Seguridad Ciudadana Prevención de la Violencia
El tema de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia ha tomado gran importancia en el Banco desde mediados de los 90, en respuesta a la preocupación de los gobiernos de América Latina. La lucha contra la inseguridad y la violencia comenzó a figurar entre los principales temas de la agenda y planes de desarrollo de los países para asegurar la gobernabilidad democrática y la convivencia social. La violencia no solo tiene un alto impacto social y de gobernabilidad, sino también presenta un reto a los gobiernos por sus costos , tanto públicos como privados y sus efectos en la inversión nacional y extranjera. Todo lo anterior repercute en el crecimiento y desarrollo de los países.
En Centroamérica el problema es aun más relevante tomando en consideración el proceso democrático que se llevó a cabo desde inicios de los 90 y que implica una readaptación social después de largos años de guerra. Contrariamente a lo esperado, después de la postguerra se han presentado incrementos sustanciales en los índices de violencia. Lo anterior se explica por la dificultad de absorber a los excombatientes en los mercados laborales, la cultura de guerra que se extendió por largo tiempo, el porte indiscriminado de armas, y la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia que recién se están restableciendo o creando después del proceso bélico.
Si bien es cierto que en la década de los 80 las encuestas de opinión pública centraban los problemas en aspectos tales como la pobreza, el desempleo y la guerra, a partir de los 90 las opiniones empiezan a cambiar y el tema de la violencia pasa a ocupar el primer lugar en varios de los países. En encuestas de opinión en Centroamérica, los encuestados de varios países plantean el problema de la violencia como el número uno, Guatemala 46% según CIP GALLUP, 1997; Honduras 41% según Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996; y El Salvador 59% según CIP GALLUP, 1999. Este último dato se redujo después de los terremotos que sufrió el país a comienzos de 2001 y que repercutieron directamente en las fuentes de empleo de un gran número de población, por lo cual los fenómenos de desempleo y violencia aparecen con porcentajes similares alrededor del 30%.
Las magnitudes de faltas, delitos y crímenes presentadas por diferentes fuentes (policía, fiscalía, institutos de estadísticas y medicina legal) han ido incrementándose a pesar de sus diferencias en cifras. En algunos países tales como El Salvador, Guatemala y Honduras, las tasas de homicidios por 100.000 habitantes han pasado de rangos de 20 a 35 homicidios, en la década de los 70, a rangos entre 45 y 140 homicidios en la década de los 90. Las ciudades más afectadas han sido las de mayor crecimiento económico puesto que atraen flujos migratorios.
Los desastres naturales que recurrentemente afectan a Centroamérica han sido otro de los factores que ha aumentado la violencia, explicándose esto por cuanto incrementan los problemas de desigualdad del ingreso y la pérdida de empleos que son causas directas de la violencia.
La cultura de guerra que se vivió en varios de los países centroamericanos ha fraccionado el tejido social y las instituciones de seguridad y justicia. Gran parte de los afectados han sido las generaciones jóvenes que aún no han logrado insertarse en la nueva democracia.
El fenómeno de la violencia es multicausal y de muy diverso tipo. A la diversa gama de delitos y formas de violencia, pueden asociarse múltiples explicaciones (biológicas, psicogenéticas, sicológicas, sociales, de guerra, culturales, y políticas). Así mismo se asocian como causas factores estructurales (desigualdad del ingreso, cultura de guerra, valores sociales, etc.) y factores de riesgo (porte de armas, alcohol, drogas, y prostitución entre otros).
Es importante señalar que dadas las múltiples causas de la violencia se precisan acciones múltiples de respuesta, que conllevan acciones inmediatas para controlar y en caso necesario reprimir la violencia; y acciones de mediano y largo plazo dirigidas a tratar la raíz de los problemas. El problema requiere el accionar conjunto de los diferentes niveles del Estado y de la sociedad civil.
Medidas de control, se requieren tanto en el nivel nacional como en el municipal y desde luego con la colaboración de la sociedad civil. En el ámbito nacional, las medidas a través de la policía son eficientes, mediante su presencia y patrullaje en las comunidades, especialmente en las de mayores índices de criminalidad y violencia. A escala municipal las ordenanzas municipales (para controlar el porte de armas, horarios de expendio de alcohol, entre otras también han demostrado gran eficiencia). Uno de los países de mayor logro en este sentido en Latinoamérica ha sido Colombia en ciudades como Bogotá y Cali.
Medidas de represión, se pueden lograr eficientemente mediante normativa adecuada que requiere una acción directa del Poder Legislativo y adecuada aplicación de la misma por parte del Sistema Judicial. De igual manera, son importantes acciones policiales, especialmente cuando se trata de la persecución del delito y el crimen, principalmente del crimen organizado. Es importante señalar, que si bien el Banco reconoce la importancia de estas acciones por parte de los Gobiernos, se abstiene de apoyar estas acciones por el riesgo de verse involucrado en temas de violación de derechos humanos contrarios a su política.
