Tal día como hoy en 1998, un cónclave diplomático adoptó en Roma tras intensas negociaciones, el Estatuto que dio origen a la Corte Penal Internacional, ente judicial que tiene como mandato “ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”. Recientemente, la Corte dio a conocer su primer fallo condenatorio y su primera sentencia, contra el criminal de guerra Thomas Lubanga, de la República Democrática del Congo.
Nueva Prensa de Guayana, habló con Milagros Betancourt, ex directora de Asuntos Multilaterales de la Cancillería venezolana y miembro de la delegación de nuestro país que participó en la negociación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
-¿Cómo fue el proceso para llegar al Estatuto de Roma?
El proceso se inició en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1994, en la cual se recibió el Proyecto de Estatuto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional. Se designó un 'comité ad-hoc' (luego 'comité preparatorio') que tenía por finalidad analizar este proyecto a la luz de los comentarios que enviaran los distintos países. Venezuela fue uno de los países que más impulsó las negociaciones y la sociedad civil, tuvo una participación protagónica durante todo el proceso.
-¿Ha recibido la Corte el apoyo que necesita?
La Corte ha podido funcionar desde que comenzó sus actividades, gracias a que la comunidad internacional ha reconocido su trascendencia y le ha prestado el apoyo necesario para trabajar. Ha tomado además relevancia con los casos de Sudán y Libia, remitidos por el Consejo de Seguridad. Pero aún es mucho lo que falta. Los Estados Parte del Estatuto de Roma no sólo tienen que cumplir sus compromisos de cooperación con la Corte, sino además promover la importancia de la misma para luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales.
-¿Qué opina sobre la “mora” de nuestro país en relación con el Estatuto y las relaciones del gobierno venezolano con
personas bajo escrutinio de la Corte?
Venezuela, a pesar de haber sido uno de los primeros en ratificar el Estatuto, no ha cumplido con los compromisos como el de incluir en nuestra legislación los tipos penales sobre los cuales la Corte tiene competencia (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) y el de suscribir el Acuerdo de Cooperación. Además y para gran sorpresa, el Ministerio Público ha indicado que rechaza las decisiones adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto, en la cual se adoptó la definición del crimen de agresión, lo cual resulta extemporáneo e irrelevante, pues allí se decidió por consenso. Por otro lado, la relación de Venezuela con países como Sudán, Libia o Siria, cuyo desempeño gubernamental ha sido cuestionado y denunciado ante la Corte, está marcada por el signo ideológico, el tipo de gobierno y los intereses económicos.
-¿Cuál es la importancia de la Corte y qué
desafíos enfrenta?
La Corte es un referente importante en la comunidad internacional, no sólo para el enjuiciamiento y sanción de los crímenes más graves contra la humanidad, sino para la prevención de conductas de esa naturaleza por parte de gobernantes y funcionarios que tengan la tentación de caer en ellas. Hoy está claro que quien comete tales acciones puede ser sometido a y, condenado por, la justicia internacional. Los retos fundamentales son: alcanzar su universalidad con la inclusión de Estados Unidos, Rusia y China y, lograr la verdadera cooperación de los países para la ejecución de las órdenes de captura.
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