Raúl Salinas
Co-coordinador del Área Cárceles y Política Penitenciaria del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP
Son de público
conocimiento los problemas que desde hace tiempo presenta de modo muy notorio el
sistema carcelario de la provincia. Además de mostrar un generalizado
incumplimiento de la Constitución y las leyes, las prisiones son una usina de
violaciones a los derechos de los detenidos e incluso de los trabajadores
penitenciarios, producen muertes, violencia y corrupción y devuelven a las
personas en peores condiciones de las que las recibieron. Estas cárceles, además
de agravar la seguridad, implican un gasto presupuestario altísimo, que desvía
recursos públicos que podrían emplearse en escuelas, hospitales o
caminos.
Frente a
semejante cuadro es imperioso que las autoridades políticas asuman la necesidad
del cambio y su liderazgo, tal y como ocurre con otras áreas de gobierno. Para
ello, deben ser encaradas de modo enérgico al menos dos cuestiones.
La primera es la
reforma y democratización del Servicio Penitenciario Bonaerense. Debe
abandonarse el esquema de autogobierno para pasar a un modelo moderno de
conducción civil por parte de las autoridades políticas. Su organización tiene
que dejar atrás su actual modelo militar, que se desprende de las normas que lo
regulan y que fueron aprobadas durante la última dictadura militar que ejerció
el terrorismo de estado y que hizo de las cárceles una de sus principales
herramientas de represión.
Deben
establecerse controles internos sobre la transparencia y los abusos funcionales
que dependan orgánica y funcionalmente de las máximas autoridades políticas,
desconcentrar funciones dando paso a la intervención de los distintos
ministerios y actores de la sociedad civil, establecerse una nueva carrera
profesional eliminando las diferencias entre oficiales y suboficiales, habilitar
los ascensos mediante concursos, limitar la cantidad de grados, fijar nuevas
políticas de reclutamiento y capacitación, asegurar derechos para los
trabajadores penitenciarios y aprobar nuevas reglas y principios de actuación
acordes con la función social y el contexto democrático.
La segunda
cuestión transita por hacer un uso racional del encarcelamiento que permita
garantizar condiciones dignas de detención y tratamientos tendientes a la
reintegración social de los encarcelados. La construcción desmesurada de
cárceles, además de resultar costosa y lenta, no constituye una solución
sustentable. Al mismo tiempo, la investigación comparada demuestra que la
cantidad de personas privadas de su libertad no es sinónimo de una mayor
seguridad. Es necesario establecer cupos y criterios para evitar el encierro por
pequeñas ofensas, condenados primarios, enfermos terminales y de todas aquellas
personas que puedan cumplir penas de modo alternativo, seguro y
controlable.
Además, deben
fijarse mecanismos que permitan dar soluciones frente al problema del
hacinamiento, tal y como se ha hecho en otros países de la región.
A casi tres
décadas del final de la dictadura militar resulta ineludible un debate serio que
defina cómo deben funcionar el Servicio Penitenciario y las cárceles de la
democracia.....
http://www.online-911.com/leer.php?s=opinion&id=64&t=¿Qué-hacer-con-las-cárceles-bonaerenses?
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