Exclusión, desigualdad social y delito
La doctrina ha probado, con sólidos fundamentos técnicos, que existe una estrecha correlación entre desigualdad social y delito. Estudios económicos-criminológicos demostraron, a través del análisis comparado de la evolución de ciertos indicadores sociales promedios con las curvas de criminalidad, que la distribución del ingreso explica mejor el comportamiento delictual global en un conglomerado importante de nuestro país.
La experiencia consistió en comparar el promedio anual del coeficiente de Gini con las tasas de hechos delictuosos totales de la Ciudad de Buenos Aires, superpuestas en una misma serie de tiempo, comprobándose que la distribución del ingreso acompaña en un 90 % a la curva de hechos delictuosos, mientras que las tasas de desempleo solo pudieron explicar poco mas del 50% de los delitos observados. El estudio concluyó en que la desigualdad social, y no el desempleo o la marginalidad, explica mejor el comportamiento delictual. Por lo tanto, si se desean programar medidas de política económica para resolver algunos problemas sociales, y dentro de estos se resuelve combatir eficientemente el delito, no se debería cometer el repetido error de sostener que mediante la simple disminución de la tasa de desempleo se lograrán resultados positivos en la lucha contra el delito. En este sentido, conviene resaltar que Chaco no solamente presenta los más altos niveles de desigualdad social de la Argentina , sino que genera pobreza con empleo, lo que hace que la inseguridad pública aumente y se reproduzca de manera sistémica porque la pobreza y la marginalidad subyacen en un contexto más amplio de exclusión social dado que aumenta la brecha entre ricos y pobres e indigentes.
En provincias pobres y marginales como la nuestra, los excluidos crecen a medida que aumentan la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la deserción escolar, y otros indicadores sociales negativos. No obstante ello, las estadísticas oficiales intenten mostrar que la pobreza y la indigencia han bajado en los últimos años. Solo con recorrer los cientos de asentamientos que se reprodujeron en el área metropolitana de Chaco, nos daremos cuenta que la realidad social es muy distinta a las cifras oficiales, que son cada vez menos confiable debido a la manipulación técnica en una o varias de las etapas del proceso de elaboración de las mismas.
¿Baja el delito o solo la estadística policial de denuncias?
Algo similar sucede con las tasas delictivas, que según algunos funcionarios provinciales siempre bajan, sin aclarar que en realidad se registran oscilaciones en las curvas delictivas y disminuciones interanuales o estacionales en el nivel de denuncias registradas por la policía.
Generalmente, se omite mencionar el fenómeno del subregistro policial de denuncias, que se producen por dos motivos fundamentales; en primer término, porque cada vez ingresan más denuncias al sistema judicial a través de la justicia penal, en forma directa, sin pasar por las unidades policiales; en segundo lugar, porque se sabe, perfectamente, que existe una altísima “cifra negra” de la criminalidad, que son los delitos que no se denuncian por distintos motivos, como ser la falta de confianza en las agencias policiales y judiciales, el temor a represalias de los delincuentes o para evitar pérdidas de tiempo y gastos inútiles, entre otros motivos que desalientan la realización de las denuncias. Según encuestas de victimización, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Rosario, solo uno de cada tres delitos se denuncia ante la policía o el poder judicial; o sea que dos de cada tres delitos forman parte de las “cifras negras” de la criminalidad. Estudios realizados por una consultora local en nuestra ciudad arrojaron resultados muy parecidos; aproximadamente el 60 por ciento de hechos delictivos forman parte de las cifras negras, lo que generó que la información suministrada en materia de seguridad son los menos confiables de todos los datos que entrega el estado
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