Coqui se encuentra privado de su libertad. Las condiciones que soporta y la violación sistemática de sus derechos muesrtan una vez más, la necesidad de modificar el sistema.
Los que realmente sufren la inseguridad
Por el Hijo de Nadie | 13 de Mayo de 2010
“Cocó es una travesti de 27 años, privada de su libertad en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Como muchos/as allí dentro, se encuentra en una delicadísima situación de salud. Vive con el virus de inmunodeficiencia humana, en estado de desnutrición, muy por debajo de su peso, con escasas defensas y serios daños en el intestino. Situación que es insostenible”. Comunicado del Colectivo Caracol 2 de Mayo 2010.
La situación de Coco, o “Coqui” como afectuosamente lo llaman sus allegados, no es diferente a la de cualquier preso. Las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, son moneda corriente puertas adentro de las penitenciarias. Estas situaciones son conocidas por gran parte de la sociedad, es retratado por las producciones cinematográficas y comentado por los medios de comunicación. El temor generalizado que infunde la institución carcelaria, genera para vastos sectores ese sentimiento de inseguridad. Sentimiento que a diferencia del de la clase media, de ser asaltados, muertos o violados, encuentra su justificación en las vivencias diarias de los marginados. Con la aplicación del Código de Faltas, el número de detenciones se duplica y triplica año a año, penalizando situaciones arbitrarias y subjetivas para quien lo implemente.
Hoy, Coqui es un caso particular, la cara visible de una problemática generalizada. ¿Cómo llegamos a esto? La discusión puede centrarse en las diversas aristas que presenta el problema. Se puede discutir el estado de las penitenciarias, el comportamiento del cuerpo policial, la transparencia de su accionar, la responsabilidad de los directores de las mismas y la responsabilidad de los funcionarios. También podríamos discutir las acciones consideradas “ilegales” y sus penas correspondientes, la privación de libertad como sanción y la institución carcelaria como forma de “re inserción social”. Lo que no podríamos dejar de hacer es discutir, cuestionarnos, y formar parte activa de la problemática. No deberíamos ser meros espectadores, sosteniendo un sistema que promueve la exclusión, aislamiento y sanción. Un modelo que criminaliza la pobreza y sus actividades más desesperadas por ocupar otro lugar en un sistema que no necesita, al parecer, de todos y todas.
http://www.lawebdetuvieja.com.ar
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“Cocó es una travesti de 27 años, privada de su libertad en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Como muchos/as allí dentro, se encuentra en una delicadísima situación de salud. Vive con el virus de inmunodeficiencia humana, en estado de desnutrición, muy por debajo de su peso, con escasas defensas y serios daños en el intestino. Situación que es insostenible”. Comunicado del Colectivo Caracol 2 de Mayo 2010.
La situación de Coco, o “Coqui” como afectuosamente lo llaman sus allegados, no es diferente a la de cualquier preso. Las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, son moneda corriente puertas adentro de las penitenciarias. Estas situaciones son conocidas por gran parte de la sociedad, es retratado por las producciones cinematográficas y comentado por los medios de comunicación. El temor generalizado que infunde la institución carcelaria, genera para vastos sectores ese sentimiento de inseguridad. Sentimiento que a diferencia del de la clase media, de ser asaltados, muertos o violados, encuentra su justificación en las vivencias diarias de los marginados. Con la aplicación del Código de Faltas, el número de detenciones se duplica y triplica año a año, penalizando situaciones arbitrarias y subjetivas para quien lo implemente.
Hoy, Coqui es un caso particular, la cara visible de una problemática generalizada. ¿Cómo llegamos a esto? La discusión puede centrarse en las diversas aristas que presenta el problema. Se puede discutir el estado de las penitenciarias, el comportamiento del cuerpo policial, la transparencia de su accionar, la responsabilidad de los directores de las mismas y la responsabilidad de los funcionarios. También podríamos discutir las acciones consideradas “ilegales” y sus penas correspondientes, la privación de libertad como sanción y la institución carcelaria como forma de “re inserción social”. Lo que no podríamos dejar de hacer es discutir, cuestionarnos, y formar parte activa de la problemática. No deberíamos ser meros espectadores, sosteniendo un sistema que promueve la exclusión, aislamiento y sanción. Un modelo que criminaliza la pobreza y sus actividades más desesperadas por ocupar otro lugar en un sistema que no necesita, al parecer, de todos y todas.
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