Asoma un plan multipartidario para combatir la delincuencia

El sempiterno argumento de que la inseguridad es un “invento de la derecha y los medios”, blindado a cualquier dato de la realidad y única respuesta de muchos funcionarios ante la demanda social de protección ante robos, secuestros y asesinatos, comenzó a ceder hace seis meses. Referentes de todo el arco político –excepto el PRO y los seguidores de Francisco De Narváez– acordaron explorar juntos proyectos legislativos, planes de organización policial y medidas administrativas concretas para combatir la delincuencia lejos de los peligrosos espejismos que suelen ofrecer las políticas de “mano dura” y el “endurecimiento de las penas”.

“Reclamar soluciones a la inseguridad es una demanda legítima de la sociedad , porque sin dudas se trata de una deuda de la democracia y del Estado”, admite Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización civil que coordina las acciones entre los más de treinta legisladores que ya aceptaron integrarse al Acuerdo de Seguridad Democrática . “Hay una oportunidad de la clase política para satisfacer esa demanda social justa, de un modo responsable y democrático ”, asegura Chillier.

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