Medidas de prevención, toman plazos mayores para implementarse pero son más eficientes por cuanto atacan la raíz del problema y evitan el llamado "fenómeno resorte" . Entre las medidas de prevención se encuentran el fortalecimiento de valores familiares, cívicos y morales para los cuales las familias, las iglesias y los centros de educación son los medios más efectivos. En este contexto las acciones son más efectivas cuando se aplican a nivel municipal, en el cual se conoce de manera más precisa el tipo de problemas que se afrontan. Asimismo, son muy eficientes cuando se logra una coordinación con las organizaciones comunales, los empresarios y las ONG's que constituyen foros desde donde se plantean los problemas y se ayuda a que las medidas que se tomen tengan mayor sostenibilidad. El Banco dentro de su política de apoyo al desarrollo de los países se enfoca principalmente en este tipo de actividades.
Algunos factores de la violencia son:
1. Urbanización y crecimiento urbano no planificados.
2. Hacinamiento en hogares de bajos ingresos.
3. Falta de sentido de identidad y pertenencia de la juventud.
4. Pérdida de valores cívicos y morales.
5. Falta de oportunidades para niños y jóvenes.
6. Niños y jóvenes desertores o excluidos del sistema escolar.
7. Falta de fuentes de empleo.
8. Falta de espacios de integración, recreación y deporte.
9. Víctimas de violencia o abuso infantil.
10. Familias fragmentadas y disfuncionales.
Algunas causas que podrían explicar este fenómeno son:
1. Carencias de política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana.
2. Debilidad institucional y falta de coordinación.
3. Sistemas de información fragmentados y desarticulados.
4. Lentitud en la tramitación jurídica.
5. Impunidad institucional y falta de credibilidad en las instituciones de seguridad y justicia.
6. Falta de confianza en las instituciones.
Los principales problemas sociales que genera la violencia se puedan agrupar en:
1. Aumento significativo de las tasas de homicidio en la última década.
2. Aumento en las muertes causadas por armas de fuego.
3. Aumento de los secuestros y el narcotráfico.
4. Aumento de los grupos pandilleros (maras).
5. Proliferación de zonas calientes (venta de alcohol, drogas, prostitución).
Los índices de homicidio por 100.000 habitantes, que constituyen uno de los principales indicadores de violencia, en Centroamérica superan a los de América Latina en promedio .
Conscientes de esta problemática, autoridades gubernamentales de varios países de Centroamérica están empezando a diseñar a nivel nacional, políticas y estrategias; reformar y modernizar legislaciones; reformar y modernizar instituciones de seguridad y justicia. A nivel municipal, se están aplicando ordenanzas para reducir los factores de riesgo (consumo de alcohol, drogas, porte de armas), acercando la justicia a las comunidades. En algunos municipios como San Pedro Sula en Honduras están incluso cobrando tasas impositivas para la seguridad, que les permiten fortalecer a la policía y diseñar proyectos contra la violencia. El Banco ha estado apoyando este tipo de acciones en varios de los países de Centroamérica.
IV Acción del Banco en Centroamérica
El Banco está actuando con un enfoque integral y preventivo, tomando en consideración, que aunque los resultados se producen a más largo plazo, permite cambios de carácter permanente y vela por los derechos humanos especialmente de las familias, los niños y los jóvenes.
Uno de los pilares de la estrategia del Banco en Centroamérica se centra en apoyar programas de modernización del Estado, dentro de los cuales, a los proyectos de disminución de los niveles de inseguridad se les ha asignado alta prioridad.
El objetivo general de los proyectos es reducir los niveles de violencia y crimen y mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión social, permitiendo que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tomen medidas para ser efectivas en el logro de este objetivo. Así mismo dentro de los procesos se asigna un papel clave a la participación de la sociedad civil.
En el enfoque de prevención se busca principalmente ayudar a reducir la violencia social , con especial atención en la familia, los niños y la juventud que es en donde se encuentran el mayor número de víctimas y victimarios. Este enfoque contempla actividades de desarrollo humano, recuperación de valores cívicos y morales, actitudes no violentas y reinserción y resocialización de los jóvenes que han infringido la ley en la familia y la sociedad.
Entre los proyectos integrales que el Banco apoya en Centroamérica, el más avanzado es el de El Salvador cuya formulación está lista. En preparación está el proyecto de la Zona Metropolitana del Valle del Sula (ZMVS). Hay solicitudes de varios países: Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre otros, los cuales se están apoyando a través de cooperaciones técnicas y estudios para la formulación de los proyectos. En el Proyecto de la ZMVS se está planteando la posibilidad de trabajar en el marco de la Coalición Interamericana para la Prevención de la violencia en conjunto con la OPS y otros miembros de la comunidad internacional.
