Desde hace unas semanas, la Juventud Octubres, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, culturales, sociales y políticas, viene impulsando una campaña de recolección de firmas bajo el lema: “Por una política de seguridad democrática y eficiente, decimos chau Casal”.
El objetivo propuesto por los jóvenes es juntar el aval de un millón de ciudadanas y ciudadanos que, de manera rotunda, exijan al gobierno de la provincia de Buenos Aires remover de su cargo al ministro Ricardo Casal, para modificar la política de seguridad y ponerla en sintonía con la que promueve el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La iniciativa nació del convencimiento de que es urgente e imprescindible implementar en la Provincia una política de seguridad democrática, preventiva, integral, orientada a proteger los derechos y los intereses del pueblo y a combatir el crimen organizado como principal causa del delito.
Una política que desnude e identifique a los verdaderos responsables de la inseguridad –mafias enquistadas en los poderes del Estado provincial; groseras telarañas de delincuentes, policías, jueces y políticos corruptos–, que se benefician de negocios ilegales millonarios y cubren los crímenes con la impunidad del poder institucional.
¡La seguridad de los que trabajan, de los que estudian, de los que invierten, de los que pagan los impuestos, de los policías, los jueces y los políticos honestos, de los que militan en organizaciones políticas, sociales, sindicales, en suma, de todas y todos los bonaerenses, puesta en manos del crimen organizado! ¿Puede haber una situación de mayor indefensión ciudadana?
El ministro Ricardo Casal insiste en barrer bajo la alfombra. Su gestión se orienta al montaje de espectáculos mediáticos y simulaciones diversas, al uso recurrente de la mentira. Así lo hizo con la masacre de jóvenes de La Cárcova, en José León Suárez. Así lo hizo también con el crimen de Candela. Y así lo hace, de manera frecuente, con resonantes y teatralizados “operativos antidroga”.
Su manual, el clásico de los policías venales, no es otro que el de tapar la inseguridad real con un espeso manto de causas ficticias, armadas, que hacinan de inocentes las cárceles y desbordan de expedientes los juzgados. ¿Rehén o funcionario de la mafia?
El gobernador Daniel Scioli no debería postergar más la decisión de acordar la política de seguridad de la Provincia con la que impulsa el gobierno nacional e implementa la ministra Nilda Garré. Y liberarse de la doble presión a la que está sometido.
La de la ideología conservadora de derecha, que le exige mano dura y estigmatiza a los humildes, sobre todo a los jóvenes.
Y la del crimen organizado, que ocupa espacios institucionales en los poderes del Estado bonaerense y financia la impunidad. Entramado éste que promueve el autogobierno policial, el gatillo fácil y las zonas liberadas. Y facilita, así, el negocio de la prostitución, el comercio de la droga, los desarmaderos de autos, la piratería del asfalto, el robo de los bienes de los vecinos.
Situación gravísima que se refuerza al interior de las cárceles con el violento “sistema de la crueldad”, donde “la vida vale diez pastillas” y es ferozmente aplicado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En línea con la política represiva que llevó a cabo la dictadura cívico-militar genocida, de la que se nutrió el prefecto Ricardo Casal, que hizo toda su carrera en el SPB, al que dirigió durante varios años, antes de ser nombrado ministro.
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