Recomiendan prescindir de las fuerzas militares para el orden público y profesionalizar a la policía

Diecisiete países de América Latina firmaron una serie de recomendaciones para los gobiernos de la región sobre seguridad pública. Incluyeron entre otras, la de prescindir del uso de las fuerzas militares para mantener el orden público y profundizar los procesos de profesionalización de la policía en el respeto a los derechos humanos.

Bajo el nombre “Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Seguridad Pública en las Américas”, diecisiete países y 27 representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que hay que prescindir del uso de las fuerzas militares para la seguridad ciudadana; profundizar la profesionalización de la policía en el marco del respeto a los derechos humanos; limitar y articular la intervención policial con otras políticas públicas que fortalezcan el carácter preventivo por sobre el represivo; mejorar la gestión penitenciaria y diseñar e implementar una política de reinserción social que permita disminuir las altas tasas de reincidencia criminal.

Con esto, los países que firmaron la Declaración a la que Online-911 tuvo acceso, explican que se busca “contribuir a la agenda regional de seguridad pública con propuestas concretas para la acción desde la perspectiva de la sociedad civil y, en particular, de los derechos humanos”.

Durante las jornadas en la que se llevó a cabo el encuentro, los representantes de la sociedad civil identificaron importantes desafíos y amenazas que enfrenta la agenda de seguridad pública desde el enfoque de derechos humanos. Y también detectaron una creciente militarización de la labor policial en países de la región, falta de coherencia que se evidencia entre la formación en derechos humanos y el proceder policial, y una permanente vulneración de derechos en el uso de la fuerza por parte de la policía en diferentes contextos de la región.

Por ello, y tras largas jornadas de debate, llegaron a armar una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la de prescindir del uso de las fuerzas militares en materia de seguridad ciudadana y orden público; y limitar y articular la intervención policial con otras políticas públicas que fortalezcan el carácter preventivo por sobre el represivo, especialmente en zonas en las que se superponen vulneraciones de derechos...

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