Seguridad, una papa caliente que no se toca
Es el tema que más preocupa a la gente. Hay debate, pero las leyes están trabadas.
Por: Marcelo Helfgot
Pobreza y desempleo suben y bajan en el ranking de problemas que preocupan a los argentinos. Pero la inseguridad marcha firme al tope y atraviesa a todas las capas sociales. Atentos al resultado de esas encuestas, diputados y senadores suelen descargar sus ideas sobre el tema en foros, audiencias y conferencias. Pero la producción legislativa es cero.
El título de esta página, el 26 de octubre del año pasado, fue "Inseguridad: no se votó ninguna ley en el 2009 y es la materia pendiente". Pasaron siete meses y estamos en la misma situación. Con el agravante que los dos únicos proyectos con media sanción que buscan aportar soluciones -que sean efectivos es otra cosa- están cada vez más cerca de perder estado parlamentario.
Pasemos revista. El registro de violadores se votó primero en el Senado, pero después Diputados aprobó un proyecto distinto. Resultado: como el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, no hizo cumplir el reglamento que le exigía poner en debate la media sanción de la Cámara alta, las iniciativas quedaron empantanadas por la competencia y los celos entre ambas cámaras.
Otro tema, más taquillero, es el del régimen penal juvenil. El oficialismo no quiso pagar el costo de avalar la baja de la edad de imputabilidad y frenó el año pasado la sanción de una ley que sus propios bloques fogoneraron a lo largo de 2009 tras una cadena de crímenes resonantes cometidos por jóvenes. El Senado le dio finalmente media sanción, pero en Diputados está lejos de ser revisada.
Aunque el tema sería abordado por la Comisión de Legislación Penal en el segundo semestre, todo indica que no se discutirá en base al proyecto recibido, ya que avanzan otros más afines a las teorías "garantistas" que predominan en la nueva composición de la Cámara baja, a partir del rol decisivo que juegan las fuerzas de centroizquierda. Pronóstico: otro cruce de sanciones con aroma a cajoneo.
El fracaso de la receta Blumberg que bebió el Congreso de un trago para aumentar las penas por presión de las marchas de 2004 contra la inseguridad dejó su huella. Así fue que toda propuesta de reforzar sanciones quedó teñida de olor a "mano dura". Y hasta se frenaron otras iniciativas para reforzar controles. Ejemplos: Fellner envió una propuesta del PJ disidente para identificar motochorros a la Comisión de Transporte y otra para radarizar zonas sospechadas de narcotráfico aéreo a la de Defensa. Además, se demoran proyectos de ese espacio para declarar la emergencia nacional (de la senadora Chiche Duhalde) y para crear un comité de crisis (del diputado Francisco de Narváez), tal vez porque la mayoría considere que la seguridad no está en emergencia ni en crisis.
Un saludable debate sobre la cuestión impulsaron entidades civiles y de derechos humanos, para que los legisladores eviten caer en soluciones autoritarias. El martes pasado se hizo un encuentro donde chicos de escasos recursos llevados por la CTA hablaron en la Cámara baja contra la baja de la imputabilidad. Para el 1° de junio está agendado un encuentro del Acuerdo para una Seguridad Democrática, que promueve agilizar los procedimientos en lugar de acentuar las penas.
Debate hay. Lo que faltan son acciones. Por eso el Parlamento sigue en deuda.
El título de esta página, el 26 de octubre del año pasado, fue "Inseguridad: no se votó ninguna ley en el 2009 y es la materia pendiente". Pasaron siete meses y estamos en la misma situación. Con el agravante que los dos únicos proyectos con media sanción que buscan aportar soluciones -que sean efectivos es otra cosa- están cada vez más cerca de perder estado parlamentario.
Pasemos revista. El registro de violadores se votó primero en el Senado, pero después Diputados aprobó un proyecto distinto. Resultado: como el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, no hizo cumplir el reglamento que le exigía poner en debate la media sanción de la Cámara alta, las iniciativas quedaron empantanadas por la competencia y los celos entre ambas cámaras.
Otro tema, más taquillero, es el del régimen penal juvenil. El oficialismo no quiso pagar el costo de avalar la baja de la edad de imputabilidad y frenó el año pasado la sanción de una ley que sus propios bloques fogoneraron a lo largo de 2009 tras una cadena de crímenes resonantes cometidos por jóvenes. El Senado le dio finalmente media sanción, pero en Diputados está lejos de ser revisada.
Aunque el tema sería abordado por la Comisión de Legislación Penal en el segundo semestre, todo indica que no se discutirá en base al proyecto recibido, ya que avanzan otros más afines a las teorías "garantistas" que predominan en la nueva composición de la Cámara baja, a partir del rol decisivo que juegan las fuerzas de centroizquierda. Pronóstico: otro cruce de sanciones con aroma a cajoneo.
El fracaso de la receta Blumberg que bebió el Congreso de un trago para aumentar las penas por presión de las marchas de 2004 contra la inseguridad dejó su huella. Así fue que toda propuesta de reforzar sanciones quedó teñida de olor a "mano dura". Y hasta se frenaron otras iniciativas para reforzar controles. Ejemplos: Fellner envió una propuesta del PJ disidente para identificar motochorros a la Comisión de Transporte y otra para radarizar zonas sospechadas de narcotráfico aéreo a la de Defensa. Además, se demoran proyectos de ese espacio para declarar la emergencia nacional (de la senadora Chiche Duhalde) y para crear un comité de crisis (del diputado Francisco de Narváez), tal vez porque la mayoría considere que la seguridad no está en emergencia ni en crisis.
Un saludable debate sobre la cuestión impulsaron entidades civiles y de derechos humanos, para que los legisladores eviten caer en soluciones autoritarias. El martes pasado se hizo un encuentro donde chicos de escasos recursos llevados por la CTA hablaron en la Cámara baja contra la baja de la imputabilidad. Para el 1° de junio está agendado un encuentro del Acuerdo para una Seguridad Democrática, que promueve agilizar los procedimientos en lugar de acentuar las penas.
Debate hay. Lo que faltan son acciones. Por eso el Parlamento sigue en deuda.
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