Para atender los requerimientos multicausales en la solución de la problemática de la violencia, los proyectos en Centroamérica se diseñan con el siguiente enfoque integral. Este enfoque, busca que se pueda tener un mayor impacto, que difícilmente se lograría con acciones aisladas y desintegradas:
I Fortalecimiento institucional y establecimiento de unidades ejecutoras.
El diseño y la ejecución de este tipo de proyectos requiere la participación de diferentes instituciones de los Poderes del Estado y de la sociedad civil. Para ello se precisa fortalecer a las instituciones de seguridad y de protección y promoción del menor y la mujer, para que puedan realizar sus funciones de seguridad y promoción del desarrollo humano con mayor eficiencia y asegurar una adecuada ejecución de los proyectos. El fortalecimiento institucional se realiza mediante apoyo a reformas institucionales, capacitación, mejora de los sistemas de información y sistemas de monitoreo , consultorías en temas de planificación y estrategias.
La participación activa de la sociedad civil organizada es básica en los proyectos para lograr su efectividad y sostenibilidad. Su participación es de gran importancia durante las diferentes etapas de los proyectos. En el diseño, ayudando a establecer las necesidades y actividades a desarrollar a través de los grupos organizados y con la canalización mediante las alcaldías y los niveles locales. En la ejecución, participando en concursos para obtener fondos para proyectos de prevención de seguridad ciudadana, y en la supervisión y mantenimiento de los proyectos para darles sostenibilidad en el tiempo. Es por ello que el Banco apoya acciones de fortalecimiento de las redes comunitarias y sus relaciones con las instituciones locales.
Considerando la complejidad institucional en el desarrollo de este tipo de proyectos, se establecen unidades ejecutoras que aseguren la buena coordinación de actividades, un flujo adecuado de fondos y el seguimiento de las actividades dentro de las instituciones participantes.
II Comunicación Social. (Información pública y medios de comunicación).
Se apoyan acciones para impulsar el manejo adecuado de los medios de comunicación frente al crimen y la violencia y para el mejoramiento de la percepción pública sobre las causas del delito y la promoción de valores. En este sentido se apoya: (i) la capacitación a periodistas sobre la cobertura noticiosa de temas de violencia y crimen, (ii) revisión de mecanismos de monitoreo de los contenidos de violencia en los medios de comunicación, (límites de edad y categorización), (iii) introducción de programas educativos y facilitación del acceso de representantes comunitarios a los medios de comunicación.
En Centroamérica ya se han realizado varias acciones de ayuda a la sensibilización a través de la División de Estado y Sociedad Civil del Banco. Contando con el apoyo de los donantes se han realizado foros regionales y nacionales en temas de seguridad ciudadana y se han realizado talleres en temas especializados de violencia intrafamiliar. Así mismo, se publicó un libro con el apoyo editorial de la Universidad de Alcalá de Henares, "Convivencia y seguridad ciudadana: Un reto a la gobernabilidad", que es un compendio de las ponencias presentadas en el Foro Regional de El Salvador y refleja el estado de reflexión sobre estos temas.
III Actividades de Prevención.
La prioridad de los proyectos es fortalecer los mecanismos y acciones de prevención con la población juvenil y la familia, ya que los patrones centroamericanos de criminalidad son similares en edad y género de víctimas y victimarios, predominando hombres entre los 15 y 25 años y se ha comprobado que la violencia surge desde las etapas iniciales de formación de los niños. Las acciones preventivas comprenden actividades de:
(i) prevención primaria para prevenir la violencia de grupos vulnerables actuando sobre los factores de riesgo: prevención para combatir la violencia intrafamiliar; programas de prevención de la violencia y delincuencia en instalaciones escolares; programas de infraestructura recreativa y comunitaria en zonas donde viven niños y jóvenes vulnerables, para establecer sitios de integración y hacer uso adecuado del tiempo libre; programas que promueven la retención escolar; programas para educar a padres y madres en manejo de la juventud; capacitación para empleo; programas de actividades culturales y artísticas; entre otros.
(ii) prevención secundaria dirigidos a grupos en riesgo: como pandilleros y prostitutas; programas para rehabilitar a jóvenes adictos al alcohol o drogas; y programas de resolución pacífica de conflictos, entre otros.
(iii) prevención terciaria dirigida a menores y jóvenes que han delinquido y requieren rehabilitación y readaptación social. Se apoyan actividades para el mejoramiento de sistemas de rehabilitación de menores y jóvenes reclusos para cerrar el círculo de la violencia y evitar que se repita una vez los privados de libertad son liberados. Para ello se apoyan actividades de educación y capacitación en temas como la resolución pacífica de conflictos; programas de educación básica; capacitación técnica, remoción de estigmatizaciones como tatuajes, actividades de apoyo sicológico y salud mental para adaptación social. Así mismo se consideran acciones de extensión de programas de rehabilitación y capacitación para la reinserción de jóvenes a la sociedad.
MARIA SCARZA
No hay comentarios:
Publicar un comentario