongado de la medida privativa de libertad”. Por ello, los países y organizaciones participantes recomiendan instar a los Estados miembros a cumplir compromisos internacionales en torno al trato de las personas privadas de libertad, fomentando el desarrollo de políticas criminales y penitenciarias que contrarresten el uso intensivo de la privación de libertad como mecanismo punitivo dominante.
Esto a través del desarrollo y ampliación de los catálogos de medidas o penas alternativas, sistemas de verificación de información previa al juicio y de la mejora de los sistemas de seguimiento, supervisión y acompañamiento de personas con penas alternativas. Y por último, recomiendan diseñar e implementar una política de reinserción social que permita disminuir las altas tasas de reincidencia criminal, ya que explican que éstas inciden directamente en la seguridad pública y, consecuentemente, en la actividad policial.
La Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Seguridad Pública en las Américas, se realizó hace un par de semanas atrás con miras hacia la tercer Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas que se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de noviembre, en Puerto España, Trinidad y Tobago. En ella participaron el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Estudios para el Desarrollo de Chile (CED) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador (FLACSO).
911 ONLINE
Con esto, los países que firmaron la Declaración a la que Online-911 tuvo acceso, explican que se busca “contribuir a la agenda regional de seguridad pública con propuestas concretas para la acción desde la perspectiva de la sociedad civil y, en particular, de los derechos humanos”.
Durante las jornadas en la que se llevó a cabo el encuentro, los representantes de la sociedad civil identificaron importantes desafíos y amenazas que enfrenta la agenda de seguridad pública desde el enfoque de derechos humanos. Y también detectaron una creciente militarización de la labor policial en países de la región, falta de coherencia que se evidencia entre la formación en derechos humanos y el proceder policial, y una permanente vulneración de derechos en el uso de la fuerza por parte de la policía en diferentes contextos de la región.
Por ello, y tras largas jornadas de debate, llegaron a armar una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la de prescindir del uso de las fuerzas militares en materia de seguridad ciudadana y orden público; y limitar y articular la intervención policial con otras políticas públicas que fortalezcan el carácter preventivo por sobre el represivo, especialmente en zonas en las que se superponen vulneraciones de derechos.
Entre los puntos fundamentales que aborda la Declaración, se encuentra el de la “crisis estructural de los sistemas penitenciarios”, sobre lo que se recomienda, un mayor compromiso de los gobiernos para respetar los protocolos internacionales de tratamiento de los internos, evitando el uso intensivo de la prisión preventiva.
En el informe se explica que “el creciente discurso punitivo utilizado en la seguridad pública ha tenido un fuerte impacto en las agendas legislativas, creando nuevos tipos penales, aumentando las penas y favoreciendo el uso excesivo, arbitrario y prolongado de la medida privativa de libertad”. Por ello, los países y organizaciones participantes recomiendan instar a los Estados miembros a cumplir compromisos internacionales en torno al trato de las personas privadas de libertad, fomentando el desarrollo de políticas criminales y penitenciarias que contrarresten el uso intensivo de la privación de libertad como mecanismo punitivo dominante.
Esto a través del desarrollo y ampliación de los catálogos de medidas o penas alternativas, sistemas de verificación de información previa al juicio y de la mejora de los sistemas de seguimiento, supervisión y acompañamiento de personas con penas alternativas. Y por último, recomiendan diseñar e implementar una política de reinserción social que permita disminuir las altas tasas de reincidencia criminal, ya que explican que éstas inciden directamente en la seguridad pública y, consecuentemente, en la actividad policial.
La Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Seguridad Pública en las Américas, se realizó hace un par de semanas atrás con miras hacia la tercer Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas que se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de noviembre, en Puerto España, Trinidad y Tobago. En ella participaron el Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Estudios para el Desarrollo de Chile (CED) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador (FLACSO).
911 ONLINE
No hay comentarios:
Publicar un comentario