miércoles, 6 de junio de 2012

“Scioli y Casal firmaron un cheque en blanco a la Policía bonaerense”
 Los integrantes del bloque de diputados provinciales de Nuevo Encuentro participan de la marcha frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, en la que se pide Justicia por el asesinato del joven futbolista Lautaro Bugatto. Al respecto, el titular de la bancada Adrián Grana consideró que “el caso Bugatto es, lamentablemente, una prueba más del desmadre en el que se encuentra la policía bonaerense”.
“Lo primero que tiene que pasar para revertir la inseguridad en la provincia es que el gobernador Scioli desplace al ministro Casal, cuya incapacidad para controlar y conducir la fuerza policial es evidente y con consecuencias gravísimas para la población”, dijo Grana.
La concentración está encabezada por la familia de Lautaro Bugatto quien fue asesinado por la espalda durante la madrugada del domingo 6 de mayo en la puerta de su casa en la localidad de Burzaco. El joven era jugador de la selección de fútbol Sub 20 y en el Club Banfield, y estaba a préstamo en el equipo de Tristán Suárez.
“Acompañamos a la familia en este pedido de Justicia para Lautaro y también para los miles de jóvenes de barrios populares de la provincia que diariamente son víctimas de la violación de sus derechos por parte de la policía que conducen Casal y Scioli”, expresó Grana.
En ese sentido agregó: “Los bonaerenses no nos resignamos a que la policía se autogobierne ni que se extiendan los casos de corrupción y de gatillo fácil. Hay un camino de seguridad democrática, que es el que está recorriendo Nilda Garré, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación”.
“Pero, la provincia va en la dirección contraria, y los resultados trágicos están a la vista”, concluyó el legislador provincial.
Por su parte, su compañero de bloque Marcelo Saín señaló: “Tenemos que parar el desmadre de la bonaerense y el Servicio Penitenciario y el único poder provincial que está en condiciones de hacerlo es el Legislativo”.
“Scioli y Casal le firmaron un cheque en blanco a la Policía bonaerense y al Servicio Penitenciario, las consecuencias son nefastas: abusos policiales, en particular sobre jóvenes de barrios populares; detenciones sin motivo; reclutamiento de niños y adolescentes quienes luego son obligados a delinquir; tortura en cárceles; entre los casos más graves de violencia institucional que la mayoría de las veces terminan con la desaparición y muerte de las víctimas”, concluyó Saín.



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